Ayotzinapa y Zitácuaro: ¿Mismos modus operandis o investigaciones a modo?

Publicado: noviembre 12, 2014 en Desapariciones Forzadas, Movimientos y resistencias sociales, Violencia y narcotráfico, Violencia y represión
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Por Darwin Franco Migues

La distancia entre Zitácuaro (Michoacán) e Iguala (Guerrero) es de 257 kilómetros. Son alrededor de tres horas con nueve minutos lo que uno tardaría en llegar de un punto a otro.

En la primera ciudad desaparecieron, el 16 de noviembre de 2009, siete policías federales y un civil que los acompañaba porque desde la Policía Federal no les proporcionaron los medios para llegar seguros al municipio de Ciudad Hidalgo, lugar donde tomarían las funciones de la seguridad pública municipal. Sin dar más detalles, la Policía Federal aseguró que éstos fueron desaparecidos y asesinados por integrantes del cártel de La Familia Michoacana, hoy Caballeros Templarios.

El 26 de septiembre de 2014, policías municipales de Iguala y Cocula entregaron a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa a integrantes del grupo denominado Guerreros Unidos, quienes –a decir de la Procuraduría General de Justicia- desaparecieron y asesinaron a los normalistas con la complacencia de las autoridades de Iguala.

Son casi cinco años lo que separa una desaparición de otra; sin embargo, son muchas las coincidencias que existen entre las explicaciones que, en su momento, recibieron los familiares de los policías federales y el civil y las que, el pasado 7 de noviembre, escucharon en voz del Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, las 43 familias de los jóvenes normalistas. Las coincidencias entre ambas explicaciones espantan.

Federales desaparecidos

Cerro La Coyota, Michoacán.

El 16 de noviembre de 2009 desaparecieron en Zitácuaro (Michoacán), los policías federales: Pedro Vázquez Hernández, de 33 años; Luis Ángel León Rodríguez, de 23; Bernardo Israel López Sánchez y Juan Carlos Ruiz Valencia, ambos con 33; Israel Ramón Ulsa, de 23; Jaime Humberto Ugalde Villeda, de 25 y Víctor Hugo Gómez Lorenzo, de 39, así como el civil Sergio Santoyo García, de 35.

Las pesquisas oficiales precisan que los siete oficiales fueron emboscados en una gasolinera de Zitácuaro, pues al cruce de una caseta fueron identificados por “halcones” a los cuales, en ese entonces, la Familia Michoacana les pagaba cuatro mil pesos para que avisaran al grupo delictivo cuando elementos federales ingresaran a sus territorios. Ninguno de ellos estaba uniformado porque asumirían las funciones de la seguridad municipal en Ciudad Hidalgo. Esto, sin embargo, no les quitaba su adscripción a las fuerzas federales.

Araceli, madre de Luis Ángel León Rodríguez, nunca ha dejado de buscar a su hijo y nunca ha creído las versiones que le han dado en la Policía Federal ni en los diversos ministerios públicos, de Michoacán o el Distrito Federal, pues en ellas existen muchas irregularidades y contradicciones. Para ella, ha quedado claro –desde que sucedió la desaparición de su hijo y sus compañeros- que no hay interés de las autoridades por buscar a sus elementos, mismos que fueron enviados para brindar seguridad y, sin embargo, fueron olvidados por quien los mandó, sin protección, a Michoacán.

Araceli y las otras siete familias han escuchado de todo; por ejemplo, que ya no hay razón para seguirlos buscando, que mejor los den por muertos, que los cuerpos hallados en San Juan del Río (Querétaro) pertenecían a sus hijos aunque después se supo que esto no era así; la Policía Federal insistió en que uno de éstos sí correspondía al de Pedro Vázquez Hernández porque así lo indicaba las pruebas de ADN. El cuerpo que les quisieron dar tenía la dentadura perfecta, Pedro no.

Sin embargo, la versión más macabra la escucharon en febrero de 2010 cuando se detuvo a Christian Rodríguez Hernández, alias “El Pato”. Éste confesó su rol como “halcón” de La Familia Michoacana, además aseguró que él fue quien reportó el paso de los federales por Zitácuaro y ordenado por sus jefes, los siguió en su trayecto hasta la gasolinera donde fueron emboscados..

En ese lugar, testifica “El Pato”, llegaron otros integrante de La Familia Michoacana para emboscar a los federales. El jefe de los sicarios, “Don Pit”, ordenó su detención y su traslado a una ranchería ubicada en las faldas del cerro “La Coyota”, ubicado en Zitácuaro, donde los seis policías y el chofer no sólo fueron asesinados sino que además fueron quemados y desmembrados. Las cenizas que quedaron luego de incinerarlos por más 10 horas, como confiesan los sicarios, se depositaron en bolsas de basura que, posteriormente, tiraron desde el Puente de Fierro al Río San Juan. Otras versiones apuntan a que también los tiraron en un basurero en el municipio de Tazantla.

