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Por Darwin Franco Migues

Uno de cada cuatro desaparecidos del país es de Tamaulipas. Desaparecer en este estado dominado por el grupo criminal de Los Zetas es con toda seguridad un infierno, sin embargo, en este estado con 5 mil 726 desaparecidos, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, sí es posible aparecer si tu nombre es Alan y tu apellido es Pulido. También es posible que te busquen sin tener que cumplir 72 horas a través de un operativo conjunto de fuerzas federales, estatales y municipales, ya que si te llamas Alan Pulido y trabajas como futbolista adquieres un estatus distinto en la Fiscalía encargada de buscar a los desaparecidos en el estado más violento de todo México.

Llamarse Ala Pulido, no obstante, tampoco garantiza que los esfuerzos coordinados den frutos porque en un estado con tal nivel de ineficacia gubernamental tendrás que ser tú quien: 1) confronte a tus captores, 2) les quite su celular, 3) llame al 066 para pedir ayuda, 4) golpee nuevamente a uno de tus captores para que te diga dónde estás, 5) marque una vez más al 066 para verificar que son “los buenos y no los malos” quien llegaron a rescatarte y, no conforme con ello tendrás que salir a los medios para que el gobernador, Egidio Torre Cantú, se tome la foto contigo y pueda decir: “misión cumplida”.

Al menos todo esto nos dijeron que pasó con la desaparición del jugador de futbol, Alan Pulido, quien estuvo 24 horas ausente luego de que la madrugada del 29 de mayo de 2016 fuera privado de su libertad por un grupo de hombres armados en el municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ismael Quintanilla Acosta, Fiscal General de Tamaulipas, además agregó que su localización se dio por la astucia e inteligencia de Pulido quien logró confrontar a dos de sus captores, los cuales presuntamente habían sido contratados por Osvaldo Velázquez García, primo político de Alan Pulido, para retenerlo mientras éste orquestaba la petición de dinero a cambio de su libertad.

Inicialmente el Fiscal Quintanilla aseguró, en rueda de prensa, que para liberar a Pulido habían negociado con el crimen organizado, sin embargo, la actual versión oficial es que jamás hubo crimen organizado involucrado y que todo lo sucedido (incluida la acción heroica del futbolista) se redujo a un problema familiar. Un primo político vio en la visita de Alan Pulido a Ciudad Victoria, su mina de oro. Aquí nadie pactó con el crimen, ni que fueran ellos los que gobiernan Tamaulipas o quienes imponen las reglas de cara al cambio de administración en la gubernatura del estado. Todo fue algo familiar y punto.

Me gustaría decir que todo se queda ahí pero no es así, ya que la supuesta desaparición y secuestro del futbolista viene a confirmarnos que: 1) en este país hay víctimas de primera, segunda y tercera, pues para unas sí existe la fuerza del Estado mientras que para otras lo único real es la no búsqueda y la dilación de la justicia; 2) los operativos conjuntos entre autoridades de distintos niveles y los protocolos de actuación en torno a las desapariciones sí existen pero se aplican únicamente a aquellos desaparecidos que dan dividendos político-mediáticos; 3) pese a la fuerza del Estado es Usted mismo quien tiene que conseguir su liberación; 4) toda desaparición -no importa el escaparate mediático que tenga- se reduce a problemas familiares-personales porque es ahí y no en lo político-social donde se generan todas las condiciones para que Usted o yo contratemos a unas personas armadas para secuestrar a un conocido en plena vía pública sin que ninguna autoridad se percate de ello; 5) cuando se quiere sí es posible capturar a los autores materiales e intelectuales de un crimen, y finalmente, 6) a nadie le importan los otros 5 mil tamaulipecos desaparecidos porque sus familias siguen esperando que la autoridad salga a buscarlos aunque éstos no se llamen Alan Pulido.

Las elecciones en Tamaulipas podrán pasar y los gobiernos del PRI seguirán jactándose de que la seguridad viene a la baja pero lo cierto es que mientras que la justicia no llegué para todos aquellos asesinados o desaparecidos, sin importar las circunstancias, en este estado no habrá paz, ya que las historias “personales” como la de Alan Pulido seguirán repitiéndose pero sin los reflectores ni el actuar rápido y expedito de las autoridades que, en Tamaulipas, buscan sin buscar, al menos, que tu desaparición sirva como insumo político-electoral.

@darwinfranco

 

 

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Fotografía de Héctor Guerrero

Por Darwin Franco Migues

La justicia se abrió paso entre la tierra, su camino buscó la luz y, por ello, sus brazos amorosos fueron exhumando los cuerpos que la autoridad de Morelos un día enterró para ocultar toda verdad. Por ello, el primer cuerpo exhumado de la fosa ubicada en la comunidad de Tetelcingo perteneciente al municipio de Cuautla, Morelos, fue recibido con una cartulina que portaba el siguiente mensaje: “Bienvenido, amor mío. Cuerpo 1. Hora de renacimiento 24/05/16, 12:23 p.m.”.

La exhumación, hasta el 4 de junio de 2016, de 119 cuerpos que fueron enterrados de manera irregular por personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, desde marzo de 2014, es una prueba más del nivel de deshumanización con el que las autoridades tratan a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, ya que esta fosa no fue construida por criminales que intentaban ocultar sus fechorías sino por un Estado que pretendía desaparecer las huellas de su negligencia.

Se trata de una fosa oficial y esto es algo muy grave para las familias de los miles de desaparecidos del país porque, quizá, sus seres queridos estén en lugares que la autoridad misma construye y calla. De las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos nos enteramos por la lucha incansable que realizó la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández.

Oliver Wenceslao fue desaparecido por un grupo de hombres armados el 24 de mayo de 2013 en Cuautla, Morelos. Sin embargo, su cuerpo fue localizado el 3 de junio de ese mismo año en el municipio de Ayala donde fue trasladado al Servicio Médico Forense. En este sitio su familia ratificó que se trataba de él porque las pruebas genéticas y las de huellas dactilares fueron positivas. Tras reconocer el cuerpo pidieron que se les entregara para darle una digna sepultura, las autoridades pidieron tiempo porque prometieron que investigarían a fondo para dar con los responsables de su muerte. La familia confío.

