Archivos de la categoría ‘Políticas y economías mediáticas’

Por Darwin Franco

Este día se dieron a conocer dos noticias importantes para entender cómo se reconfigurará el mercado de las telecomunicaciones en un futuro muy próximo; primero, Televisa y Grupo Salinas anunciaron que le ponen fin a su polémica unión comercial a través de la empresa Iusacell, hay que recordar que Televisa compró en abril de 2011 a Grupo Salinas el 50% de las acciones de Iusacell. Este pacto comercial se dio luego de que esta empresa peleará en tribunales la unión comercial que en su momento hiciera Televisa con Nextel para pelear por la licitación de 21.

Grupo Salinas recuperó el control de Iusacell al pagarle a Televisa 717 millones dólares por el 50% de la compañía. Al final, esto fue negocio nada afortunado para Televisa, pues se ha dado a conocer que la empresa de Emilio Azcárraga perdió alrededor de 900 millones de dólares: ¿Será el fin de la convenenciera amistad comercial de ambas televisoras?

Por lo pronto, Grupo Salinas informó que en breve anunciará un nuevo socio estratégico para su compañía de telefonía celular. Televisa, al momento, ha optado por el silencio.

La otra noticia que fue filtrada por la Revista Forbes México da un panorama de los empresarios que ya presentaron ante el Instituto Federal de Telecomunicacion su solicitud de opinión favorable para participar por la licitación de las dos cadenas nacionales de televisión digital, los empresarios interesados son:

  • Germán Larrea de Grupo México (empresa que está en el ojo del huracán por la contaminación del río Sonora). Incluso es una postulación polémica, pues Germán Larrea forma parte del consejo administrativo de Televisa.
  • Mario Vázquez Raña de la Organización Editorial Mexicana.
  • Manuel Arroyo de Grupo Laumann que edita el diario El Financiero.
  • Ariel Picker del Grupo Seguritech, empresa dedicada a la instalación de cámaras de vigilancia y quien está en vuelta en un escándalo por la adjudicación irregular de este servicio en el Estado de México.
  • Olegario Vázquez Aldir de Grupo Imagen, que agrupa a una serie de estaciones de radio, al canal Cadena Tres y al periódico Excélsior
  • Francisco Aguirre de Grupo Radio Centro
  • Luis y Anuar Maccise del Grupo Mac que edita diversos diarios en el país, recientemente se asoció con Grupo Prisa de España, quien edita el periódico El País.

En esta lista aún no aparece el empresario Carlos Slim, pero el tiempo de presentar la solicitud de opinión favorable ante el IFETEL sigue abierta, este organismo tendrá que analizar la viabilidad de estas empresas para después precisar a quienes sí podrán participar en el proceso. La adjudicación de la o las licitaciones (una empresa puede ganar las dos) deberá darse a conocer en la primera quincena de marzo de 2015.

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Por Darwin Franco

A pesar de que las leyes secundarias de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contravienen a la Constitución Mexicana y merman gravemente la autonomía y capacidad de regulación del recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), nadie fue capaz de interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de anticonstitucionalidad. Dicha ley es ya aplicable en el país a partir del 14 de agosto.

Ni diputados ni senadores, ni los comisionados de Instituto Federal de Acceso a la Información (que lo habían anunciado)  y mucho menos los noveles comisionados del IFETEL (uno de los principales afectados) fueron capaces de responder al llamado ciudadano y de organizaciones civiles que les pedían hicieran uso de ese recurso para frenar una ley que es todo menos democrática; una ley que reconoce más al mercado e ignora todo derecho a la comunicación; una ley que propone medidas para restringir, vigilar y almacenar nuestras comunicaciones telefónicas y virtuales; una ley que minimiza a los medios sociales y públicos; una ley que le da más y en más pantallas a los mismos de siempre; una ley que nos vende democratización de medios por libertad de mercado; una ley que permite que la propaganda en televisión crezca dentro y fuera de las pautas comerciales; una ley que bien podría denominarse Ley Televisa 2.0.

Y pese a todo lo anterior, nadie, absolutamente nadie fue capaz de escuchar a los ciudadanos, a los analistas, a los periodistas, a los académicos, no escucharon a nadie. Nos dirán que se les dejaron ir con tanta “promulgada” que ni tiempo les dio para pensar en el recurso de anticonstitucionalidad de la #LeyTelecom, eso nos dirán los legisladores… pero los comisionados del IFAI y el IFETEL tuvieron “su mesesote” para pensar, discutir, proponer y esgrimir sus argumentos, pero ni a eso llegó su ejercicio democrático.

