Archivos de la categoría ‘Desapariciones Forzadas’

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Por Darwin Franco Migues

¿Por qué en México somos incapaces de escuchar el dolor ajeno? ¿Por qué la única pena que cuenta es la propia? ¿Qué hemos hecho para que nuestras autoridades carezcan de sensibilidad y corazón? ¿En qué momento comenzamos a negar lo innegable?

Estas preguntas me las hago para tratar de entender por qué el gobierno mexicano es incapaz de aceptar la realidad del país que le ha tocado gobernar; sin embargo, esto también me lo pregunto cuando en la calle o en las charlas cotidianas a nadie parece horrorizarle la violencia que cada vez es más próxima a nuestro entorno.

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, a la palabra (verbo) negar se le atribuyen los siguientes significados: 1) Decir que algo no existe, no es verdad o no es como alguien cree o afirma; 2) Dejar de reconocer algo, no admitir su existencia; 3) Decir que no a lo que se pretende o se pide, o no concederlo; 4) Desdeñar, esquivar algo o no reconocerlo como propio; y 5) Ocultar, disimular.

Negar, en estricto sentido, es la acción del no reconocimiento de algo. Algo se niega no porque no exista sino porque la negación conlleva la no responsabilidad sobre lo negado. De esta manera, por ejemplo, el Estado Mexicano negó el contenido y la infinidad de violaciones a los derechos humanos que se denunciaron en el “Informe Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México” que presentó la Fundación Open Society Justice Initiative, el pasado 7 de junio.

Su respuesta ante la declaración de que muchos de los delitos generados alrededor de la guerra contra el narcotráfico constituyen crímenes de lesa humanidad se sustentó en una negativa porque la realidad –desde la perspectiva del gobierno de Enrique Peña Nieto- no es como Open Society afirma; así que las matanzas, la tortura, los homicidios dolosos y las desapariciones -todos delitos sistemáticos y generalizados en el país- no son crímenes de lesa humanidad porque ellos (el gobierno) no reconocen como propias esas aseveraciones, ya que todos estos delitos no los comete el Estado sino el crimen organizado, el cual –por cierto- ellos combaten desde que institucionalmente instauraron, en 2006,  la guerra en su contra. Haciendo de su afronta una política pública de seguridad.

El Artículo 7 del Estatuto de Roma define a los crímenes de lesa humanidad como: “la serie de actos diversos que sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”; al respecto, se enumeran once actos subyacentes en lo que se incluyen: el asesinato, la tortura y las desapariciones forzadas.

Open Society concluyó que las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico constituyen crímenes de lesa humanidad porque los ataques derivados de esta acción han “implicado la comisión múltiples actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización para cometer ese ataque”. Esto significa que los crímenes de lesa humanidad pueden ser perpetrados tanto por fuerzas gubernamentales, como por grupos armados organizados.

Si se reconoce que en México existen crímenes de lesa humanidad, el Estado Mexicano estará obligado a “evaluar la responsabilidad penal hacia arriba en la cadena de mando, de modo que se pueden incluir a aquellos que dieron las órdenes o a aquellos que no tomaron acciones para prevenir o castigar delitos que conocían (o deberían haber conocido)”. Por ello, la acción del Estado Mexicano consistió en negar que en nuestro país existieran crímenes de lesa humanidad y que éstos hayan sido el resultado de sus fallidas políticas de seguridad alrededor de la guerra contra el narcotráfico.

Negar para el Estado Mexicano se ha convertido en una especie de parapeto desde donde busca mantener una imagen de la realidad que no coincide con la realidad misma. Los gobernantes mexicanos, en este sentido, son sujetos que al parecer padecen de “trastornos disociativos”, los cuales –de acuerdo a la psiquiatría- son “alteraciones de las funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción del entorno” mediante las cuales “el sujeto evita la asociación entre la realidad consciente y el entendimiento del yo dentro del entorno, insensibilizando las emociones o sensaciones”,  esto hace que ellos (los gobernantes) aíslen la percepción de las situaciones provocando una supresión de algunas partes del hecho o de éste en su totalidad.

Negar, en este sentido, ya no les es suficiente; ahora la disociación de la realidad que ellos viven y la que ellos “gobiernan” les hace suprimir todo hecho que no coincide con su percepción. Por ello, los informes de Open Society, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no generan ninguna reacción (más allá de la negación) para el Estado Mexicano, el cual tiene un trastorno disociativo o un cinismo exacerbado que le hace negar la realidad a consta de nuestra vida.

@darwinfranco

Link para descargar el Informe de Open Society

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/undeniable-atrocities-execsum-esp-20160602.pdf

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Por Darwin Franco Migues

Uno de cada cuatro desaparecidos del país es de Tamaulipas. Desaparecer en este estado dominado por el grupo criminal de Los Zetas es con toda seguridad un infierno, sin embargo, en este estado con 5 mil 726 desaparecidos, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, sí es posible aparecer si tu nombre es Alan y tu apellido es Pulido. También es posible que te busquen sin tener que cumplir 72 horas a través de un operativo conjunto de fuerzas federales, estatales y municipales, ya que si te llamas Alan Pulido y trabajas como futbolista adquieres un estatus distinto en la Fiscalía encargada de buscar a los desaparecidos en el estado más violento de todo México.

