¿En este país quién protege a los periodistas?

Publicado: agosto 14, 2015 en Periodismo, Violencia y represión
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Por Darwin Franco Migues

Moisés Sánchez (Veracruz), Jazmín Martínez (Nayarit), Abel Martínez (Oaxaca), Armando Saldaña (Oaxaca), Adolfo Lucero (Baja California Sur), Ismael Díaz (Tabasco), Juan Mendoza (Veracruz), Jorge Cháirez (Chihuahua), Gerardo Nieto (Guanajuato), Rubén Espinosa (Veracruz) y Juan Heriberto Santos (Veracruz), todos ellos periodistas y todos ellos asesinados en este año 2015.

Las investigaciones sobre su muerte “sospechosamente” han acabado en lo mismo: en nada, ya que –al parecer- nada tuvo que ver en su muerte el trabajo que hacían como periodistas. La autoridad dice que “simplemente les tocó estar en el lugar y en el momento equivocado” o, en el peor de los casos, son ellos mismos los principales responsables de su muerte porque seguro (una seguridad que se da sin pruebas): “andaban en malos pasos o con malas compañías”. Criminalizar antes que investigar y suponer antes que comprobar.

Así ha operado la impunidad y la injusticia en torno al asesinato de periodistas en México, y así puede leerse y constatarse en el proyecto “Tú y yo coincidimos en la noche terrible” que desde Nuestra Aparente Rendición (www.nuestraaparenterendicion.com) hacemos desde el año 2012. En este proyecto una comunidad solidaria de periodistas, académicos, estudiantes y activistas han investigado y escrito las hojas de vida de los periodistas que han muerto o desaparecido en México desde junio del año 2000 a la fecha.

En dichas hojas de vida hemos decidido incorporar tres elementos centrales: 2) Vida e identidad de quienes nos fueron arrebatados por la violencia, 2) Circunstancias de su muerte o desaparición y cómo esto se relacionaba al tipo de trabajo o investigación periodística realizaban, y 3) estado que guardan las investigaciones judiciales sobre sus casos. Al momento tenemos 166 hojas de vida de 172 compañeros que han muerto o desaparecidos en este México impune donde se cree que “se mata la verdad asesinando o desapareciendo a los periodistas”.

En la lectura de cada una de estas hojas de vida puede verse que en este país no existe autoridad alguna que le interese resolver la muerte de los periodistas porque de manera casi automática sus muertes se vinculan a crímenes pasionales, a situaciones circunstanciales o a vínculos con el crimen organizado.

Estas tres hipótesis que sostienen las autoridades de diversos estados del país sirven como base para entrampar y no investigar los verdaderos móviles de la muerte/desaparición de quienes ejercían una profesión de alto riesgo. Para ellos, sin embargo, esto no tiene relación alguna porque nunca “existen elementos o pruebas” que vinculen su muerte/desaparición con la labor que ejercían como periodistas, aunque en la mayoría de los casos nuestros colegas hayan denunciado públicamente acosos o amenazas de parte de autoridades a las que les incomodaba mucho su trabajo. Así lo hizo Rubén Espinosa, por ejemplo.

En México, el 25 de junio de 2012 se promulgó la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual se supone daría “garantías, protección y seguridad a quienes denunciaran amenazas, hostigamiento o acoso producto del ejercicio de su labor o de su defensa de los derechos humanos”; sin embargo, ni esta legislación ni su Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas han garantizado una real protección para los periodistas y activistas.

Tampoco ha sido garante de esto, la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). Esta Fiscalía fue creada en el año 2010 por la Procuraduría General de Justicia y desde ese año ha iniciado 718 averiguaciones previas por abuso de autoridad, amenazas, daño en propiedad ajena, homicidio, privación ilegal de la libertad y robo. Ninguna de estas investigaciones, a la fecha, ha derivado en la detención y consignación de los autores intelectuales y/o materiales involucrados en la muerte/desaparición de un periodista.

En conclusión, ninguno de los mecanismos jurídicos y/o periciales que existen en el país para la protección de periodistas han sido determinantes o, al menos, útiles para que cada una de sus muertes encuentren justicia o para que se realice una adecuada búsqueda de los colegas que actualmente siguen desaparecidos. La ley y las instituciones que la hacen prevalecer están ahí pero son grandes e inútiles elefantes blancos.

¿Quién nos protege como periodistas? ¿El Estado, las empresas mediáticas, la sociedad o nosotros mismos con nuestros propios recursos y conocimientos? ¿Quién debiera protegernos: el Estado, las empresas mediáticas, la sociedad o nosotros mismos?

La teoría diría que todas estas instancias; sin embargo, en la práctica sabemos que al Estado no le interesa solucionarlo, a las empresas mediáticas el tema les incomoda demasiado, a la sociedad le duele pero no termina por arropar la muerte de los periodistas y a nosotros (como integrantes del gremio) esto nos pega de manera contundente pero no hemos sido capaces de cohesionarnos y actuar en consecuencia pues en nuestro interior hay para quienes las muertes de sus colegas son sólo notas breves.

Debemos romper esta inercia, urge, aunque ahora no sepamos muy bien cómo hacerlo.

@darwinfranco

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