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Fotografía de Héctor Guerrero

Por Darwin Franco Migues

La justicia se abrió paso entre la tierra, su camino buscó la luz y, por ello, sus brazos amorosos fueron exhumando los cuerpos que la autoridad de Morelos un día enterró para ocultar toda verdad. Por ello, el primer cuerpo exhumado de la fosa ubicada en la comunidad de Tetelcingo perteneciente al municipio de Cuautla, Morelos, fue recibido con una cartulina que portaba el siguiente mensaje: “Bienvenido, amor mío. Cuerpo 1. Hora de renacimiento 24/05/16, 12:23 p.m.”.

La exhumación, hasta el 4 de junio de 2016, de 119 cuerpos que fueron enterrados de manera irregular por personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, desde marzo de 2014, es una prueba más del nivel de deshumanización con el que las autoridades tratan a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, ya que esta fosa no fue construida por criminales que intentaban ocultar sus fechorías sino por un Estado que pretendía desaparecer las huellas de su negligencia.

Se trata de una fosa oficial y esto es algo muy grave para las familias de los miles de desaparecidos del país porque, quizá, sus seres queridos estén en lugares que la autoridad misma construye y calla. De las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos nos enteramos por la lucha incansable que realizó la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández.

Oliver Wenceslao fue desaparecido por un grupo de hombres armados el 24 de mayo de 2013 en Cuautla, Morelos. Sin embargo, su cuerpo fue localizado el 3 de junio de ese mismo año en el municipio de Ayala donde fue trasladado al Servicio Médico Forense. En este sitio su familia ratificó que se trataba de él porque las pruebas genéticas y las de huellas dactilares fueron positivas. Tras reconocer el cuerpo pidieron que se les entregara para darle una digna sepultura, las autoridades pidieron tiempo porque prometieron que investigarían a fondo para dar con los responsables de su muerte. La familia confío.

La confianza, sin embargo, se perdió porque la investigación no daba ningún resultado, así que cansada de tanta negligencia su madre, Concepción Hernández, exigió en diciembre de 2014 que le entregaran el cuerpo de su hijo pero éste ya no estaba –como le habían dicho- en el SEMEFO de Cuautla sino en un panteón particular ubicado en Tetelcingo. Al enterarse de esto, la familia de Oliver Wenceslao interpuso diversos amparos que obligaron a la Fiscalía de Morelos a exhumar su cuerpo.

La exhumación sucedió en noviembre de 2015, fue ahí cuando el mundo se enteró no sólo de la existencia estas fosas clandestinas del Estado sino también que en ellas existían alrededor de 150 cuerpos, no 118 como sostiene la autoridad morelense. Esto se sabe porque los familiares de Oliver Wenceslao que estaban a pie de fosa grabaron un video para corroborar que todo se realizara a cabo conforme dictan los protocolos.

La sorpresa mayúscula fue que en la fosa de Tetelcingo no sólo yacía el cuerpo de Oliver Wenceslao sino que también estaban ahí cientos de cuerpos más. La Fiscalía de Morelos aseguró que en sus registros sólo tiene contabilizadas 118 inhumaciones en el sitio, además afirmaron que todo esto no se trató de una acción clandestina sino simplemente irregular porque el sobrecupo en el SEMEFO y el no reclamo de estos cuerpos, los orilló a crear este estas dos fosas donde depositaron los cuerpos de personas no identificadas que murieron entre los años 2010 y 2013 en la zona centro y oriente del estado de Morelos. La familia de Oliver Wenceslao aseguró que, el día de su exhumación, contabilizaron más de 150 cuerpos.

La lucha de la familia de Oliver Wenceslao y el acompañamiento jurídico que les brindó la Unidad de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos obligó a que el gobierno de Morelos exhumara, por segunda ocasión,  todos los cuerpos ubicados en las dos fosas clandestinas de Tetelcingo. La exhumación que inició el 23 de mayo ha logrado traer nuevamente de la tierra a 119 personas.

Lo que ha pasado en Tetelcingo en las últimas semanas ha desenmascarado a un Estado que cava sus propias fosas y rompe todos los protocolos sobre la identificación de cuerpos pero también ha significado un triunfo por la memoria y la justicia de decenas de familias de desaparecidos que estuvieron vigilantes de todo el proceso y que, además, lo acompañaron con un trabajo de toma de muestras genéticas que, posteriormente, podrán confrontarse con los 119 cuerpos exhumados en Tetelcingo.

Por ello, los mensajes colocados en los diez primeros cuerpos exhumados quedarán por siempre en la memoria de este hecho, ya que palabras como: “Bienvenido, mi amor”, “Bienvenido, tu renacer mi alegría”, “Bienvenido, somos tu voz y el eco de justicia”, “Bienvenido a tu identidad”, representan las increíbles muestras de solidaridad ciudadana ante la falta de sinrazón de la autoridad que hoy destapa una de sus fosas clandestinas. Sin embargo, aquí no acaba todo, ya que la autoridad de Morelos tiene aún la enorme obligación de dar justicia a la familia de Oliver Wenceslao, así como también debe de decirnos cuál es la identidad de las 119 personas, no 118, que en Tetelcingo fueron enterradas sin el menor respeto a su dignidad y memoria.

Tetelcingo se abrió paso entre la violencia. Ahora esperamos que la justicia llegue, por fin, a las familias que por años buscaron a cada una de estas 119 personas.