Llamarse Ala Pulido, no obstante, tampoco garantiza que los esfuerzos coordinados den frutos porque en un estado con tal nivel de ineficacia gubernamental tendrás que ser tú quien: 1) confronte a tus captores, 2) les quite su celular, 3) llame al 066 para pedir ayuda, 4) golpee nuevamente a uno de tus captores para que te diga dónde estás, 5) marque una vez más al 066 para verificar que son “los buenos y no los malos” quien llegaron a rescatarte y, no conforme con ello tendrás que salir a los medios para que el gobernador, Egidio Torre Cantú, se tome la foto contigo y pueda decir: “misión cumplida”.

Al menos todo esto nos dijeron que pasó con la desaparición del jugador de futbol, Alan Pulido, quien estuvo 24 horas ausente luego de que la madrugada del 29 de mayo de 2016 fuera privado de su libertad por un grupo de hombres armados en el municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ismael Quintanilla Acosta, Fiscal General de Tamaulipas, además agregó que su localización se dio por la astucia e inteligencia de Pulido quien logró confrontar a dos de sus captores, los cuales presuntamente habían sido contratados por Osvaldo Velázquez García, primo político de Alan Pulido, para retenerlo mientras éste orquestaba la petición de dinero a cambio de su libertad.

Inicialmente el Fiscal Quintanilla aseguró, en rueda de prensa, que para liberar a Pulido habían negociado con el crimen organizado, sin embargo, la actual versión oficial es que jamás hubo crimen organizado involucrado y que todo lo sucedido (incluida la acción heroica del futbolista) se redujo a un problema familiar. Un primo político vio en la visita de Alan Pulido a Ciudad Victoria, su mina de oro. Aquí nadie pactó con el crimen, ni que fueran ellos los que gobiernan Tamaulipas o quienes imponen las reglas de cara al cambio de administración en la gubernatura del estado. Todo fue algo familiar y punto.

Me gustaría decir que todo se queda ahí pero no es así, ya que la supuesta desaparición y secuestro del futbolista viene a confirmarnos que: 1) en este país hay víctimas de primera, segunda y tercera, pues para unas sí existe la fuerza del Estado mientras que para otras lo único real es la no búsqueda y la dilación de la justicia; 2) los operativos conjuntos entre autoridades de distintos niveles y los protocolos de actuación en torno a las desapariciones sí existen pero se aplican únicamente a aquellos desaparecidos que dan dividendos político-mediáticos; 3) pese a la fuerza del Estado es Usted mismo quien tiene que conseguir su liberación; 4) toda desaparición -no importa el escaparate mediático que tenga- se reduce a problemas familiares-personales porque es ahí y no en lo político-social donde se generan todas las condiciones para que Usted o yo contratemos a unas personas armadas para secuestrar a un conocido en plena vía pública sin que ninguna autoridad se percate de ello; 5) cuando se quiere sí es posible capturar a los autores materiales e intelectuales de un crimen, y finalmente, 6) a nadie le importan los otros 5 mil tamaulipecos desaparecidos porque sus familias siguen esperando que la autoridad salga a buscarlos aunque éstos no se llamen Alan Pulido.

Las elecciones en Tamaulipas podrán pasar y los gobiernos del PRI seguirán jactándose de que la seguridad viene a la baja pero lo cierto es que mientras que la justicia no llegué para todos aquellos asesinados o desaparecidos, sin importar las circunstancias, en este estado no habrá paz, ya que las historias “personales” como la de Alan Pulido seguirán repitiéndose pero sin los reflectores ni el actuar rápido y expedito de las autoridades que, en Tamaulipas, buscan sin buscar, al menos, que tu desaparición sirva como insumo político-electoral.

@darwinfranco

 

 

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Fotografía de Héctor Guerrero

Por Darwin Franco Migues

La justicia se abrió paso entre la tierra, su camino buscó la luz y, por ello, sus brazos amorosos fueron exhumando los cuerpos que la autoridad de Morelos un día enterró para ocultar toda verdad. Por ello, el primer cuerpo exhumado de la fosa ubicada en la comunidad de Tetelcingo perteneciente al municipio de Cuautla, Morelos, fue recibido con una cartulina que portaba el siguiente mensaje: “Bienvenido, amor mío. Cuerpo 1. Hora de renacimiento 24/05/16, 12:23 p.m.”.

La exhumación, hasta el 4 de junio de 2016, de 119 cuerpos que fueron enterrados de manera irregular por personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, desde marzo de 2014, es una prueba más del nivel de deshumanización con el que las autoridades tratan a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, ya que esta fosa no fue construida por criminales que intentaban ocultar sus fechorías sino por un Estado que pretendía desaparecer las huellas de su negligencia.

Se trata de una fosa oficial y esto es algo muy grave para las familias de los miles de desaparecidos del país porque, quizá, sus seres queridos estén en lugares que la autoridad misma construye y calla. De las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos nos enteramos por la lucha incansable que realizó la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández.

Oliver Wenceslao fue desaparecido por un grupo de hombres armados el 24 de mayo de 2013 en Cuautla, Morelos. Sin embargo, su cuerpo fue localizado el 3 de junio de ese mismo año en el municipio de Ayala donde fue trasladado al Servicio Médico Forense. En este sitio su familia ratificó que se trataba de él porque las pruebas genéticas y las de huellas dactilares fueron positivas. Tras reconocer el cuerpo pidieron que se les entregara para darle una digna sepultura, las autoridades pidieron tiempo porque prometieron que investigarían a fondo para dar con los responsables de su muerte. La familia confío.

