La aritmética de los desaparecidos

Publicado: marzo 16, 2013 en Violencia y narcotráfico

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Por Darwin Franco

En julio de 2012, todas las Procuradurías del país presentaron a la Secretaría de Gobernación los resultados del Convenio de Colaboración para la Unificación, Integración e Intercambio de Información en Materia de Personas no Localizadas, de acuerdo a esta información en el país existen 25 mil 276 personas desaparecidas. Felipe Calderón calló ante lo grave del problema generado en su administración.

Meses después y tras la presión social generada por la aprobación de la Ley General de Víctimas, el gobierno de Enrique Peña Nieto -a través de la Secretaría de Gobernación- anunció este 23 de febrero la creación de la Comisión especial encargada de las búsquedas de personas desaparecidas de manera forzada.

La subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, afirmó que está comisión es indispensable para la búsqueda de los 27 mil desaparecidos; un día más tarde (su jefe) el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la desmintió aunque se ha negado a reconocer la cifra que desde 2012 tiene la dependencia a su cargo.

En contraparte, Óscar Vega Marín, exsecretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, ha alzado la voz precisando que lo dicho por la nueva administración es mentira, pues los últimos datos que recabó el pasado gobierno sólo arrojan 5 mil 319 casos.

Todas estas cifras contrastan con el informe “Los desaparecidos de México, el persistente costo de una crisis ignorada” que presentó la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) y donde dan cuenta de 249 desapariciones cometidas en México desde diciembre de 2006, de las cuales 149 tienen como principales culpables a funcionarios de diversos niveles de gobierno.

Pero también difieren en gran medida y no sólo en número con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, donde muchos de los casos registrados por organizaciones civiles, familias y periodistas ni siquiera aparecen. Es decir, los sesgos no sólo son numéricos sino también de registro y omisión.

La danza de cifras en torno al problema de los desaparecidos en México representa el primero de los grandes retos que deberá de afrontar la “Comisión especial encargada de las búsquedas de personas desaparecidas de manera forzada”, pues el asunto va más allá de la aritmética o la metodología con la que se contabiliza a los que “aparentemente” no están en ningún sitio.

El problema reside en la responsabilidad de quien no sólo es culpable directo de esta catástrofe sino también de quienes aun teniendo la información correcta se han negado a responsabilizarse de este problema.

¿A quién buscará esta “comisión” si quienes las crearon desconocen, ignoran u ocultan el tamaño del problema? ¿Cómo integrarán el sentido de la búsqueda si como establece Osorio Chong “no existen aún los protocolos” para que las instancias de seguridad procedan a la creación de un expediente común?

¿Cómo procederán cuando los presuntos culpables, como señala Human Rights Watch, procedan de las mismas autoridades que iniciarán la búsqueda? ¿Se corre el riesgo de que esta Comisión, como pasa con la Ley General de Víctimas, funcione más como una estrategia de contención política que como un real instrumento de intervención?

Todas estas preguntas rondan en la mente de quienes tienen un desaparecido o de quienes (cada vez más cerca) son conocedores de esta problemática. La Comisión de búsqueda parece estar lista, pero arranca ignorando lo que muchos de los familiares de desaparecidos han denunciado sistemáticamente: el principal problema al iniciar la búsqueda de los desaparecidos está en la negligencia y la corrupción de los Ministerios Públicos y sus funcionarios que antes de iniciar la búsqueda juzgan al desaparecido e, incluso, justifican su ausencia.

Para ver más al respecto este gran texto de Marcela Turati: http://desaparecidosencoahuila.wordpress.com/2013/03/11/desaparecidos-las-listas-caoticas/

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