La confianza, sin embargo, se perdió porque la investigación no daba ningún resultado, así que cansada de tanta negligencia su madre, Concepción Hernández, exigió en diciembre de 2014 que le entregaran el cuerpo de su hijo pero éste ya no estaba –como le habían dicho- en el SEMEFO de Cuautla sino en un panteón particular ubicado en Tetelcingo. Al enterarse de esto, la familia de Oliver Wenceslao interpuso diversos amparos que obligaron a la Fiscalía de Morelos a exhumar su cuerpo.

La exhumación sucedió en noviembre de 2015, fue ahí cuando el mundo se enteró no sólo de la existencia estas fosas clandestinas del Estado sino también que en ellas existían alrededor de 150 cuerpos, no 118 como sostiene la autoridad morelense. Esto se sabe porque los familiares de Oliver Wenceslao que estaban a pie de fosa grabaron un video para corroborar que todo se realizara a cabo conforme dictan los protocolos.

La sorpresa mayúscula fue que en la fosa de Tetelcingo no sólo yacía el cuerpo de Oliver Wenceslao sino que también estaban ahí cientos de cuerpos más. La Fiscalía de Morelos aseguró que en sus registros sólo tiene contabilizadas 118 inhumaciones en el sitio, además afirmaron que todo esto no se trató de una acción clandestina sino simplemente irregular porque el sobrecupo en el SEMEFO y el no reclamo de estos cuerpos, los orilló a crear este estas dos fosas donde depositaron los cuerpos de personas no identificadas que murieron entre los años 2010 y 2013 en la zona centro y oriente del estado de Morelos. La familia de Oliver Wenceslao aseguró que, el día de su exhumación, contabilizaron más de 150 cuerpos.

La lucha de la familia de Oliver Wenceslao y el acompañamiento jurídico que les brindó la Unidad de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos obligó a que el gobierno de Morelos exhumara, por segunda ocasión,  todos los cuerpos ubicados en las dos fosas clandestinas de Tetelcingo. La exhumación que inició el 23 de mayo ha logrado traer nuevamente de la tierra a 119 personas.

Lo que ha pasado en Tetelcingo en las últimas semanas ha desenmascarado a un Estado que cava sus propias fosas y rompe todos los protocolos sobre la identificación de cuerpos pero también ha significado un triunfo por la memoria y la justicia de decenas de familias de desaparecidos que estuvieron vigilantes de todo el proceso y que, además, lo acompañaron con un trabajo de toma de muestras genéticas que, posteriormente, podrán confrontarse con los 119 cuerpos exhumados en Tetelcingo.

Por ello, los mensajes colocados en los diez primeros cuerpos exhumados quedarán por siempre en la memoria de este hecho, ya que palabras como: “Bienvenido, mi amor”, “Bienvenido, tu renacer mi alegría”, “Bienvenido, somos tu voz y el eco de justicia”, “Bienvenido a tu identidad”, representan las increíbles muestras de solidaridad ciudadana ante la falta de sinrazón de la autoridad que hoy destapa una de sus fosas clandestinas. Sin embargo, aquí no acaba todo, ya que la autoridad de Morelos tiene aún la enorme obligación de dar justicia a la familia de Oliver Wenceslao, así como también debe de decirnos cuál es la identidad de las 119 personas, no 118, que en Tetelcingo fueron enterradas sin el menor respeto a su dignidad y memoria.

Tetelcingo se abrió paso entre la violencia. Ahora esperamos que la justicia llegue, por fin, a las familias que por años buscaron a cada una de estas 119 personas.

@darwinfranco

 

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Por Darwin Franco Migues
Durante el año 2015, en promedio, desaparecieron siete personas al día en Jalisco. Lo cual significó para la Fiscalía General de este estado recibir alrededor de seis denuncias por desaparición durante los 365 días del año. Pese a esta alarmante realidad, el gobierno del priísta, Aristóteles Sandoval, considera que todo está bajo control.
En la solicitud de transparencia, oficio FG/UT/261/2016, la Fiscalía informó que de enero a diciembre de 2015 generó 2 mil 378 indagatorias por desaparición y que de ellas se derivaron 2 mil 528 desaparecidos (1,357 hombres y 1,171 mujeres). En el mismo oficio, esta dependencia asegura que sus pesquisas de búsqueda los llevaron a la localización de 1,683 personas (1,596 con vida y 87 sin ella), esto significa que los policías investigadores adscritos a la Fiscalía General y/o los agentes ministeriales pertenecientes a la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, debieron encontrar de cuatro a cinco personas diariamente, ya que sólo así la Fiscalía podría mantener el 66% de eficacia que arrojan los datos que entregó sobre el número de indagatorias por desaparición que realizó durante el año 2015. Siguiendo los datos de la Fiscalía, sus acciones de búsqueda no lograron que 845 jaliscienses desaparecidos en 2015 regresaran a casa.
Sin embargo, estas son sólo estadísticas y números que poca relación tienen con la desaparición, por ejemplo, de Ana Elvira Castillo Mireles y de Juan Carlos Zaragoza Gaona.

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Ana Elvira, desapareció el 28 de abril de 2015 en el municipio de Lagos de Moreno y es fecha en que su madre, Catalina, no ha recibido ninguna notificación de los avances que tiene su ministerio público sobre la desaparición de su hija. Mismo situación viven los padres de Juan Carlos, quien desapareció en Zapopan, el 26 de mayo de 2015. A diez meses, sus padres, Adriana y Juan, aseguran que su ministerio público no tiene un trabajo firme para localizar a su hijo y ahora temen que los cambios al interior de la Fiscalía anunciados por el Fiscal General, Eduardo Almaguer, retrasen la búsqueda de Juan Carlos, ya que implicaría un cambio de ministerio público y esto significa volver a iniciar de cero, ya que el nuevo agente no conoce el caso y requiere leer el expediente para dar algún tipo de información o avance.
El tiempo promedio de lectura del expediente, en muchos casos, ha superado los tres meses. Tres meses que son para las familias de desaparecidos, un valioso tiempo perdido.

