Archivos de la categoría ‘Violencia y represión’

x20160602-undeniable-atrocities-es-featured-300x300-pagespeed-ic-a70x5lrde4

Por Darwin Franco Migues

¿Por qué en México somos incapaces de escuchar el dolor ajeno? ¿Por qué la única pena que cuenta es la propia? ¿Qué hemos hecho para que nuestras autoridades carezcan de sensibilidad y corazón? ¿En qué momento comenzamos a negar lo innegable?

Estas preguntas me las hago para tratar de entender por qué el gobierno mexicano es incapaz de aceptar la realidad del país que le ha tocado gobernar; sin embargo, esto también me lo pregunto cuando en la calle o en las charlas cotidianas a nadie parece horrorizarle la violencia que cada vez es más próxima a nuestro entorno.

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, a la palabra (verbo) negar se le atribuyen los siguientes significados: 1) Decir que algo no existe, no es verdad o no es como alguien cree o afirma; 2) Dejar de reconocer algo, no admitir su existencia; 3) Decir que no a lo que se pretende o se pide, o no concederlo; 4) Desdeñar, esquivar algo o no reconocerlo como propio; y 5) Ocultar, disimular.

Negar, en estricto sentido, es la acción del no reconocimiento de algo. Algo se niega no porque no exista sino porque la negación conlleva la no responsabilidad sobre lo negado. De esta manera, por ejemplo, el Estado Mexicano negó el contenido y la infinidad de violaciones a los derechos humanos que se denunciaron en el “Informe Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México” que presentó la Fundación Open Society Justice Initiative, el pasado 7 de junio.

Su respuesta ante la declaración de que muchos de los delitos generados alrededor de la guerra contra el narcotráfico constituyen crímenes de lesa humanidad se sustentó en una negativa porque la realidad –desde la perspectiva del gobierno de Enrique Peña Nieto- no es como Open Society afirma; así que las matanzas, la tortura, los homicidios dolosos y las desapariciones -todos delitos sistemáticos y generalizados en el país- no son crímenes de lesa humanidad porque ellos (el gobierno) no reconocen como propias esas aseveraciones, ya que todos estos delitos no los comete el Estado sino el crimen organizado, el cual –por cierto- ellos combaten desde que institucionalmente instauraron, en 2006,  la guerra en su contra. Haciendo de su afronta una política pública de seguridad.

El Artículo 7 del Estatuto de Roma define a los crímenes de lesa humanidad como: “la serie de actos diversos que sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”; al respecto, se enumeran once actos subyacentes en lo que se incluyen: el asesinato, la tortura y las desapariciones forzadas.

Open Society concluyó que las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico constituyen crímenes de lesa humanidad porque los ataques derivados de esta acción han “implicado la comisión múltiples actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización para cometer ese ataque”. Esto significa que los crímenes de lesa humanidad pueden ser perpetrados tanto por fuerzas gubernamentales, como por grupos armados organizados.

Si se reconoce que en México existen crímenes de lesa humanidad, el Estado Mexicano estará obligado a “evaluar la responsabilidad penal hacia arriba en la cadena de mando, de modo que se pueden incluir a aquellos que dieron las órdenes o a aquellos que no tomaron acciones para prevenir o castigar delitos que conocían (o deberían haber conocido)”. Por ello, la acción del Estado Mexicano consistió en negar que en nuestro país existieran crímenes de lesa humanidad y que éstos hayan sido el resultado de sus fallidas políticas de seguridad alrededor de la guerra contra el narcotráfico.

Negar para el Estado Mexicano se ha convertido en una especie de parapeto desde donde busca mantener una imagen de la realidad que no coincide con la realidad misma. Los gobernantes mexicanos, en este sentido, son sujetos que al parecer padecen de “trastornos disociativos”, los cuales –de acuerdo a la psiquiatría- son “alteraciones de las funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción del entorno” mediante las cuales “el sujeto evita la asociación entre la realidad consciente y el entendimiento del yo dentro del entorno, insensibilizando las emociones o sensaciones”,  esto hace que ellos (los gobernantes) aíslen la percepción de las situaciones provocando una supresión de algunas partes del hecho o de éste en su totalidad.