En el IFAI, los comisionados dijeron, contrario a toda lógica, que la #LeyTelecom en sus artículos 30, 189, 190, (fracciones I, II y III, respectivamente) no violenta el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Almacenar y registrar nuestros datos personales, para ellos no implica ninguna intromisión: ¡Tremendos comisionados!

Los que no tiene ni vergüenza son los comisionados del IFETEL, eso ni las manos metieron porque asumieron, desde que tomaron el cargo, que eso de tener control total para regular al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión no sucedería y se conformaron con ser un órgano regulador que no regulará nada.

Los comisionados porque fueron incapaces de interponer el recurso de anticonstitucional y eso que la nueva ley les afecta gravemente en sus artículos 90, 99, 131, 285, 286, 287 y 288, en todos estos artículos el IFETEL y sus comisionados pierden su capacidad para otorgar y regular las concesiones, para establecer las medidas de contraprestación de servicios, para controlar y limitar la propiedad cruzada, para interponer las tarifas de interconexión. Sin embargo, la más burda de todas las restricciones es la que se establece en artículo 9 transitorio de la #LeyTelecom pues éste: “invalida la facultad del IFETEL de prevenir, investigar y combatir los monopolios y las concentraciones” esto porque “mientras exista un agente económico preponderante, no requerirán autorización del instituto las concentraciones que se realicen entre concesionarios de servicios específicos”.

Si esto no movió a los comisionados del IFETEL: ¿qué es lo que los mueve: El cargo y su coto de poder limitado, sus altos salarios, su incapacidad?

Los comisionados del IFETEL callaron y, con ello, el organismo de reciente vida no sólo se está declarando muerto sino también carente de toda legitimidad: ¿no sería mejor anularlo?

@darwinfranco

Por Darwin Franco

Con la promulgación inminente de la Reforma en Telecomunicaciones, el mercado ya comenzó a moverse con decisiones corporativas que sorprendieron a muchos, menos a Carlos Slim, dueño de América Móvil (Telmex-Telcel). Él ya tenía su as bajo la manga.

Su empresa ya había sido declarada como agente económico preponderante desde el 7 de marzo de este año por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL). El fundamento del órgano regulador es que los servicios de telecomunicaciones dados por América Móvil tenían una participación mayor al cincuenta por ciento. La ley marca que ninguna empresa puede superar este porcentaje porque inhibe la participación y la competencia en el sector, a quienes superaren este porcentaje están obligadas a desagregarse (fragmentarse) para sólo tener el porcentaje deseado.

América Móvil opera el 80% de la telefonía fija, el 70% de la telefonía móvil, así como el 67% de las conexiones fijas de Internet y el 62% de las móviles. Para adecuarse a la normatividad y dejar de ser agente económico preponderante, se anunció el 8 de julio que desincorporaría sus activos sobrantes, lo cual fue toda una sorpresa para el mercado de las telecomunicaciones, pero también para la clase política, pues la empresa de Carlos Slim se anticipó de manera magistral a la promulgación de la Reforma en Telecomunicaciones.

Primero porque al hacer este sorpresivo anunció sus acciones repuntaron un 9.4%, lo cual significó una ganancia aproximada de 6 mil 851 millones de dólares, esto quiere decir que sus acciones incrementaron un 70% su valor original en tan sólo dos días. Muchos decían que con la Reforma, Slim sería el gran perdedor.

Segundo, al anunciar su desagregación América Móvil busca dejar de ser agente económico preponderante antes de que las nuevas legislaciones estén vigentes. Al hacerlo así, ésta no estaría obligada “a compartir su infraestructura sin costo a sus competidores”, pues la ley así lo establece en tanto el preponderante no se desagregue. Esto no pasará porque las empresas de Slim ya no serán preponderantes cuando la ley sea vigente, así que si su competencia quiere utilizar su infraestructura (cosa que se hará, pues difícilmente otra empresa montará una nueva red de telecomunicaciones) deberá pagar una cantidad a América Móvil, esto previa autorización del IFETEL.

Tercero, al no ser preponderante podrá entrar al mercado de la televisión restringida sin tener que esperar los 18 meses que establece las leyes secundarias. Conocedor de la ley y se les adelantó a todos y el sueño deseado de entrar a la televisión se hará realidad.

