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Fotografía de Héctor Guerrero

Por Darwin Franco Migues

La justicia se abrió paso entre la tierra, su camino buscó la luz y, por ello, sus brazos amorosos fueron exhumando los cuerpos que la autoridad de Morelos un día enterró para ocultar toda verdad. Por ello, el primer cuerpo exhumado de la fosa ubicada en la comunidad de Tetelcingo perteneciente al municipio de Cuautla, Morelos, fue recibido con una cartulina que portaba el siguiente mensaje: “Bienvenido, amor mío. Cuerpo 1. Hora de renacimiento 24/05/16, 12:23 p.m.”.

La exhumación, hasta el 4 de junio de 2016, de 119 cuerpos que fueron enterrados de manera irregular por personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, desde marzo de 2014, es una prueba más del nivel de deshumanización con el que las autoridades tratan a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, ya que esta fosa no fue construida por criminales que intentaban ocultar sus fechorías sino por un Estado que pretendía desaparecer las huellas de su negligencia.

Se trata de una fosa oficial y esto es algo muy grave para las familias de los miles de desaparecidos del país porque, quizá, sus seres queridos estén en lugares que la autoridad misma construye y calla. De las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos nos enteramos por la lucha incansable que realizó la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández.

Oliver Wenceslao fue desaparecido por un grupo de hombres armados el 24 de mayo de 2013 en Cuautla, Morelos. Sin embargo, su cuerpo fue localizado el 3 de junio de ese mismo año en el municipio de Ayala donde fue trasladado al Servicio Médico Forense. En este sitio su familia ratificó que se trataba de él porque las pruebas genéticas y las de huellas dactilares fueron positivas. Tras reconocer el cuerpo pidieron que se les entregara para darle una digna sepultura, las autoridades pidieron tiempo porque prometieron que investigarían a fondo para dar con los responsables de su muerte. La familia confío.

La confianza, sin embargo, se perdió porque la investigación no daba ningún resultado, así que cansada de tanta negligencia su madre, Concepción Hernández, exigió en diciembre de 2014 que le entregaran el cuerpo de su hijo pero éste ya no estaba –como le habían dicho- en el SEMEFO de Cuautla sino en un panteón particular ubicado en Tetelcingo. Al enterarse de esto, la familia de Oliver Wenceslao interpuso diversos amparos que obligaron a la Fiscalía de Morelos a exhumar su cuerpo.

La exhumación sucedió en noviembre de 2015, fue ahí cuando el mundo se enteró no sólo de la existencia estas fosas clandestinas del Estado sino también que en ellas existían alrededor de 150 cuerpos, no 118 como sostiene la autoridad morelense. Esto se sabe porque los familiares de Oliver Wenceslao que estaban a pie de fosa grabaron un video para corroborar que todo se realizara a cabo conforme dictan los protocolos.

La sorpresa mayúscula fue que en la fosa de Tetelcingo no sólo yacía el cuerpo de Oliver Wenceslao sino que también estaban ahí cientos de cuerpos más. La Fiscalía de Morelos aseguró que en sus registros sólo tiene contabilizadas 118 inhumaciones en el sitio, además afirmaron que todo esto no se trató de una acción clandestina sino simplemente irregular porque el sobrecupo en el SEMEFO y el no reclamo de estos cuerpos, los orilló a crear este estas dos fosas donde depositaron los cuerpos de personas no identificadas que murieron entre los años 2010 y 2013 en la zona centro y oriente del estado de Morelos. La familia de Oliver Wenceslao aseguró que, el día de su exhumación, contabilizaron más de 150 cuerpos.

La lucha de la familia de Oliver Wenceslao y el acompañamiento jurídico que les brindó la Unidad de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos obligó a que el gobierno de Morelos exhumara, por segunda ocasión,  todos los cuerpos ubicados en las dos fosas clandestinas de Tetelcingo. La exhumación que inició el 23 de mayo ha logrado traer nuevamente de la tierra a 119 personas.