@darwinfranco

 

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Existen en Baja California muchos tipos de fronteras, la más visible es el muro que separa el norte de México del sur de los Estados Unidos; sin embargo, hay otras fronteras interiores que se extienden dentro de las vidas y corazones de quienes buscan a sus desaparecidos en Baja California, sitio que conjuga el último eslabón del “sueño americano” con esta doliente “pesadilla mexicana”. Sin embargo, aquí también se reconcilian el recuerdo, la memoria y la dignidad de quienes sin estar siguen estando como un muro que caerá a su regreso.

Por Darwin Franco Migues

Tijuana, Baja California (México).- En la mirada de Fernando Ocegueda y Sandra Ruelas existe una mezcla de indignación y esperanza. Su experiencia de búsqueda y el andar ocho años exigiendo justicia por la desaparición de su hijo, Fernando Ocegueda Ruelas (llevado de su propia casa por un comando armado, el 10 de febrero del 2007), los ha vuelto un referente para hablar de cómo y por qué desaparecen las personas en Baja California.

Junto con más de 170 familias conforman la organización Unidos por los desaparecidos de Baja California, colectivo que no ha dejado de exigir a las autoridades bajacalifornianas que asuman la responsabilidad frente a un problema que sigue creciendo con la misma fuerza con la que éstas lo siguen negando. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en Baja California hay mil 256 desaparecidos; sin embargo, el registro es tan irregular que en éste no aparece Fernando Ocegueda Ruelas.

Sandra Ruelas, quien ahora preside la organización, sabe que el número de desaparecidos es mucho mayor porque en Baja California hay cientos de personas que no denuncian ya sea por miedo o por la negligente actitud del personal de la Procuraduría General de Justicia, la cual coordina los trabajos de la Unidad Estatal Investigadora de Personas Extraviadas. Instancia que de acuerdo a Unidos por los desaparecidos, no realiza labores de búsqueda, no trata con dignidad a las familias y constantemente oculta la información sobre el número real de desapariciones que hay en el estado.

En Baja California, como en todo el país, son las familias las que buscan e investigan (con el consecuente riesgo) quiénes y por qué se llevaron a sus seres queridos e, incluso, han ido más allá al ser ellos quienes encabezan las labores de búsqueda de restos humanos en sitios donde se tienen indicios de la existencia de fosas clandestinas. Así fue como localizaron los tres domicilios que refirió en su declaración, José Santiago Meza, alías “El Pozolero”, el cual bajo el mandato de Teodoro García Simental, “El Teo”, disolvió en ácido los cuerpos de 300 personas. “El Pozolero” fue detenido el 23 de enero del 2009, en un lujoso hotel de Rosarito; sin embargo, no fue hasta 2011 que comenzó la búsqueda de restos humanos en los predios en que éste trabajó. Estos sitios fueron ubicados en las comunidades Loma Bonita, Ojo de Agua y Maclovio Rojas, todas en la periferia de Tijuana.

Unidos por Nuestros Desaparecidos estuvo presente no sólo en búsqueda de estos sitos sino también en la extracción de los restos humanos localizados, lo cual –sin dudarlo- resulta una actividad muy dura para los familiares que tienen la esperanza de localizar con vida a sus seres queridos: “Aunque duela nosotros también decidimos buscar a nuestros desaparecidos en estos sitios exterminio, pues no podemos ser ciegos ante la violencia ni sordos ante las historias que nos llegaban sobre lo que hacía el narcotráfico con las personas en Tijuana”, explicó Fernando Ocegueda, quien es hoy una de las víctimas que más experiencia tiene en la búsqueda y localización de fosas clandestinas.

Baja California, específicamente en Tijuana, vivió su máxima violenta entre los años 2008 y 2010, tiempos en que el Cártel de los Arellano Fénix y el Cártel de Sinaloa se disputaron la plaza. Fueron esos años el despunte de las desapariciones y las ejecuciones en toda Baja California; por ello, confirma Sandra Ruelas, presidenta de Unidos por Nuestros Desaparecidos: “no se puede negar la evidente vinculación entre la desaparición de personas y las acciones del crimen organizado”. No obstante, esto es algo que no parece tener ningún peso pues: “quienes dicen buscar a los desaparecidos acá en Baja California no encuentran ningún vínculo entre las desapariciones y la violencia que vivimos”.

Por estas miopías, la organización Unidos por Nuestros Desaparecidos ha realizado plantones, manifestaciones, comunicados y acciones para recordar que en Baja California hay cientos de desaparecidos. Su lucha e insistencia los llevó a plantear una serie de demandas al gobernador Francisco Arturo Vega Lamadrid, al cual le exigen: 1) la instalación de una subprocuraduría de personas desaparecidas que sea atendida por expertos y profesionales de la investigación; 2) la creación de un grupo especial de Ministerios Públicos que se encarguen de la atención de casos recientes de desaparición, con protocolos de búsqueda de emergencia, y otro que atienda la revisión de casos inactivos por más de un año, ya sea para la búsqueda en vida o de restos humanos, 3) la instalación de una mesa semanal de trabajo colaborativo entre familiares de desaparecidos y Ministerios Públicos para revisar el avance de las investigaciones, 4) la depuración y clarificación de las bases de desaparecidos y su divulgación pública y, finalmente, 5) la promulgación de una Ley Estatal de Víctimas y la adjudicación de un presupuesto necesario para su puesta en marcha.