La confianza, sin embargo, se perdió porque la investigación no daba ningún resultado, así que cansada de tanta negligencia su madre, Concepción Hernández, exigió en diciembre de 2014 que le entregaran el cuerpo de su hijo pero éste ya no estaba –como le habían dicho- en el SEMEFO de Cuautla sino en un panteón particular ubicado en Tetelcingo. Al enterarse de esto, la familia de Oliver Wenceslao interpuso diversos amparos que obligaron a la Fiscalía de Morelos a exhumar su cuerpo.

La exhumación sucedió en noviembre de 2015, fue ahí cuando el mundo se enteró no sólo de la existencia estas fosas clandestinas del Estado sino también que en ellas existían alrededor de 150 cuerpos, no 118 como sostiene la autoridad morelense. Esto se sabe porque los familiares de Oliver Wenceslao que estaban a pie de fosa grabaron un video para corroborar que todo se realizara a cabo conforme dictan los protocolos.

La sorpresa mayúscula fue que en la fosa de Tetelcingo no sólo yacía el cuerpo de Oliver Wenceslao sino que también estaban ahí cientos de cuerpos más. La Fiscalía de Morelos aseguró que en sus registros sólo tiene contabilizadas 118 inhumaciones en el sitio, además afirmaron que todo esto no se trató de una acción clandestina sino simplemente irregular porque el sobrecupo en el SEMEFO y el no reclamo de estos cuerpos, los orilló a crear este estas dos fosas donde depositaron los cuerpos de personas no identificadas que murieron entre los años 2010 y 2013 en la zona centro y oriente del estado de Morelos. La familia de Oliver Wenceslao aseguró que, el día de su exhumación, contabilizaron más de 150 cuerpos.

La lucha de la familia de Oliver Wenceslao y el acompañamiento jurídico que les brindó la Unidad de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos obligó a que el gobierno de Morelos exhumara, por segunda ocasión,  todos los cuerpos ubicados en las dos fosas clandestinas de Tetelcingo. La exhumación que inició el 23 de mayo ha logrado traer nuevamente de la tierra a 119 personas.

Lo que ha pasado en Tetelcingo en las últimas semanas ha desenmascarado a un Estado que cava sus propias fosas y rompe todos los protocolos sobre la identificación de cuerpos pero también ha significado un triunfo por la memoria y la justicia de decenas de familias de desaparecidos que estuvieron vigilantes de todo el proceso y que, además, lo acompañaron con un trabajo de toma de muestras genéticas que, posteriormente, podrán confrontarse con los 119 cuerpos exhumados en Tetelcingo.

Por ello, los mensajes colocados en los diez primeros cuerpos exhumados quedarán por siempre en la memoria de este hecho, ya que palabras como: “Bienvenido, mi amor”, “Bienvenido, tu renacer mi alegría”, “Bienvenido, somos tu voz y el eco de justicia”, “Bienvenido a tu identidad”, representan las increíbles muestras de solidaridad ciudadana ante la falta de sinrazón de la autoridad que hoy destapa una de sus fosas clandestinas. Sin embargo, aquí no acaba todo, ya que la autoridad de Morelos tiene aún la enorme obligación de dar justicia a la familia de Oliver Wenceslao, así como también debe de decirnos cuál es la identidad de las 119 personas, no 118, que en Tetelcingo fueron enterradas sin el menor respeto a su dignidad y memoria.

Tetelcingo se abrió paso entre la violencia. Ahora esperamos que la justicia llegue, por fin, a las familias que por años buscaron a cada una de estas 119 personas.

@darwinfranco

 

Por Darwin Franco Migues

Sí lo que hay en sus manos después de escarbar la tierra son restos humanos, no pedazos de madera como sugirió el gobierno que encabeza de Javier Duarte. Sí lo que la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas localizó en Veracruz son restos humanos que fueron encontrados en 15 diferentes lugares ubicados en Amatlán de los Reyes y Córdoba, municipios veracruzanos que se eligieron para iniciar algo que el gobierno simplemente no ha querido hacer: buscar a los desaparecidos.

Del 9 al 21 de abril, familiares de desaparecidos provenientes de Guerrero, Morelos, Coahuila, Estado de México, Sinaloa, Chihuahua y Baja California acudieron al llamado de las familias de Veracruz para iniciar ahí sus primeras acciones de búsqueda colectiva, pues ellos en sus respectivas localidades ya se habían convertido en rastreadores de fosas clandestinas y en buscadores de la esperanza que, tristemente, se halla debajo de la tierra.

En México, de acuerdo a información de la Procuraduría General de la República (PGR), se han localizado en los últimos nueve años (2006—2015), 201 fosas clandestinas de las cuales se han exhumado 662 cuerpos; sin embargo, sólo el 18 por ciento (119 cuerpos) han sido identificados. La mayoría de los restos localizados (380), a decir de la PRG, presentan un avanzado estado de descomposición que hace imposible identificar su género.

