Archivos de la categoría ‘Movimientos y resistencias sociales’

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Por Darwin Franco Migues

¿Por qué en México somos incapaces de escuchar el dolor ajeno? ¿Por qué la única pena que cuenta es la propia? ¿Qué hemos hecho para que nuestras autoridades carezcan de sensibilidad y corazón? ¿En qué momento comenzamos a negar lo innegable?

Estas preguntas me las hago para tratar de entender por qué el gobierno mexicano es incapaz de aceptar la realidad del país que le ha tocado gobernar; sin embargo, esto también me lo pregunto cuando en la calle o en las charlas cotidianas a nadie parece horrorizarle la violencia que cada vez es más próxima a nuestro entorno.

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, a la palabra (verbo) negar se le atribuyen los siguientes significados: 1) Decir que algo no existe, no es verdad o no es como alguien cree o afirma; 2) Dejar de reconocer algo, no admitir su existencia; 3) Decir que no a lo que se pretende o se pide, o no concederlo; 4) Desdeñar, esquivar algo o no reconocerlo como propio; y 5) Ocultar, disimular.

Negar, en estricto sentido, es la acción del no reconocimiento de algo. Algo se niega no porque no exista sino porque la negación conlleva la no responsabilidad sobre lo negado. De esta manera, por ejemplo, el Estado Mexicano negó el contenido y la infinidad de violaciones a los derechos humanos que se denunciaron en el “Informe Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México” que presentó la Fundación Open Society Justice Initiative, el pasado 7 de junio.

Su respuesta ante la declaración de que muchos de los delitos generados alrededor de la guerra contra el narcotráfico constituyen crímenes de lesa humanidad se sustentó en una negativa porque la realidad –desde la perspectiva del gobierno de Enrique Peña Nieto- no es como Open Society afirma; así que las matanzas, la tortura, los homicidios dolosos y las desapariciones -todos delitos sistemáticos y generalizados en el país- no son crímenes de lesa humanidad porque ellos (el gobierno) no reconocen como propias esas aseveraciones, ya que todos estos delitos no los comete el Estado sino el crimen organizado, el cual –por cierto- ellos combaten desde que institucionalmente instauraron, en 2006,  la guerra en su contra. Haciendo de su afronta una política pública de seguridad.

El Artículo 7 del Estatuto de Roma define a los crímenes de lesa humanidad como: “la serie de actos diversos que sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”; al respecto, se enumeran once actos subyacentes en lo que se incluyen: el asesinato, la tortura y las desapariciones forzadas.

Open Society concluyó que las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico constituyen crímenes de lesa humanidad porque los ataques derivados de esta acción han “implicado la comisión múltiples actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización para cometer ese ataque”. Esto significa que los crímenes de lesa humanidad pueden ser perpetrados tanto por fuerzas gubernamentales, como por grupos armados organizados.

Si se reconoce que en México existen crímenes de lesa humanidad, el Estado Mexicano estará obligado a “evaluar la responsabilidad penal hacia arriba en la cadena de mando, de modo que se pueden incluir a aquellos que dieron las órdenes o a aquellos que no tomaron acciones para prevenir o castigar delitos que conocían (o deberían haber conocido)”. Por ello, la acción del Estado Mexicano consistió en negar que en nuestro país existieran crímenes de lesa humanidad y que éstos hayan sido el resultado de sus fallidas políticas de seguridad alrededor de la guerra contra el narcotráfico.

Negar para el Estado Mexicano se ha convertido en una especie de parapeto desde donde busca mantener una imagen de la realidad que no coincide con la realidad misma. Los gobernantes mexicanos, en este sentido, son sujetos que al parecer padecen de “trastornos disociativos”, los cuales –de acuerdo a la psiquiatría- son “alteraciones de las funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción del entorno” mediante las cuales “el sujeto evita la asociación entre la realidad consciente y el entendimiento del yo dentro del entorno, insensibilizando las emociones o sensaciones”,  esto hace que ellos (los gobernantes) aíslen la percepción de las situaciones provocando una supresión de algunas partes del hecho o de éste en su totalidad.

Negar, en este sentido, ya no les es suficiente; ahora la disociación de la realidad que ellos viven y la que ellos “gobiernan” les hace suprimir todo hecho que no coincide con su percepción. Por ello, los informes de Open Society, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no generan ninguna reacción (más allá de la negación) para el Estado Mexicano, el cual tiene un trastorno disociativo o un cinismo exacerbado que le hace negar la realidad a consta de nuestra vida.

@darwinfranco

Link para descargar el Informe de Open Society

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/undeniable-atrocities-execsum-esp-20160602.pdf

Por Darwin Franco Migues

Sí lo que hay en sus manos después de escarbar la tierra son restos humanos, no pedazos de madera como sugirió el gobierno que encabeza de Javier Duarte. Sí lo que la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas localizó en Veracruz son restos humanos que fueron encontrados en 15 diferentes lugares ubicados en Amatlán de los Reyes y Córdoba, municipios veracruzanos que se eligieron para iniciar algo que el gobierno simplemente no ha querido hacer: buscar a los desaparecidos.

