De la neutralidad de las redes a los crímenes del pensamiento

Publicado: abril 5, 2014 en Comunicación, Internet, Política y Telecomunicaciones, Redes Sociales
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Por Darwin Franco

En la renombrada obra 1984 de George Orwell existía una policía del pensamiento que utilizaba unas máquinas llamadas telepantallas, las cuales tenían un micrófono integrado, para escuchar las conversaciones realizadas entre las personas que estuvieran cercanas a ellas. La escucha de estas conversaciones les permitía detectar posibles amenazas.

Su objetivo, muy similar a lo propuesto por Peña Nieto en las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones en cuanto al control de la información que circula en Internet, era vigilar todo pensamiento (información) para evitar toda reacción en contra del “gran hermano” por parte de los ciudadanos y, así, eliminar todo rastro de privacidad en la vida del individuo. La idea era inhabilitar cualquier acción y, para ello, se tenía que censurar cualquier pensamiento crítico o subversivo. Si alguien cometía alguna falta, “las telepantallas” lo detectaban y el sujeto era “secuestrado y torturado” para hacer confesar los crímenes de pensamiento.

Esta analogía entre lo propuesto en la Reforma en Telecomunicaciones para regular Internet y las acciones implementadas por el “gran hermano” en la obra de Orwell, no es fortuita porque lo que se pretende es crear una policía de pensamiento que revisará lo que hacemos, mandamos y recibidos a través de la web, pero no sólo eso plantea ir más allá al dar facultades al gobierno para rastrear nuestra ubicación geográfica en tiempo real a través de las redes de telecomunicaciones y para suspender las mismas señales en momentos en que éste considere un riesgo para la seguridad nacional.

Las marchas en contra de las acciones del gobierno, por ejemplo, podrían estar sujetas a esta regla y así el gobierno solicitaría a los concesionarios (los cuales no tendrían más que obedecer, pues estarían obligadas por ley) a suspender las señales de celular, internet e, incluso, de radiodifusión en la zona que se indique, lo cual imposibilitaría saber qué paso ahí y podría dar paso a acciones represivas por parte de la autoridad, además de que se negaría el derecho a la comunicación y a la producción de información por parte de los ciudadanos presentes en la marcha o la de aquellos que quieran referir sobre el hecho, pues antes de que cualquier contenido sea publicado éste será previamente revisado por los prestadores de los servicios, pues el gobierno de Peña Nieto pretende hacerlos responsables de la información que publiquen sus usuarios y máxime si esta “información” es considerada ilícita por parte del gobierno mexicano.

 La creación del gran hermano

Dentro de las leyes secundarias turnadas por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión, existía un punto que quería pasar desapercibido en medio de escándalo alrededor del favoritismo abierto de Peña Nieto hacia Televisa y, en menor medida, a Telmex/Telcel; en lo que se consideró como la segunda temporada de la llamada Ley Televisa.

Sin embargo, colectivos como el #YoSoy132 identificaron la abierta censura que se quería realizar a Internet y están marchando y exigiendo un #InternetLibreMX, pues las modificaciones en las leyes secundarias, a decir del movimiento, buscan no sólo limitar la libertad de expresión sino concentrar “más poder en el poder” al darle la facultad al gobierno para vigilar en las redes y pantallas todo lo que hacemos.

En el Capítulo VI denominado “De la neutralidad de las redes”, de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se establecen una serie de artículos donde el gobierno busca “vigilar, censurar y limitar” lo que de manera libre compartimos en Internet para después “castigar y señalar” todo aquel contenido y/o usuario que desde su percepción representa una amenaza para la seguridad y estabilidad del gobierno. Es decir, establece las bases para que el gobierno censure Internet e imponga sobre éste una policía cibernética que abiertamente violentará nuestro derecho a la privacidad y a la libertad de expresión.

En los Artículos 145 y 146 se establecen de manera vaga ciertos criterios con los cuales el gobierno rompe con el principio de neutralidad de la red que establece que todo aquello que circular por Internet (textos, fotos, videos, gráficos, etc.) serán tratados como iguales sin discriminar su contenido, fuente origen y/o fuente de destino, esto implica que quienes ofrecen el servicio de Internet no pueden dar prioridad a ningún contenido sobre otro, por lo tanto, están impedidos para bloquear o revisar nuestros contenidos.