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Unidades especializadas y sin transparencia
La grave situación de los desaparecidos en Jalisco a decir del Fiscal General, Eduardo Almaguer, se resolverá una vez que arranquen los trabajos de las Unidades especializadas para la Atención de Desaparecidos que la Fiscalía instauró en Guadalajara y en el municipio de Puerto Vallarta. La primera de estas unidades atenderá los casos de desaparición de la Zona Metropolitana de Guadalajara y estará operando con 15 policías investigadores y dos agentes del ministerio público; en cambio, la de Puerto Vallarta tendrá a cuatro policías investigadores y un ministerio público.
No obstante, la instalación de ambas unidades especializadas se realizó sin transparentar quiénes formarán parte integral de ellas, bajo qué lógicas realizarán las búsquedas y sobre todo faltó que explicaran de dónde fue que salieron los policías investigadores y los ministerios públicos asignados, siendo que desde que entró en operaciones la Agencia del Ministerio Público 12/C, encabezada por Violeta Meza, existía ya un déficit de policías investigadores, ya que hasta octubre de 2015 esta entidad sólo contaba con diez de ellos. Incluso, la ausencia de tales investigadores era, en palabras de Violeta Meza, una de las razones principales del “retraso en las investigaciones y búsquedas de los desaparecidos”.
Ahora, tras la presentación en enero de ambas unidades especializadas, el estado cuenta con 19 policías investigadores y tres ministerios públicos enfocados única y exclusivamente en “encontrar a los desaparecidos y castigar a los culpables de su desaparición”. Sin embargo, desconocemos qué tipo de capacitación tomaron para, en efecto, estar debidamente capacitados en la búsqueda de los desaparecidos y en la atención a sus familias, ya que el protocolo en atención a las víctimas de violencia que está realizando el Fiscal en Derechos Humanos, Dante Haro, todavía no está terminado y, por lo tanto, se desconoce bajo qué criterios estos nuevos agentes trabajarán las desapariciones.

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Foto de la única reunión que el gobernador Aristóteles Sandoval ha tenido con familiares de desaparecidos.  La fecha de la reunión fue el 15 de mayo de 2015

2015, el año con más desaparecidos
A decir del Fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, sí hay un avance real en materia de desapariciones porque: “ya se reconoció la gravedad del problema y esto no había ocurrido antes”. No obstante, los números de la propia Fiscalía no parecen sostener el discurso positivo y generalizado que tienen sus funcionarios cuando hablan de las desapariciones, ya que 2015 es el año con más denuncias por desaparición de personas desde 2006, pues se presentaron 2 mil 378, lo cual confirma la alza y persistencia de este delito desde el 2013. Este crecimiento ha estado emparejado con los tres primeros años de gobierno del priísta, Aristóteles Sandoval, así que el tema de las desapariciones está muy lejano de ser sólo un tema heredado de otras administraciones como éste dijo en su momento.

 
Esta percepción es contraria a lo que confirma la base estadística otorgada por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General, mediante el oficio FG/UT/113/2016, ahí se observa que las desapariciones han crecido más bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval.
Que 2015 fuese el año con más denuncias por desaparición también se traduce a que durante este tiempo se presentó el mayor número de personas desaparecidas, 2 mil 528 y personas no localizadas, ya que pese al trabajo de búsqueda que realiza la Fiscalía, 845 jaliscienses, entre ellos lamentablemente están Ana Elvira Castillo Mireles y Juan Carlos Zaragoza Gaona, no han logrado volver a casa.
Esta misma situación es la de cientos de desaparecidos más que no aparecen en los reportes de localización de la Fiscalía General, pues en ellos –como puede verse en el informe presentado en el mes de octubre de 2015– las causas de localización responden más a la acción de vuelta de las propias personas que a resultados periciales de búsqueda, lo cual podría explicar el por qué Ana Elvira y Juan Carlos, no forman parte de las cuatro o cinco personas que diariamente “localizó” la Fiscalía General durante el año pasado.
Incluso, siguiendo la línea positiva de la Fiscalía, la información dada por transparencia precisa que durante 2015 decreció la efectividad de sus búsquedas al localizar con vida a 241 personas menos que en 2014 y 125 menos que 2013. Mismo caso para su localización en muerte que disminuyó respecto a los dos años anteriores.
Esto tomando en consideración que, en efecto, se trata de localizaciones plenas y no de administración de expedientes, tal y como se dejó entrever en la rueda de prensa que Eduardo Almaguer ofreció el 20 de octubre de 2015. Almaguer ese día informó el estado que guardaban los expedientes de personas desaparecidas y cómo fue que de esta situación, su dependencia generó la clasificación que hoy el Fiscal General presume a nivel nacional como un logro de su administración. Hoy los expedientes de desapariciones en Jalisco se dividen en: 1) Personas extraviadas, 2) Personas ausentes voluntarias, 3) Personas Desaparecidas y 4) Personas desaparecidas relacionadas a la comisión de un delito.
Al respecto, ni los discursos conscientes, ni el aceptar el problema o el generar acciones de clasificación han frenado las desapariciones en Jalisco, las cuales de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2015 suman ya 2 mil 962 personas que no han logrado volver con sus seres amados. 2 mil 962 personas que como Ana Elvira y Juan Carlos son buscados amorosamente por sus padres, los cuales cambiarían todo discurso político o mediático por una verdadera acción de búsqueda que los lleve a encontrar a sus familiares. Ello son quienes los buscan.

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Esta investigación se publicó originalmente en Proyecto Diez:

http://www.proyectodiez.mx/2015-el-ano-con-mas-desaparecidos-en-la-historia-de-jalisco/

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Por Darwin Franco Migues

“Yo daría mis extremidades, mis brazos, mis piernas por la vida de los cinco muchachos. Yo daría mi vida por mi hijo… Si quienes los tienen están leyendo esto les pido que miren en los ojos de nuestros hijos a sus propios hijos, les pido que nos los regresen porque ellos apenas están haciendo su camino, su vida. Yo les pido que nos los devuelvan porque nadie debe quitarles el hermoso derecho de vivir…”, estas palabras revestidas de amor fueron pronunciadas por Bernardo Benítez Herrera, padre de Bernardo Benítez Arroniz, uno de los cinco jóvenes que desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz, el pasado 11 de enero.