En estos datos, sin embargo, no se encuentran los 15 hallazgos que la Brigada Nacional de Búsqueda obtuvo en Veracruz ni los cerca de 300 restos humanos calcinados que fueron localizados por los 40 expertos buscadores que integran la Brigada. Ellas y ellos dedicaron 13 días de su vida para localizar en pozos, cañadas, cañaverales o veredas a los más de mil desaparecidos que existen en Veracruz. El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), a cargo de la Secretaría de Gobernación, no obstante, sólo reconoce a 661 (493 del fuero común y 168 del federal). Sus estadísticas se quedan cortas.

La búsqueda de desaparecidos en México es una acción que primordialmente realizan las propias familias de los desaparecidos porque a los pocos días de presentar sus denuncias se dan cuenta de que las acciones de búsqueda de las procuradurías o fiscalías estatales e, inclusive, las de la propia PGR sólo son en papel pero no en el campo. Esto significa que en sus expedientes o averiguaciones previas existen más oficios de colaboración que reportes de peritajes y más notificaciones de aceptación a colaborar que testimonios y/o confesiones que ayuden a localizar a los 28 mil 156 desaparecidos que existen en todo el país.

Por ello, las familias aprenden que la búsqueda en vida y, lamentablemente, también sin ella la deben realizar con sus propios recursos porque si se quedan esperando a que la autoridad lo haga seguramente pasarán muchos años porque frases como: “estamos investigando”, “tengan paciencia”, “estamos a la espera de los resultados de los peritajes”, “no han querido declarar los detenidos” o “no tenemos ninguna novedad”, no harán que regrese ninguno de los desaparecidos que, ellos aseguran, están buscando.

Esto lo saben muy bien familiares de desaparecidos como Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí Salcedo, quien desapareció en Orizaba, Veracruz, el 7 de septiembre de 2012; José Díaz Navarro quien está buscando las cabezas Hugo y Alejandro Díaz Navarro (sus hermanos), Mario Montiel Ferrer, Vicente Apreza García y Jesús Romero Mújica pues sus cuerpos sí fueron localizados el 29 de noviembre de 2014 en Chilapa, Guerrero; Alma Rosa Rojo quien desea encontrar a su hermano Miguel Ángel Rojo Medina del cual no sabe nada desde el 4 de julio de 2009 cuando viajó hacía Estación de Obispo, Sinaloa; Juan Carlos y Miguel Trujillo Herrera quienes junto a su incansable madre, María Herrera, buscan a sus cuatro hermanos, Raúl y Jesús Salvador, desaparecidos el 29 de agosto de 2008 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y Gustavo y  Luis Armando, quienes desaparecieron dos años después, el 22 de septiembre de 2010, en Poza Rica, Veracruz; y Mario Vergara Hernández quien integra el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala y está en la búsqueda de su hermano Tomás Hernández quien desapareció el 5 de julio de 2012 en Iguala, Guerrero.

Ellos son sólo algunas de las personas que integran la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y son ellos, como cientos de familiares en el país, quienes están saliendo a escarbar la tierra en búsqueda de respuestas porque, como ellos aseguran, debajo de nosotros yace un tesoro: los desaparecidos. Esta fuerte expresión podría dar calma, aunque no la esperada, a una familia no sabe dónde está su ser querido.

Buscar la esperanza debajo de la tierra, buscar con el corazón hasta en el último rincón del mundo, buscar para localizar ese tesoro que a cada una de estas familias les arrebataron debiera ser hoy una acción colectiva que permita que la Brigada Nacional de Búsqueda seamos todos y no sólo estas valientes familias. Buscar a todos los desaparecidos debiera ser para todos una prioridad porque estoy seguro que si emprendemos esta búsqueda también nosotros habremos de encontrar aquello que nos han arrebatado con su ausencia.

@darwinfranco

Conferencia brindada en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, 22 de abril de 2016

 

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Por Darwin Franco Migues
Durante el año 2015, en promedio, desaparecieron siete personas al día en Jalisco. Lo cual significó para la Fiscalía General de este estado recibir alrededor de seis denuncias por desaparición durante los 365 días del año. Pese a esta alarmante realidad, el gobierno del priísta, Aristóteles Sandoval, considera que todo está bajo control.
En la solicitud de transparencia, oficio FG/UT/261/2016, la Fiscalía informó que de enero a diciembre de 2015 generó 2 mil 378 indagatorias por desaparición y que de ellas se derivaron 2 mil 528 desaparecidos (1,357 hombres y 1,171 mujeres). En el mismo oficio, esta dependencia asegura que sus pesquisas de búsqueda los llevaron a la localización de 1,683 personas (1,596 con vida y 87 sin ella), esto significa que los policías investigadores adscritos a la Fiscalía General y/o los agentes ministeriales pertenecientes a la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, debieron encontrar de cuatro a cinco personas diariamente, ya que sólo así la Fiscalía podría mantener el 66% de eficacia que arrojan los datos que entregó sobre el número de indagatorias por desaparición que realizó durante el año 2015. Siguiendo los datos de la Fiscalía, sus acciones de búsqueda no lograron que 845 jaliscienses desaparecidos en 2015 regresaran a casa.
Sin embargo, estas son sólo estadísticas y números que poca relación tienen con la desaparición, por ejemplo, de Ana Elvira Castillo Mireles y de Juan Carlos Zaragoza Gaona.