Lo que ha pasado en Tetelcingo en las últimas semanas ha desenmascarado a un Estado que cava sus propias fosas y rompe todos los protocolos sobre la identificación de cuerpos pero también ha significado un triunfo por la memoria y la justicia de decenas de familias de desaparecidos que estuvieron vigilantes de todo el proceso y que, además, lo acompañaron con un trabajo de toma de muestras genéticas que, posteriormente, podrán confrontarse con los 119 cuerpos exhumados en Tetelcingo.

Por ello, los mensajes colocados en los diez primeros cuerpos exhumados quedarán por siempre en la memoria de este hecho, ya que palabras como: “Bienvenido, mi amor”, “Bienvenido, tu renacer mi alegría”, “Bienvenido, somos tu voz y el eco de justicia”, “Bienvenido a tu identidad”, representan las increíbles muestras de solidaridad ciudadana ante la falta de sinrazón de la autoridad que hoy destapa una de sus fosas clandestinas. Sin embargo, aquí no acaba todo, ya que la autoridad de Morelos tiene aún la enorme obligación de dar justicia a la familia de Oliver Wenceslao, así como también debe de decirnos cuál es la identidad de las 119 personas, no 118, que en Tetelcingo fueron enterradas sin el menor respeto a su dignidad y memoria.

Tetelcingo se abrió paso entre la violencia. Ahora esperamos que la justicia llegue, por fin, a las familias que por años buscaron a cada una de estas 119 personas.

@darwinfranco

 

Por Darwin Franco Migues

Sí lo que hay en sus manos después de escarbar la tierra son restos humanos, no pedazos de madera como sugirió el gobierno que encabeza de Javier Duarte. Sí lo que la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas localizó en Veracruz son restos humanos que fueron encontrados en 15 diferentes lugares ubicados en Amatlán de los Reyes y Córdoba, municipios veracruzanos que se eligieron para iniciar algo que el gobierno simplemente no ha querido hacer: buscar a los desaparecidos.

Del 9 al 21 de abril, familiares de desaparecidos provenientes de Guerrero, Morelos, Coahuila, Estado de México, Sinaloa, Chihuahua y Baja California acudieron al llamado de las familias de Veracruz para iniciar ahí sus primeras acciones de búsqueda colectiva, pues ellos en sus respectivas localidades ya se habían convertido en rastreadores de fosas clandestinas y en buscadores de la esperanza que, tristemente, se halla debajo de la tierra.

En México, de acuerdo a información de la Procuraduría General de la República (PGR), se han localizado en los últimos nueve años (2006—2015), 201 fosas clandestinas de las cuales se han exhumado 662 cuerpos; sin embargo, sólo el 18 por ciento (119 cuerpos) han sido identificados. La mayoría de los restos localizados (380), a decir de la PRG, presentan un avanzado estado de descomposición que hace imposible identificar su género.

En estos datos, sin embargo, no se encuentran los 15 hallazgos que la Brigada Nacional de Búsqueda obtuvo en Veracruz ni los cerca de 300 restos humanos calcinados que fueron localizados por los 40 expertos buscadores que integran la Brigada. Ellas y ellos dedicaron 13 días de su vida para localizar en pozos, cañadas, cañaverales o veredas a los más de mil desaparecidos que existen en Veracruz. El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), a cargo de la Secretaría de Gobernación, no obstante, sólo reconoce a 661 (493 del fuero común y 168 del federal). Sus estadísticas se quedan cortas.

La búsqueda de desaparecidos en México es una acción que primordialmente realizan las propias familias de los desaparecidos porque a los pocos días de presentar sus denuncias se dan cuenta de que las acciones de búsqueda de las procuradurías o fiscalías estatales e, inclusive, las de la propia PGR sólo son en papel pero no en el campo. Esto significa que en sus expedientes o averiguaciones previas existen más oficios de colaboración que reportes de peritajes y más notificaciones de aceptación a colaborar que testimonios y/o confesiones que ayuden a localizar a los 28 mil 156 desaparecidos que existen en todo el país.