Negar, en este sentido, ya no les es suficiente; ahora la disociación de la realidad que ellos viven y la que ellos “gobiernan” les hace suprimir todo hecho que no coincide con su percepción. Por ello, los informes de Open Society, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no generan ninguna reacción (más allá de la negación) para el Estado Mexicano, el cual tiene un trastorno disociativo o un cinismo exacerbado que le hace negar la realidad a consta de nuestra vida.

@darwinfranco

Link para descargar el Informe de Open Society

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/undeniable-atrocities-execsum-esp-20160602.pdf

 

13315802_1061763767237904_890627847105269558_n

Fotografía de Héctor Guerrero

Por Darwin Franco Migues

La justicia se abrió paso entre la tierra, su camino buscó la luz y, por ello, sus brazos amorosos fueron exhumando los cuerpos que la autoridad de Morelos un día enterró para ocultar toda verdad. Por ello, el primer cuerpo exhumado de la fosa ubicada en la comunidad de Tetelcingo perteneciente al municipio de Cuautla, Morelos, fue recibido con una cartulina que portaba el siguiente mensaje: “Bienvenido, amor mío. Cuerpo 1. Hora de renacimiento 24/05/16, 12:23 p.m.”.

La exhumación, hasta el 4 de junio de 2016, de 119 cuerpos que fueron enterrados de manera irregular por personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, desde marzo de 2014, es una prueba más del nivel de deshumanización con el que las autoridades tratan a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, ya que esta fosa no fue construida por criminales que intentaban ocultar sus fechorías sino por un Estado que pretendía desaparecer las huellas de su negligencia.

Se trata de una fosa oficial y esto es algo muy grave para las familias de los miles de desaparecidos del país porque, quizá, sus seres queridos estén en lugares que la autoridad misma construye y calla. De las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos nos enteramos por la lucha incansable que realizó la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández.

Oliver Wenceslao fue desaparecido por un grupo de hombres armados el 24 de mayo de 2013 en Cuautla, Morelos. Sin embargo, su cuerpo fue localizado el 3 de junio de ese mismo año en el municipio de Ayala donde fue trasladado al Servicio Médico Forense. En este sitio su familia ratificó que se trataba de él porque las pruebas genéticas y las de huellas dactilares fueron positivas. Tras reconocer el cuerpo pidieron que se les entregara para darle una digna sepultura, las autoridades pidieron tiempo porque prometieron que investigarían a fondo para dar con los responsables de su muerte. La familia confío.

La confianza, sin embargo, se perdió porque la investigación no daba ningún resultado, así que cansada de tanta negligencia su madre, Concepción Hernández, exigió en diciembre de 2014 que le entregaran el cuerpo de su hijo pero éste ya no estaba –como le habían dicho- en el SEMEFO de Cuautla sino en un panteón particular ubicado en Tetelcingo. Al enterarse de esto, la familia de Oliver Wenceslao interpuso diversos amparos que obligaron a la Fiscalía de Morelos a exhumar su cuerpo.

La exhumación sucedió en noviembre de 2015, fue ahí cuando el mundo se enteró no sólo de la existencia estas fosas clandestinas del Estado sino también que en ellas existían alrededor de 150 cuerpos, no 118 como sostiene la autoridad morelense. Esto se sabe porque los familiares de Oliver Wenceslao que estaban a pie de fosa grabaron un video para corroborar que todo se realizara a cabo conforme dictan los protocolos.

La sorpresa mayúscula fue que en la fosa de Tetelcingo no sólo yacía el cuerpo de Oliver Wenceslao sino que también estaban ahí cientos de cuerpos más. La Fiscalía de Morelos aseguró que en sus registros sólo tiene contabilizadas 118 inhumaciones en el sitio, además afirmaron que todo esto no se trató de una acción clandestina sino simplemente irregular porque el sobrecupo en el SEMEFO y el no reclamo de estos cuerpos, los orilló a crear este estas dos fosas donde depositaron los cuerpos de personas no identificadas que murieron entre los años 2010 y 2013 en la zona centro y oriente del estado de Morelos. La familia de Oliver Wenceslao aseguró que, el día de su exhumación, contabilizaron más de 150 cuerpos.