Del 9 al 21 de abril, familiares de desaparecidos provenientes de Guerrero, Morelos, Coahuila, Estado de México, Sinaloa, Chihuahua y Baja California acudieron al llamado de las familias de Veracruz para iniciar ahí sus primeras acciones de búsqueda colectiva, pues ellos en sus respectivas localidades ya se habían convertido en rastreadores de fosas clandestinas y en buscadores de la esperanza que, tristemente, se halla debajo de la tierra.

En México, de acuerdo a información de la Procuraduría General de la República (PGR), se han localizado en los últimos nueve años (2006—2015), 201 fosas clandestinas de las cuales se han exhumado 662 cuerpos; sin embargo, sólo el 18 por ciento (119 cuerpos) han sido identificados. La mayoría de los restos localizados (380), a decir de la PRG, presentan un avanzado estado de descomposición que hace imposible identificar su género.

En estos datos, sin embargo, no se encuentran los 15 hallazgos que la Brigada Nacional de Búsqueda obtuvo en Veracruz ni los cerca de 300 restos humanos calcinados que fueron localizados por los 40 expertos buscadores que integran la Brigada. Ellas y ellos dedicaron 13 días de su vida para localizar en pozos, cañadas, cañaverales o veredas a los más de mil desaparecidos que existen en Veracruz. El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), a cargo de la Secretaría de Gobernación, no obstante, sólo reconoce a 661 (493 del fuero común y 168 del federal). Sus estadísticas se quedan cortas.

La búsqueda de desaparecidos en México es una acción que primordialmente realizan las propias familias de los desaparecidos porque a los pocos días de presentar sus denuncias se dan cuenta de que las acciones de búsqueda de las procuradurías o fiscalías estatales e, inclusive, las de la propia PGR sólo son en papel pero no en el campo. Esto significa que en sus expedientes o averiguaciones previas existen más oficios de colaboración que reportes de peritajes y más notificaciones de aceptación a colaborar que testimonios y/o confesiones que ayuden a localizar a los 28 mil 156 desaparecidos que existen en todo el país.

Por ello, las familias aprenden que la búsqueda en vida y, lamentablemente, también sin ella la deben realizar con sus propios recursos porque si se quedan esperando a que la autoridad lo haga seguramente pasarán muchos años porque frases como: “estamos investigando”, “tengan paciencia”, “estamos a la espera de los resultados de los peritajes”, “no han querido declarar los detenidos” o “no tenemos ninguna novedad”, no harán que regrese ninguno de los desaparecidos que, ellos aseguran, están buscando.

Esto lo saben muy bien familiares de desaparecidos como Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí Salcedo, quien desapareció en Orizaba, Veracruz, el 7 de septiembre de 2012; José Díaz Navarro quien está buscando las cabezas Hugo y Alejandro Díaz Navarro (sus hermanos), Mario Montiel Ferrer, Vicente Apreza García y Jesús Romero Mújica pues sus cuerpos sí fueron localizados el 29 de noviembre de 2014 en Chilapa, Guerrero; Alma Rosa Rojo quien desea encontrar a su hermano Miguel Ángel Rojo Medina del cual no sabe nada desde el 4 de julio de 2009 cuando viajó hacía Estación de Obispo, Sinaloa; Juan Carlos y Miguel Trujillo Herrera quienes junto a su incansable madre, María Herrera, buscan a sus cuatro hermanos, Raúl y Jesús Salvador, desaparecidos el 29 de agosto de 2008 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y Gustavo y  Luis Armando, quienes desaparecieron dos años después, el 22 de septiembre de 2010, en Poza Rica, Veracruz; y Mario Vergara Hernández quien integra el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala y está en la búsqueda de su hermano Tomás Hernández quien desapareció el 5 de julio de 2012 en Iguala, Guerrero.

Ellos son sólo algunas de las personas que integran la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y son ellos, como cientos de familiares en el país, quienes están saliendo a escarbar la tierra en búsqueda de respuestas porque, como ellos aseguran, debajo de nosotros yace un tesoro: los desaparecidos. Esta fuerte expresión podría dar calma, aunque no la esperada, a una familia no sabe dónde está su ser querido.

Buscar la esperanza debajo de la tierra, buscar con el corazón hasta en el último rincón del mundo, buscar para localizar ese tesoro que a cada una de estas familias les arrebataron debiera ser hoy una acción colectiva que permita que la Brigada Nacional de Búsqueda seamos todos y no sólo estas valientes familias. Buscar a todos los desaparecidos debiera ser para todos una prioridad porque estoy seguro que si emprendemos esta búsqueda también nosotros habremos de encontrar aquello que nos han arrebatado con su ausencia.