De estas demandas sólo se ha cumplido parcialmente la de tener mesas de trabajo con diversas instancias municipales, estatales y federales; sin embargo, el resto de su peticiones “sigue en revisión”, para Sandra Ruelas esto no es un buen síntoma: “nosotros quisiéramos que se trabajara con mayor compromiso porque para nosotros -que tenemos un familiar desaparecido- es muy desgastante estar a la espera de que la autoridad decida buscar o investigar. Ellos (las autoridades) no los están buscando como deberían”.

De ahí que como asociación resulta muy importante que se pueda aprobar por el legislativo local su propuesta de Ley Estatal de Víctimas, la cual redactaron con la experticia de abogados, defensores de derechos humanos pero también con el propio conocimiento que han generado en la búsqueda de sus familiares. Unidos por los desaparecidos espera que esta ley pueda aprobarse tal y como sucedió con sus propuestas de presunción de muerte y declaración de ausencia con las cuales lograron reducir el tiempo legal marcado a dos años y seis meses, respectivamente. Aunque su meta final es localizar a todos los desaparecidos.

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Vista desde el interior del cuarto donde “El Pozolero”                                             quitaba la corporeidad a sus víctimas.

La Gallera, los muros del horror

En el lado este de Tijuana, otra ciudad emerge llena de casas, carencias y silencios. Si algo ocurre en este territorio el hecho suele relacionarse con la violencia y el narcotráfico; sin embargo, no todo es lo que parece. Anclado en este territorio, se ubica el ejido Maclovio Rojas, una colonia irregular donde familias provenientes del sur de México se fueron asentando, desde 1988, con el objetivo de tener una vida digna.

Su nombre es un homenaje al jornalero mixteco, Maclovio Rojas, el cual fue un férreo defensor de los trabajadores agrícolas de San Quintín, comunidad perteneciente al municipio de Ensenada. Su labor como activista e integrante de la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos (CIOAC), lo llevó a la muerte en 1997.  Actualmente, es la CIOAC quien se encarga de la organización vecinal en la colonia Maclovio Rojas.

En este lugar, no obstante, se erigía un predio que iba en contra todo ese sentido de lucha y dignidad, pues ahí detrás de lo que era el antiguo centro comunitario, un hombre se dedicó a extinguir todo rasgo de humanidad. Su nombre, José Santiago Meza López, él llegó de pronto a rentar el terreno, no molestaba a nadie; sin embargo, usaba carretadas de sosa caustica para literalmente deshacer el cuerpo de las personas que los sicarios del “El Teo”, le llevaban. Tras su detención, Meza López confesó entre lágrimas que “él no los asesinó, sólo los deshizo”, como si la confesión borrara lo grotesco de su acción.

Hoy este sitio es morada de 17 mil litros de restos humanos, sí lo leyó bien: “17 mil litros de restos humanos”, y se habla en esta medida porque la labor del llamado “Pozolero” consistió en cocinar el cuerpo de las personas en un gran tambo de metal donde mezclaba agua, tres sacos sosa caustica y ajo, todo esto era calentado con fuego. El ajo disuadía el olor a muerte y el líquido que quedaba en el tambo era vertido por José Santiago en un depósito construido en el patio. Horror en toda la extensión del sentido y la palabra.

La localización de este predio, mejor conocido como “La Gallera”, sucedió el 9 de abril del 2013. Cuatro años después de que “El Pozolero” confesara a la Procuraduría General de la República (PGR) su existencia. Desde que se supo del lugar, la asociación Unidos por los desaparecidos lo buscó por todo Tijuana. Fernando Ocegueda recuerda que el día que se dio con “La Gallera”, muchas familias de desaparecidos accedieron junto con personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones sobre Delincuencia Organizada de la PGR.

Estas familias habían escuchado confesiones de que sus hijos podrían haber sido llevados a este lugar; sin embargo, el mal estado de los restos humanos localizados, pese al trabajo de peritos especializados, ha hecho imposible su identificación. De los restos humanos sólidos (huesos, dientes o prótesis dentales) que también ahí se encontraron tampoco hay buenas noticias. Por la confesión que José Santiago Meza dio al Ministerio Público, hoy se sabe que en “La Gallera” podrían estar los restos de al menos 80 personas.

“La Gallera” fue abandonada en el año 2009. Hoy ante la falta de tecnología para poder trabajar en la identificación de los restos humanos líquidos ahí localizados, los familiares de los desaparecidos y la PGR sellaron los dos depósitos existentes. Fernando Ocegueda precisó que esto debía hacerse, pues la PGR no tiene ni la tecnología ni el personal para hacer el trabajo: “Quizá ya no me toque a mí, pero estoy seguro de que en el futuro la ciencia avanzará y podremos saber el nombre de las personas hoy ahí permanecen”.

Hoy “La Gallera” prevalece pero no así su sentido de horror, pues por el trabajo de Unidos por los desaparecidos, éste terreno les ha sido donado para edificar ahí un memorial, un campo santo, que siempre recuerde que lo que ahí pasó no debe suceder jamás.

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Recordar, reconstruir y reconciliar

“Vive la paz antes de hablarla” es el mensaje que se multiplica en la pequeña barda hecha de madera y metal que hoy permite el acceso a lo que anteriormente era el centro comunitario de la Maclovio Rojas. Este lugar que después de ser usado por “El Pozolero” se convirtió en un “picadero” (sitio de consumo de droga); hoy alberga al “Centro y comedor comunitario Gandhi”, el cual ofrece desayuno y comidas a muy bajo costo.