La lucha de la familia de Oliver Wenceslao y el acompañamiento jurídico que les brindó la Unidad de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos obligó a que el gobierno de Morelos exhumara, por segunda ocasión,  todos los cuerpos ubicados en las dos fosas clandestinas de Tetelcingo. La exhumación que inició el 23 de mayo ha logrado traer nuevamente de la tierra a 119 personas.

Lo que ha pasado en Tetelcingo en las últimas semanas ha desenmascarado a un Estado que cava sus propias fosas y rompe todos los protocolos sobre la identificación de cuerpos pero también ha significado un triunfo por la memoria y la justicia de decenas de familias de desaparecidos que estuvieron vigilantes de todo el proceso y que, además, lo acompañaron con un trabajo de toma de muestras genéticas que, posteriormente, podrán confrontarse con los 119 cuerpos exhumados en Tetelcingo.

Por ello, los mensajes colocados en los diez primeros cuerpos exhumados quedarán por siempre en la memoria de este hecho, ya que palabras como: “Bienvenido, mi amor”, “Bienvenido, tu renacer mi alegría”, “Bienvenido, somos tu voz y el eco de justicia”, “Bienvenido a tu identidad”, representan las increíbles muestras de solidaridad ciudadana ante la falta de sinrazón de la autoridad que hoy destapa una de sus fosas clandestinas. Sin embargo, aquí no acaba todo, ya que la autoridad de Morelos tiene aún la enorme obligación de dar justicia a la familia de Oliver Wenceslao, así como también debe de decirnos cuál es la identidad de las 119 personas, no 118, que en Tetelcingo fueron enterradas sin el menor respeto a su dignidad y memoria.

Tetelcingo se abrió paso entre la violencia. Ahora esperamos que la justicia llegue, por fin, a las familias que por años buscaron a cada una de estas 119 personas.

@darwinfranco

 

12274651_1676161909294009_7747790892552740062_n

Por Darwin Franco Migues
Durante el año 2015, en promedio, desaparecieron siete personas al día en Jalisco. Lo cual significó para la Fiscalía General de este estado recibir alrededor de seis denuncias por desaparición durante los 365 días del año. Pese a esta alarmante realidad, el gobierno del priísta, Aristóteles Sandoval, considera que todo está bajo control.
En la solicitud de transparencia, oficio FG/UT/261/2016, la Fiscalía informó que de enero a diciembre de 2015 generó 2 mil 378 indagatorias por desaparición y que de ellas se derivaron 2 mil 528 desaparecidos (1,357 hombres y 1,171 mujeres). En el mismo oficio, esta dependencia asegura que sus pesquisas de búsqueda los llevaron a la localización de 1,683 personas (1,596 con vida y 87 sin ella), esto significa que los policías investigadores adscritos a la Fiscalía General y/o los agentes ministeriales pertenecientes a la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, debieron encontrar de cuatro a cinco personas diariamente, ya que sólo así la Fiscalía podría mantener el 66% de eficacia que arrojan los datos que entregó sobre el número de indagatorias por desaparición que realizó durante el año 2015. Siguiendo los datos de la Fiscalía, sus acciones de búsqueda no lograron que 845 jaliscienses desaparecidos en 2015 regresaran a casa.
Sin embargo, estas son sólo estadísticas y números que poca relación tienen con la desaparición, por ejemplo, de Ana Elvira Castillo Mireles y de Juan Carlos Zaragoza Gaona.

11717086_10206352655307582_498337015_nJUAN CARLOS ZARAGOZA GAONA 19 AÑOS 26 MAYO 15 ZAPOPAN

Ana Elvira, desapareció el 28 de abril de 2015 en el municipio de Lagos de Moreno y es fecha en que su madre, Catalina, no ha recibido ninguna notificación de los avances que tiene su ministerio público sobre la desaparición de su hija. Mismo situación viven los padres de Juan Carlos, quien desapareció en Zapopan, el 26 de mayo de 2015. A diez meses, sus padres, Adriana y Juan, aseguran que su ministerio público no tiene un trabajo firme para localizar a su hijo y ahora temen que los cambios al interior de la Fiscalía anunciados por el Fiscal General, Eduardo Almaguer, retrasen la búsqueda de Juan Carlos, ya que implicaría un cambio de ministerio público y esto significa volver a iniciar de cero, ya que el nuevo agente no conoce el caso y requiere leer el expediente para dar algún tipo de información o avance.
El tiempo promedio de lectura del expediente, en muchos casos, ha superado los tres meses. Tres meses que son para las familias de desaparecidos, un valioso tiempo perdido.

