El Estado Mexicano y su trastorno disociativo ante la violencia.

Publicado: junio 10, 2016 en Derechos Humanos, Desapariciones Forzadas, Movimientos y resistencias sociales, Violencia y narcotráfico, Violencia y represión

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Por Darwin Franco Migues

¿Por qué en México somos incapaces de escuchar el dolor ajeno? ¿Por qué la única pena que cuenta es la propia? ¿Qué hemos hecho para que nuestras autoridades carezcan de sensibilidad y corazón? ¿En qué momento comenzamos a negar lo innegable?

Estas preguntas me las hago para tratar de entender por qué el gobierno mexicano es incapaz de aceptar la realidad del país que le ha tocado gobernar; sin embargo, esto también me lo pregunto cuando en la calle o en las charlas cotidianas a nadie parece horrorizarle la violencia que cada vez es más próxima a nuestro entorno.

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, a la palabra (verbo) negar se le atribuyen los siguientes significados: 1) Decir que algo no existe, no es verdad o no es como alguien cree o afirma; 2) Dejar de reconocer algo, no admitir su existencia; 3) Decir que no a lo que se pretende o se pide, o no concederlo; 4) Desdeñar, esquivar algo o no reconocerlo como propio; y 5) Ocultar, disimular.

Negar, en estricto sentido, es la acción del no reconocimiento de algo. Algo se niega no porque no exista sino porque la negación conlleva la no responsabilidad sobre lo negado. De esta manera, por ejemplo, el Estado Mexicano negó el contenido y la infinidad de violaciones a los derechos humanos que se denunciaron en el “Informe Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México” que presentó la Fundación Open Society Justice Initiative, el pasado 7 de junio.

Su respuesta ante la declaración de que muchos de los delitos generados alrededor de la guerra contra el narcotráfico constituyen crímenes de lesa humanidad se sustentó en una negativa porque la realidad –desde la perspectiva del gobierno de Enrique Peña Nieto- no es como Open Society afirma; así que las matanzas, la tortura, los homicidios dolosos y las desapariciones -todos delitos sistemáticos y generalizados en el país- no son crímenes de lesa humanidad porque ellos (el gobierno) no reconocen como propias esas aseveraciones, ya que todos estos delitos no los comete el Estado sino el crimen organizado, el cual –por cierto- ellos combaten desde que institucionalmente instauraron, en 2006,  la guerra en su contra. Haciendo de su afronta una política pública de seguridad.

El Artículo 7 del Estatuto de Roma define a los crímenes de lesa humanidad como: “la serie de actos diversos que sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”; al respecto, se enumeran once actos subyacentes en lo que se incluyen: el asesinato, la tortura y las desapariciones forzadas.

Open Society concluyó que las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico constituyen crímenes de lesa humanidad porque los ataques derivados de esta acción han “implicado la comisión múltiples actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización para cometer ese ataque”. Esto significa que los crímenes de lesa humanidad pueden ser perpetrados tanto por fuerzas gubernamentales, como por grupos armados organizados.

Si se reconoce que en México existen crímenes de lesa humanidad, el Estado Mexicano estará obligado a “evaluar la responsabilidad penal hacia arriba en la cadena de mando, de modo que se pueden incluir a aquellos que dieron las órdenes o a aquellos que no tomaron acciones para prevenir o castigar delitos que conocían (o deberían haber conocido)”. Por ello, la acción del Estado Mexicano consistió en negar que en nuestro país existieran crímenes de lesa humanidad y que éstos hayan sido el resultado de sus fallidas políticas de seguridad alrededor de la guerra contra el narcotráfico.

Negar para el Estado Mexicano se ha convertido en una especie de parapeto desde donde busca mantener una imagen de la realidad que no coincide con la realidad misma. Los gobernantes mexicanos, en este sentido, son sujetos que al parecer padecen de “trastornos disociativos”, los cuales –de acuerdo a la psiquiatría- son “alteraciones de las funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción del entorno” mediante las cuales “el sujeto evita la asociación entre la realidad consciente y el entendimiento del yo dentro del entorno, insensibilizando las emociones o sensaciones”,  esto hace que ellos (los gobernantes) aíslen la percepción de las situaciones provocando una supresión de algunas partes del hecho o de éste en su totalidad.

Negar, en este sentido, ya no les es suficiente; ahora la disociación de la realidad que ellos viven y la que ellos “gobiernan” les hace suprimir todo hecho que no coincide con su percepción. Por ello, los informes de Open Society, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no generan ninguna reacción (más allá de la negación) para el Estado Mexicano, el cual tiene un trastorno disociativo o un cinismo exacerbado que le hace negar la realidad a consta de nuestra vida.

@darwinfranco

Link para descargar el Informe de Open Society

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/undeniable-atrocities-execsum-esp-20160602.pdf

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