@darwinfranco

Conferencia brindada en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, 22 de abril de 2016

 

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Por Darwin Franco Migues
Durante el año 2015, en promedio, desaparecieron siete personas al día en Jalisco. Lo cual significó para la Fiscalía General de este estado recibir alrededor de seis denuncias por desaparición durante los 365 días del año. Pese a esta alarmante realidad, el gobierno del priísta, Aristóteles Sandoval, considera que todo está bajo control.
En la solicitud de transparencia, oficio FG/UT/261/2016, la Fiscalía informó que de enero a diciembre de 2015 generó 2 mil 378 indagatorias por desaparición y que de ellas se derivaron 2 mil 528 desaparecidos (1,357 hombres y 1,171 mujeres). En el mismo oficio, esta dependencia asegura que sus pesquisas de búsqueda los llevaron a la localización de 1,683 personas (1,596 con vida y 87 sin ella), esto significa que los policías investigadores adscritos a la Fiscalía General y/o los agentes ministeriales pertenecientes a la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, debieron encontrar de cuatro a cinco personas diariamente, ya que sólo así la Fiscalía podría mantener el 66% de eficacia que arrojan los datos que entregó sobre el número de indagatorias por desaparición que realizó durante el año 2015. Siguiendo los datos de la Fiscalía, sus acciones de búsqueda no lograron que 845 jaliscienses desaparecidos en 2015 regresaran a casa.
Sin embargo, estas son sólo estadísticas y números que poca relación tienen con la desaparición, por ejemplo, de Ana Elvira Castillo Mireles y de Juan Carlos Zaragoza Gaona.

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Ana Elvira, desapareció el 28 de abril de 2015 en el municipio de Lagos de Moreno y es fecha en que su madre, Catalina, no ha recibido ninguna notificación de los avances que tiene su ministerio público sobre la desaparición de su hija. Mismo situación viven los padres de Juan Carlos, quien desapareció en Zapopan, el 26 de mayo de 2015. A diez meses, sus padres, Adriana y Juan, aseguran que su ministerio público no tiene un trabajo firme para localizar a su hijo y ahora temen que los cambios al interior de la Fiscalía anunciados por el Fiscal General, Eduardo Almaguer, retrasen la búsqueda de Juan Carlos, ya que implicaría un cambio de ministerio público y esto significa volver a iniciar de cero, ya que el nuevo agente no conoce el caso y requiere leer el expediente para dar algún tipo de información o avance.
El tiempo promedio de lectura del expediente, en muchos casos, ha superado los tres meses. Tres meses que son para las familias de desaparecidos, un valioso tiempo perdido.

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Unidades especializadas y sin transparencia
La grave situación de los desaparecidos en Jalisco a decir del Fiscal General, Eduardo Almaguer, se resolverá una vez que arranquen los trabajos de las Unidades especializadas para la Atención de Desaparecidos que la Fiscalía instauró en Guadalajara y en el municipio de Puerto Vallarta. La primera de estas unidades atenderá los casos de desaparición de la Zona Metropolitana de Guadalajara y estará operando con 15 policías investigadores y dos agentes del ministerio público; en cambio, la de Puerto Vallarta tendrá a cuatro policías investigadores y un ministerio público.
No obstante, la instalación de ambas unidades especializadas se realizó sin transparentar quiénes formarán parte integral de ellas, bajo qué lógicas realizarán las búsquedas y sobre todo faltó que explicaran de dónde fue que salieron los policías investigadores y los ministerios públicos asignados, siendo que desde que entró en operaciones la Agencia del Ministerio Público 12/C, encabezada por Violeta Meza, existía ya un déficit de policías investigadores, ya que hasta octubre de 2015 esta entidad sólo contaba con diez de ellos. Incluso, la ausencia de tales investigadores era, en palabras de Violeta Meza, una de las razones principales del “retraso en las investigaciones y búsquedas de los desaparecidos”.
Ahora, tras la presentación en enero de ambas unidades especializadas, el estado cuenta con 19 policías investigadores y tres ministerios públicos enfocados única y exclusivamente en “encontrar a los desaparecidos y castigar a los culpables de su desaparición”. Sin embargo, desconocemos qué tipo de capacitación tomaron para, en efecto, estar debidamente capacitados en la búsqueda de los desaparecidos y en la atención a sus familias, ya que el protocolo en atención a las víctimas de violencia que está realizando el Fiscal en Derechos Humanos, Dante Haro, todavía no está terminado y, por lo tanto, se desconoce bajo qué criterios estos nuevos agentes trabajarán las desapariciones.

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Foto de la única reunión que el gobernador Aristóteles Sandoval ha tenido con familiares de desaparecidos.  La fecha de la reunión fue el 15 de mayo de 2015

2015, el año con más desaparecidos
A decir del Fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, sí hay un avance real en materia de desapariciones porque: “ya se reconoció la gravedad del problema y esto no había ocurrido antes”. No obstante, los números de la propia Fiscalía no parecen sostener el discurso positivo y generalizado que tienen sus funcionarios cuando hablan de las desapariciones, ya que 2015 es el año con más denuncias por desaparición de personas desde 2006, pues se presentaron 2 mil 378, lo cual confirma la alza y persistencia de este delito desde el 2013. Este crecimiento ha estado emparejado con los tres primeros años de gobierno del priísta, Aristóteles Sandoval, así que el tema de las desapariciones está muy lejano de ser sólo un tema heredado de otras administraciones como éste dijo en su momento.

