¿Plan de seguridad? El Presidente que no es #Ayotzinapa

Publicado: noviembre 29, 2014 en Movimientos y resistencias sociales, Violencia y represión
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Por Darwin Franco

Imaginemos un lugar donde la procuración de justicia suceda de manera correcta. Pensemos que en ese sitio es posible tomar el teléfono para realizar una llamada de emergencia para denunciar algún tipo de delito. Acordemos que quienes llegan para auxiliarlos son confiables elementos de seguridad pública (en cualquiera de sus tres niveles) que darán un trato digno al denunciante y se preocuparán verdaderamente por ayudarle a resolver este amargo momento. Vislumbremos que luego de anunciar la emergencia y presentar la respectiva denuncia se logra castigar a los culpables y se hace justicia.

Imaginemos ahora que ese lugar es México donde, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2014 realizada por el INEGI, el 94% de los delitos en el país no fueron denunciados ni derivaron en averiguaciones previas porque el 66% de las víctimas considera que denunciar es una pérdida de tiempo porque no confían en que la autoridad vaya a resolver su caso. Acordemos que tras la desconfianza a la autoridad existe miedo hacia los elementos de seguridad pública porque muchas veces éstos no sólo violentan y criminalizan a los denunciantes sino también son ellos quienes cometen –en colusión con el crimen organizado- muchos de los delitos. Vislumbremos que aun así descolgamos el teléfono y marcamos al 911 mexicano para solicitar ayuda: ¿cambiaría algo? ¿se sentiría más seguro? ¿se resolvería el espiral de violencia de vivimos? ¿se castigaría a los culpables? ¿se encontraría a los desaparecidos?

El pasado 27 de noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto presentó 10 medidas para mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho en México, entre ellas la tan citada línea de emergencia 911. Su llamado a “seguir transformando al país” lo hizo utilizando una frase, un grito de protesta, que la ciudadanía (no el gobierno) generó luego de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, los cuales la noche del 26 de septiembre fueron entregados por elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula (Guerrero) a integrantes del cártel denominado Guerreros Unidos. A más de dos meses de su desaparición no sabemos nada de ellos.

Por ello, encabrona que en el anuncio de este nuevo “plan de seguridad” se hiciera utilizando el lema: Todos Somos Ayotzinapa porque este llamado de solidaridad se generó justamente por la opacidad y omisión de las autoridades que no aceptan que la desaparición de los 43 normalistas (y de los miles de desaparecidos del país) es un crimen de Estado. Fue el Estado, ese Estado que ha sido todo menos solidario con las familias de los 43 jóvenes y que más que resultados sólo ha generado falsas explicaciones y cansancios.

En su decálogo (como aquel que firmara el mismo Peña Nieto frente a los padres de los normalistas y que no ha sido cumplido) propone la realización de los siguientes puntos:

  • Envío de una Reforma Constitucional para crear la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales: ¿Será que las autoridades federales y las estatales están libres de pecado?
  • Envío de otra iniciativa para dar claridad al sistema de competencias en materia penal: ¿Será que con esta iniciativa se resolverá la desconfianza que se tiene en el sistema de justicia, la cual propicia que no se realicen las denuncias?
  • Envío de una iniciativa más para establecer Policías Únicas Estatales: ¿Qué acaso el Presidente no está al tanto del fracaso del mando único en varios estados del país, será que no sabe que en Jalisco esa “policía única” encabeza las denuncias por extorsión y tortura? ¿Y el Estado de México por qué no aparece en su plan?
  • Establecer una línea nacional de emergencia, el 911 mexicano: ¿será que ahí podemos llamar para denunciar que policías municipales se están llevando a 43 estudiantes o que policía de manera arbitraria están deteniendo a 11 compas?
  • Impulsar la Clave Única de Identidad: ¿Con qué finalidad?
  • Realizar un “operativo especial” en Tierra Caliente que conjunta varios municipios del estado de Michoacán y Guerrero y un mayor respaldo a otros focos rojos como Jalisco y Tamaulipas: ¿Qué no está ahí ya la Gendarmería, acaso no funcionó?
  • Envió de una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana: ¿hay justicia cotidiana? ¿no leyó Peña Nieto la encuesta del INEGI?
  • Envió de diversas reformas en materia de Derechos Humanos donde se destacan el impulso a la Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada, la creación de un Sistema Nacional de Búsquedas de Persona No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética, y la publicación del Reglamento de la Ley General de Víctimas: ¿Será que con Reformas se borra la violencia, la violación a los derechos humanos y la constante criminalización de las víctimas?
  • Acelerar la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción: ¿Será que con la aprobación de la Ley, los políticos dejarán de robar?
  • Tener un “gobierno abierto y transparente” en materia del gasto administrativo: ¿por qué no tener un gobierno abierto y transparente en materia de justicia?

Siete de los diez puntos son iniciativas de ley que por su naturaleza no serán aplicables a corto ni mediano plazo, así que mejorar la seguridad por esa vía no será posible ahora. El resto de los puntos no son planes reales para modificar la justicia, pues muchos de ellos (con otro nombre ya existen) y no han funcionado.

Si de verdad, como lo expresó Peña Nieto, éste forma parte del Todos Somos Ayotzinapa su plan sólo debería tener tres puntos: 1) Presentar con vida a los 43 normalistas, 2) investigar a fondo todas las desapariciones y muertes del país y 3) Renunciar si no es capaz de aceptar la responsabilidad del Estado en esta tragedia y en su fallida estrategia de seguridad.

@darwinfranco

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