Ahí, por la tardes, está Doña Tere, mujer que emigró de Guerrero a Tijuana, con un sonrisa amplia que hace rápidamente olvidar todo miedo. Ella es el mejor testimonio de que es posible revertir todo significado pues junto con otras mujeres ha trabajado voluntariamente por más de un año para que este lugar se vuelva un sitio de reconciliación.

Pasando el comedor comunitario, se encuentra una gran barda coloreada con grafitis circulares que fueron obra de la imaginación de 23 jóvenes de la Maclovio Rojas. Ellos dotaron de color a un sitio que no sólo era gris por los grandes blocks que lo cercaban sino también por la esencia de muerte ahí contenida. Hoy esto ya no es así, pues los murales dibujan la fachada y puerta de “La Gallera”, ahí en este espacio también están marcadas las siluetas de una familia que se dirigen a su puerta sin miedo.

Detrás de esto, el espacio donde se hallaban los corrales de gallos (las galleras) se tiñó de un vivo color rosa que con el uso de esténciles dibuja en sus muros tres preguntas y un deseo: “¿Qué pasó aquí? ¿Cómo pudo suceder? ¿Dónde están?”, son las urgentes interrogantes que cualquiera que vaya o sepa de “La Gallera” se haría (hay una pregunta más que haré más adelante). El deseo escrito sobre sobre las galleras es: QUE NO SE REPITA.

Este deseo se colocó frente al cuarto que “El Pozolero” usaba para robar la humanidad de sus víctimas. Ahí en ese cuarto de aire denso está aún la placa que fue colocada el 22 de febrero del 2014, fecha en que familiares de desaparecidos, vecinos de la Maclovio Rojas y diversas instituciones como la CIOAC, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el colectivo RECO, mostraron a todo México que sí es posible cambiar el sentido del dolor.

Lo que ya no prevalece por completo son los retratos de los desaparecidos de Baja California y de los vecinos de la Maclovio Rojas que han dado su vida por este ejido. Hoy sus rostros han sido llevados por el tiempo y el viento que ha soplado desde hace más de un año.

Lo que sí prevalece, pese a la vegetación que las rodea, son dos mándalas hechas con mosaicos y espejos. Estas “Mándalas por la reconciliación” marcan el lugar sagrado donde se ubican las dos fosas que contienen los 17 mil litros de restos humanos que hay en “La Gallera”, lo repito: 17 mil litros de restos humanos. Esto lo digo así porque confrontarse con la realidad es el primer camino que existe para reconciliarse con ella.

Toda esta obra coordinada por el Instituto de Investigaciones Culturales–Museo de la UABC, se reconoce bajo el nombre Lugar del recuerdo y la reconciliación. Su principal objetivo, como expresa Paola Ovalle, coordinadora del proyecto de Investigación-acción RECO, es: “revertir todo el dolor de este espacio para dotarlo de memoria y reflexión, pues negar u ocultar lo que ahí pasó no es el camino que evitará que esto vuelva a suceder”.

A un año de que este memorial se levantara hay muchas cosas que aún deben hacerse para que esto sea el “campo santo” que las familias de desaparecidos de Baja California necesitan. La organización Unidos por los desaparecidos sabe que esto será así hasta que puedan identificarse plenamente los restos humanos que ahí permanecen; sin embargo, no cesan en su empeño de resguardar el sentido de memoria y dignidad que tiene que tener el sitio, pues no se trata sólo de un proyecto comunitario sino de un memorial de víctimas.

Alfonso Díaz-Tovar y Paola Ovalle, quienes asumen la coordinación del proyecto, también apuestan a que la comunidad de la Maclovio Rojas termine de asumir su rol, pues es y será a través de esas manos que dotaron de color a “La Gallera” donde deberá de pasar la reconstrucción y reconciliación del doloroso recuerdo que hoy aún habita este sitio. Lo cual no puede darse sin la debida conducción de las familiares de los desaparecidos, pues toda acción deberá pasar por el amor y dignidad con que han buscado a sus seres queridos.

El muro de las ausencias que hoy se levanta en Baja California debe caer algún día y ese camino a la reconstrucción pasa por la apropiación de sitios como “La Gallera”. Eso lo saben muy bien Fernando Ocegueda y Sandra Ruelas, así lo trasmiten a través de sus miradas profundas y de las acciones solidarias que realizan junto con las familias que integran Unidos por los desaparecidos. Así lo hacen sentir cuando ven más allá de su búsqueda y dolor, así se siente cuando mira uno a Tijuana desde “La Gallera” y entiende que aquí es donde habrá de crecer la raíz de una nueva esperanza. Una esperanza que nos permita responder: “¿De quiénes son los restos humanos que están hoy bajo las dos mándalas de “La Gallera”?

              

Por Darwin Franco

La mañana del 1 de mayo Jalisco vivió uno de los episodios más cruentos desde que inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” y, en consecuencia, uno de los momentos más violentos en la historia de este estado, el cual por cierto también fue cuna del narcotráfico con el otrora Cártel de Jalisco que, en su momento, fue encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.

La activación del “Código Rojo” se dio ese mismo 1 de mayo cuando en menos de un par de horas sucedieron en todo el estado 39 narcobloqueos, se incendiaron 11 bancos y cinco gasolineras, además del derribo de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que generó la muerte de siete militares.