-q-5Gg

Unidades especializadas y sin transparencia
La grave situación de los desaparecidos en Jalisco a decir del Fiscal General, Eduardo Almaguer, se resolverá una vez que arranquen los trabajos de las Unidades especializadas para la Atención de Desaparecidos que la Fiscalía instauró en Guadalajara y en el municipio de Puerto Vallarta. La primera de estas unidades atenderá los casos de desaparición de la Zona Metropolitana de Guadalajara y estará operando con 15 policías investigadores y dos agentes del ministerio público; en cambio, la de Puerto Vallarta tendrá a cuatro policías investigadores y un ministerio público.
No obstante, la instalación de ambas unidades especializadas se realizó sin transparentar quiénes formarán parte integral de ellas, bajo qué lógicas realizarán las búsquedas y sobre todo faltó que explicaran de dónde fue que salieron los policías investigadores y los ministerios públicos asignados, siendo que desde que entró en operaciones la Agencia del Ministerio Público 12/C, encabezada por Violeta Meza, existía ya un déficit de policías investigadores, ya que hasta octubre de 2015 esta entidad sólo contaba con diez de ellos. Incluso, la ausencia de tales investigadores era, en palabras de Violeta Meza, una de las razones principales del “retraso en las investigaciones y búsquedas de los desaparecidos”.
Ahora, tras la presentación en enero de ambas unidades especializadas, el estado cuenta con 19 policías investigadores y tres ministerios públicos enfocados única y exclusivamente en “encontrar a los desaparecidos y castigar a los culpables de su desaparición”. Sin embargo, desconocemos qué tipo de capacitación tomaron para, en efecto, estar debidamente capacitados en la búsqueda de los desaparecidos y en la atención a sus familias, ya que el protocolo en atención a las víctimas de violencia que está realizando el Fiscal en Derechos Humanos, Dante Haro, todavía no está terminado y, por lo tanto, se desconoce bajo qué criterios estos nuevos agentes trabajarán las desapariciones.

_RMM0003

Foto de la única reunión que el gobernador Aristóteles Sandoval ha tenido con familiares de desaparecidos.  La fecha de la reunión fue el 15 de mayo de 2015

2015, el año con más desaparecidos
A decir del Fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, sí hay un avance real en materia de desapariciones porque: “ya se reconoció la gravedad del problema y esto no había ocurrido antes”. No obstante, los números de la propia Fiscalía no parecen sostener el discurso positivo y generalizado que tienen sus funcionarios cuando hablan de las desapariciones, ya que 2015 es el año con más denuncias por desaparición de personas desde 2006, pues se presentaron 2 mil 378, lo cual confirma la alza y persistencia de este delito desde el 2013. Este crecimiento ha estado emparejado con los tres primeros años de gobierno del priísta, Aristóteles Sandoval, así que el tema de las desapariciones está muy lejano de ser sólo un tema heredado de otras administraciones como éste dijo en su momento.