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Ana Elvira, desapareció el 28 de abril de 2015 en el municipio de Lagos de Moreno y es fecha en que su madre, Catalina, no ha recibido ninguna notificación de los avances que tiene su ministerio público sobre la desaparición de su hija. Mismo situación viven los padres de Juan Carlos, quien desapareció en Zapopan, el 26 de mayo de 2015. A diez meses, sus padres, Adriana y Juan, aseguran que su ministerio público no tiene un trabajo firme para localizar a su hijo y ahora temen que los cambios al interior de la Fiscalía anunciados por el Fiscal General, Eduardo Almaguer, retrasen la búsqueda de Juan Carlos, ya que implicaría un cambio de ministerio público y esto significa volver a iniciar de cero, ya que el nuevo agente no conoce el caso y requiere leer el expediente para dar algún tipo de información o avance.
El tiempo promedio de lectura del expediente, en muchos casos, ha superado los tres meses. Tres meses que son para las familias de desaparecidos, un valioso tiempo perdido.

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Unidades especializadas y sin transparencia
La grave situación de los desaparecidos en Jalisco a decir del Fiscal General, Eduardo Almaguer, se resolverá una vez que arranquen los trabajos de las Unidades especializadas para la Atención de Desaparecidos que la Fiscalía instauró en Guadalajara y en el municipio de Puerto Vallarta. La primera de estas unidades atenderá los casos de desaparición de la Zona Metropolitana de Guadalajara y estará operando con 15 policías investigadores y dos agentes del ministerio público; en cambio, la de Puerto Vallarta tendrá a cuatro policías investigadores y un ministerio público.
No obstante, la instalación de ambas unidades especializadas se realizó sin transparentar quiénes formarán parte integral de ellas, bajo qué lógicas realizarán las búsquedas y sobre todo faltó que explicaran de dónde fue que salieron los policías investigadores y los ministerios públicos asignados, siendo que desde que entró en operaciones la Agencia del Ministerio Público 12/C, encabezada por Violeta Meza, existía ya un déficit de policías investigadores, ya que hasta octubre de 2015 esta entidad sólo contaba con diez de ellos. Incluso, la ausencia de tales investigadores era, en palabras de Violeta Meza, una de las razones principales del “retraso en las investigaciones y búsquedas de los desaparecidos”.
Ahora, tras la presentación en enero de ambas unidades especializadas, el estado cuenta con 19 policías investigadores y tres ministerios públicos enfocados única y exclusivamente en “encontrar a los desaparecidos y castigar a los culpables de su desaparición”. Sin embargo, desconocemos qué tipo de capacitación tomaron para, en efecto, estar debidamente capacitados en la búsqueda de los desaparecidos y en la atención a sus familias, ya que el protocolo en atención a las víctimas de violencia que está realizando el Fiscal en Derechos Humanos, Dante Haro, todavía no está terminado y, por lo tanto, se desconoce bajo qué criterios estos nuevos agentes trabajarán las desapariciones.

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Foto de la única reunión que el gobernador Aristóteles Sandoval ha tenido con familiares de desaparecidos.  La fecha de la reunión fue el 15 de mayo de 2015

2015, el año con más desaparecidos
A decir del Fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, sí hay un avance real en materia de desapariciones porque: “ya se reconoció la gravedad del problema y esto no había ocurrido antes”. No obstante, los números de la propia Fiscalía no parecen sostener el discurso positivo y generalizado que tienen sus funcionarios cuando hablan de las desapariciones, ya que 2015 es el año con más denuncias por desaparición de personas desde 2006, pues se presentaron 2 mil 378, lo cual confirma la alza y persistencia de este delito desde el 2013. Este crecimiento ha estado emparejado con los tres primeros años de gobierno del priísta, Aristóteles Sandoval, así que el tema de las desapariciones está muy lejano de ser sólo un tema heredado de otras administraciones como éste dijo en su momento.

 
Esta percepción es contraria a lo que confirma la base estadística otorgada por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General, mediante el oficio FG/UT/113/2016, ahí se observa que las desapariciones han crecido más bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval.
Que 2015 fuese el año con más denuncias por desaparición también se traduce a que durante este tiempo se presentó el mayor número de personas desaparecidas, 2 mil 528 y personas no localizadas, ya que pese al trabajo de búsqueda que realiza la Fiscalía, 845 jaliscienses, entre ellos lamentablemente están Ana Elvira Castillo Mireles y Juan Carlos Zaragoza Gaona, no han logrado volver a casa.
Esta misma situación es la de cientos de desaparecidos más que no aparecen en los reportes de localización de la Fiscalía General, pues en ellos –como puede verse en el informe presentado en el mes de octubre de 2015– las causas de localización responden más a la acción de vuelta de las propias personas que a resultados periciales de búsqueda, lo cual podría explicar el por qué Ana Elvira y Juan Carlos, no forman parte de las cuatro o cinco personas que diariamente “localizó” la Fiscalía General durante el año pasado.
Incluso, siguiendo la línea positiva de la Fiscalía, la información dada por transparencia precisa que durante 2015 decreció la efectividad de sus búsquedas al localizar con vida a 241 personas menos que en 2014 y 125 menos que 2013. Mismo caso para su localización en muerte que disminuyó respecto a los dos años anteriores.
Esto tomando en consideración que, en efecto, se trata de localizaciones plenas y no de administración de expedientes, tal y como se dejó entrever en la rueda de prensa que Eduardo Almaguer ofreció el 20 de octubre de 2015. Almaguer ese día informó el estado que guardaban los expedientes de personas desaparecidas y cómo fue que de esta situación, su dependencia generó la clasificación que hoy el Fiscal General presume a nivel nacional como un logro de su administración. Hoy los expedientes de desapariciones en Jalisco se dividen en: 1) Personas extraviadas, 2) Personas ausentes voluntarias, 3) Personas Desaparecidas y 4) Personas desaparecidas relacionadas a la comisión de un delito.
Al respecto, ni los discursos conscientes, ni el aceptar el problema o el generar acciones de clasificación han frenado las desapariciones en Jalisco, las cuales de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2015 suman ya 2 mil 962 personas que no han logrado volver con sus seres amados. 2 mil 962 personas que como Ana Elvira y Juan Carlos son buscados amorosamente por sus padres, los cuales cambiarían todo discurso político o mediático por una verdadera acción de búsqueda que los lleve a encontrar a sus familiares. Ello son quienes los buscan.