Lo vivido esa mañana en Jalisco también se multiplicó a otros estados como Michoacán, Colima y Guanajuato, sitios en donde también opera con fuerza el llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual es un grupo criminal que heredó las operaciones en la zona después de que los grupos que sucedieron al Cártel de Jalisco fueron perdiendo poder.

Después de la detención de los grandes capos de la droga Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, existieron dos grupos criminales que dominaron Jalisco; el primero, fue el denominado Cártel del Milenio o Cártel de Los Valencia, éste era comandado por Juan Carlos Valencia y Óscar Nava Valencia; el segundo grupo, fue el Cártel de Sinaloa, quien se instaló en el estado para realizar labores financieras (lavado de dinero) bajo la conducción de Ignacio “Nacho” Coronel.

Los Valencia, no obstante, fueron detenidos entre 2009 y 2010, e Ignacio “Nacho” Coronel fue abatido en un enfrentamiento con la milicia en el año 2010. Esto provoco la generación de dos nuevos grupos el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Resistencia. El CJNG está bajo el mando de Nemesio Oceguera, alias “El Mencho”, y La Resistencia la encabeza Elgidio Migarro, alias “Don Pilo”. Estos últimos grupos se disputaron por varios años la plaza de Jalisco, y no fue hasta que La Resistencia perdió por detención a dos de sus lugartenientes, Víctor Manuel Torres y Ramiro Pozos González, que el CJNG tomó la plaza con el beneplácito de Cártel de Sinaloa, quien aún mantiene su estructura financiera en el estado. Sin embargo, antes de su extinción el cártel de Los Valencia generó los primeros narcobloqueos de la historia de Jalisco, el primero sucedió el 15 de enero del 2011 y el segundo un par de semanas después, 1 de febrero de 2011. En ambos hechos se incendiaron vehículos en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara para impedir el traslado por tierra de sus principales capos. La Resistencia hoy está extinta.

Eso facilitó el ascenso y crecimiento del CJNG, el cual recibió apoyo del Cártel de Sinaloa y se convirtió en su socio, pues éste último tiene en Jalisco un sitio importante para sus operaciones financieras, las cuales fueron manejadas hasta su muerte por Juan José Esparragoza, alias “El Azul”.

Desde que el CJNG está al mando de la plaza de Jalisco, el estado ha sido territorio de disputas entre este cártel y otros grupos como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Los Zetas, éstos últimos han incursionado en el estado de manera importante y mantienen una disputa abierta contra el CJNG, el cual anteriormente se autodenominó como un grupo “mata zetas”, razón por la cual se le adjudicó la muerte y abandono de 35 personas en las calles de Boca del Río, Veracruz, el 20 de septiembre del 2011. En respuesta, Los Zetas abandonaron 19 cuerpos en las calles de Guadalajara, el 26 de noviembre del 2011.

Con un crecimiento importante y bajo el amparo de autoridades municipales y estatales, el CJNG fue fortaleciendo su estructura e, incluso, comenzó a dar muestras de poderío cuando el 8 de marzo del 2012, la Sedena capturó a uno de sus lugartenientes, Erick Valencia Salazar “El 85”,  ese día y como respuesta el CJNG realizó 25 narcobloqueos.

Los golpes al CJNG, desde entonces, se gestaron desde las autoridades federales, las cuales de manera quirúrgica han realizado diversos operativos para capturar a sus líderes; sin embargo, la fuga de información de las autoridades locales facilitaba su huida, tal y como pasó el 25 de agosto del 2013 cuando en el municipio de Tonaya, al sur de Jalisco, la Sedena intentó capturar a Nemesio Oceguera “El Mencho”, el capo no sólo escapó sino que a su paso generó 22 narcobloqueos en diversos puntos del estado.

Sólo un par de golpes exitosos ha tenido la federación en contra del CJNG, el primero sucedió el 30 de enero del 2014 cuando se capturó, sin apoyo del gobierno de Jalisco, a Rubén Ocegueda González, “El Mechito”, hijo de “El Mencho”. Tras su captura, se generaron tres narcobloqueos. Sin embargo, “El Menchito” salió libre el 26 de diciembre de ese mismo año, por falta de pruebas que pudieran vincularlo al crimen organizado.

La otra detención que resulto fortuitamente exitosa fue la de Abigael González Valencia, “El Cuini”, el cual es el operador financiera del CJNG (aunque algunos reportes indican que en realidad “El Cuini” es el líder de este cártel y “El Mencho” es su lugarteniente). Su detención ocurrió el 2 de marzo del 2015 en Puerto Vallarta. Hoy se sabe que Los Cuinis son los que controlan el trasiego de la droga en Europa y Asia, lo cual los hace uno de los grupos criminales más ricos en el mundo.

Todos estos hechos generaron que desde el Gobierno Federal se colocara a Jalisco como uno de los principales focos rojos del país desde finales del año 2014. Esta labor de inteligencia, y la desconfianza en las autoridades locales, pusieron en marcha la llamada “Operación Jalisco”, la cual es una acción de seguridad encabezada Sedena, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y cuyo objetivo es acabar con el CJNG y capturar a sus líderes. En conclusión, y luego de los hechos del 1 de mayo, la “Operación Jalisco” es una declaración de guerra, la cual desde el gobierno encabezará el general, Gustavo González.