Bernardo Benítez Arroniz desapareció junto con José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz y Susana Tapia Garibo. Todos ellos muchachos tranquilos, de casa. Muchachos que decidieron, como a diario lo hacen muchos otros jóvenes del país, salir a divertirse y, por ello, se trasladaron del municipio de Playa Vicente hacia el puerto de Veracruz donde pasaron el fin de semana. El trayecto de regreso incluía su paso por el municipio de Tierra Blanca y fue ahí donde su viaje derivó en desgracia porque una camioneta de la policía estatal de Veracruz comenzó a seguirlos hasta que los detuvo para realizarles una “revisión de rutina”.

La última imagen que se tiene de los cinco jóvenes, tras revelarse lo que grabaron las cámaras de seguridad del municipio de Tierra Blanca, es la de ellos resguardados dentro la camioneta de la policía estatal. El carro de los muchachos, un Jetta color blanco, aparece detrás siguiendo a los policías, los cuales –según sus propios testimonios- entregaron a los cinco jóvenes a la delincuencia organizada; sin embargo, ninguno de los siete detenidos ha confesado el por qué los desaparecieron y en dónde fue que los dejaron.

Lo que pasó en Tierra Blanca, el 11 de enero, es una DESAPARICIÓN FORZADA porque fueron ellos, los policías estatales, quienes directamente los desaparecieron ese medio día en Tierra Blanca. Es una DESAPARICIÓN FORZADA porque fueron elementos del estado con equipamiento público quienes decidieron darle la espalda a quienes juraron proteger.

Fueron ellos, quienes siguiendo órdenes directas o indirectas optaron por desaparecerlos pero también fueron todos aquellos que han generado las condiciones para que en un estado como Veracruz y en un municipio de Tierra Blanca, la policía responda a las órdenes del narco. Fueron todos los que a bordo de una patrulla, detrás de la comandancia,  despachando en una Fiscalía o declarando desde Palacio de Gobierno han ido tejiendo las redes de complicidad que permitieron la desaparición de los cinco de Playa Vicente pero también la desaparición de 675 personas o, al menos, eso es lo que indican las cifras oficiales; sin embargo, la realidad es más dolorosa porque organizaciones como el Colectivo Xalapa por la Paz, han declarado que la cifra se eleva a más de mil desaparecidos. Sus familias no han presentado la denuncia por el riesgo que implica hacerlo en un estado dominado por el narcotráfico.

Y esto lo saben perfectamente los padres de Bernardo Benítez Arroniz, José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco, Alfredo González Díaz y Susana Tapia Garibo porque ellos mismos han sufrido amenazas, ya que a muchos les incomoda que ellos no bajen la voz y sigan en la exigencia de búsqueda y justicia para sus hijos. Los han amenazado porque, quizá, hay muchos que no desean que Tierra Blanca se mire como Iguala, Guerrero.  No obstante, todos sabemos que estamos de frente al mismo fenómeno que el 26 de septiembre de 2014 culminó en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa”. Estamos lamentablemente frente a la misma tragedia porque en Veracruz también la policía hace el trabajo sucio del narco. Allá los policías servían a Los Rojos, en Tierra Blanca a Los Zetas.

Por ello, aunque nos duela esta historia ya la hemos visto porque también allá hubo videos que comprueban la participación de los policías, también en Iguala se detuvo a los implicados y a sus jefes pero eso no se tradujo en la localización de los 43. También allá se se minimizó el hecho y se buscó la criminalización de las víctimas.  Aquí (en Tierra Blanca) y allá (en Iguala), todo es terroríficamente igual. En ambos sitios, el Estado es inexistente.

No obstante, también aquí hay estrategias de contra poder y extraordinarias muestras del amor que cinco familias profesan a sus hijos, ya que ellas no dejan de luchar, exigir pero sobre todo de creer que sus hijos regresarán a casa. Bernardo Benítez eso es lo que más desea ahora; por ello, no se separa de la Agencia del Ministerio Público en Tierra Blanca  ni deja de contestar las llamadas telefónicas que recibe de la prensa pues reconoce lo relevante que es declarar que los muchachos fueron desaparecidos por policías estatales de Veracruz, aunque el verdadero deseo de su corazón es ver regresar a su hijo, Bernardo.

“Nosotros lo que deseamos es tenerlos de regreso, las repercusiones sobre los detenidos les compete a las autoridades porque para eso les estamos pagando, ellos son nuestros empleados. Lo que yo deseo, lo que las familias deseamos es que nos digan a dónde los llevaron porque hasta allá iremos por ellos. Ellos deben de volver, los deben de liberar porque aún les falta mucho por vivir…”.

@darwinfranco

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Página de Facebook para apoyar en la búsqueda de Bernardo Benítez Arroniz, José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco, Alfredo González Díaz y Susana Tapia Garibo.

https://www.facebook.com/Todossomosplaya/?fref=nf

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Existen en Baja California muchos tipos de fronteras, la más visible es el muro que separa el norte de México del sur de los Estados Unidos; sin embargo, hay otras fronteras interiores que se extienden dentro de las vidas y corazones de quienes buscan a sus desaparecidos en Baja California, sitio que conjuga el último eslabón del “sueño americano” con esta doliente “pesadilla mexicana”. Sin embargo, aquí también se reconcilian el recuerdo, la memoria y la dignidad de quienes sin estar siguen estando como un muro que caerá a su regreso.

Por Darwin Franco Migues

Tijuana, Baja California (México).- En la mirada de Fernando Ocegueda y Sandra Ruelas existe una mezcla de indignación y esperanza. Su experiencia de búsqueda y el andar ocho años exigiendo justicia por la desaparición de su hijo, Fernando Ocegueda Ruelas (llevado de su propia casa por un comando armado, el 10 de febrero del 2007), los ha vuelto un referente para hablar de cómo y por qué desaparecen las personas en Baja California.

Junto con más de 170 familias conforman la organización Unidos por los desaparecidos de Baja California, colectivo que no ha dejado de exigir a las autoridades bajacalifornianas que asuman la responsabilidad frente a un problema que sigue creciendo con la misma fuerza con la que éstas lo siguen negando. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en Baja California hay mil 256 desaparecidos; sin embargo, el registro es tan irregular que en éste no aparece Fernando Ocegueda Ruelas.