Por ello, las familias aprenden que la búsqueda en vida y, lamentablemente, también sin ella la deben realizar con sus propios recursos porque si se quedan esperando a que la autoridad lo haga seguramente pasarán muchos años porque frases como: “estamos investigando”, “tengan paciencia”, “estamos a la espera de los resultados de los peritajes”, “no han querido declarar los detenidos” o “no tenemos ninguna novedad”, no harán que regrese ninguno de los desaparecidos que, ellos aseguran, están buscando.

Esto lo saben muy bien familiares de desaparecidos como Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí Salcedo, quien desapareció en Orizaba, Veracruz, el 7 de septiembre de 2012; José Díaz Navarro quien está buscando las cabezas Hugo y Alejandro Díaz Navarro (sus hermanos), Mario Montiel Ferrer, Vicente Apreza García y Jesús Romero Mújica pues sus cuerpos sí fueron localizados el 29 de noviembre de 2014 en Chilapa, Guerrero; Alma Rosa Rojo quien desea encontrar a su hermano Miguel Ángel Rojo Medina del cual no sabe nada desde el 4 de julio de 2009 cuando viajó hacía Estación de Obispo, Sinaloa; Juan Carlos y Miguel Trujillo Herrera quienes junto a su incansable madre, María Herrera, buscan a sus cuatro hermanos, Raúl y Jesús Salvador, desaparecidos el 29 de agosto de 2008 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y Gustavo y  Luis Armando, quienes desaparecieron dos años después, el 22 de septiembre de 2010, en Poza Rica, Veracruz; y Mario Vergara Hernández quien integra el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala y está en la búsqueda de su hermano Tomás Hernández quien desapareció el 5 de julio de 2012 en Iguala, Guerrero.

Ellos son sólo algunas de las personas que integran la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y son ellos, como cientos de familiares en el país, quienes están saliendo a escarbar la tierra en búsqueda de respuestas porque, como ellos aseguran, debajo de nosotros yace un tesoro: los desaparecidos. Esta fuerte expresión podría dar calma, aunque no la esperada, a una familia no sabe dónde está su ser querido.

Buscar la esperanza debajo de la tierra, buscar con el corazón hasta en el último rincón del mundo, buscar para localizar ese tesoro que a cada una de estas familias les arrebataron debiera ser hoy una acción colectiva que permita que la Brigada Nacional de Búsqueda seamos todos y no sólo estas valientes familias. Buscar a todos los desaparecidos debiera ser para todos una prioridad porque estoy seguro que si emprendemos esta búsqueda también nosotros habremos de encontrar aquello que nos han arrebatado con su ausencia.

@darwinfranco

Conferencia brindada en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, 22 de abril de 2016

 

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Existen en Baja California muchos tipos de fronteras, la más visible es el muro que separa el norte de México del sur de los Estados Unidos; sin embargo, hay otras fronteras interiores que se extienden dentro de las vidas y corazones de quienes buscan a sus desaparecidos en Baja California, sitio que conjuga el último eslabón del “sueño americano” con esta doliente “pesadilla mexicana”. Sin embargo, aquí también se reconcilian el recuerdo, la memoria y la dignidad de quienes sin estar siguen estando como un muro que caerá a su regreso.

Por Darwin Franco Migues

Tijuana, Baja California (México).- En la mirada de Fernando Ocegueda y Sandra Ruelas existe una mezcla de indignación y esperanza. Su experiencia de búsqueda y el andar ocho años exigiendo justicia por la desaparición de su hijo, Fernando Ocegueda Ruelas (llevado de su propia casa por un comando armado, el 10 de febrero del 2007), los ha vuelto un referente para hablar de cómo y por qué desaparecen las personas en Baja California.