Hoy Jalisco está de frente a uno de sus momentos más cruciales, pues ante un gobierno local débil lo que se tiene es la militarización de la seguridad que como lo indica la historia reciente (en Michoacán, Tamaulipas y Guerrero) no deja saldos positivos para la sociedad civil. Hoy Jalisco es nodo central de la guerra contra el narcotráfico, la estrategia una vez más son las armas y no el paraíso financiero que ha significado el estado desde que aquí se asentó el otrora Cártel de Jalisco.

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El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, acompañado de las autoridades de seguridad del estado y de los presidentes municipales de la ZMG

(02/mayo/2015).- Los rumores se hicieron realidad y la aparente calma nos estalló a todos la mañana del 1 de mayo en Jalisco. Bloqueos de avenidas y carreteras tras la quema de automóviles y camiones, incendios en gasolineras y comercios, tiroteos en diversos municipios y el aterrizaje de emergencia de un helicóptero del ejército que fue atacado por integrantes del crimen organizado forman parte del violento amanecer en este el llamado “estado del bienestar”.

En conferencia de prensa del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, informó que: “Esto es reacción de una operación que se realiza para detener a miembros de cárteles”; sin embargo, no dio detalles de quién o quiénes podrían ser los detenidos. Extraoficialmente se filtró que, en la madrugada del 1 de mayo, autoridades federales pudieron haber detenido a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, actual líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, esto aún no ha sido confirmado por ninguna autoridad, aunque lo que sí ya se hizo oficial fue la entrada en vigor de la “Operación Jalisco”, acción de seguridad que es encabezado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, instancias que tendrán un Centro de Mando Único que será coordinado por el comandante de la V Región Militar ubicada en Guadalajara.

Una de las primeras acciones de esta “Operación Jalisco” fue justamente la neutralización de las operaciones del CJNG, así lo anunció el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido. Este funcionario federal indicó que las reacciones violentas de este Cártel se dieron a consecuencia de las labores que elementos federales realizaron en las primeras horas del primero de mayo en los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación, ubicados en la región sur de Jalisco. Sin dar más detalles indicó que estos primeros operativos tenían como objetivo combatir a este grupo criminal. Se desconoce si en este operativo se logró alguna detención, lo cual podría explicar las reacciones violentas que el CJNG tuvo horas después en todo el estado de Jalisco.

Lo que ya se conoce es que horas más tarde, en ese mismo lugar, fue atacado desde tierra del helicóptero de la Sedena (Eurocapter Cougar EC 725 SP, matrícula 1009), el cual por los disparos recibidos aterrizó de emergencia, justamente, en la ruta que une a los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación, lugar en donde de acuerdo a Monte Alejandro Rubido inició la denominada “Operación Jalisco”. En el ataque al helicóptero militar murieron seis soldados y 10 más resultaron heridos.

En tanto, el gobierno de Jalisco en voz del gobernador, Aristóteles Sandoval, realizó dos conferencias de prensa informativas en donde sólo expuso el saldo de los hechos y no aceptó preguntas de la prensa. En ambas comunicaciones, afirmó la existencia del “Código Rojo” y llamó a los jaliscienses a conservar la calma ante los fatídicos hechos. El saldo de los hechos acontecidos el 1 de mayo fue el siguiente:

  • 39 bloqueos de vialidades en todo el Estado
  • 3 intentos fallidos de bloqueos
  • 25 municipios afectados (7 en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el resto fueron 18 municipios de Jalisco)
  • 36 carros incendiados (principalmente transportes públicos y transporte de carga)
  • 4 enfrentamientos armados (En de ellos se disparó desde tierra a un helicóptero militar, lo cual provocó que éste aterrizara de emergencia en el municipio de Casimiro Castillo. El saldo tres militares asesinados y 13 heridos)
  • 12 puntos carreteros afectados (ya se circula por ellos bajo vigilancia)
  • 19 detenidos (10 ya fueron consignados a la PGR)
  • 15 muertos (seis de ellos eran militares, ocho integrantes del CJNG y uno era policía estatal).
  • 17 heridos (13 elementos de las fuerzas federales, uno de la estatal y tres civiles)
  • 26 rutas de transporte público suspendidas (ya operan bajo vigilancia)
  • 11 sucursales bancarias incendiadas
  • 19 gasolineras afectadas (5 incendiadas y 14 existió la tentativa de incendio)
  • 2 comercios particulares afectados

(Actualización, 10:57 p.m. del 04/05/15)

Por este motivo, se activó en todo Jalisco, el llamado “Código Rojo”, el cual en palabras del gobernador es: ” es un protocolo que desde hace años se articuló para que cuando sucedieran acontecimientos de esta naturaleza en principales vialidades, centros, sobre todo carga de hidrocarburo, gasolineras, establecimientos, carreteras principales, vías de comunicación, se alertaran de manera coordinada para actuar de inmediato”.

Autoridades de Jalisco en el homenaje a los 15 elementos de la Fuerza Única que murieron en el cumplimiento de sus labores.

Los antecedentes del actual “Código Rojo”

La violencia que antecedió a la activación del “Código Rojo”, inició el 19 de marzo cuando en el municipio de Ocotlán ocurrió un enfrentamiento entre elementos de la Gendarmería Nacional e integrantes del CJNG. En ese fuego cruzado quien más sufrió fue la ciudadanía, pues 15 personas murieron durante las casi dos horas que duró el intercambio de balas entre los sicarios y los integrantes de la Gendarmería que estaban asentados en este municipio desde octubre del 2014 cuando el Gobierno Federal catalogó a Jalisco como uno de los cuatro focos rojos del país. Los otros tres son Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.