El asunto clave, como lo apunta Luis Miguel González, director editorial de El Economista, es: “¿A quién le venderá?, ¿qué tanto dinero reasignará a actividades de telecomunicaciones, por ejemplo producción de contenidos o incursión a la televisión de cable?”. Y yo agregaría una pregunta más: ¿Será que estas ganancias también podrían tener como destino el sector energético?

Antes que su rival, Emilio Azcárraga, Carlos Slim mostró su capacidad como estratega económico y se colocó, desde ahora, como el actor que moverá las fichas porque las decisiones que éste tome (previa autorización del IFETEL) determinarán quién o quiénes pueden entrar al mercado de las telecomunicaciones, pues como se ha dado a conocer, Slim no venderá a actores locales sino a extranjeros. Así que las cosas no se ponen fácil para Televisa.

Perder para ganar fue la apuesta desde un inicio. La Reforma en Telecomunicaciones, como ha quedado claro, no fue una legislación pensada para fortalecer nuestro derecho a la comunicación; al contrario, fue una Reforma hecha para el mercado, el cual tenía que ajustarse de cara a la convergencia tecnológico-digital y a los movimientos internacionales que apuntan a la concentración y no a la democratización de los medios.

Al fin de cuentas, nosotros en la Reforma sólo somos consumidores y las empresas monopólicas aun perdiendo saldrán ganando. Carlos Slim, ahora tiene en sus manos, el decidir cómo se moverán las fichas.

@darwinfranco

Por Darwin Franco

Ser preponderante “por sector o por servicio”, un par de palabras que en los próximos días podrían cambiar el rumbo del sistema de telecomunicaciones mexicano, pues el optar por una u otra significaría: 1) el mantenimiento del sistema monopólico como lo conocemos hasta ahora aunque con la posibilidad de extenderse a todos los medios y tecnologías, o 2)  apostar por una real diversificación del ecosistema de medios porque se abatirían los monopolios en estricto apego al Artículo 28 constitucional que se modificó en junio del año pasado, cuando se promulgó la Reforma en Telecomunicaciones, y donde se establecieron los criterios para erradicar los monopolios en el sector de las telecomunicaciones.

Pero vayamos por partes,  de acuerdo al Artículo octavo transitorio de la Reforma en Telecomunicaciones se considerará como agente económico preponderante a la empresa de telecomunicaciones que:

“En razón de su participación nacional en la prestación de  los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, por el tráfico en sus redes o la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones”.

En la definición original de la declaratoria para nombrar agentes económicos preponderantes sí aparece la palabra “servicios”, lo cual implica una real desagregación (fragmentación) de los monopolios mediáticos porque empresas como Televisa que participa en el sector de la radiodifusión tendría que rendir cuentas por los servicios que ésta ofrece en televisión abierta y el ámbito radiofónico. América Móvil (que agrupa a Telmex y Telcel), en esa misma tesitura, al ser partícipe del sector de la telecomunicaciones tendría que precisar su participación en el mercado de la telefonía fija, la telefonía móvil y la transmisión de datos (Internet). Televisa también participa de este sector al ofrecer servicios de televisión restringida (vía satélite o por cable).

Sí se mide por servicios estos grandes monopolios superan por mucho el 5o por cierto que marca la norma constitucional; razón por la cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones (aún sin contar con la legislación secundaria) los nombró el 7 de marzo de 2014 agentes económicos preponderantes y los obligó a desagregar (fragmentar) sus redes para ajustarse a la norma constitucional y no tener, así, una presencia que inhiba o imposibilite la participación de otros actores en los respectivos sectores.

La desagregación de dichas redes (en caso de darse) significaría que Televisa y América Móvil tendrían que vender/ceder/ regresar al Estado (aún se desconoce) ese porcentaje que las sitúa como empresas preponderantes en su sector. Actualmente, Televisa controla el 60% de la televisión abierta nacional y el 70% de la televisión de paga (vía satélite o por cable). Su rival, América Móvil opera el 80% de la telefonía fija, el 70% de la telefonía móvil, así como  el 67% de las conexiones fijas de Internet y el 62% de las móviles. Por esta razón han cabildeado para que la declaración de agentes económicos preponderantes no sea por servicios sino por sector.

¿Qué significaría declarar agentes económicos preponderantes por sector y no por servicios?

