Democratizar los medios en tiempos de la “política de pantallas”

Publicado: julio 9, 2012 en Uncategorized

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Por Darwin Franco

 Justo cuando el Movimiento #YoSoy132 exige la democratización de los medios de comunicación, el Gobierno de Felipe Calderón, vía la Comisión Federal de Competencia (CFC), anunció la aprobación de la unión empresarial entre Grupo Televisa y Iusacell, perteneciente a Grupo Salinas, dueño también de Tv Azteca.

Con esto, la CFC dio luz verde a lo que ya el 24 de enero había considerado un “grave riesgo para la competencia”, pues se aseguraba que esta fusión concentraría aún más el mercado y poder de ambas empresas.

Sin embargo, cinco meses y luego de un Recurso de Reconsideración, interpuesto por las televisoras, la CFC reculó asegurando que ambas empresas presentaron diversas propuestas para resolver los problemas de concentración y competencia que generaría su fusión; es decir, convencieron a este órgano regulador de que no existe “riesgo de colusión”, sino mayor competencia en los mercados de telefonía (fija y celular) y de televisión abierta y restringida.

Para que la unión Televisa-Iusacell se aprobara tanto las televisoras como la CFC y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), acordaron sujetar esta decisión a la licitación de una tercera cadena nacional; es decir, no fue la autoridad en plena autonomía la que licitó esta nueva cadena (aunque la Cofetel recientemente lanzó el Programa de Concesionamiento de Frecuencias de Televisión), no. Esta esperada decisión surgió como parte de una negociación donde las televisoras decidieron “ceder” y dar paso a lo que por muchos años se han interpuesto: una tercera cadena nacional.

La cual, a decir de la resolución de la CFC (12-2012), tiene que “realizarse exitosamente” en un plazo no mayor de 24 meses, pues de no darse esto detonará automáticamente un mecanismo de disolución de la sociedad entre Grupo Televisa y Grupo Salinas en Iusacell.

Hasta ahí todo parece medianamente razonable; no obstante, si la tercera cadena no se logra para disolver la unión uno de los accionistas está obligado a vender al otro su parte. Acción que evidentemente favorece a Televisa, pues es ésta la que va a inyectar su capital en  Iusacell para se posicione como una competencia real de cara al también dominio monopólico de Telmex y Telcel, propiedad de Carlos Slim.

¿Qué garantiza, que pese a la resolución de la CFC, Televisa y Tv Azteca no hagan lo imposible para impedir la entrada de un nuevo competidor al mercado televisivo? Al fin de cuentas, la disolución de su unión acaba igualmente favoreciendo a Televisa.

El peso que tienen las pantallas televisivas en el juego de lo político es mucho más fuerte e incisivo de lo que parece, pues éstas no sólo son capaces de usar todo su potencial para manipular (de forma pagada o no) las percepciones del 94.4% de la audiencia que sólo tiene acceso a Televisa y Tv Azteca, sino que además condicionan las decisiones gubernamentales en materia de concesiones para que éstas no pierdan terreno ni poder y, en cambio, se muestren plurales al apostar por una aparente democratización y competencia.

No se puede, bajo ninguna circunstancia, justificar la unión entre Televisa y Tv Azteca diciendo que esto abrirá la competencia en el mercado de la telefonía (ampliamente dominado por las empresas de Carlos Slim), pues esto no sólo da mayor poder a las televisoras sino que las coloca en un sitio privilegiado al ser éstas quienes tienen todos los insumos necesarios para dominar el llamado Total Play o Cuadrúple Play (servicios integrados de telefonía fija y celular, televisión digital e internet).

¿Cómo entender el combate a un monopolio si se le da más poder al duopolio televisivo?

Para esto, la CFC en su resolución precisó que “para evitar el riesgo de colusión” (en el uso de las palabras se puede vislumbrar el riesgo del que es consciente este órgano regulador) se impusieron “condiciones de no discriminación” en la venta de publicidad y de contenidos televisivos; es decir, que bajo ninguna circunstancia se condicionará la venta de publicidad en los espacios televisivos a cambio de la contratación de Iusacell o viceversa. También se estableció que la administración y operación de Iusacell debe estar desligada de los negocios de televisión abierta y restringida.

De no cumplir estas condiciones ambas empresas no sólo tendrán que dar por terminada su relación empresarial sino que además deberán pagar una multa del 10% de sus ingresos anuales. En este punto, también aplica la cláusula de que tras la disolución una tendrá que vender sus acciones a la otra.

Democratizar los medios no es darle más a los que ya son dominantes, ni establecer mecanismos que simulen apertura y competencia, tampoco es intercambiar concesiones para favorecer las prácticas monopólicas de unos sobre los otros.

Democratizar los medios es proponer nuevos esquemas jurídicos y legales para impedir no sólo las prácticas evidentemente monopólicas sino la política de pantallas que condiciona y minimiza el diálogo social al ofrecer una visión sesgada, parcial y siempre incompleta de nuestro entorno, la cual además sujeta a una carga simbólico-ideológica que mira a los ciudadanos únicamente como consumidores y electores en potencia, pero no como sujetos de derechos.

En nuestras manos está, el no sólo apagar la televisión (lo cual es una acción inicial pero de poco impacto) sino el de sumarnos a una  propuesta integral de telecomunicaciones y política de medios donde los temas de comunicación y tecnologías puedan ser vistos más allá del acceso y la regulación, destacando lo central que debe ser que los ciudadanos podamos ejercer el derecho a comunicarse libremente, lo cual incluye el acceso y la participación dentro de los medios, principalmente aquellos de carácter público; pero también la creación y regulación de un sistema de medios descentralizados y desconcentrados que permitan generar la equidad en la producción y distribución de contenidos.

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