 
Esta percepción es contraria a lo que confirma la base estadística otorgada por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General, mediante el oficio FG/UT/113/2016, ahí se observa que las desapariciones han crecido más bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval.
Que 2015 fuese el año con más denuncias por desaparición también se traduce a que durante este tiempo se presentó el mayor número de personas desaparecidas, 2 mil 528 y personas no localizadas, ya que pese al trabajo de búsqueda que realiza la Fiscalía, 845 jaliscienses, entre ellos lamentablemente están Ana Elvira Castillo Mireles y Juan Carlos Zaragoza Gaona, no han logrado volver a casa.
Esta misma situación es la de cientos de desaparecidos más que no aparecen en los reportes de localización de la Fiscalía General, pues en ellos –como puede verse en el informe presentado en el mes de octubre de 2015– las causas de localización responden más a la acción de vuelta de las propias personas que a resultados periciales de búsqueda, lo cual podría explicar el por qué Ana Elvira y Juan Carlos, no forman parte de las cuatro o cinco personas que diariamente “localizó” la Fiscalía General durante el año pasado.
Incluso, siguiendo la línea positiva de la Fiscalía, la información dada por transparencia precisa que durante 2015 decreció la efectividad de sus búsquedas al localizar con vida a 241 personas menos que en 2014 y 125 menos que 2013. Mismo caso para su localización en muerte que disminuyó respecto a los dos años anteriores.
Esto tomando en consideración que, en efecto, se trata de localizaciones plenas y no de administración de expedientes, tal y como se dejó entrever en la rueda de prensa que Eduardo Almaguer ofreció el 20 de octubre de 2015. Almaguer ese día informó el estado que guardaban los expedientes de personas desaparecidas y cómo fue que de esta situación, su dependencia generó la clasificación que hoy el Fiscal General presume a nivel nacional como un logro de su administración. Hoy los expedientes de desapariciones en Jalisco se dividen en: 1) Personas extraviadas, 2) Personas ausentes voluntarias, 3) Personas Desaparecidas y 4) Personas desaparecidas relacionadas a la comisión de un delito.
Al respecto, ni los discursos conscientes, ni el aceptar el problema o el generar acciones de clasificación han frenado las desapariciones en Jalisco, las cuales de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2015 suman ya 2 mil 962 personas que no han logrado volver con sus seres amados. 2 mil 962 personas que como Ana Elvira y Juan Carlos son buscados amorosamente por sus padres, los cuales cambiarían todo discurso político o mediático por una verdadera acción de búsqueda que los lleve a encontrar a sus familiares. Ello son quienes los buscan.

DESAPARECIDOS 2006 2015 ENERO 2016

Esta investigación se publicó originalmente en Proyecto Diez:

http://www.proyectodiez.mx/2015-el-ano-con-mas-desaparecidos-en-la-historia-de-jalisco/

hqdefault

Por Darwin Franco  Migues

¿Cuál sería la verdadera misión cumplida en relación a la guerra contra el narcotráfico: detener nuevamente al capo que se había escapado en dos ocasiones de prisiones de “máxima seguridad” producto de la corrupción o terminar con las estructuras económico-financieras que hacen posible que narcotraficantes como El Chapo Guzmán sigan delinquiendo en total impunidad dentro y fuera de la prisión?

Si Usted, señor Presidente, siente que la misión está cumplida únicamente con la detención de los capos de la droga es claro que desconoce el trasfondo de aquello que dice combatir, ya que el verdadero combate al narcotráfico no se dará en tanto el dinero de la industria del trasiego de la droga esté impunemente intacto, tal y como lo ha estado desde que su antecesor, Felipe Calderón, decidió arrancar la guerra contra el narcotráfico que Usted ha continuado únicamente desde las armas y la violencia pero no a través de las labores de inteligencia que, aseguró, propiciaron la reaprehensión de quien hace seis meses se le escapó por un túnel y que aún desde El Altiplano siguió operando el poco o mucho poder que aún tenía (¿tiene?) dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa.

tweet-chapo

Si su misión está cumplida porque tuvo a bien escribir un mensaje en Twitter para avisarnos de la captura del Chapo Guzmán pero antes –oportunamente- olvidó dar la cara para explicarnos el porqué del desplome de la economía tras la caída del precio del petróleo y el crecimiento del dólar frente al peso, nos vuelve a quedar nuevamente claro que su gobierno no es el de las acciones políticas sino el de las apuestas mediáticas, pues si hay algo que le debemos reconocer es que Usted tiene un timing preciso al momento de soltar este tipo de “bombas” aunque hablando con franqueza, señor Presidente, ese mismo timing luego se le revierte cuando en su gobierno son incapaces de realizar las acciones políticas correctas que garanticen que la acción más relevante para su gobierno –como lo fue, la primera detención de El Chapo– no terminen evidenciando el gran nivel de corrupción que existe en su gobierno, ya que la segunda fuga del capo terminó por desdibujar su promesa del “Saving México”, la cual –incluso- era inexistente cuando se dejó desaparecer a 43 normalistas y, a por lo menos, 10 mil personas más bajo su administración. Aquí, señor Presidente, nadie está seguro si en sus poco más de tres años de gobierno se han cometido 60 mil asesinatos.