Junto con más de 170 familias conforman la organización Unidos por los desaparecidos de Baja California, colectivo que no ha dejado de exigir a las autoridades bajacalifornianas que asuman la responsabilidad frente a un problema que sigue creciendo con la misma fuerza con la que éstas lo siguen negando. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en Baja California hay mil 256 desaparecidos; sin embargo, el registro es tan irregular que en éste no aparece Fernando Ocegueda Ruelas.

Sandra Ruelas, quien ahora preside la organización, sabe que el número de desaparecidos es mucho mayor porque en Baja California hay cientos de personas que no denuncian ya sea por miedo o por la negligente actitud del personal de la Procuraduría General de Justicia, la cual coordina los trabajos de la Unidad Estatal Investigadora de Personas Extraviadas. Instancia que de acuerdo a Unidos por los desaparecidos, no realiza labores de búsqueda, no trata con dignidad a las familias y constantemente oculta la información sobre el número real de desapariciones que hay en el estado.

En Baja California, como en todo el país, son las familias las que buscan e investigan (con el consecuente riesgo) quiénes y por qué se llevaron a sus seres queridos e, incluso, han ido más allá al ser ellos quienes encabezan las labores de búsqueda de restos humanos en sitios donde se tienen indicios de la existencia de fosas clandestinas. Así fue como localizaron los tres domicilios que refirió en su declaración, José Santiago Meza, alías “El Pozolero”, el cual bajo el mandato de Teodoro García Simental, “El Teo”, disolvió en ácido los cuerpos de 300 personas. “El Pozolero” fue detenido el 23 de enero del 2009, en un lujoso hotel de Rosarito; sin embargo, no fue hasta 2011 que comenzó la búsqueda de restos humanos en los predios en que éste trabajó. Estos sitios fueron ubicados en las comunidades Loma Bonita, Ojo de Agua y Maclovio Rojas, todas en la periferia de Tijuana.

Unidos por Nuestros Desaparecidos estuvo presente no sólo en búsqueda de estos sitos sino también en la extracción de los restos humanos localizados, lo cual –sin dudarlo- resulta una actividad muy dura para los familiares que tienen la esperanza de localizar con vida a sus seres queridos: “Aunque duela nosotros también decidimos buscar a nuestros desaparecidos en estos sitios exterminio, pues no podemos ser ciegos ante la violencia ni sordos ante las historias que nos llegaban sobre lo que hacía el narcotráfico con las personas en Tijuana”, explicó Fernando Ocegueda, quien es hoy una de las víctimas que más experiencia tiene en la búsqueda y localización de fosas clandestinas.

Baja California, específicamente en Tijuana, vivió su máxima violenta entre los años 2008 y 2010, tiempos en que el Cártel de los Arellano Fénix y el Cártel de Sinaloa se disputaron la plaza. Fueron esos años el despunte de las desapariciones y las ejecuciones en toda Baja California; por ello, confirma Sandra Ruelas, presidenta de Unidos por Nuestros Desaparecidos: “no se puede negar la evidente vinculación entre la desaparición de personas y las acciones del crimen organizado”. No obstante, esto es algo que no parece tener ningún peso pues: “quienes dicen buscar a los desaparecidos acá en Baja California no encuentran ningún vínculo entre las desapariciones y la violencia que vivimos”.

Por estas miopías, la organización Unidos por Nuestros Desaparecidos ha realizado plantones, manifestaciones, comunicados y acciones para recordar que en Baja California hay cientos de desaparecidos. Su lucha e insistencia los llevó a plantear una serie de demandas al gobernador Francisco Arturo Vega Lamadrid, al cual le exigen: 1) la instalación de una subprocuraduría de personas desaparecidas que sea atendida por expertos y profesionales de la investigación; 2) la creación de un grupo especial de Ministerios Públicos que se encarguen de la atención de casos recientes de desaparición, con protocolos de búsqueda de emergencia, y otro que atienda la revisión de casos inactivos por más de un año, ya sea para la búsqueda en vida o de restos humanos, 3) la instalación de una mesa semanal de trabajo colaborativo entre familiares de desaparecidos y Ministerios Públicos para revisar el avance de las investigaciones, 4) la depuración y clarificación de las bases de desaparecidos y su divulgación pública y, finalmente, 5) la promulgación de una Ley Estatal de Víctimas y la adjudicación de un presupuesto necesario para su puesta en marcha.