Seguir con el mismo esquema monopólico porque existe el riesgo de que con este gran cambio de palabras se dejen intactos, por ejemplo, los rasgos monopólicos de una empresa como Televisa, ya que  si se toma en cuenta la preponderancia por el sector de radiodifusión, ésta NO supera ese 50 por ciento que marca la Constitución Mexicana, pues al no ser de las empresas fuertes en el mercado de la radio su presencia en el sector rondaría el 40% de participación. Con ello, cumpliría con la norma aunque en la práctica siga siendo un monopolio, pero NO un agente económico preponderante. Donde no contaría con la misma suerte es en su participación en el sector de las telecomunicaciones, pues ahí sus servicios de televisión restringida (vía satélite o por cable), sí incumplen la normatividad al tener una presencia del 70 por cierto

Quien se vería más afectada sería América Móvil, pues su presencia en el sector de las telecomunicaciones SÍ está por encima de ese 50 por ciento y a ésta SÍ se le declararía agente económico preponderante. Este gran cambio de palabras que podría darse en las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones -que ahora se “debaten” en el Congreso de la Unión- ayudaría de manera evidente a la empresa de Emilio Azcárraga y condicionaría a las vinculadas a Carlos Slim.

La cuestión central no debiera ser si se favorece a uno u a otro (aunque esto sea evidente), ya que debiera legislarse en aras de respetar lo ya marcado por la Reforma en Telecomunicaciones y su espíritu democratizador, el cual apostaba por la competencia en las telecomunicaciones desde los servicios para así abatir los monopolios presentes en los sectores de la radiofusión y las telecomunicaciones. La tendencia en las cámaras de diputados y senadores, lamentablemente, está en declarar la preponderancia por sectores y no por servicios. 

Sin embargo, alrededor del tema de la preponderancia -como muy bien me aclaró la académica del ITESO, Sofía Palau-, los únicos criterios que se están tomando en cuenta son los de servicios o los de sectores, pero qué hay del criterio señalado en ese mismo octavo transitorio donde se establece que la preponderancia también debería marcarse por “el número de usuarios o por el tráfico en sus redes”. Si se tomará ese criterio, por ejemplo, tanto Televisa como Tv Azteca tienen, cada una, 90 y 70 por ciento de la penetración de las audiencias y por tanto son preponderantes; sin embargo: ¿esto se aplicará, se aclarará o, simplemente, desaparecerá de las discusiones legislativas?

Tampoco se ha especificado sí el tema de la preponderancia será únicamente nacional, porque si uno mira lo estatal y lo regional, existen poblaciones en México donde sólo llegan las señales de estas dos televisoras o donde sólo existe la cobertura de las empresas de América Móvil: ¿cómo será determinará el sentido territorial de tales preponderancias?. Las respuestas a estas dos preguntas las desconocemos y no hay certeza, siquiera, de que se vayan a legislar.

Donde también hay incertidumbres, y mucha, es en el tema de la propiedad cruzada, pues ahí también está latente el riesgo de abolir la restricción de que un propietario de algún medio pueda invertir en otro del mismo sector o de que el dominante de uno de ellos, al desagregarse, le pueda vender sus frecuencias a otro que ha sido declarado agente económico preponderante en otro sector. Lo cual atentaría, principalmente, a ese criterio de tener más del 50 por ciento de la participación en el mercado y facilitaría, en el peor de los escenarios, que Televisa y América Móvil hicieran un trueque que nos perjudicaría a todos.

Hasta el momento y de acuerdo a lo que se ha filtrado de los cabildeos legislativos entre “nuestros representantes” y los emisarios de los grandes monopolios mediáticos, en estos dos puntos se ha centrado la negociación. Al parecer, Televisa lleva la delantera para no salir tan perjudicada y, de no lograr otra cosa, América Móvil pagará un precio muy alto por entrar al mercado de la televisión. Ambas buscan que sus imperios salgan los menos lastimados en la regulación, pero los más favorecido en términos de la apertura de las concesiones únicas que les permitirán participar, sin restricciones, en la radiodifusión y en las telecomunicaciones.

Sin embargo, USTED, YO, NOSOTROS seremos los más perjudicados porque en menos de una semana se esfumará la promesa de democratización y cero monopolios en los medios. Lo que nos darán, en cambio, será más concentración de poder pero ahora bajo un esquema oligopólico que se disfrazará con las aparentes bonanzas que viviremos los usuarios al tener, muy a futuro, mejores servicios y precios más bajos.