Por ello, de ninguna manera podremos aceptar que la misión se cumplió cuando lo único que realizaron las fuerzas federales fue subsanar el error que se cometió cuando se generaron todas las condiciones para que Joaquín Guzmán Loera escapara, en julio pasado, de  la prisión de El Altiplano, así como tampoco permitiremos que haga de la reaprehensión de El Chapo, el segundo logro más importante de su administración (el primero, aunque parece ya una broma, fue reaprehenderlo por segunda ocasión).

Sin embargo, sabemos que para hacer esto tiene a las televisoras que son de tan corta memoria y tienen tan escasa responsabilidad social. Ellas, como ya lo vimos en sus primeras coberturas, se encargarán de hacerle “el milagrito” aunque la reaprehensión sucedió, sépalo Usted, porque como máximo responsable de este gobierno no logró tener preso ni seis meses a El Chapo. Al cual, ahora, irónicamente, lo vuelve a mandar a la misma prisión de la que éste escapó. Seguramente, lo fallido de su mandato le ha hecho pensar que, quizá, lo necesite nuevamente libre para “taparle el ojo al Chapo, perdón, al macho”.

Así que no fue una misión cumplida sino una responsabilidad ejercida, ya que era su obligación detener a quien se le fugó, así de fácil. Misión cumplida será el ejercer cada una de las más de 70 averiguaciones previas en contra de Joaquín Guzmán Loera y hacer que todas ellas culminen en condena. Misión cumplida será cuando se impida que cualquier criminal prófugo pueda emprender acciones jurídicas para impedir su futura extradición. Misión cumplida será cuando se confisquen los bienes del narcotráfico de tal manera que sus capos se vean imposibilitados para operar como hasta ahora lo han hecho. Misión cumplida será cuando la guerra no nos siga golpeando con su violencia que sólo ha generado muerte, desapariciones, desplazamientos, inseguridad e incertidumbre.

Misión cumplida será cuando se acabe esta absurda guerra, ya que lo demás señor Presidente son sólo mensajes de Twitter y acciones mediáticas que tan lejanas están de las acciones políticas que este país, el mismo que Usted gobierna, necesita.

@darwinfranco

La violencia no llegó a Jalisco el 1 de mayo del 2015, ese día se desbordó. En este estado que es tierra del mariachi y el tequila, la inseguridad y la violencia han crecido a borbotones generando que hoy Jalisco sea uno de los cuatro focos rojos del país.

Sin embargo, los hechos violentos que han sucedido en Jalisco ni iniciaron ni parecen terminar con lo sucedido el 1 de mayo, día en que el Cártel Jalisco Nueva Generación colapsó al estado con el derribo de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional y la realización de 39 narco-bloqueos en 25 municipios de Jalisco.

He aquí el link para ver el proyecto realizado con el fotoperiodista Héctor Guerrero.

https://readymag.com/452150

Por Darwin Franco Migues

Moisés Sánchez (Veracruz), Jazmín Martínez (Nayarit), Abel Martínez (Oaxaca), Armando Saldaña (Oaxaca), Adolfo Lucero (Baja California Sur), Ismael Díaz (Tabasco), Juan Mendoza (Veracruz), Jorge Cháirez (Chihuahua), Gerardo Nieto (Guanajuato), Rubén Espinosa (Veracruz) y Juan Heriberto Santos (Veracruz), todos ellos periodistas y todos ellos asesinados en este año 2015.

Las investigaciones sobre su muerte “sospechosamente” han acabado en lo mismo: en nada, ya que –al parecer- nada tuvo que ver en su muerte el trabajo que hacían como periodistas. La autoridad dice que “simplemente les tocó estar en el lugar y en el momento equivocado” o, en el peor de los casos, son ellos mismos los principales responsables de su muerte porque seguro (una seguridad que se da sin pruebas): “andaban en malos pasos o con malas compañías”. Criminalizar antes que investigar y suponer antes que comprobar.