 
Esta percepción es contraria a lo que confirma la base estadística otorgada por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General, mediante el oficio FG/UT/113/2016, ahí se observa que las desapariciones han crecido más bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval.
Que 2015 fuese el año con más denuncias por desaparición también se traduce a que durante este tiempo se presentó el mayor número de personas desaparecidas, 2 mil 528 y personas no localizadas, ya que pese al trabajo de búsqueda que realiza la Fiscalía, 845 jaliscienses, entre ellos lamentablemente están Ana Elvira Castillo Mireles y Juan Carlos Zaragoza Gaona, no han logrado volver a casa.
Esta misma situación es la de cientos de desaparecidos más que no aparecen en los reportes de localización de la Fiscalía General, pues en ellos –como puede verse en el informe presentado en el mes de octubre de 2015– las causas de localización responden más a la acción de vuelta de las propias personas que a resultados periciales de búsqueda, lo cual podría explicar el por qué Ana Elvira y Juan Carlos, no forman parte de las cuatro o cinco personas que diariamente “localizó” la Fiscalía General durante el año pasado.
Incluso, siguiendo la línea positiva de la Fiscalía, la información dada por transparencia precisa que durante 2015 decreció la efectividad de sus búsquedas al localizar con vida a 241 personas menos que en 2014 y 125 menos que 2013. Mismo caso para su localización en muerte que disminuyó respecto a los dos años anteriores.
Esto tomando en consideración que, en efecto, se trata de localizaciones plenas y no de administración de expedientes, tal y como se dejó entrever en la rueda de prensa que Eduardo Almaguer ofreció el 20 de octubre de 2015. Almaguer ese día informó el estado que guardaban los expedientes de personas desaparecidas y cómo fue que de esta situación, su dependencia generó la clasificación que hoy el Fiscal General presume a nivel nacional como un logro de su administración. Hoy los expedientes de desapariciones en Jalisco se dividen en: 1) Personas extraviadas, 2) Personas ausentes voluntarias, 3) Personas Desaparecidas y 4) Personas desaparecidas relacionadas a la comisión de un delito.
Al respecto, ni los discursos conscientes, ni el aceptar el problema o el generar acciones de clasificación han frenado las desapariciones en Jalisco, las cuales de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2015 suman ya 2 mil 962 personas que no han logrado volver con sus seres amados. 2 mil 962 personas que como Ana Elvira y Juan Carlos son buscados amorosamente por sus padres, los cuales cambiarían todo discurso político o mediático por una verdadera acción de búsqueda que los lleve a encontrar a sus familiares. Ello son quienes los buscan.

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Esta investigación se publicó originalmente en Proyecto Diez:

http://www.proyectodiez.mx/2015-el-ano-con-mas-desaparecidos-en-la-historia-de-jalisco/

Encuentro entre madres de normalistas y madres de desaparecidos de Jalisco

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Nos hermana el dolor, pero nos acerca más la esperanza de la búsqueda de nuestros hijos. 

Por Darwin Franco Migues

Seis meses se han cumplido de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Sus padres no han parado su búsqueda y no cesarán hasta que los presenten con vida, así lo enfatizaron las madres de Adán Abraján de la Cruz y Jorge Antonio Tizapa Ledigeño, en el encuentro que se organizó entre las madres de los normalistas e integrantes del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUNDEJ) en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios de Occidente (ITESO).

Adán Abraján de la Cruz y Jorge Antonio Tizapa Ledigeño fueron desaparecidos la madrugada del 26 de septiembre del 2014 por policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero. Desde ese día sus familias han escuchado de todo: “que están en fosas, que los quemaron en un basurero, que murieron a manos del crimen organizado, que deben superar su dolor y que no hay más verdad histórica que la que se precisó desde la Procuraduría General de la República, el pasado 27 de enero del 2015”.

A 635.2 kilómetros de distancia de Iguala, en Guadalajara, también se escuchan las mismas sinrazones de parte de las autoridades que afirman categóricamente buscar a los desaparecidos del estado de Jalisco. Las convergencias entre lo que viven las familias de los 43 normalistas y las cerca de dos mil 779 desaparecidos que hay aquí en el estado son tan coincidentes que hacen ver que en México no hay interés en buscar a los desaparecidos.

“Si uno no camina por su propio pie en la búsqueda de su desaparecido nadie más lo hará; por ello, no debemos andar solas, debemos apoyarnos porque así como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa necesitan de todos también nosotros los necesitamos a ellos para localizar a los desaparecidos de Jalisco”, precisó Esperanza Chávez, quien busca desde el 16 de mayo del 2014 a su hermano Miguel Ángel Chávez Cárdenas, quien desapareció a escasas cuadras de Casa Jalisco, hogar oficial del gobernador, Aristóteles Sandoval.

Sus palabras alentaron a Hilda Ledigeño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Ledigeño, quien recordó que la lucha que ellas tienen por sus 43 hijos normalistas es la lucha de todas las madres de desaparecidos de este país: “como padres tenemos que luchar y tenemos que buscar a nuestros hijos con vida, pues no podemos creerle a un gobierno que nos dice puras mentiras y que no nos da ningún tipo de prueba científica donde quede claro eso que dicen sobre la muerte de nuestros hijos. ¡No vamos a aceptar que están muertos, nuestro corazón de madres siempre los buscarán con vida!”.

Por su parte, María Inés de la Cruz, madre de Adán Abraján de la Cruz, mencionó que el Estado no está ya realizando investigación alguna para encontrar a los 43 normalistas: “lo único que quieren es que nos olvidemos de todo, pero nosotras no vamos a dejar de pelear para encontrar a nuestros hijos (…) son ya seis meses y aquí estamos recorriendo el país para exigir justicia”.