Sandra Ruelas, quien ahora preside la organización, sabe que el número de desaparecidos es mucho mayor porque en Baja California hay cientos de personas que no denuncian ya sea por miedo o por la negligente actitud del personal de la Procuraduría General de Justicia, la cual coordina los trabajos de la Unidad Estatal Investigadora de Personas Extraviadas. Instancia que de acuerdo a Unidos por los desaparecidos, no realiza labores de búsqueda, no trata con dignidad a las familias y constantemente oculta la información sobre el número real de desapariciones que hay en el estado.

En Baja California, como en todo el país, son las familias las que buscan e investigan (con el consecuente riesgo) quiénes y por qué se llevaron a sus seres queridos e, incluso, han ido más allá al ser ellos quienes encabezan las labores de búsqueda de restos humanos en sitios donde se tienen indicios de la existencia de fosas clandestinas. Así fue como localizaron los tres domicilios que refirió en su declaración, José Santiago Meza, alías “El Pozolero”, el cual bajo el mandato de Teodoro García Simental, “El Teo”, disolvió en ácido los cuerpos de 300 personas. “El Pozolero” fue detenido el 23 de enero del 2009, en un lujoso hotel de Rosarito; sin embargo, no fue hasta 2011 que comenzó la búsqueda de restos humanos en los predios en que éste trabajó. Estos sitios fueron ubicados en las comunidades Loma Bonita, Ojo de Agua y Maclovio Rojas, todas en la periferia de Tijuana.

Unidos por Nuestros Desaparecidos estuvo presente no sólo en búsqueda de estos sitos sino también en la extracción de los restos humanos localizados, lo cual –sin dudarlo- resulta una actividad muy dura para los familiares que tienen la esperanza de localizar con vida a sus seres queridos: “Aunque duela nosotros también decidimos buscar a nuestros desaparecidos en estos sitios exterminio, pues no podemos ser ciegos ante la violencia ni sordos ante las historias que nos llegaban sobre lo que hacía el narcotráfico con las personas en Tijuana”, explicó Fernando Ocegueda, quien es hoy una de las víctimas que más experiencia tiene en la búsqueda y localización de fosas clandestinas.

Baja California, específicamente en Tijuana, vivió su máxima violenta entre los años 2008 y 2010, tiempos en que el Cártel de los Arellano Fénix y el Cártel de Sinaloa se disputaron la plaza. Fueron esos años el despunte de las desapariciones y las ejecuciones en toda Baja California; por ello, confirma Sandra Ruelas, presidenta de Unidos por Nuestros Desaparecidos: “no se puede negar la evidente vinculación entre la desaparición de personas y las acciones del crimen organizado”. No obstante, esto es algo que no parece tener ningún peso pues: “quienes dicen buscar a los desaparecidos acá en Baja California no encuentran ningún vínculo entre las desapariciones y la violencia que vivimos”.

Por estas miopías, la organización Unidos por Nuestros Desaparecidos ha realizado plantones, manifestaciones, comunicados y acciones para recordar que en Baja California hay cientos de desaparecidos. Su lucha e insistencia los llevó a plantear una serie de demandas al gobernador Francisco Arturo Vega Lamadrid, al cual le exigen: 1) la instalación de una subprocuraduría de personas desaparecidas que sea atendida por expertos y profesionales de la investigación; 2) la creación de un grupo especial de Ministerios Públicos que se encarguen de la atención de casos recientes de desaparición, con protocolos de búsqueda de emergencia, y otro que atienda la revisión de casos inactivos por más de un año, ya sea para la búsqueda en vida o de restos humanos, 3) la instalación de una mesa semanal de trabajo colaborativo entre familiares de desaparecidos y Ministerios Públicos para revisar el avance de las investigaciones, 4) la depuración y clarificación de las bases de desaparecidos y su divulgación pública y, finalmente, 5) la promulgación de una Ley Estatal de Víctimas y la adjudicación de un presupuesto necesario para su puesta en marcha.

De estas demandas sólo se ha cumplido parcialmente la de tener mesas de trabajo con diversas instancias municipales, estatales y federales; sin embargo, el resto de su peticiones “sigue en revisión”, para Sandra Ruelas esto no es un buen síntoma: “nosotros quisiéramos que se trabajara con mayor compromiso porque para nosotros -que tenemos un familiar desaparecido- es muy desgastante estar a la espera de que la autoridad decida buscar o investigar. Ellos (las autoridades) no los están buscando como deberían”.

De ahí que como asociación resulta muy importante que se pueda aprobar por el legislativo local su propuesta de Ley Estatal de Víctimas, la cual redactaron con la experticia de abogados, defensores de derechos humanos pero también con el propio conocimiento que han generado en la búsqueda de sus familiares. Unidos por los desaparecidos espera que esta ley pueda aprobarse tal y como sucedió con sus propuestas de presunción de muerte y declaración de ausencia con las cuales lograron reducir el tiempo legal marcado a dos años y seis meses, respectivamente. Aunque su meta final es localizar a todos los desaparecidos.

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Vista desde el interior del cuarto donde “El Pozolero”                                             quitaba la corporeidad a sus víctimas.

La Gallera, los muros del horror

En el lado este de Tijuana, otra ciudad emerge llena de casas, carencias y silencios. Si algo ocurre en este territorio el hecho suele relacionarse con la violencia y el narcotráfico; sin embargo, no todo es lo que parece. Anclado en este territorio, se ubica el ejido Maclovio Rojas, una colonia irregular donde familias provenientes del sur de México se fueron asentando, desde 1988, con el objetivo de tener una vida digna.

Su nombre es un homenaje al jornalero mixteco, Maclovio Rojas, el cual fue un férreo defensor de los trabajadores agrícolas de San Quintín, comunidad perteneciente al municipio de Ensenada. Su labor como activista e integrante de la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos (CIOAC), lo llevó a la muerte en 1997.  Actualmente, es la CIOAC quien se encarga de la organización vecinal en la colonia Maclovio Rojas.

En este lugar, no obstante, se erigía un predio que iba en contra todo ese sentido de lucha y dignidad, pues ahí detrás de lo que era el antiguo centro comunitario, un hombre se dedicó a extinguir todo rasgo de humanidad. Su nombre, José Santiago Meza López, él llegó de pronto a rentar el terreno, no molestaba a nadie; sin embargo, usaba carretadas de sosa caustica para literalmente deshacer el cuerpo de las personas que los sicarios del “El Teo”, le llevaban. Tras su detención, Meza López confesó entre lágrimas que “él no los asesinó, sólo los deshizo”, como si la confesión borrara lo grotesco de su acción.