Así ha operado la impunidad y la injusticia en torno al asesinato de periodistas en México, y así puede leerse y constatarse en el proyecto “Tú y yo coincidimos en la noche terrible” que desde Nuestra Aparente Rendición (www.nuestraaparenterendicion.com) hacemos desde el año 2012. En este proyecto una comunidad solidaria de periodistas, académicos, estudiantes y activistas han investigado y escrito las hojas de vida de los periodistas que han muerto o desaparecido en México desde junio del año 2000 a la fecha.

En dichas hojas de vida hemos decidido incorporar tres elementos centrales: 2) Vida e identidad de quienes nos fueron arrebatados por la violencia, 2) Circunstancias de su muerte o desaparición y cómo esto se relacionaba al tipo de trabajo o investigación periodística realizaban, y 3) estado que guardan las investigaciones judiciales sobre sus casos. Al momento tenemos 166 hojas de vida de 172 compañeros que han muerto o desaparecidos en este México impune donde se cree que “se mata la verdad asesinando o desapareciendo a los periodistas”.

En la lectura de cada una de estas hojas de vida puede verse que en este país no existe autoridad alguna que le interese resolver la muerte de los periodistas porque de manera casi automática sus muertes se vinculan a crímenes pasionales, a situaciones circunstanciales o a vínculos con el crimen organizado.

Estas tres hipótesis que sostienen las autoridades de diversos estados del país sirven como base para entrampar y no investigar los verdaderos móviles de la muerte/desaparición de quienes ejercían una profesión de alto riesgo. Para ellos, sin embargo, esto no tiene relación alguna porque nunca “existen elementos o pruebas” que vinculen su muerte/desaparición con la labor que ejercían como periodistas, aunque en la mayoría de los casos nuestros colegas hayan denunciado públicamente acosos o amenazas de parte de autoridades a las que les incomodaba mucho su trabajo. Así lo hizo Rubén Espinosa, por ejemplo.

En México, el 25 de junio de 2012 se promulgó la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual se supone daría “garantías, protección y seguridad a quienes denunciaran amenazas, hostigamiento o acoso producto del ejercicio de su labor o de su defensa de los derechos humanos”; sin embargo, ni esta legislación ni su Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas han garantizado una real protección para los periodistas y activistas.

Tampoco ha sido garante de esto, la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). Esta Fiscalía fue creada en el año 2010 por la Procuraduría General de Justicia y desde ese año ha iniciado 718 averiguaciones previas por abuso de autoridad, amenazas, daño en propiedad ajena, homicidio, privación ilegal de la libertad y robo. Ninguna de estas investigaciones, a la fecha, ha derivado en la detención y consignación de los autores intelectuales y/o materiales involucrados en la muerte/desaparición de un periodista.

En conclusión, ninguno de los mecanismos jurídicos y/o periciales que existen en el país para la protección de periodistas han sido determinantes o, al menos, útiles para que cada una de sus muertes encuentren justicia o para que se realice una adecuada búsqueda de los colegas que actualmente siguen desaparecidos. La ley y las instituciones que la hacen prevalecer están ahí pero son grandes e inútiles elefantes blancos.

¿Quién nos protege como periodistas? ¿El Estado, las empresas mediáticas, la sociedad o nosotros mismos con nuestros propios recursos y conocimientos? ¿Quién debiera protegernos: el Estado, las empresas mediáticas, la sociedad o nosotros mismos?

La teoría diría que todas estas instancias; sin embargo, en la práctica sabemos que al Estado no le interesa solucionarlo, a las empresas mediáticas el tema les incomoda demasiado, a la sociedad le duele pero no termina por arropar la muerte de los periodistas y a nosotros (como integrantes del gremio) esto nos pega de manera contundente pero no hemos sido capaces de cohesionarnos y actuar en consecuencia pues en nuestro interior hay para quienes las muertes de sus colegas son sólo notas breves.

Debemos romper esta inercia, urge, aunque ahora no sepamos muy bien cómo hacerlo.