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Esta investigación se publicó originalmente en Proyecto Diez:

http://www.proyectodiez.mx/2015-el-ano-con-mas-desaparecidos-en-la-historia-de-jalisco/

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Por Darwin Franco Migues

“Yo daría mis extremidades, mis brazos, mis piernas por la vida de los cinco muchachos. Yo daría mi vida por mi hijo… Si quienes los tienen están leyendo esto les pido que miren en los ojos de nuestros hijos a sus propios hijos, les pido que nos los regresen porque ellos apenas están haciendo su camino, su vida. Yo les pido que nos los devuelvan porque nadie debe quitarles el hermoso derecho de vivir…”, estas palabras revestidas de amor fueron pronunciadas por Bernardo Benítez Herrera, padre de Bernardo Benítez Arroniz, uno de los cinco jóvenes que desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz, el pasado 11 de enero.

Bernardo Benítez Arroniz desapareció junto con José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz y Susana Tapia Garibo. Todos ellos muchachos tranquilos, de casa. Muchachos que decidieron, como a diario lo hacen muchos otros jóvenes del país, salir a divertirse y, por ello, se trasladaron del municipio de Playa Vicente hacia el puerto de Veracruz donde pasaron el fin de semana. El trayecto de regreso incluía su paso por el municipio de Tierra Blanca y fue ahí donde su viaje derivó en desgracia porque una camioneta de la policía estatal de Veracruz comenzó a seguirlos hasta que los detuvo para realizarles una “revisión de rutina”.

La última imagen que se tiene de los cinco jóvenes, tras revelarse lo que grabaron las cámaras de seguridad del municipio de Tierra Blanca, es la de ellos resguardados dentro la camioneta de la policía estatal. El carro de los muchachos, un Jetta color blanco, aparece detrás siguiendo a los policías, los cuales –según sus propios testimonios- entregaron a los cinco jóvenes a la delincuencia organizada; sin embargo, ninguno de los siete detenidos ha confesado el por qué los desaparecieron y en dónde fue que los dejaron.

Lo que pasó en Tierra Blanca, el 11 de enero, es una DESAPARICIÓN FORZADA porque fueron ellos, los policías estatales, quienes directamente los desaparecieron ese medio día en Tierra Blanca. Es una DESAPARICIÓN FORZADA porque fueron elementos del estado con equipamiento público quienes decidieron darle la espalda a quienes juraron proteger.

Fueron ellos, quienes siguiendo órdenes directas o indirectas optaron por desaparecerlos pero también fueron todos aquellos que han generado las condiciones para que en un estado como Veracruz y en un municipio de Tierra Blanca, la policía responda a las órdenes del narco. Fueron todos los que a bordo de una patrulla, detrás de la comandancia,  despachando en una Fiscalía o declarando desde Palacio de Gobierno han ido tejiendo las redes de complicidad que permitieron la desaparición de los cinco de Playa Vicente pero también la desaparición de 675 personas o, al menos, eso es lo que indican las cifras oficiales; sin embargo, la realidad es más dolorosa porque organizaciones como el Colectivo Xalapa por la Paz, han declarado que la cifra se eleva a más de mil desaparecidos. Sus familias no han presentado la denuncia por el riesgo que implica hacerlo en un estado dominado por el narcotráfico.

Y esto lo saben perfectamente los padres de Bernardo Benítez Arroniz, José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco, Alfredo González Díaz y Susana Tapia Garibo porque ellos mismos han sufrido amenazas, ya que a muchos les incomoda que ellos no bajen la voz y sigan en la exigencia de búsqueda y justicia para sus hijos. Los han amenazado porque, quizá, hay muchos que no desean que Tierra Blanca se mire como Iguala, Guerrero.  No obstante, todos sabemos que estamos de frente al mismo fenómeno que el 26 de septiembre de 2014 culminó en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa”. Estamos lamentablemente frente a la misma tragedia porque en Veracruz también la policía hace el trabajo sucio del narco. Allá los policías servían a Los Rojos, en Tierra Blanca a Los Zetas.

Por ello, aunque nos duela esta historia ya la hemos visto porque también allá hubo videos que comprueban la participación de los policías, también en Iguala se detuvo a los implicados y a sus jefes pero eso no se tradujo en la localización de los 43. También allá se se minimizó el hecho y se buscó la criminalización de las víctimas.  Aquí (en Tierra Blanca) y allá (en Iguala), todo es terroríficamente igual. En ambos sitios, el Estado es inexistente.