Hoy este sitio es morada de 17 mil litros de restos humanos, sí lo leyó bien: “17 mil litros de restos humanos”, y se habla en esta medida porque la labor del llamado “Pozolero” consistió en cocinar el cuerpo de las personas en un gran tambo de metal donde mezclaba agua, tres sacos sosa caustica y ajo, todo esto era calentado con fuego. El ajo disuadía el olor a muerte y el líquido que quedaba en el tambo era vertido por José Santiago en un depósito construido en el patio. Horror en toda la extensión del sentido y la palabra.

La localización de este predio, mejor conocido como “La Gallera”, sucedió el 9 de abril del 2013. Cuatro años después de que “El Pozolero” confesara a la Procuraduría General de la República (PGR) su existencia. Desde que se supo del lugar, la asociación Unidos por los desaparecidos lo buscó por todo Tijuana. Fernando Ocegueda recuerda que el día que se dio con “La Gallera”, muchas familias de desaparecidos accedieron junto con personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones sobre Delincuencia Organizada de la PGR.

Estas familias habían escuchado confesiones de que sus hijos podrían haber sido llevados a este lugar; sin embargo, el mal estado de los restos humanos localizados, pese al trabajo de peritos especializados, ha hecho imposible su identificación. De los restos humanos sólidos (huesos, dientes o prótesis dentales) que también ahí se encontraron tampoco hay buenas noticias. Por la confesión que José Santiago Meza dio al Ministerio Público, hoy se sabe que en “La Gallera” podrían estar los restos de al menos 80 personas.

“La Gallera” fue abandonada en el año 2009. Hoy ante la falta de tecnología para poder trabajar en la identificación de los restos humanos líquidos ahí localizados, los familiares de los desaparecidos y la PGR sellaron los dos depósitos existentes. Fernando Ocegueda precisó que esto debía hacerse, pues la PGR no tiene ni la tecnología ni el personal para hacer el trabajo: “Quizá ya no me toque a mí, pero estoy seguro de que en el futuro la ciencia avanzará y podremos saber el nombre de las personas hoy ahí permanecen”.

Hoy “La Gallera” prevalece pero no así su sentido de horror, pues por el trabajo de Unidos por los desaparecidos, éste terreno les ha sido donado para edificar ahí un memorial, un campo santo, que siempre recuerde que lo que ahí pasó no debe suceder jamás.

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Recordar, reconstruir y reconciliar

“Vive la paz antes de hablarla” es el mensaje que se multiplica en la pequeña barda hecha de madera y metal que hoy permite el acceso a lo que anteriormente era el centro comunitario de la Maclovio Rojas. Este lugar que después de ser usado por “El Pozolero” se convirtió en un “picadero” (sitio de consumo de droga); hoy alberga al “Centro y comedor comunitario Gandhi”, el cual ofrece desayuno y comidas a muy bajo costo.

Ahí, por la tardes, está Doña Tere, mujer que emigró de Guerrero a Tijuana, con un sonrisa amplia que hace rápidamente olvidar todo miedo. Ella es el mejor testimonio de que es posible revertir todo significado pues junto con otras mujeres ha trabajado voluntariamente por más de un año para que este lugar se vuelva un sitio de reconciliación.

Pasando el comedor comunitario, se encuentra una gran barda coloreada con grafitis circulares que fueron obra de la imaginación de 23 jóvenes de la Maclovio Rojas. Ellos dotaron de color a un sitio que no sólo era gris por los grandes blocks que lo cercaban sino también por la esencia de muerte ahí contenida. Hoy esto ya no es así, pues los murales dibujan la fachada y puerta de “La Gallera”, ahí en este espacio también están marcadas las siluetas de una familia que se dirigen a su puerta sin miedo.

Detrás de esto, el espacio donde se hallaban los corrales de gallos (las galleras) se tiñó de un vivo color rosa que con el uso de esténciles dibuja en sus muros tres preguntas y un deseo: “¿Qué pasó aquí? ¿Cómo pudo suceder? ¿Dónde están?”, son las urgentes interrogantes que cualquiera que vaya o sepa de “La Gallera” se haría (hay una pregunta más que haré más adelante). El deseo escrito sobre sobre las galleras es: QUE NO SE REPITA.

Este deseo se colocó frente al cuarto que “El Pozolero” usaba para robar la humanidad de sus víctimas. Ahí en ese cuarto de aire denso está aún la placa que fue colocada el 22 de febrero del 2014, fecha en que familiares de desaparecidos, vecinos de la Maclovio Rojas y diversas instituciones como la CIOAC, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el colectivo RECO, mostraron a todo México que sí es posible cambiar el sentido del dolor.

Lo que ya no prevalece por completo son los retratos de los desaparecidos de Baja California y de los vecinos de la Maclovio Rojas que han dado su vida por este ejido. Hoy sus rostros han sido llevados por el tiempo y el viento que ha soplado desde hace más de un año.

Lo que sí prevalece, pese a la vegetación que las rodea, son dos mándalas hechas con mosaicos y espejos. Estas “Mándalas por la reconciliación” marcan el lugar sagrado donde se ubican las dos fosas que contienen los 17 mil litros de restos humanos que hay en “La Gallera”, lo repito: 17 mil litros de restos humanos. Esto lo digo así porque confrontarse con la realidad es el primer camino que existe para reconciliarse con ella.

Toda esta obra coordinada por el Instituto de Investigaciones Culturales–Museo de la UABC, se reconoce bajo el nombre Lugar del recuerdo y la reconciliación. Su principal objetivo, como expresa Paola Ovalle, coordinadora del proyecto de Investigación-acción RECO, es: “revertir todo el dolor de este espacio para dotarlo de memoria y reflexión, pues negar u ocultar lo que ahí pasó no es el camino que evitará que esto vuelva a suceder”.