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Desde que la PGR precisó su “verdad histórica” el 27 de enero del 2015, el expediente de la desaparición de los 43 normalistas, como afirmaron ambas madres, no se ha movido. Aquí coinciden con lo que pasa alrededor de la desaparición de Miguel Ángel Chávez Cárdenas, pues como asegura su hermana, Esperanza, la investigación tiene nueve meses detenida. Las Fiscalías de Guerrero y Jalisco parecen actuar bajo un mismo parámetro: la inacción.

Inacción que después se transforma en insensibilidad: “A mí hijo (Adán Abraján de la Cruz) lo fueron a buscar a mi casa porque resultó seleccionado por el Instituto Nacional Electoral para ser funcionario de casilla. ¿Cómo es posible que pase esto, qué no saben de nuestro caso? Días después llegó a mi casa, a nombre de mi hijo, una tarjeta de esas que manda el Partido Verde Ecologista de México para descuentos en el súper”, precisó indignada María Inés de la Cruz.

Por esta razón, instó a los alumnos y a los profesores del ITESO presentes en el encuentro a no olvidar a sus hijos ni a los desaparecidos de Jalisco porque si nos olvidamos de ellos, ganarán quienes quien ocultar lo que verdaderamente ocasionó sus desapariciones.

Nueve días sin respuesta del gobernador

FUNDEJ aprovechó encuentro para recordar que hoy (26/03/15) se cumplen nueve días de que solicitaron al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, una reunión para que éste de respuestas a las demandas que sus subalternos, en la Fiscalía General de Jalisco, han sido incapaces de solventar; entre ellas:

1) Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco entregue copia del expediente a cada una de las familias que levantaron denuncia por desaparición;

2) Que el Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses llame a todas las familias denunciantes para proceder a tomar muestras de ADN y que entregue a las familias copia.

3) Que la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, sea completamente renovada y reubicada a un sitio más céntrico y seguro.

4) Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco haga pública la información de desapariciones en Jalisco desde el año 2006 a la fecha.

5) Que se termine de una vez por todas la revictimización de la que somos objeto en declaraciones de voceros de la Fiscalía y del propio Fiscal General.

En estos nueve días las únicas respuestas oficiales que se han escuchado al respecto son que la Fiscalía General de Jalisco y su Fiscalía de Derechos Humanos no pueden “actuar a capricho de algunas víctimas, pues información y atención sí se les da”.

Esto, sin embargo, contrasta con lo que al final del evento narraron la madre de Óscar Alberto Castellanos Monreal, quien desapareció desde el 6 de febrero del 2015, en Zapopan, cuando fue sustraído de su casa por un grupo de personas armadas. Y la de César Gerardo Guerra Liera, desaparecido en ese mismo municipio desde el 3 de marzo del 2015.

La madre de Óscar Alberto presentó su denuncia un día después y es fecha que no tiene ningún tipo de respuesta de las autoridades, pues cuando decide acudir a la Agencia 12/C, especializada en desapariciones le dicen: “aquí no es váyase para allá”, haciéndola dar muchas vueltas con varios funcionarios que ni le dicen nada de su hijo ni le dan acceso a una copia de su denuncia y expediente, ya que aseguran: “que no es necesario que ella tenga eso”.

El caso de la madre de César Gerardo es aún más grave porque al momento de levantar la denuncia no le quisieron dar copia de su denuncia porque el personal del  ministerio público le expresaron que “eso no es importante tenerlo”, así que con un marcador le apuntaron el número de averiguación previa en un pedazo de papel reciclado. Ambos casos están muy lejos de la atención personalizada que se asegura se da a las familias de desaparecidos de Jalisco.

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Son 635.2 kilómetros lo que separan a Iguala de Guadalajara, pero el dolor que une a los familiares les da cercanía y, desde luego, esperanza porque no se está solo en la búsqueda, pues como afirmó Esperanza Chávez de FUNDEJ: “Ayotzinapa necesita de las otras familias de desaparecidos para seguir luchando y éstas requieren del apoyo que se ha dado a los 43 normalistas para que se sepa que aquí también hay de desaparecidos”.

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Por Darwin Franco

Las desapariciones en Jalisco no son un asunto heredado de pasadas administraciones, como asegura el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, pues en lo que va de su gobierno se han registrado en el estado 4 mil 624 indagatorias por desaparición, estas denuncias presentadas en la Fiscalía General y en su Agencia del Ministerio Público 12/C especializada en desapariciones, han derivado en la desaparición de 4 mil 928 personas (2 mil 811 hombres y 2 mil 117 mujeres), esto de acuerdo a la información otorgada vía transparencia en los oficios LTAIPJ/FG/807/2014 y LTAIPJ/FG/002/2015.

De este gran número de desapariciones, la Fiscalía General asegura haber localizado con vida a 3 mil 926 personas y en muerte a 191, lo cual deja un total de mil 441 personas que aún siguen desaparecidas. A pesar de la existencia de estos datos oficiales generados por la Fiscalía General, el gobernador afirmó, al término de la inauguración del Centro de Justicia para Mujeres (05/02/15), que en el estado sólo existen más de dos mil desaparecidos y que éstos corresponden a administraciones pasadas que a su parecer: “cubrieron, solaparon e incubrieron las desapariciones”, lo cual es una situación que no pasa bajo su mandato porque “hoy se transparentan las desapariciones y se está actuando con firmeza, con decisión”.