Sin embargo, el Artículo 145 establece una censura previa porque da facultades a las empresas para “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”. Pero esto va más allá porque en las fracciones I y II del mismo artículo, erradican el principio de no responsabilidad de los intermediarios sobre los contenidos que publican sus usuarios en sus plataformas, esto quiere decir que espacios como Google, Facebook, Twitter o Youtube en México estarán obligados a revisar (y censurar) nuestros contenidos para no ser cómplices de cualquier acción considerada como ilícita desde el gobierno mexicano.

Si esto no le parece tan grave, el miedo crece cuando se revisan los Artículos 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196 y 197 de la iniciativa mandada por el Presidente Peña Nieto.

En el Artículo 189 se establece que toda compañía de telecomunicaciones estará obligada a “proporcionar la localización geográfica en tiempo real de cualquier dispositivo de comunicación que esté relacionado con una investigación en materia de delincuencia organizada”, lo cual no parece estar mal, pero prosigue porque esta misma facultad se les concede a los titulares de las instancias de seguridad o a cualquier funcionario público que así lo soliciten, esto independientemente de la existencia o no una averiguación. Ahí es donde se pervierte la norma.

El Artículo 190 da facultades para que las autoridades tomen posesión e intervengan, sin previo aviso, las comunicaciones privadas de los usuarios de cualquier compañía, y para ello, las empresas están obligadas a poner a disposición de la autoridad el equipo técnico y humano que requieran para llevar a cabo su labor de control, ejecución y vigilancia de las telecomunicaciones. Este control se extiende al Artículo 192 donde las empresas deberán realizar un registro y un control de todas las actividades de sus usuarios, el cual podrá ser consultado o solicitado por la autoridad para que ésta ubique: nombre, dirección, tipo y hora de la comunicación, y ubicación geográfica del dispositivo de comunicación.

En el Artículo 193 obligan a las compañías a crear un sistema para el resguardo de toda esta información y establece penalidades por alteración o destrucción de información, y en el Artículo 195 obligan a los concesionarios a que el área y personal donde se almacenará esta información esté disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, pues no se sabe en qué momento la autoridad requiera el acceso a las comunicaciones de sus usuarios. En el Artículo 196 se establece que esto debe hacerse de manera inmediata cuando la petición esté relacionada con posibles amenazas a la seguridad nacional.

La cereza del pastel es el Artículo 197 donde se propone “bloquear, inhibir y anular” de manera permanente o temporal las telecomunicaciones, a solicitud expresa de las autoridades, en eventos y lugares críticos para la seguridad nacional. Este artículo no indica qué se entiende por “eventos y lugares críticos para la seguridad nacional”, los cuales podrían ser desde una marcha en contra de un medida gubernamental, un falso operativo de alguna instancia policiaca hasta una acción de revuelta social o la toma de armas por parte de ciudadanos como pasa ahora en Michoacán.

 Si pensamos en todas estas posibilidades, el gobierno podría cancelar toda señal para que nadie sepa qué pasó en realidad y, con ello, violentar los derechos humanos de los manifestantes, de los pobladores y de los ciudadanos. Esto sería una acción restrictiva sumamente terrible y violatoria de los derechos humanos y, específicamente, aquellos vinculados a la libertad de expresión y comunicación.

Si la tendencia se mantiene en el Congreso de la Unión y la iniciativa propuesta por el llamado Gobierno de la República se aprueba, no sólo tendremos medios masivos coludidos con el gobierno sino también una gran vigilancia en medios que, como Internet, consideramos libres y en los cuales se pretende instalar una policía del pensamiento.

“The Big Brother is watching you”.

#MarchaContraElSilencioMX

@darwinfranco

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comentarios
  1. Yademira dice:

    Aaagggg. Un panorama terriblemente desalentador. Tú artículo excelente, lo comparto.

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