A un año de que este memorial se levantara hay muchas cosas que aún deben hacerse para que esto sea el “campo santo” que las familias de desaparecidos de Baja California necesitan. La organización Unidos por los desaparecidos sabe que esto será así hasta que puedan identificarse plenamente los restos humanos que ahí permanecen; sin embargo, no cesan en su empeño de resguardar el sentido de memoria y dignidad que tiene que tener el sitio, pues no se trata sólo de un proyecto comunitario sino de un memorial de víctimas.

Alfonso Díaz-Tovar y Paola Ovalle, quienes asumen la coordinación del proyecto, también apuestan a que la comunidad de la Maclovio Rojas termine de asumir su rol, pues es y será a través de esas manos que dotaron de color a “La Gallera” donde deberá de pasar la reconstrucción y reconciliación del doloroso recuerdo que hoy aún habita este sitio. Lo cual no puede darse sin la debida conducción de las familiares de los desaparecidos, pues toda acción deberá pasar por el amor y dignidad con que han buscado a sus seres queridos.

El muro de las ausencias que hoy se levanta en Baja California debe caer algún día y ese camino a la reconstrucción pasa por la apropiación de sitios como “La Gallera”. Eso lo saben muy bien Fernando Ocegueda y Sandra Ruelas, así lo trasmiten a través de sus miradas profundas y de las acciones solidarias que realizan junto con las familias que integran Unidos por los desaparecidos. Así lo hacen sentir cuando ven más allá de su búsqueda y dolor, así se siente cuando mira uno a Tijuana desde “La Gallera” y entiende que aquí es donde habrá de crecer la raíz de una nueva esperanza. Una esperanza que nos permita responder: “¿De quiénes son los restos humanos que están hoy bajo las dos mándalas de “La Gallera”?

              

Por Darwin Franco Migues

La denominada Operación Jalisco tiene como principal objetivo la captura de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); por ello, cualquier medio para lograrlo es justificable aunque esto implique la existencia de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y abuso de poder. Lo que importa es disparar, acribillar, asesinar y capturar.

El estado de derecho, el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia resultan totalmente inoperantes cuando se anteponen las balas como única estrategia de seguridad. Lo anterior, ha quedado absolutamente claro con las acciones que agentes federales e integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han realizado en el estado de Jalisco y en la frontera de éste con Michoacán.

Son ya más de 100 muertes de personas, todas ellas justificadas porque pareciera que el único camino hacia la paz se construye, contradictoriamente, a través de la muerte. Así lo entendieron el general José Luis Sánchez León (uno de los principales responsables por la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México) y sus muchachos, cuando el 1 de mayo, al inicio de la Operación Jalisco: “no buscaron a quien se las hizo, sino a quien se las pagara”, así que tras la caída del helicóptero de la Sedena, donde murieron nueve de sus compañeros, asesinaron y desaparecieron a cerca de 40 personas en los alrededores de la comunidad de Villa Vieja, municipio de Villa Purificación, lugar donde integrantes del CJNG derribaron la aeronave en que viajaba un comando especial de militares.

Tres semanas después, en la frontera entre Jalisco y Michoacán, la persecución de los presuntos líderes de la región ciénega del CJNG terminó en una de las acciones de seguridad más cruentas, pues en el rancho El Sol, ubicado en el municipio de Tanhuato, Michoacán, fueron abatidas (así gusta decir la autoridad) 42 personas. La manera en que se realizó el operativo deja muchas dudas porque no es posible que luego de tres horas de aparente balacera, las bajas se concentraran de manera tan desigual. La Policía Federal reportó la muerte de un oficial y las terribles fotografías de estos hechos nos mostraron los cuerpos de 42 personas que murieron con marcas de tortura y con disparos a quema ropa.

Seguro fue el enfrentamiento, seguro fue la inteligencia de seguridad que prefirió “abatir” antes de detener e investigar que en verdad todos los ahí presentes tuvieran o no vínculos con el crimen organizado. Algunos de ellos, simplemente les tocó estar un pésimo momento y ante una pésima autoridad que sólo entiende de balas, pero no de procuración de justicia. En otros casos sí se han comprobado los vínculos, lo cual no justifica de ninguna forma lo cruento de su muerte. Si ellos tenían que pagar por sus delitos pues que así lo hicieran, pero esto ya fue así, ya que “sirios y troyanos” fueron “abatidos” en aras de nuestra seguridad.

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Al momento han sido identificadas 38 de las 42 personas que murieron en Tanhuato, la mañana del 22 de mayo. 28 de estas personas eran oriundas del municipio de Ocotlán, Jalisco, lugar donde el 19 de marzo ocurrió una balacera entre integrantes del CJNG y elementos de la Gendarmería Federal. El saldo más de 30 personas muertas, cinco de ellas eran integrantes de las fuerzas federales.

Ocotlán es un pequeño municipio que se ubica a una hora de Guadalajara. Es una población que mayormente es conocida por el milagroso “señor de la misericordia” y por ser la capital de la industria del mueble en el país. Ahí fueron enterradas 34 de las 42 personas que murieron en Tanhuato, hoy sus tumbas muestran flores de sus familiares y algunas otras con grandes coronas de flores con la leyenda: “¡Qué Dios los bendiga, su amigo J.G.!”. Informes de seguridad elaborados por el gobierno federal y el gobierno de Jalisco, reconocen como líder del CJNG en la región ciénega a Javier Guerrero Covarrubias. Esta región incluye varios municipios de Jalisco y Michoacán, entre ellos Ocotlán y Tanhuato.

El CJNG, a través de un video, precisó que lo ocurrido en Tanhuato fue una venganza de parte de la Policía Federal contra ellos, razón por la cual anunciaron futuras represarías en contra de dichas autoridades. La Policía Federal, en cambio, anunció que el 28 de mayo capturó (no abatió) a Víctor Manuel García Orozco, presunto operador del CJNG en la región ciénega. A éste se le señala como presunto autor intelectual y material del secuestro y homicidio de dos elementos de la PGR en Briseñas (Michoacán), el 3 de noviembre de 2013. La desaparición de estos agentes condujo a la localización de 37 fosas clandestinas ubicadas en el municipio de La Barca, y de las cuales se exhumaron 74 cuerpos.

De Javier Guerrero Covarrubias no hay información, a pesar de que se sabe de manera extraoficial que el operativo del 22 de mayo en Tanhuato, Michoacán, pretendía lograr su captura.