No obstante, también aquí hay estrategias de contra poder y extraordinarias muestras del amor que cinco familias profesan a sus hijos, ya que ellas no dejan de luchar, exigir pero sobre todo de creer que sus hijos regresarán a casa. Bernardo Benítez eso es lo que más desea ahora; por ello, no se separa de la Agencia del Ministerio Público en Tierra Blanca  ni deja de contestar las llamadas telefónicas que recibe de la prensa pues reconoce lo relevante que es declarar que los muchachos fueron desaparecidos por policías estatales de Veracruz, aunque el verdadero deseo de su corazón es ver regresar a su hijo, Bernardo.

“Nosotros lo que deseamos es tenerlos de regreso, las repercusiones sobre los detenidos les compete a las autoridades porque para eso les estamos pagando, ellos son nuestros empleados. Lo que yo deseo, lo que las familias deseamos es que nos digan a dónde los llevaron porque hasta allá iremos por ellos. Ellos deben de volver, los deben de liberar porque aún les falta mucho por vivir…”.

@darwinfranco

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Página de Facebook para apoyar en la búsqueda de Bernardo Benítez Arroniz, José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco, Alfredo González Díaz y Susana Tapia Garibo.

https://www.facebook.com/Todossomosplaya/?fref=nf

Por Darwin Franco Migues

Gabriel de la Peña Díaz desapareció el 20 de agosto de 2015 en la colonia El Colli Urbano en Zapopan, Jalisco. Se dejó de saber de él cuando salió de su casa rumbo a su trabajo.

Al no saber nada de Gabo, como con cariño le llaman, su familia rápidamente se movilizó para saber su paradero. Realizaron todo aquello que muchas veces el personal de la Fiscalía General de Jalisco les recomienda no hacer a quienes presentan una denuncia por desaparición. Ellos, hicieron pública la desaparición de Gabo en todos los medios posibles.

Muchos nos enteramos de que Gabriel de la Peña Díaz, de 18 años, no estaba con su familia porque sus amigos colocaron su fotografía en cuanta red social les fue posible. Supimos también que es estudiante de la Universidad UNIVA y que los motivos de su desaparición nada tenían que ver (como ahora se asegura) con algún conflicto familiar. Su madre que de manera valerosa platicó con diversos medios siempre habló con claridad sobre este tema.

Durante poco más de 10 días, la fotografía del joven risueño que usa camisa a cuadros y lentes fue parte de nosotros. La compartimos, quizá, porque se parecía más a nosotros que el resto de fotografías de desaparecidos que a borbotones circulan por Internet. La miramos, y quizá, no sentimos la extrañeza o desconfianza que podrían darnos otros desaparecidos a los que rápidamente volvemos a desaparecer a través del uso de nuestro lenguaje, ya que ellos (otros diferentes a mí, muchos que no soy yo) son automáticamente sospechosos de su propia desaparición porque “seguro andaban en malos pasos”. Pero Gabo no, él no, porque alguien como yo no es reproductor de tales estereotipos.

Sin embargo, en eso no reparaban sus familiares y amigos porque para ellos lo relevante, lo vital y lo verdaderamente necesario era encontrarlo con vida; por ello, la pregunta ¿dónde está Gabo? se convirtió en una interrogante que los movilizó a tal punto que ellos (no necesariamente la Fiscalía General de Jalisco) se volvieron los artífices de su propia investigación y lo hicieron porque fueron capaces de superar las primeras palabras de una autoridad que al acudir a la Agencia del Ministerio Público 12/C, sólo atinó a decirles que: “Gabo ya aparecería porque andaba en Mazamitla”. Para la autoridad los jóvenes son así de irresponsables, ya que éstos no desaparecen simplemente se vuelven “no localizados”.

De este tipo de violaciones tuvieron que reponerse porque aquí en Jalisco (como pasa en todo México) son las familias las que buscan y la Fiscalía es la que pregunta qué saben de su desaparecido. Así fue como la familia (no la policía cibernética) logró obtener la geolocalización del celular de Gabriel de la Peña Díaz. Así fue como supieron que él (o quizá sólo el teléfono celular) estuvo en Tonalá (Jalisco), en San José de Gracia (Michoacán) y, finalmente, en algún punto del Estado de México, lugar desde donde la noche del 30 de agosto, Gabo marcó para decir “que estaba bien y para pedir que fueran por él”. Él marcó, no fue la Fiscalía la que llamó para decir a su familia: “lo localizamos”. Él marcó.

La mañana del 31 de agosto, día internacional de las víctimas de desaparición, y momentos antes de iniciar la marcha convocada por Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), el Fiscal General, Eduardo Almaguer, escribió en su cuenta de Twitter:

Esta noticia cambió el ánimo de los amigos y familiares de Gabriel de la Peña que acudieron a manifestarse por los desaparecidos, ya que ahora no estaban ahí para exigir su aparición sino para celebrar que ya había aparecido. Algo que, sin duda, contrastó con la realidad que viven muchas de las integrantes de FUNDEJ que en casi tres meses de tener “mesas de trabajo” con la Fiscalía tienen cero avances en sus investigaciones.