@darwinfranco

Rubén-Agencia-El-Universal

Fotografía a las afueras del departamento donde fueron asesinados Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Olivia Negrete, Mile Virginia y Rubén Espinosa. Foto: El Universal

Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Olivia Negrete, Mile Virginia y Rubén Espinosa representan muchas cosas para este país tan cargado de violencia e incomprensión. Los cinco fueron cruelmente asesinados el pasado 31 de julio del 2015 dentro de un departamento de la colonia Narvarte en el Distrito Federal.

Dice la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que toda esa saña fue a causa de un robo y que el multihomicidio nada tiene que ver con las amenazas que previamente habían recibido tanto Nadia como Rubén por su postura crítica al gobierno de Veracruz. Eso es punto y aparte.

Su muerte no sólo nos muestra la indefensión y vulnerabilidad en la que vivimos sino que además viene a confirmarnos que en el país ya no hay páramos seguros. Ya no podemos salir de un lado para refugiarnos en otro porque en este país la violencia y su infalible impunidad es capaz de seguirnos para hacer que nuestra muerte o desaparición se conviertan en hechos aislados o en asaltos brutalmente casuales donde, desde luego, habrá  una nula relación con nuestros quehaceres como periodistas o activistas. Todo será una lamentable cadena de casualidades que incluirán la criminalización y la no investigación porque hechos así sólo podrán ser explicados a través de lo absurdo pero no de la justicia.

images

Homenaje a Rubén Espinosa en la Plaza Regina Martínez en Xalapa, Veracruz. Sitio donde el propio Rubén participó en la colocación de una placa en homenaje a Regina Martínez, periodista asesinada el 28 se abril del 2012.

Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Olivia Negrete, Mile Virginia y Rubén Espinosa murieron porque en este país la denuncias por acoso o amenazas sólo sirven para ponernos más en riesgo. Murieron porque un grupo de hombres es capaz de entrar al medio día a un departamento para cometer terribles delitos sin que nadie vea o diga nada. Murieron porque aunque oficialmente se niega que el Estado participe abiertamente en el espiral de violencia que vivimos, muchos sabemos que las principales agresiones a los ciudadanos, periodistas y activistas vienen, justamente, de agentes gubernamentales.

Cinco víctimas que se suman a muchas otras que, como ellos, poseían vida, planes y sueños. Cinco víctimas que tenían nombres, ideas, ilusiones y sueños. La suspensión de su plan de vida a manos de arteros asesinos tiene que despertarnos de manera definitiva, ya que –al parecer- no hemos tenido suficiente con Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato, Villa Purificación, Ostula e innumerables tragedias que nos duelen pero no terminan por despertarnos. Necesitamos despertar porque eso fue lo que todo el tiempo buscaron hacer con su trabajo tanto Nadia como Rubén. Por ello, su muerte no debe callarse ni olvidarse.

Nosotros, todos, debemos nombrarlos y recordarlos. Así como debemos nombrar a todas las personas que han muerto y desaparecido en esta guerra en contra del narcotráfico. Nombrarlas para no olvidarlas y para no olvidar que todas ellas, tal como pasó con Nadia, Yesenia, Olivia, Mile y Rubén, tenían vidas, planes y sueños.

Nombrarlos para recordar que la justicia no llegará si callamos y olvidamos. Nombrarlos para decir con fuerza que los ciudadanos no queremos ser víctimas de la violencia y la impunidad. Nombrarlos para que no se olvide lo difícil que es investigar y decir la verdad en un país donde, desde el año 2000 a la fecha, han muerto 147 periodistas y 24 más están desaparecidos. Nombrarlos porque nosotros también somos víctimas.

per1-440x293

Protesta del gremio periodístico en el Ángel de la Independencia en el Distrito Federal. Foto: Germán Canseco.

Nombrarlos porque si no caminamos en pos de la paz, la memoria y la justicia, ellos (los violentos e impunes) ganarán. Nombrar a todas las víctimas para que esta parte de nuestra dolorosa de historia sea escrita a través de nuestra lucha y exigencia. Nombrarlos porque Nadia, Yesenia, Olivia, Mile y Rubén, no son una cifra más y nos harán falta.

Nombrarlos porque este país tiene que tejerse a través de la memoria, la dignidad y la justicia y nunca más de la indolencia, el olvido y la impunidad. Nosotros, los nombramos.

@darwinfranco