 

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Por Darwin Franco

Sin mayores sobresaltos (cosa que genera dudas) terminó la disputa que sostenían MVS Comunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), luego de que ésta última, en agosto de 2012, iniciara un proceso de reordenamiento y rescate de la banda de 2.5 GHz que en ese entonces estaba en posesión del grupo comandado por Joaquín Vargas.

La actitud contestataria de Joaquín Vargas, quien reclamó al ex Presidente, Felipe Calderón, el condicionamiento del refrendo de la concesión a cambio de despedir a Carmen Aristegui (quien salió de manera momentánea -en febrero de 2012- de MVS cuando se negó a ofrecer disculpa a Calderón por cuestionar sus problemas con el alcohol) terminó cuando de manera sorpresiva aceptó un arreglo que le quita el 69% de la banda de 2.5 GHz.

Con ello, también quedó atrás la actitud cuestionadora de la propia Carmen Aristegui, quien en su noticiero –en tono calmado- informó que el corporativo en que labora pactó con la SCT, el refrendo de 60 de los 190 GHz de la banda 2.5 GHz, donde también operan otros 10 concesionarios más. El resto de la banda (130 GHz) será licitado para que otras empresas puedan ofrecer servicios de cuádruple play con banda ancha. Mismos servicios que la MVS perseguía y que le fueron negados en 2012 cuando se le acuso de sub-utilizar dicho espectro.

El arreglo, al que se le puede catalogar como negativo, no obstante, permitirá que MVS y Ultravisión –organismo que agrupa a los 10 operadores que utilizan  la misma banda- puedan ofrecer con esos 6O GHz, a partir de 2016, servicios de banda ancha. Acción que les  fue negada y condicionada por la pasada administración, y que ahora les brinda la oportunidad de colocarse como un competidor con capacidad para disputar a Televisa, Tv Azteca y Telmex, la gran franja del espectro digital que abra cuando se concluya el apagón analógico y se dé paso a la convergencia digital en el sector.

De rescate a ganancia es lo que resulta del cese de los litigios entre MVS y la SCT; por ello, se prefirió olvidar las viejas asperezas y entablar nuevas relaciones que permitan, a la empresa de Joaquín Vargas, postrarse sin impedimentos legales ante la Reforma en Telecomunicaciones que debe de quedar finiquitada antes de que acabe el año.

En este proceso considero que, al final, MVS y Ultravisión salen ganando porque se quedarán con una buena franja del espectro radioeléctrico de la banda 2.5 GHz, por el cual sólo pretendían pagar 104 millones de pesos siendo que el valor de la banda asciende a 27 mil millones de pesos. Es decir, el señor Vargas y compañía (más allá del debate político-periodístico) sólo buscaban pagar el 1% de la banda.

60/190 no parece ser un mal negocio.

 

Por Darwin Franco

Uno de los cambios más relevantes de la Reforma de Telecomunicaciones que se debe discutir a fondo en el Congreso de la Unión es lo referente a: “los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan concesiones, asegurando una diversidad de medios que permita distinguir las concesiones de uso comercial, público, social y privado”.

Este importante punto que se encuentran parcamente explicado en el tercer inciso de los artículos transitorios del Decreto de Reforma de Telecomunicaciones y que obliga al Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones necesarias al marco jurídico para su homologación, representa un cambio fundamental en la composición del sistema de medios mexicano que hasta la fecha está  configurado  en  la modalidad de concesiones y permisiones.

El artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión establece que únicamente se pueden otorgar concesiones o permisos para operar estaciones de radio y televisión en territorio mexicano. De éstas únicamente las estaciones comerciales (con fines de lucro) requieren de una concesión; en cambio, “las estaciones oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o las que establezcan organismos públicos” sólo requerirán de un permiso.

Esto da como resultado el establecimiento del sistema de medios que actualmente poseemos y que puede distinguirse entre medios privados (concesionados) y medios públicos (permisionados).  Sin embargo, éstos últimos en la práctica, no han contado con tal figura jurídica y, en consecuencia, nunca se les ha dotado de la certeza jurídica, en términos de autonomía organizativa, independencia editorial y acceso al financiamiento. Lo cual implica que gran parte de estos “medios públicos” no cuente con los recursos suficientes para operar sin depender directamente de las entidades públicas que los crean (por ejemplo, los gobiernos estatales), lo que acaba convirtiéndolos más en medios estatales (por no decir, oficialistas) que en medios con un sentido o vocacionamiento público.