Un día después (31 agosto), contrario a lo que dictamina la Ley General de Víctimas, el Fiscal General Eduardo Almaguer citó a conferencia de prensa para ventilar (violentando los derechos de  Gabriel y su familia) los pormenores de los operativos (así en plural) que realizó la Fiscalía para localizar a Gabriel de la Peña, concluyendo que se trató de una “desaparición voluntaria” (no dijo, “no localización voluntaria”), ya que Gabo simplemente huyó porque tuvo miedo de la reacción que tendrían sus padres cuando se enteraran de que había reprobado tres materias. Reprobó, tuvo miedo, quiso darse un tiempo y huyó al Estado de México. Esa fue y es la versión oficial de una Fiscalía que puso “todo de sí” para localizarlo.

En esa conferencia de prensa, Eduardo Almaguer, no habló de si el operativo que fuerzas federales realizaron ese día y los posteriores en la colonia El Colli tuvo alguna relación con lo que pasó con Gabriel, tampoco adelantó nada de las implicaciones que tendría (y ya tiene) el trasladarles toda la responsabilidad de lo ocurrido a Gabriel y su familia y, mucho menos, trasparentó los recursos (técnicos, humanos y financieros) que dice que utilizó para supuestamente dar con él. Sólo precisó que fue una “desaparición voluntaria”.

Las consecuencias de este pésimo manejo informativo (que de ser cierto tuvo que haberse quedado entre la autoridad y la familia de la Peña) es que ahora todo mundo juzga, señala, crítica y ridiculiza a quien hasta hace unos días era uno de los 2 mil 969 desaparecidos de Jalisco. Hoy Gabriel de la Peña es el hazme reír para quienes al ser incapaces de mirar y entender el fondo del problema, no bajan a Gabo de irresponsable, berrinchudo, cobarde y estúpido, ya que para ellos (los que compartieron su foto o se enteraron de su desaparición), él sólo es un meme que concentra toda la incomprensión de lo que somos cuando sin reflexionar nos dedicamos a juzgar duramente la superficie dejando, así, intacto el trasfondo de una versión oficial que busca fortalecer la hipótesis de que en Jalisco: “Los desaparecidos se van por su propio pie y no a causa de la violencia que nos golpea”.

La desaparición de Gabriel de la Peña fue para la Fiscalía General de Jalisco un bálsamo porque justo cuando FUNDEJ criticó la falta de avance en sus demandas, el Fiscal Eduardo Almaguer salió a decir que en Jalisco: “Sí localizan desaparecidos y que éstos (como supuestamente pasó con Gabo) se van por conflictos familiares”, lo cual hace que la institución que encabeza deje de atender el resto de las desapariciones.

Mientras tanto, todos nos sentimos con la estatura moral para señalar a Gabriel y su familia, pues ellos son la causa de todos los males que ahora padecen. Son ellos, principalmente Gabo, quienes merecen, incluso, un castigo porque: “¡Qué es eso de andar desapareciendo por haber reprobado tres materias! ¡Qué es eso de hacerle perder el tiempo a la Fiscalía habiendo más desaparecidos! ¡Qué eso de marcar y no esperar a que la Fiscalía sea la que te localice! ¡Qué es eso de hacerme perder mi tiempo cuando compartí tu foto en Facebook y ni siquiera estabas desaparecido! ¡Qué es eso de hacerte el desaparecido!”.

Cuando aceptamos como ciertas las verdades que se dieron a conocer tras la localización con vida de Gabriel de la Peña y hacemos con ellas un escarnio público de los involucrados, estamos contribuyendo a que problemáticas sociales se vuelvan asuntos particulares (familiares), lo cual quita toda responsabilidad a quienes deberían de trabajar para que ninguna persona siga desapareciendo en Jalisco y en todo México.

Cuando juzgamos, criticamos, señalamos, etiquetamos y compartimos “nuestra verdad”, no estamos pensando en la manera en que esto aniquila la dignidad de una persona y su familia. Cuando creemos la verdad de la Fiscalía y la replicamos estamos más cerca de parecernos a ellos y, con esto, no sólo nos alejamos de nuestros pares sino que también imposibilitamos de facto todo acceso a la verdad y la justicia.

¿De verdad por esto desapareció Gabriel de la Peña? ¿Acaso Ustedes no dudan de esta versión oficial? ¿Qué pasa, entonces, con el resto de los desaparecidos? ¿A ellos, cómo los están buscando en la Fiscalía? ¿Qué ocurre con nosotros que, en lugar de celebrar que Gabriel esté de vuelta, estamos acabando con su dignidad? ¿Por qué no estamos adoptando a un nuevo desaparecido pero sí quejándonos de haber buscado a quien no lo merecía?  ¿Por qué aceptamos de pronto una versión tan llena de opacidades? ¿Por qué?

Gabriel de la Peña Díaz desapareció el 20 de agosto de 2015 y fue encontrado con vida 10 días después. Hoy todos debemos celebramos su aparición (independientemente de las causas que provocaron su ausencia) pero, a la par, debemos exigir que se nos diga toda la verdad porque la Fiscalía General de Jalisco al reducir un tema tan delicado a conflictos familiares no sólo evade su responsabilidad sino que también nos vuelve culpables de nuestras futuras y posibles desapariciones.

Ayer las justificaciones para desaparecer eran “los malos pasos, el irse con el novio o el andar de fiesta”, hoy lo es “el reprobar tres materias”. ¿Mañana qué será?

@darwinfranco