Las fosas clandestinas del estado

Publicado: noviembre 12, 2015 en Uncategorized

Darwin Franco Migues

Ante las omisiones e inacciones de las autoridades en la búsqueda de los desaparecidos en el país han sido sus familias las que en las últimas semanas los han comenzado a buscar en campo, pero qué significa buscar de esta manera: significa que padres, madres, esposas, esposos, hermanos e hijos se arman de valor para buscarlos en una de las tantas fosas clandestinas que el crimen organizado generó.

Están buscando hoy en esas fosas porque han solicitado, una y otra vez, a las autoridades que éstas las abran e investiguen; sin embargo, ni el gobierno federal ni los estatales les han hecho caso y cuando sí lo hacen no les dan acceso a las fosas –como marca la Ley General de Víctimas- ni les dan información sobre los hallazgos que ahí se generaron. Las fosas en este país se abren pero sólo para cerrarse y ocultar todo lo que hay dentro de ellas.

Este tortuoso camino para saber quiénes están dentro de las fosas de este país ha generado que familias de desaparecidos de Nuevo León, Guerrero, Tamaulipas y Morelos tengan que localizar e inhumar por sus propios medios a quienes fueron colocados ahí no sólo por el crimen organizado sino también por la propia autoridad.

Así pasó el 4 de noviembre, en Tetelcingo, Morelos, cuando la familia Rodríguez Hernández interpuso un amparo por la inacción de su ministerio público. Esto generó un macabro hallazgo porque la fosa que se descubrió luego de su acción jurídica no fue realizada por el crimen organizado sino por la propia Fiscalía General de Morelos, instancia que fuera de toda legalidad decidió crear un par de fosas clandestinas para ahí depositar 150 cuerpos empalmados con tablas. Sí, leyó bien, 150 cuerpos correspondientes a 150 personas que poseían vidas e historias. 150 personas buscadas por 150 familias.

Las fosas de Tetelcingo fueron localizadas porque la familia de Oliver Wenceslao Rodríguez Hernández, quien fue secuestrado y luego asesinado en mayo de 2013, sabía que su hijo podría estar en el terreno que la Fiscalía de Morelos ilegalmente creó. Estos 150 cuerpos sólo poseían para ser identificados una botella de plástico que alguien amarró a sus cuerpos, al interior de la botella estaba un pequeño papel con un número de expediente. Eso fue lo único que la Fiscalía de Morelos hizo para que estos cuerpos fueran identificados; sin embargo, la fosa no poseía las condiciones para que estos cuerpos medianamente se preservaran.

Los colectivos de familias de desaparecidos del país rápidamente reaccionaron y a través de un comunicado conjunto expresaron: “El hecho de que la Fiscalía de Morelos posea fosas clandestinas y que en ellas se hayan encontrado 150 cuerpos, no sólo afrenta a la familia Navarrete Hernández que, además de sufrir, a causa de la inseguridad que vive el estado de Morelos, el secuestro y el asesinato de su hijo Oliver Wenceslao, ha tenido que padecer la incapacidad, la negligencia y la ausencia de procedimientos de la Fiscalía en la atención al crimen y al cuidado del cuerpo de Oliver que se encontraba bajo su cuidado. Afrenta también y preocupa a la sociedad morelense y a todos los mexicanos de buena voluntad”.

Los colectivos además denunciaron que mientras las familias contabilizaron 150 cuerpos, las autoridades de Morelos sólo reconocieron la existencia de 105. Por ello, preguntaron al gobierno lo siguiente: “¿Por qué la familia contabilizó 150 cuerpos, mientras que ustedes hablan de 105 y ahora de 103 porque afirman que ya fueron entregados dos cuerpos a sus familiares? ¿Por qué el cuerpo de Oliver Wenceslao fue arrojado a una fosa común a pesar de estar plenamente identificado por sus familiares y custodiado por la Fiscalía?”.

Ante esto, las preguntas surgen: ¿Cuántas fosas clandestinas generadas por las procuradurías y fiscalías estatales hay en el país? ¿Cuántos cuerpos sin identificar permanecen en las instalaciones del Servicio Médico Forense y cuántos de éstos se han incinerado o enterrado sin haberles realizado pruebas de ADN? ¿Cuántos cuerpos y fosas?

Las familias de los desaparecidos no detendrán su búsqueda, el gobierno federal parece que sí lo hará porque en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2016 sólo se asignaron 28 millones  pesos para las acciones de búsqueda de todos los desaparecidos del país. Este será el dinero con el que contará la recién creada Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas que con “bombo y platillo” presentó el 9 de octubre de 2015,  la Procuradora General de la República Arely Gómez. Esta Fiscalía tendrá una disminución de 34% respecto del presupuesto que se otorgó para estas labores en 2014.

¿Será que con esta importancia podrán resolver qué pasó en Tetelcingo, en Ayotizinapa y cada una de las 26 mil desapariciones que hay en el país?

@darwinfranco

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