Sobre los motivos reales que desataron la balacera poco es lo que se sabe, pues ni la Policía Federal o la Fiscalía General han aclarado los rumores de que el enfrentamiento pudo darse para facilitar la huida de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, líder del CJNG, el cual se encontraba esa noche en Ocotlán, tal y como se informó en Proceso Jalisco.

El 23 de marzo en el municipio de Zacoalco de Torres ocurrió otro enfrentamiento entre integrantes del CJNG y la policía estatal, en este hecho fue abatido Heriberto Acevedo Cárdenas, uno de los principales líderes del CJNG y que tenía bajo su poder los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Cocula, Tapalpa, Atemajac de Brizuela y Zacoalco de Torres.

De acuerdo a la Fiscalía General, Acevedo Cárdenas orquestó el ataque a un convoy del Ejército Mexicano, en donde perdieron la vida cuatro soldados en el municipio de Guachinango, esto ocurrió el 12 de mayo de 2014. También se sabe que éste fue el responsable de sobornar al director de la Policía Municipal de Cocula, lo cual originó el desarme de esa corporación el pasado 8 de diciembre del 2014; y del asesinato de dos policías investigadores en Tlajomulco de Zúñiga en julio de ese mismo año.

Tras la muerte de Acevedo Cárdenas, el segundo al mando en la policía estatal, Alejandro Solorio Aréchiga, fue emboscado por integrantes del CJNG en el municipio de Zapopan. Esta acción fue posible porque desde el interior de la policía del estado se filtró el recorrido que Solorio Aréchiga daría para resolver un asunto personal. Esta información facilitó que el CJNG pudiera atravesar un camión para intentar contener al mando policial y sus escoltas. No obstante, Solorio Aréchiga y su gente salieron ilesos, y confirmaron que este atentado fue una reacción por la muerte de Heriberto Acevedo Cárdenas.

Si esto no fuera suficiente, la acción más cruenta se generó a los pocos días, el 7 de abril, cuando en la carretera que conecta los municipios de Mascota y Puerto Vallarta, específicamente en el municipio de San Sebastián del Oeste, fueron emboscados y asesinados 15 elementos de la Fuerza Única Jalisco, grupo élite de seguridad en Jalisco.

Después de todos estos hechos comenzaron a correr los rumores de que se podrían generar otros posibles ataques del CJNG en la ciudad y que ante esto, desde el interior del Gobierno de Jalisco, ya se había activado “el Código Rojo”. El 10 de abril todo esto fue negado por las autoridades, las cuales afirmaron que no hay crisis de seguridad en el estado y que lo que se precisó en redes sociales eran meros rumores. Sin embargo, el silencio oficial se rompió cuando, el 14 de abril, aparecieron en diversos puntos del estado, 22 narco-mantas en las que aparentemente el CJNG se disculpaba por los recientes brotes de violencia. El Gobierno de Jalisco rápidamente pidió ignorar estos mensajes pero no informó nada de las acciones policíacas que se estaban emprendiendo para resguardar la seguridad de los jaliscienses.

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El panorama de la incertidumbre

“La autoridad está avanzando, la autoridad debe recuperar la tranquilidad en todas las regiones del estado y, como ustedes saben, a través del tiempo hemos ido con acciones objetivas, concretas en beneficio y en seguridad de los jaliscienses”, fueron las palabras que emitió el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en la conferencia de prensa donde más que explicar las causas de lo sucedido sólo realizó un reporte preliminar de las consecuencias, las cuales aseguró son una reacción por la manera en que están combatiendo a la delincuencia en todo el estado.

La situación, más allá de los reportes preliminares emitidos desde Gobierno del Estado, es tensa porque luego de escucharse la versión oficial en todo el estado se siguieron presentando diversos enfrentamientos y bloqueos de parte del crimen organizado. Al momento, sigue sin hacerse público quién o quiénes pudieron haber sido los detenidos por elementos federales, la cual es la razón –según afirmó el gobernador de Jalisco- de que el crimen organizado respondiera con tal violencia, tal y como sucedió en los anteriores narco-bloqueos que Jalisco sufrió en marzo y agosto del 2012, y enero del 2014, los cuales sucedieron como una reacción a la aprehensión de diversos integrantes del CJNG. Entre los detenidos estuvo, Rubén Oseguera González, “El Menchito”, el cual fue detenido por fuerzas federales (no estatales) el 31 enero del 2014; sin embargo, el 26 de diciembre de ese mismo año obtuvo su libertad por “falta de pruebas” para ser sentenciado.

Ante este panorama de violencia, el presidente, Enrique Peña Nieto, afirmó que la “Operación Jalisco” tiene como objetivo terminar con toda la estructura del CJNG; sin embargo, es momento en que no se dan más detalles de las aparentes detenciones que se dieron en la madrugada del 1 de mayo ni de las 19 restantes que ocurrieron a lo largo de ese mismo día.

¿Será que la causa de los hechos violentos que se vivieron el 1 de mayo fue una reacción de la posible detención de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, actual líder CJNG? ¿En verdad se le habrá detenido o será que éste -una vez más- escapó de las fuerzas federales (no estatales) que en más de dos ocasiones han intentado detenerlo? ¿Los hechos violentos que se generaron en Jalisco facilitaron su huida o fueron una consecuencia de su aprehensión?