Sin embargo, esto no es lo que dicen los datos otorgados por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ya que de acuerdo a los datos oficiales existen en el estado desde el año 2006: 2 mil 677 desaparecidos, lo cual supone que el 53% de las desapariciones de Jalisco se han dado en los cerca de dos años que Aristóteles Sandoval tiene al frente del gobierno.

En razón del mismo tema, el gobernador de Jalisco, precisó: “Este fue un tema heredado, que a la fecha, ustedes vieron cuántas fosas clandestinas encontraron, que tenían ahí años, esto es desde años pasados, es un tema heredado que ahora estamos yendo a fondo y estamos atacando de manera directa e inclusive hemos integrado personal para ir a apoyar a estas familias que sufren del dolor”, lo que no expresó el gobernador en su declaración es que uno de los elementos que posiblemente contribuyeron a heredar las desapariciones es hoy su Fiscal General, ya que Luis Carlos Nájera fungió como Secretario de Seguridad Pública en la administración pasada.

Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, al respecto, condenó las declaraciones del gobernador porque el colectivo asegura que las desapariciones se han incrementado de manera significativa en los años 2013 y 2014, así que si las desapariciones son un tema heredado no hay duda de que la herencia se ha duplicado en lo que va de la presente administración.

De acuerdo a la información otorgada por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco, en 2013 desaparecieron 703 personas y en 2014, 738. Ambas cifras duplican el número de casos que se habían acontecido en el estado durante los años 2011 y 2012, años en donde la violencia en el estado registró sus niveles más altos. Al respecto del nivel de eficiencia que asegura tener la Fiscalía en la búsqueda de personas desaparecidas, como también enfatizó el gobernador, resulta interesante saber que en la Agencia del Ministerio Público 12/C especializada en desapariciones, trabajan un total de cuatro investigadores, los cuales siguiendo los datos oficiales tuvieron que haber resuelto cada uno 871 casos entre los años 2013 y 2014, lo cual contrasta con algunas de las frases que las familias de desaparecidos tienen que oír de estos investigadores cuando van a la Agencia 12/C o éstos se toman la molestia de marcarles: “¿ya apareció su hijo?, ¿qué más información tiene sobre la desaparición, ¡Venga la otra semana, pues no tenemos ningún avance!”.

Entre los años 2013 y 2014, en Jalisco no han logrado regresar a casa mil 441 personas. Lo cual nos coloca a nivel nacional con el segundo estado con más desapariciones, tan sólo por debajo de Tamaulipas.

Indagatorias por desaparición en Jalisco desglosadas por número de desaparecidos, género, localización con vida y en muerte.

Indagatorias Total desaparecidos Hombres Mujeres Localizados con Vida Localizados   Sin Vida Total
2013 2260 2456 1436 1020 1641 112 703
2014 2364 2472 1375 1097 1655 79 738
Total 4624 4928 2811 2117 3296 191 1441

Fuente: Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco.

¿Verdad histórica?

Por Darwin Franco Migues

Él dice conocer la verdad histórica de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Él dice tener las pruebas científicas e irrefutables de que los integrantes de Guerreros Unidos asesinaron e incineraron a los normalistas. Él dice y asegura que sus palabras son ciertas pero esto no es un asunto de verosimilitud sino de credibilidad. Él afirma que toda indagatoria ha sido agotada porque ignorar las líneas de investigación que tocan al Estado también ha formado parte de su trabajo. Él dice y pregona que después de sus palabras no existe más; sin embargo, esto no es un asunto de dogmas de fe sino de justicia. Él dice y no se cansa de decir…

Pero ellos, los padres y los propios normalistas, saben que no hay verdad sin justicia y, por tanto, reconocen que no es facultad del Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, determinar el grado de culpabilidad de los implicados y mucho menos decretar la finalización del caso, pues éste no es juez y, por consecuencia, no puede determinar o limitar el accionar de la justicia. Él puede decir lo que quiera pero las pruebas de sus dichos deben sostenerse ante un juez y, más aún, ante la verdad que la historia construirá ante la tragedia que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Murillo Karam se equivocó cuando dentro de su carente histrionismo optó por llamar a los resultados de las investigaciones de la PGR: Verdad Histórica, y está equivocado porque la verdad histórica, en el marco del Artículo 20 de la Ley General de Víctimas, precisa que:

“Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos. Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos”.

¿A cuánto de esto tuvieron acceso los padres de los normalistas y a cuánto de esto acceden los familiares de las víctimas en México? El Procurador se equivoca con su definición de verdad histórica porque la justicia es el único camino para acceder a ella, no la evasión y la omisión que éste ofreció en la conferencia de prensa que dictó, sin cansarse, el 28 de enero.

Jorge Zepeda Paterson expresó en una columna publicada en el diario El País: “La autoridad enfrenta una terrible paradoja. Podría estar documentando una verdad (“una verdad histórica”, dijo Murillo Karam) para vender una enorme mentira: pretender que se ha hecho justicia. No sé si sean verdades históricas, pero sí que son verdades histriónicas. Con el dictamen del procurador Murillo la tragedia de Ayotzinapa queda “zanjada” judicialmente”.