De estas demandas sólo se ha cumplido parcialmente la de tener mesas de trabajo con diversas instancias municipales, estatales y federales; sin embargo, el resto de su peticiones “sigue en revisión”, para Sandra Ruelas esto no es un buen síntoma: “nosotros quisiéramos que se trabajara con mayor compromiso porque para nosotros -que tenemos un familiar desaparecido- es muy desgastante estar a la espera de que la autoridad decida buscar o investigar. Ellos (las autoridades) no los están buscando como deberían”.

De ahí que como asociación resulta muy importante que se pueda aprobar por el legislativo local su propuesta de Ley Estatal de Víctimas, la cual redactaron con la experticia de abogados, defensores de derechos humanos pero también con el propio conocimiento que han generado en la búsqueda de sus familiares. Unidos por los desaparecidos espera que esta ley pueda aprobarse tal y como sucedió con sus propuestas de presunción de muerte y declaración de ausencia con las cuales lograron reducir el tiempo legal marcado a dos años y seis meses, respectivamente. Aunque su meta final es localizar a todos los desaparecidos.

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Vista desde el interior del cuarto donde “El Pozolero”                                             quitaba la corporeidad a sus víctimas.

La Gallera, los muros del horror

En el lado este de Tijuana, otra ciudad emerge llena de casas, carencias y silencios. Si algo ocurre en este territorio el hecho suele relacionarse con la violencia y el narcotráfico; sin embargo, no todo es lo que parece. Anclado en este territorio, se ubica el ejido Maclovio Rojas, una colonia irregular donde familias provenientes del sur de México se fueron asentando, desde 1988, con el objetivo de tener una vida digna.

Su nombre es un homenaje al jornalero mixteco, Maclovio Rojas, el cual fue un férreo defensor de los trabajadores agrícolas de San Quintín, comunidad perteneciente al municipio de Ensenada. Su labor como activista e integrante de la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos (CIOAC), lo llevó a la muerte en 1997.  Actualmente, es la CIOAC quien se encarga de la organización vecinal en la colonia Maclovio Rojas.

En este lugar, no obstante, se erigía un predio que iba en contra todo ese sentido de lucha y dignidad, pues ahí detrás de lo que era el antiguo centro comunitario, un hombre se dedicó a extinguir todo rasgo de humanidad. Su nombre, José Santiago Meza López, él llegó de pronto a rentar el terreno, no molestaba a nadie; sin embargo, usaba carretadas de sosa caustica para literalmente deshacer el cuerpo de las personas que los sicarios del “El Teo”, le llevaban. Tras su detención, Meza López confesó entre lágrimas que “él no los asesinó, sólo los deshizo”, como si la confesión borrara lo grotesco de su acción.

Hoy este sitio es morada de 17 mil litros de restos humanos, sí lo leyó bien: “17 mil litros de restos humanos”, y se habla en esta medida porque la labor del llamado “Pozolero” consistió en cocinar el cuerpo de las personas en un gran tambo de metal donde mezclaba agua, tres sacos sosa caustica y ajo, todo esto era calentado con fuego. El ajo disuadía el olor a muerte y el líquido que quedaba en el tambo era vertido por José Santiago en un depósito construido en el patio. Horror en toda la extensión del sentido y la palabra.