Esto no lo sabremos hasta que  no se brinde información clara del porqué se generaron los hechos que derivaron en 39 narco-bloqueos a lo largo y ancho de Jalisco pero que también se extendieron a los estados de Colima, Guanajuato y Michoacán.

Por Darwin Franco Migues

¿Qué significa la salida de Murillo Karam de la Procuraduría General de la República (PGR)? ¿Fue removido (que no corrido) por su mal desempeño como procurador o porque su singular experiencia se requiere para iniciar, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedetu), el ordenamiento y ocupación territorial necesario para echar andar la Reforma Energética?

¿Por qué la captura de Servando Gómez, alias “La Tuta” (líder de Los Caballeros Templarios y fundador de La Familia Michoacana) se da justo en la transición de mando en la PGR y a nada de iniciar el proceso electoral? ¿Será acaso que la relación conocida de “La Tuta” con diversos políticos michoacanos se usará como presión para que el PRI recupere el control político en dicho estado?

¿Qué posibles conflictos de intereses se pueden gestar con el nombramiento de la ex senadora, Arely Gómez Blanco, como nueva encargada de la PGR cuando ésta tiene una relación de parentesco con Leopoldo Gómez, Vicepresidente de Noticieros en Televisa? ¿Qué implica para la procuración de justicia del país que al ser propuesta como procuradora general, ésta pueda ser –de acuerdo a las reformas al sistema de justicia- la nueva Fiscal General de la República por un periodo de nueve años?

Preguntas y más preguntas surgen tras el anuncio de tres hechos que, sin duda, tendrán una injerencia importante en la vida nacional; primero, porque la destitución de Murillo Karam en la PGR “nada” tuvo que ver con su lamentable actuación en las investigaciones realizadas alrededor de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre del 2014.

A Murillo Karam lo removieron por tres razones: 1) para quitar presión sobre el gobierno federal, pues su figura ya estaba siendo muy dañina para la justicia del país; sin embargo, mejor hubiese sido cesarlo porque eso sí hubiera reflejado el clamor popular que pedía su destitución, 2) porque tras sus actuaciones era impensable que éste se quedara al frente de la PGR porque eso hubiese significado, de acuerdo a las nuevas reglamentaciones que dan vida a la nueva Fiscalía General de la Nación, que éste al ser el último procurador tomaría el cargo de Fiscal General por un periodo de nueve años, Peña Nieto no lo veía ya en ese cargo que ahora sería transexenal y con mayor margen de autonomía respecto del ejecutivo, y 3) se necesitaba en la Sedetu a una persona con la firmeza necesaria para comenzar los reordenamientos necesarios para dar paso a las ocupaciones territoriales temporales contempladas en la Reforma Energética y con las cuales se debe dar inicio a la explotación de los hidrocarburos en todo el país. Las tres razones dan un terrible escenario de cómo se maneja la política desde Los Pinos.

En el caso de la detención de “La Tuta” levanta muchas sospechas la forma en cómo sucedió esto luego de que meses antes el ex Comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, mencionó que a este capo michoacano no lo habían aprehendido porque no había sido prioridad al no ser –desde su percepción- de los principales líderes de Los Caballeros Templarios. También da de qué pensar que su aprehensión se haya dado sin ningún tipo de reacción, pues el grupo criminal que encabezaba ha sido uno de los más violentos de los últimos años.

La detención de “La Tuta”, pese a los matices señalados, será un golpe importante en materia de seguridad en tanto su detención tenga como prioridad el desmantelamiento del grupo delictivo y no se use esto como forma de presión político-electoral, pues si algo sabía hacer Servando Gómez era tejer la política michoacana a través de los pactos y arreglos que consensaba con todas las instancias del gobierno en Michoacán. Estado en el que hay que recordar habrá elecciones de gobernador y el PRI, el partido de Peña Nieto, desea colgarse la medalla completa porque fue su partido y su mandato el que recuperó la paz para los michoacanos y no el PRD que la dejó crecer de forma desmedida.

Finalmente, el nombramiento de la ex senadora Arely Gómez como subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) para luego de ahí ser propuesta por Peña Nieto como Procuradora General, podría evidenciar el nivel que ha alcanzado la tele-bancada en nuestro país, la cual no sólo ocupa puestos relevantes en el Congreso de la Unión sino que ahora podría tener injerencia directa en el sistema de procuración de justicia del país y no sólo en el sexenio de Peña Nieto, pues Ley de la Fiscalía General de la República ,que está a nada de entrar en vigor, dará vida a la Fiscalía General de la República, instancia que suplirá a la PGR, y la cual será transexenal y autónoma del ejecutivo. Uno de los criterios más relevantes de dicha ley es que en ella se establece que el primer Fiscal General será el último encargado de la PGR. Para garantizar “la autonomía” de dicho fiscal, éste tendrá un mandato de nueve años.

Ahí radica la relevancia de este movimiento y de los intereses mediáticos que han rodeado la carrera política de Arely Gómez, hermana de quien teje la estructura noticiosa (y gubernamental) dentro de la principal televisora del país, Televisa. Eso, en sí, ya podría ser considerado un conflicto de interés de acuerdo a el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción.

Habrá que seguir de cerca estos tres hechos, pero el escenario que ya se vislumbra con ellos no es, de entrada, ni el más positivo y, mucho menos, el más esperanzador.

@darwinfranco