Y al zanjarse también de forma mediática, agregaría yo, lo que ocurre es que el tema será analizado y visibilizado como si lo expresado por el Procurador (y ratificado por el ausente presidente Peña Nieto) fuese una verdad jurídica y judicial cuando lo que en realidad es un informe de un avance (no una conclusión) de la investigación que emprendió la PGR. Insisto esto no es un asunto de dogmas o de verosimilitud sino de credibilidad y justicia, y hasta que no se tengan bien claros los motivos de la desaparición de los 43 normalistas y no se confirme con pruebas científicas (y no sólo con dichos) lo que asegura la autoridad no habrá historia ni verdad que asuman como ciertos los desatinos gubernamentales.

Por tanto, no se puede aceptar que los 43 normalistas estén muertos y que su muerte haya sido producto de la confusión y, por ende, de la criminalización que los vincula con la banda rival de Guerreros Unidos: Los Rojos (¿Y quién demonios son ellos? ¿Cómo operan? ¿Quién los controla?). Nada de esto lo sabemos.

La verdad histórica, señor procurador, no está ni es cercana a sus palabras y explicaciones. La verdad histórica descansa y habita la lucha de las familias de los normalistas, y todos aquellos esfuerzos ciudadanos que están combatiendo el olvido con la memoria. La verdad histórica es ésta que construimos horizontalmente a través del dolor, indignación y solidaridad. La VERDAD HISTÓRICA es el acceso a la justicia y el castigo de todos aquellos que hicieron de esta tragedia un crimen de lesa humanidad y un CRIMEN DE ESTADO.

@darwinfranco

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Por Darwin Franco

“No disparen, no traemos armas” fueron las palabras que expresaron los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa cuando la noche del 26 de septiembre fueron interceptados por elementos de la policía municipal de Iguala, Guerrero.

Los estudiantes viajaban en camiones después de haber realizado acciones de boteo (recolección de dinero) para terminar de completar lo requerido para sus prácticas de campo y para su participación en las marchas en conmemoración del 2 de octubre de 1968.

No estaban ahí para manifestarse en contra María de los Ángeles Pinera, esposa del entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, que ese día presentaba su informe como directora del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, no. Ellos no estaban ahí por esas razones, sin embargo, esos fueron los motivos por los cuales el munícipe ordenó a su policía contenerlos; sin embargo, las labores de contención fueron mucho más lejos porque los policías municipales los balearon en un par de ocasiones quitando la vida a tres estudiantes normalistas (Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fuentes y Julio César Ramírez Nava) y tres personas más que fueron alcanzadas por las balas de los policías. Seis muertes.

Tras los disparos del segundo ataque, como narran los estudiantes sobrevivientes, ocurrió un caos total porque los normalistas comenzaron a huir, quienes no lo lograron quedaron a merced de los policías municipales de Iguala, los cuales ante la cantidad de detenidos (43 normalista) solicitaron ayuda a policías de Cocula para trasladar a todos los estudiantes. No los llevaron a ninguna comisaría, no los presentaron en ningún ministerio público, no. Los entregaron (como afirma la Procuraduría General de la República –PGR-) a integrantes del Cártel Guerreros Unidos, quienes aparentemente terminaron con su vida esa misma noche. Tal y como afirmó, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam en conferencia de prensa que sucedió 35 días después de los hechos.

Ese 7 de noviembre, día en que se dio a conocer la versión oficial, se aseguró que los estudiantes fueron ejecutados y quemados por integrantes del Cártel Guerreros Unidos ese mismo 26 de septiembre, pues así lo confesaron Sidronio Casarrubias Salgado, Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”; Jhonatan Osorio Gómez, alias “El Jona”; y Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, todos integrantes de esta célula criminal. Sus palabras bastaron para determinar el curso de las investigaciones, las cuales también se complementaron con los testimonios de otros 71 detenidos; entre ellos, el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Sin embargo, ambos se negaron a declarar al respecto.

En voz del Procurador, se explicó cómo José Luis Abarca dio la orden para contener a los estudiantes, los cuales tras el segundo encuentro con la policía fueron trasladados una zona conocida como Loma de Coyote. En el lugar, el detenido Sidronio Casarrubias confesó que fue contactado por su lugarteniente, Gildardo López Astudillo, alías “El Gil”, aún prófugo. Éste le informó de las acciones violentas que se generaron en Iguala, las cuales presuntamente fueron ocasionadas por una banda rival. Esto, aseguró Sidronio, fue suficiente para tomar la decisión de terminar con la vida de quienes le habían sido entregados por la policía pues: “había que defender el territorio”.

En las declaraciones de los implicados se indicó que trasladaron a los normalistas a un barranco oculto que se ubica en las cercanías del basurero de Cocula. En ese lugar, confirmaron que eran estudiantes y no integrantes de una banda rival; no obstante, los asesinaron y los quemaron por más de 16 horas. Los restos que quedaron, señalaron los presuntos responsables, fueron machacados para después ser depositados con las cenizas en bolsas de basura que confiesan haber arrojado en el río San Juan. Otros de los detenidos también confesaron haberlas dejado en el propio basurero. Esta es la versión oficial.