La localización de este predio, mejor conocido como “La Gallera”, sucedió el 9 de abril del 2013. Cuatro años después de que “El Pozolero” confesara a la Procuraduría General de la República (PGR) su existencia. Desde que se supo del lugar, la asociación Unidos por los desaparecidos lo buscó por todo Tijuana. Fernando Ocegueda recuerda que el día que se dio con “La Gallera”, muchas familias de desaparecidos accedieron junto con personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones sobre Delincuencia Organizada de la PGR.

Estas familias habían escuchado confesiones de que sus hijos podrían haber sido llevados a este lugar; sin embargo, el mal estado de los restos humanos localizados, pese al trabajo de peritos especializados, ha hecho imposible su identificación. De los restos humanos sólidos (huesos, dientes o prótesis dentales) que también ahí se encontraron tampoco hay buenas noticias. Por la confesión que José Santiago Meza dio al Ministerio Público, hoy se sabe que en “La Gallera” podrían estar los restos de al menos 80 personas.

“La Gallera” fue abandonada en el año 2009. Hoy ante la falta de tecnología para poder trabajar en la identificación de los restos humanos líquidos ahí localizados, los familiares de los desaparecidos y la PGR sellaron los dos depósitos existentes. Fernando Ocegueda precisó que esto debía hacerse, pues la PGR no tiene ni la tecnología ni el personal para hacer el trabajo: “Quizá ya no me toque a mí, pero estoy seguro de que en el futuro la ciencia avanzará y podremos saber el nombre de las personas hoy ahí permanecen”.

Hoy “La Gallera” prevalece pero no así su sentido de horror, pues por el trabajo de Unidos por los desaparecidos, éste terreno les ha sido donado para edificar ahí un memorial, un campo santo, que siempre recuerde que lo que ahí pasó no debe suceder jamás.

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Recordar, reconstruir y reconciliar

“Vive la paz antes de hablarla” es el mensaje que se multiplica en la pequeña barda hecha de madera y metal que hoy permite el acceso a lo que anteriormente era el centro comunitario de la Maclovio Rojas. Este lugar que después de ser usado por “El Pozolero” se convirtió en un “picadero” (sitio de consumo de droga); hoy alberga al “Centro y comedor comunitario Gandhi”, el cual ofrece desayuno y comidas a muy bajo costo.

Ahí, por la tardes, está Doña Tere, mujer que emigró de Guerrero a Tijuana, con un sonrisa amplia que hace rápidamente olvidar todo miedo. Ella es el mejor testimonio de que es posible revertir todo significado pues junto con otras mujeres ha trabajado voluntariamente por más de un año para que este lugar se vuelva un sitio de reconciliación.

Pasando el comedor comunitario, se encuentra una gran barda coloreada con grafitis circulares que fueron obra de la imaginación de 23 jóvenes de la Maclovio Rojas. Ellos dotaron de color a un sitio que no sólo era gris por los grandes blocks que lo cercaban sino también por la esencia de muerte ahí contenida. Hoy esto ya no es así, pues los murales dibujan la fachada y puerta de “La Gallera”, ahí en este espacio también están marcadas las siluetas de una familia que se dirigen a su puerta sin miedo.

Detrás de esto, el espacio donde se hallaban los corrales de gallos (las galleras) se tiñó de un vivo color rosa que con el uso de esténciles dibuja en sus muros tres preguntas y un deseo: “¿Qué pasó aquí? ¿Cómo pudo suceder? ¿Dónde están?”, son las urgentes interrogantes que cualquiera que vaya o sepa de “La Gallera” se haría (hay una pregunta más que haré más adelante). El deseo escrito sobre sobre las galleras es: QUE NO SE REPITA.

Este deseo se colocó frente al cuarto que “El Pozolero” usaba para robar la humanidad de sus víctimas. Ahí en ese cuarto de aire denso está aún la placa que fue colocada el 22 de febrero del 2014, fecha en que familiares de desaparecidos, vecinos de la Maclovio Rojas y diversas instituciones como la CIOAC, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el colectivo RECO, mostraron a todo México que sí es posible cambiar el sentido del dolor.

