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Por Darwin Franco

“No disparen, no traemos armas” fueron las palabras que expresaron los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa cuando la noche del 26 de septiembre fueron interceptados por elementos de la policía municipal de Iguala, Guerrero.

Los estudiantes viajaban en camiones después de haber realizado acciones de boteo (recolección de dinero) para terminar de completar lo requerido para sus prácticas de campo y para su participación en las marchas en conmemoración del 2 de octubre de 1968.

No estaban ahí para manifestarse en contra María de los Ángeles Pinera, esposa del entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, que ese día presentaba su informe como directora del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, no. Ellos no estaban ahí por esas razones, sin embargo, esos fueron los motivos por los cuales el munícipe ordenó a su policía contenerlos; sin embargo, las labores de contención fueron mucho más lejos porque los policías municipales los balearon en un par de ocasiones quitando la vida a tres estudiantes normalistas (Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fuentes y Julio César Ramírez Nava) y tres personas más que fueron alcanzadas por las balas de los policías. Seis muertes.

Tras los disparos del segundo ataque, como narran los estudiantes sobrevivientes, ocurrió un caos total porque los normalistas comenzaron a huir, quienes no lo lograron quedaron a merced de los policías municipales de Iguala, los cuales ante la cantidad de detenidos (43 normalista) solicitaron ayuda a policías de Cocula para trasladar a todos los estudiantes. No los llevaron a ninguna comisaría, no los presentaron en ningún ministerio público, no. Los entregaron (como afirma la Procuraduría General de la República –PGR-) a integrantes del Cártel Guerreros Unidos, quienes aparentemente terminaron con su vida esa misma noche. Tal y como afirmó, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam en conferencia de prensa que sucedió 35 días después de los hechos.

Ese 7 de noviembre, día en que se dio a conocer la versión oficial, se aseguró que los estudiantes fueron ejecutados y quemados por integrantes del Cártel Guerreros Unidos ese mismo 26 de septiembre, pues así lo confesaron Sidronio Casarrubias Salgado, Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”; Jhonatan Osorio Gómez, alias “El Jona”; y Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, todos integrantes de esta célula criminal. Sus palabras bastaron para determinar el curso de las investigaciones, las cuales también se complementaron con los testimonios de otros 71 detenidos; entre ellos, el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Sin embargo, ambos se negaron a declarar al respecto.

En voz del Procurador, se explicó cómo José Luis Abarca dio la orden para contener a los estudiantes, los cuales tras el segundo encuentro con la policía fueron trasladados una zona conocida como Loma de Coyote. En el lugar, el detenido Sidronio Casarrubias confesó que fue contactado por su lugarteniente, Gildardo López Astudillo, alías “El Gil”, aún prófugo. Éste le informó de las acciones violentas que se generaron en Iguala, las cuales presuntamente fueron ocasionadas por una banda rival. Esto, aseguró Sidronio, fue suficiente para tomar la decisión de terminar con la vida de quienes le habían sido entregados por la policía pues: “había que defender el territorio”.

En las declaraciones de los implicados se indicó que trasladaron a los normalistas a un barranco oculto que se ubica en las cercanías del basurero de Cocula. En ese lugar, confirmaron que eran estudiantes y no integrantes de una banda rival; no obstante, los asesinaron y los quemaron por más de 16 horas. Los restos que quedaron, señalaron los presuntos responsables, fueron machacados para después ser depositados con las cenizas en bolsas de basura que confiesan haber arrojado en el río San Juan. Otros de los detenidos también confesaron haberlas dejado en el propio basurero. Esta es la versión oficial.

Tras conocerse los hechos, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos consideraron que expresar sin pruebas la supuesta muerte de sus hijos también es una forma de tortura. Agregando que además no existen las pruebas científicas necesarias que comprueben que los restos que dijeron encontrar las autoridades en el basurero o en el río pertenecen a alguno de los jóvenes. Sin embargo, el pasado 7 de diciembre, se comprobó que uno de los restos sí pertenecía a Alexander Mora Venancio, joven de 21 años que desapareció junto con sus 42 compañeros esa trágica noche del 26 de septiembre.

Antes de esta terrible noticia, el país ya había despertado exigiendo búsqueda y justicia.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43: ¡JUSTICIA, JUSTICIA! Ha sido el conteo que se ha repetido una y otra vez en las miles de marchas que se han realizado en México y el mundo en apoyo a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre.