Tras conocerse los hechos, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos consideraron que expresar sin pruebas la supuesta muerte de sus hijos también es una forma de tortura. Agregando que además no existen las pruebas científicas necesarias que comprueben que los restos que dijeron encontrar las autoridades en el basurero o en el río pertenecen a alguno de los jóvenes. Sin embargo, el pasado 7 de diciembre, se comprobó que uno de los restos sí pertenecía a Alexander Mora Venancio, joven de 21 años que desapareció junto con sus 42 compañeros esa trágica noche del 26 de septiembre.

Antes de esta terrible noticia, el país ya había despertado exigiendo búsqueda y justicia.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43: ¡JUSTICIA, JUSTICIA! Ha sido el conteo que se ha repetido una y otra vez en las miles de marchas que se han realizado en México y el mundo en apoyo a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre.

No fueron los medios, no fue el gobierno. Fueron ellos, los estudiantes sobrevivientes de la tragedia de Iguala los que alzaron la voz dentro y fuera de las redes sociales. Fueron ellos, los que lograron salir con vida, quienes contaron al mundo que la policía de Iguala se había llevado a sus 43 compañeros.

Desde el 27 de noviembre comenzó a organizarse su búsqueda y los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fieles a su espíritu combatiente fueron los primeros en tomar las calles exigiendo al gobierno dijera a dónde habían llevado a sus compañeros. Las respuestas eran terribles porque ninguno de los 43 normalistas fueron presentados en ninguna instancia de seguridad pública. Los desaparecieron.

Por ello, vinieron las primeras explicaciones criminalizadoras: 1) que estaban en Iguala porque harían actos de desmanes en el informe de la esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca; 2) que ellos habían sido los primeros en disparar a los policías; 3) que los camiones donde se trasladaban eran robados; y 4) que su desaparición podría deberse a vínculos de los normalistas con el crimen organizado. Nada de esto fue cierto; sin embargo, esas sospechas oficiales y mediáticas provocaron que su búsqueda se retrasara.

Poco a poco la indignación fue creciendo y surgieron etiquetas virtuales cómo #AyotzinapaSomosTodos, #Ayotzinapa, #NosFaltan43 y tras ellas manifestaciones multitudinarias donde el retrato de los 43 estudiantes se hacía presente. Los miles de manifestantes exigían su presentación con vida y el castigo a los culpables.

Los medios masivos y la autoridad tardaron nueve días en dar énfasis a la tragedia, pero las calles ya habían sido tomadas por miles de personas que en lo sucedido a los estudiantes de Ayotzinapa vieron conjuntadas todas las tragedias que a este país le ha dejado la guerra contra el narcotráfico que el ex presidente, Felipe Calderón, declaró en 2006.

Los desaparecidos, los asesinados, las fosas, la injusticia y la impunidad comenzaron cobrar notoriedad porque se comprobó que el alcalde de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda, tenían vínculos con el narcotráfico y usaban las estructuras gubernamentales para favorecer al crimen organizado. También nos enteramos que en la búsqueda de los 43 normalistas se encontraron cientos de fosas y cuerpos que dimensionaron la violencia que se vive desde hace años, con el amparo de las autoridades, en Guerrero.

El 23 de octubre renunció Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero. El 29 de octubre, los padres de los 43 normalistas se reunieron con el Presidente, Enrique Peña Nieto, y le hicieron firmar un documento con diez acciones urgentes para la búsqueda de sus hijos.

El 4 de noviembre se detuvo a José Luis Abarca, y a su esposa María de los Ángeles. Tres días después, 7 de noviembre, el Procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer los primeros resultados de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes. Su informe consistió en declarar muertos a los estudiantes, pues así lo confesaron los presuntos autores materiales. Ninguna de estas acciones ha explicado por qué se los llevaron.

Las marchas y manifestaciones continuaron y el país entero comenzó a exigir la renuncia del Presidente y del Procurador, el punto más alto de las exigencias ocurrieron cuando Murillo Karam, luego de la rueda de prensa expresó la frase: “Ya me cansé”. Esta desafortunada expresión se convirtió en una etiqueta de unión que rápidamente movilizó a las personas dentro y fuera de Internet: #YaMeCansé fue un nuevo grito.

Grito que llevó a los padres de los normalistas a recorrer todo el país en tres caravanas que se conjuntarían el 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Hasta ahí llegaron los padres elevando la voz de un México que clama justicia y sólo recibe lo contrario porque ese día de manera arbitraria fueron detenidos 11 estudiantes acusados de acciones violentas. La presión social obligó al gobierno a liberarlos. El acoso a los manifestantes se ha vuelto rutinario.

La noticia de que uno de los restos hallados en Cocula sí pertenecía a Alexander Mora Venancio, joven de 21 años que desapareció junto con sus 42 compañeros, lejos de detener las manifestaciones las ha fortalecido, ya que hora se pide justicia para Alexander y la aparición de los 42 estudiantes desaparecidos.

La semilla fue plantada por ellos, por los 43. México ha cambiado y se mueve por una indignación construida alrededor de la memoria nunca del olvido. Si no hay justicia, seguiremos en las calles. Si no hay justicia no habrá perdón.

Texto publicado en la Revista Buzos en dos partes (22 y 29 de diciembre de 2014).