Lo que ya no prevalece por completo son los retratos de los desaparecidos de Baja California y de los vecinos de la Maclovio Rojas que han dado su vida por este ejido. Hoy sus rostros han sido llevados por el tiempo y el viento que ha soplado desde hace más de un año.

Lo que sí prevalece, pese a la vegetación que las rodea, son dos mándalas hechas con mosaicos y espejos. Estas “Mándalas por la reconciliación” marcan el lugar sagrado donde se ubican las dos fosas que contienen los 17 mil litros de restos humanos que hay en “La Gallera”, lo repito: 17 mil litros de restos humanos. Esto lo digo así porque confrontarse con la realidad es el primer camino que existe para reconciliarse con ella.

Toda esta obra coordinada por el Instituto de Investigaciones Culturales–Museo de la UABC, se reconoce bajo el nombre Lugar del recuerdo y la reconciliación. Su principal objetivo, como expresa Paola Ovalle, coordinadora del proyecto de Investigación-acción RECO, es: “revertir todo el dolor de este espacio para dotarlo de memoria y reflexión, pues negar u ocultar lo que ahí pasó no es el camino que evitará que esto vuelva a suceder”.

A un año de que este memorial se levantara hay muchas cosas que aún deben hacerse para que esto sea el “campo santo” que las familias de desaparecidos de Baja California necesitan. La organización Unidos por los desaparecidos sabe que esto será así hasta que puedan identificarse plenamente los restos humanos que ahí permanecen; sin embargo, no cesan en su empeño de resguardar el sentido de memoria y dignidad que tiene que tener el sitio, pues no se trata sólo de un proyecto comunitario sino de un memorial de víctimas.

Alfonso Díaz-Tovar y Paola Ovalle, quienes asumen la coordinación del proyecto, también apuestan a que la comunidad de la Maclovio Rojas termine de asumir su rol, pues es y será a través de esas manos que dotaron de color a “La Gallera” donde deberá de pasar la reconstrucción y reconciliación del doloroso recuerdo que hoy aún habita este sitio. Lo cual no puede darse sin la debida conducción de las familiares de los desaparecidos, pues toda acción deberá pasar por el amor y dignidad con que han buscado a sus seres queridos.

El muro de las ausencias que hoy se levanta en Baja California debe caer algún día y ese camino a la reconstrucción pasa por la apropiación de sitios como “La Gallera”. Eso lo saben muy bien Fernando Ocegueda y Sandra Ruelas, así lo trasmiten a través de sus miradas profundas y de las acciones solidarias que realizan junto con las familias que integran Unidos por los desaparecidos. Así lo hacen sentir cuando ven más allá de su búsqueda y dolor, así se siente cuando mira uno a Tijuana desde “La Gallera” y entiende que aquí es donde habrá de crecer la raíz de una nueva esperanza. Una esperanza que nos permita responder: “¿De quiénes son los restos humanos que están hoy bajo las dos mándalas de “La Gallera”?

              

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Por Darwin Franco

Los reflectores están colocados en Iguala, en sus fosas y en los 43 normalistas que nos faltan a todos, pero aquí en Jalisco desde hace un año no tenemos noticia alguna de la identidad, vida y sueños de los 74 cuerpos que fueron exhumados en 37 fosas clandestinas localizadas en el municipio de La Barca entre noviembre de 2013 y enero de 2014.

Sí, leyó Usted bien: 74 cuerpos. Cuerpos que fueron arrojados, exterminados y enterrados en las orillas del río Lerma y detrás de los sembradíos de maíz que hacen difusos los límites entre Jalisco y Michoacán. La Barca, municipio ubicado en la región de la ciénega, se ha caracterizado por ser líder en la producción de maíz en México.