No fueron los medios, no fue el gobierno. Fueron ellos, los estudiantes sobrevivientes de la tragedia de Iguala los que alzaron la voz dentro y fuera de las redes sociales. Fueron ellos, los que lograron salir con vida, quienes contaron al mundo que la policía de Iguala se había llevado a sus 43 compañeros.

Desde el 27 de noviembre comenzó a organizarse su búsqueda y los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fieles a su espíritu combatiente fueron los primeros en tomar las calles exigiendo al gobierno dijera a dónde habían llevado a sus compañeros. Las respuestas eran terribles porque ninguno de los 43 normalistas fueron presentados en ninguna instancia de seguridad pública. Los desaparecieron.

Por ello, vinieron las primeras explicaciones criminalizadoras: 1) que estaban en Iguala porque harían actos de desmanes en el informe de la esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca; 2) que ellos habían sido los primeros en disparar a los policías; 3) que los camiones donde se trasladaban eran robados; y 4) que su desaparición podría deberse a vínculos de los normalistas con el crimen organizado. Nada de esto fue cierto; sin embargo, esas sospechas oficiales y mediáticas provocaron que su búsqueda se retrasara.

Poco a poco la indignación fue creciendo y surgieron etiquetas virtuales cómo #AyotzinapaSomosTodos, #Ayotzinapa, #NosFaltan43 y tras ellas manifestaciones multitudinarias donde el retrato de los 43 estudiantes se hacía presente. Los miles de manifestantes exigían su presentación con vida y el castigo a los culpables.

Los medios masivos y la autoridad tardaron nueve días en dar énfasis a la tragedia, pero las calles ya habían sido tomadas por miles de personas que en lo sucedido a los estudiantes de Ayotzinapa vieron conjuntadas todas las tragedias que a este país le ha dejado la guerra contra el narcotráfico que el ex presidente, Felipe Calderón, declaró en 2006.

Los desaparecidos, los asesinados, las fosas, la injusticia y la impunidad comenzaron cobrar notoriedad porque se comprobó que el alcalde de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda, tenían vínculos con el narcotráfico y usaban las estructuras gubernamentales para favorecer al crimen organizado. También nos enteramos que en la búsqueda de los 43 normalistas se encontraron cientos de fosas y cuerpos que dimensionaron la violencia que se vive desde hace años, con el amparo de las autoridades, en Guerrero.

El 23 de octubre renunció Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero. El 29 de octubre, los padres de los 43 normalistas se reunieron con el Presidente, Enrique Peña Nieto, y le hicieron firmar un documento con diez acciones urgentes para la búsqueda de sus hijos.

El 4 de noviembre se detuvo a José Luis Abarca, y a su esposa María de los Ángeles. Tres días después, 7 de noviembre, el Procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer los primeros resultados de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes. Su informe consistió en declarar muertos a los estudiantes, pues así lo confesaron los presuntos autores materiales. Ninguna de estas acciones ha explicado por qué se los llevaron.

Las marchas y manifestaciones continuaron y el país entero comenzó a exigir la renuncia del Presidente y del Procurador, el punto más alto de las exigencias ocurrieron cuando Murillo Karam, luego de la rueda de prensa expresó la frase: “Ya me cansé”. Esta desafortunada expresión se convirtió en una etiqueta de unión que rápidamente movilizó a las personas dentro y fuera de Internet: #YaMeCansé fue un nuevo grito.

Grito que llevó a los padres de los normalistas a recorrer todo el país en tres caravanas que se conjuntarían el 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Hasta ahí llegaron los padres elevando la voz de un México que clama justicia y sólo recibe lo contrario porque ese día de manera arbitraria fueron detenidos 11 estudiantes acusados de acciones violentas. La presión social obligó al gobierno a liberarlos. El acoso a los manifestantes se ha vuelto rutinario.

La noticia de que uno de los restos hallados en Cocula sí pertenecía a Alexander Mora Venancio, joven de 21 años que desapareció junto con sus 42 compañeros, lejos de detener las manifestaciones las ha fortalecido, ya que hora se pide justicia para Alexander y la aparición de los 42 estudiantes desaparecidos.

La semilla fue plantada por ellos, por los 43. México ha cambiado y se mueve por una indignación construida alrededor de la memoria nunca del olvido. Si no hay justicia, seguiremos en las calles. Si no hay justicia no habrá perdón.

Texto publicado en la Revista Buzos en dos partes (22 y 29 de diciembre de 2014).

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