Con lo aprobado en la Reforma de Telecomunicaciones ya no tendremos sólo estas dos modalidades para operar estaciones de radio y televisión, sino que todo se concentrará en un solo sistema, la concesión, misma que se subdividirá en cuatro figuras: comercial, pública, social y privada. No obstante, la propia fundamentación de la Reforma la única figura que aparece como central es la comercial, pues las otras tres han quedado al margen del documento, aunque no así de la homologación que debe sufrir la Ley Federal de Radio y Televisión, la cual tendrá  que modificar casi en su totalidad el Título Tercero (Concesiones, permisos e instalaciones) donde se establecen en 76 artículos los marcos jurídicos y normativos para el otorgamiento de las concesiones y permisos.

Es en este Capítulo donde deben quedar claras las definiciones de las cuatro nuevas figuras de medios de comunicación, con las que contaremos en un futuro próximo, además de los máximos y mínimos que éstas tienen para ejercer su derecho a la comunicación de manera libre y autónoma. También debe de quedar claro cómo es que se darán estas concesiones cuando en la propia reforma se establecen las llamadas: concesiones únicas.

A través de éstas, quien tenga actualmente o se le autorice una concesión podría –de acuerdo a la Reforma-“prestar todo tipo de servicios a través de sus redes”. El único requisito obligatorio es que quien decida entrar a un nuevo mercado u ofrecer un nuevo servicio deberá ser “un nuevo actor”.

Por tanto, se debe ser claro en las definiciones de estas nuevas concesiones y sus modalidades de uso (comercial, público, social y privado), pues de no hacerlo se puede cometer el mismo error que por años acarreamos con el sistema de medios públicos y con todas aquellas radios comunitarias e indígenas que por años operaron sin definición y certeza jurídica. La razón principal es que su reconocimiento constitucional –al menos con los medios indígenas- nunca se acompañó de las adecuaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión. En el caso de los medios públicos nunca hubo un interés político real por regularlos, ya que siempre ha convenido más su papel político que su rol público.

De no especificarse de manera seria, clara y precisa las concesiones y sus usos comerciales, públicos, sociales y privados se puede acrecentar aún más los señalamientos de que la Reforma, más allá de su innovación, sólo está pensada e ideada para fortalecer a los medios comerciales con lo cual estas otras modalidades podrían quedar en el papel, pero jamás recibir certeza jurídica dejando el terreno libre al uso comercial del espectro radioeléctrico.

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Por Darwin Franco

Dice la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que “Ponte al corriente”, es un programa general y abierto a todos los contribuyentes mediante el cual los deudores del fisco “pueden acceder a la condonación total o parcial de adeudos fiscales causados antes del 1 de enero de 2007”, este descuento incluye contribuciones federales, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios, así como multas por incumplimiento de obligaciones fiscales.

Quizá, por ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó un crédito fiscal cercano a 3 mil 334 millones de pesos a Grupo Televisa, tal y como lo informó este sábado el diario El Universal. De dicha cantidad, la empresa de Emilio Azcárraga solo pagó el 10% y, a cambio, se desistió del juicio de nulidad que promovió contra el fisco desde 2011. Su principal queja era que Hacienda le estaba cobrando impuestos desmedidos. Impuestos que de acuerdo a los beneficios de “Ponte al corriente”, la televisora no pagaba desde 2007.  Al final, Televisa dejará de pagar 2 mil 990 millones 746 mil pesos.

La información de esta condonación se hizo pública porque Televisa, al cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), está obligada a dar cuenta de sus estados financieros y, en ellos, destacó que esa condonación fiscal “le permitirá limpiar y mejorar su imagen crediticia ante los inversionistas”. Pareciera que la televisora poseía información privilegiada para hacer redituable dicho programa fiscal, ya que al final sólo pagó 343 millones 254 mil pesos. Tan sólo en el primer trimestre de 2013, Televisa reportó como ganancias 15 mil 519 millones de pesos.

El SAT precisó que en esta condonación no hay privilegios porque esta es una acción que se aplica igual a todos los mexicanos y que “a la fecha se han acogido al programa cerca de 27 mil contribuyentes, obteniendo poco más de 55 mil pagos con un importe superior a 11 mil mdp”. La deuda condonada a Televisa representa el 30% de los ingresos que el SAT ha obtenido, hasta el momento, a través de dicho programa.

¿Si el programa está abierto para todos, el SAT se mostrará igual de benevolente cuando se trate de liquidar deudas de dos mil, cuatro mil o diez mil pesos? ¿Nos dará a todos “borrón y cuenta nueva” en nuestros impuestos?