Nadie sabía de la existencia de esas fosas aunque sí se sabía que siguiendo la calle de Los Leones podría ingresarse al mismo infierno, pues ahí entre los maizales, en un paraje ubicado en el predio de El Rincón, se veían ingresar a camionetas con hombres armados seguidos de patrullas municipales que llevaban a varios hombres en su parte trasera y, al cabo de unas horas, se les veía salir sin ellos.

¿Quiénes eran? ¿Por qué tuvieron que matarlos? ¿Por qué los enterraron ahí?

Todo inició el 7 de noviembre de 2013 cuando se montó un operativo para localizar a los agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), René Rojas Márquez y Gabriel Quijadas Santiago. Estos agentes se habían reportado como desaparecidos, en la frontera entre Jalisco y Michoacán, desde el 3 de noviembre. Los buscaban a ellos, encontraron a 74.

El operativo de búsqueda se incrementó cuando en el kilómetro 4 de carretera Sahuayo-Vista Hermosa, en la comunidad de Briseñas, se encontró calcinada la camioneta de los agentes. A partir de esto, se detuvo a 25 personas, entre ellos 22 policías del municipio de Vista Hermosa (Michoacán). De las indagatorias y confesiones, se supo que en los límites entre Jalisco y Michoacán existían diversas fosas clandestinas usadas, presuntamente, por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación o miembros de Los Caballeros Templarios.

Estas aseveraciones, sin embargo,  no han sido corroboradas ni por la PGR ni por la Fiscalía  General de Jalisco, pues ésta última institución ha insistido en que en Jalisco no los mataron: sólo los enterraron.

Semanas después, el 21 de noviembre, personal de la Policía Federal Ministerial, la milicia, policías municipales de ambos estados y peritos forenses de Jalisco montaron un operativo en un terreno amplio ubicado en la carretera que une a La Barca con Briseñas, sitio donde comenzó el horror que derivó en la exhumación de 67 cuerpos. 67 vidas.

Al conocerse las dimensiones de la tragedia y al irse multiplicando el número de fosas, la PGR (instancia que atrajo el caso y tiene a su cargo las pesquisas) decidió suspender el operativo a principios de diciembre. Sin embargo, éste se reinició de manera sorpresiva el 16 de enero exhumando siete cuerpos más.  En total, fueron 37 fosas y 74 cuerpos los localizados en el municipio de La Barca.

Hasta ahora las pesquisas sostienen que las víctimas posiblemente podrían pertenecer o ser bajas colaterales de la disputa que mantiene por la plaza el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios. No obstante, no se han presentado las pruebas que corroboren el dicho de la autoridad. Lo que único que tiene es la criminalización de las 74 víctimas.

De estas 74 personas, a la fecha, no sabemos nada, salvo que ninguno de sus cuerpos pertenece a los elementos desaparecidos de la PGR, También nos ha informado, vía solicitudes de transparencia (Oficio: SJAI/DGAJ/09227/2014), que sólo se ha confirmado la identidad de 10 cuerpos e, incluso, seis de éstos ya fueron entregados a sus familiares.

Al resto de los cuerpos (64), que aún permanecen en las instalaciones de la PGR en el Distrito Federal, ya se les practicó un perfil genético que arrojó que 58 de ellos son de hombres y seis de mujeres. Sin embargo, se desconoce quiénes son estas 64 personas.

Las autoridades han sido muy sigilosas y han optado por dar a cuenta gotas la información sobre las fosas localizadas en La Barca, tan precavidas han sido que se negaron a informar la identidad de los diez cuerpos identificados.

El operativo de búsqueda terminó desde enero de este año. Se sospecha que en el lugar podrían localizarse más fosas; sin embargo, todo trabajo ha sido suspendido.  Situación muy similar a la que vive la averiguación previa sobre el tema porque es fecha que no se tienen a personas detenidas o consignadas por la muerte de las 74 personas localizadas en La Barca. Todo ha sido omisión y silencio en una de las fosas clandestinas más grandes del país.