Araceli no cree en esta terrible versión porque en el Cerro La Coyota no se ha encontrado ninguna evidencia como afirman los victimarios. Para ella, su hijo sigue con vida porque mientras no le den las pruebas forenses no hay porque asumir que éste ha muerto como insisten las autoridades.

Loma de Coyote, Guerrero.

El pasado 7 de noviembre, en conferencia de prensa trasmitida en cadena nacional, el Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, anunció los avances de las investigaciones sobre la desaparición de 43 jóvenes normalistas en Iguala, Guerrero.

De acuerdo, al Procurador, se han detenido a 74 personas. Incluidas, el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Sin embargo, los datos clave para esclarecer los hechos se concentraron en las declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”; Jhonatan Osorio Gómez, alias “El Jona”; y Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, todos integrantes de Guerreros Unidos. Éstos últimos, en su declaración ministerial confesaron haber recibido y ejecutado a las personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula, la madrugada del 27 de septiembre.

En voz del Procurador, se explicó cómo José Luis Abarca dio la orden para contener a los estudiantes, los cuales se menciona tienen un primer incidente con la policía, pero que no es hasta el segundo encuentro que la policía municipal de Iguala arremeten con violencia contra los estudiantes, asesinando en el lugar a tres de ellos y trasladando al resto a la central policíaca.

Con ayuda de elementos de la policía municipal de Cocula, afirma la PGR, la policía de Iguala trasladó aparentemente a los 43 normalistas a un punto intermedio entre Iguala y Cocula donde se introdujeron en una brecha hacia una zona conocida como Loma de Coyote. Ahí entregaron a integrantes de Guerreros Unidos.

En el lugar, Sidronio Casarrubias fue contactado por su lugarteniente, Gildardo López Astudillo, alías “El Gil”, quien informó de las acciones violentas en Iguala generadas aparentemente por un grupo contrario. Razón que llevó a Sidronio a tomar la decisión de terminar con la vida de quienes le habían sido entregados por la policía pues: “había que defender el territorio”.

En las declaraciones de los implicados indicaron que trasladaron a los retenidos a un barranco oculto que se ubica en las cercanías del basurero de Cocula. En ese lugar, confirmaron que eran estudiantes y no integrantes de una banda rival; no obstante, los asesinaron y los quemaron por más de 16 horas. Los restos que quedaron, señalaron los presuntos responsables, fueron machacados para después ser depositados con las cenizas en bolsas de basura que confiesan haber arrojado en el Río San Juan. Otros de los detenidos también confesaron haberlas dejado en el propio basurero.

Tras conocerse los hechos, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos consideraron que expresar sin pruebas la supuesta muerte de sus hijos también es una forma de tortura. Agregando que además no existen pruebas científicas que comprueben que los restos que dijeron encontrar las autoridades en el basurero o en el río pertenece a alguno de los jóvenes. Hasta que no existan datos científicos, sus hijos estarán vivos y es responsabilidad del gobierno localizarlos, comentaron los padres en rueda de prensa desde la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Brugos” de Ayotzinapa.

Las terribles coincidencias

Cuando Araceli se fue enteró de lo que declaró Murillo Karam sobre lo que supuestamente pasó con los estudiantes de Ayotzinapa, no dejó de recordar la explicación que ella y las familias recibieron por parte de la Policía Federal en febrero del año 2010.

“Las coincidencias son tantas que espantan”, precisa Araceli quien vuelve a recordar cuando las autoridades le narraron que por la manera en que aparentemente murió su hijo y sus compañeros sería muy difícil identificar de manera plena si los restos encontrado correspondían o no a ellos. Lo mismo dijeron a los padres de los 43 normalistas: “Será muy difícil la identificación de los restos pero haremos todo lo posible por hacerlo”, les precisó el Procurador.

Araceli, bajo esa misma tesitura, cumplirá –el próximo 16 de noviembre- cinco años de pelear por la verdad histórica que explique qué pasó con su hijo y sus compañeros.  No aceptan la versión de la autoridad ni la de los los victimarios, pues en el Cerro La Coyota no se han encontrado indicios que confirmen su dicho. No obstante, la autoridad –sin tener pruebas- los ha tomado como ciertos para tratar de dar carpetazo al caso.

“Aún en el dolor hay dignidad”, insiste Araceli quien con firmeza asegura que no dejará de pelear ni de buscar a Luis Ángel. Como tampoco dejará de señalar las terribles coincidencias entre su caso y lo que ha pasado con los 43 normalistas: “Acá uno ya no sabe qué pensar, pues no sabemos si son mismos modus operandis del crimen organizado o parte de una acción gubernamental para brindar explicaciones rápidas que no apuntan a la justicia. Muchas cosas en nuestro caso y el de Ayotzinapa coinciden… Si la misma explicación se repite cinco años después qué justicia podemos esperar”.

Las ciudades de Zitácuaro (Michoacán) e Iguala (Guerrero) están separadas por 257 kilómetros. Los resultados que explican los terribles hechos que en ellas sucedieron parecen estar cortados por la misma impunidad.

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