Un mes de Operación Jalisco, sus resultados: muertes, desapariciones y masacres. Todo bajo la lógica de disparo, luego investigo porque toda captura justifica cualquier muerte a causa del abuso de poder.

Por Darwin Franco

La mañana del 1 de mayo Jalisco vivió uno de los episodios más cruentos desde que inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” y, en consecuencia, uno de los momentos más violentos en la historia de este estado, el cual por cierto también fue cuna del narcotráfico con el otrora Cártel de Jalisco que, en su momento, fue encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.

La activación del “Código Rojo” se dio ese mismo 1 de mayo cuando en menos de un par de horas sucedieron en todo el estado 39 narcobloqueos, se incendiaron 11 bancos y cinco gasolineras, además del derribo de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que generó la muerte de siete militares.

Lo vivido esa mañana en Jalisco también se multiplicó a otros estados como Michoacán, Colima y Guanajuato, sitios en donde también opera con fuerza el llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual es un grupo criminal que heredó las operaciones en la zona después de que los grupos que sucedieron al Cártel de Jalisco fueron perdiendo poder.

Después de la detención de los grandes capos de la droga Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, existieron dos grupos criminales que dominaron Jalisco; el primero, fue el denominado Cártel del Milenio o Cártel de Los Valencia, éste era comandado por Juan Carlos Valencia y Óscar Nava Valencia; el segundo grupo, fue el Cártel de Sinaloa, quien se instaló en el estado para realizar labores financieras (lavado de dinero) bajo la conducción de Ignacio “Nacho” Coronel.

Los Valencia, no obstante, fueron detenidos entre 2009 y 2010, e Ignacio “Nacho” Coronel fue abatido en un enfrentamiento con la milicia en el año 2010. Esto provoco la generación de dos nuevos grupos el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Resistencia. El CJNG está bajo el mando de Nemesio Oceguera, alias “El Mencho”, y La Resistencia la encabeza Elgidio Migarro, alias “Don Pilo”. Estos últimos grupos se disputaron por varios años la plaza de Jalisco, y no fue hasta que La Resistencia perdió por detención a dos de sus lugartenientes, Víctor Manuel Torres y Ramiro Pozos González, que el CJNG tomó la plaza con el beneplácito de Cártel de Sinaloa, quien aún mantiene su estructura financiera en el estado. Sin embargo, antes de su extinción el cártel de Los Valencia generó los primeros narcobloqueos de la historia de Jalisco, el primero sucedió el 15 de enero del 2011 y el segundo un par de semanas después, 1 de febrero de 2011. En ambos hechos se incendiaron vehículos en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara para impedir el traslado por tierra de sus principales capos. La Resistencia hoy está extinta.

Eso facilitó el ascenso y crecimiento del CJNG, el cual recibió apoyo del Cártel de Sinaloa y se convirtió en su socio, pues éste último tiene en Jalisco un sitio importante para sus operaciones financieras, las cuales fueron manejadas hasta su muerte por Juan José Esparragoza, alias “El Azul”.

Desde que el CJNG está al mando de la plaza de Jalisco, el estado ha sido territorio de disputas entre este cártel y otros grupos como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Los Zetas, éstos últimos han incursionado en el estado de manera importante y mantienen una disputa abierta contra el CJNG, el cual anteriormente se autodenominó como un grupo “mata zetas”, razón por la cual se le adjudicó la muerte y abandono de 35 personas en las calles de Boca del Río, Veracruz, el 20 de septiembre del 2011. En respuesta, Los Zetas abandonaron 19 cuerpos en las calles de Guadalajara, el 26 de noviembre del 2011.

Con un crecimiento importante y bajo el amparo de autoridades municipales y estatales, el CJNG fue fortaleciendo su estructura e, incluso, comenzó a dar muestras de poderío cuando el 8 de marzo del 2012, la Sedena capturó a uno de sus lugartenientes, Erick Valencia Salazar “El 85”,  ese día y como respuesta el CJNG realizó 25 narcobloqueos.

Los golpes al CJNG, desde entonces, se gestaron desde las autoridades federales, las cuales de manera quirúrgica han realizado diversos operativos para capturar a sus líderes; sin embargo, la fuga de información de las autoridades locales facilitaba su huida, tal y como pasó el 25 de agosto del 2013 cuando en el municipio de Tonaya, al sur de Jalisco, la Sedena intentó capturar a Nemesio Oceguera “El Mencho”, el capo no sólo escapó sino que a su paso generó 22 narcobloqueos en diversos puntos del estado.

Sólo un par de golpes exitosos ha tenido la federación en contra del CJNG, el primero sucedió el 30 de enero del 2014 cuando se capturó, sin apoyo del gobierno de Jalisco, a Rubén Ocegueda González, “El Mechito”, hijo de “El Mencho”. Tras su captura, se generaron tres narcobloqueos. Sin embargo, “El Menchito” salió libre el 26 de diciembre de ese mismo año, por falta de pruebas que pudieran vincularlo al crimen organizado.

La otra detención que resulto fortuitamente exitosa fue la de Abigael González Valencia, “El Cuini”, el cual es el operador financiera del CJNG (aunque algunos reportes indican que en realidad “El Cuini” es el líder de este cártel y “El Mencho” es su lugarteniente). Su detención ocurrió el 2 de marzo del 2015 en Puerto Vallarta. Hoy se sabe que Los Cuinis son los que controlan el trasiego de la droga en Europa y Asia, lo cual los hace uno de los grupos criminales más ricos en el mundo.

Todos estos hechos generaron que desde el Gobierno Federal se colocara a Jalisco como uno de los principales focos rojos del país desde finales del año 2014. Esta labor de inteligencia, y la desconfianza en las autoridades locales, pusieron en marcha la llamada “Operación Jalisco”, la cual es una acción de seguridad encabezada Sedena, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y cuyo objetivo es acabar con el CJNG y capturar a sus líderes. En conclusión, y luego de los hechos del 1 de mayo, la “Operación Jalisco” es una declaración de guerra, la cual desde el gobierno encabezará el general, Gustavo González.

Hoy Jalisco está de frente a uno de sus momentos más cruciales, pues ante un gobierno local débil lo que se tiene es la militarización de la seguridad que como lo indica la historia reciente (en Michoacán, Tamaulipas y Guerrero) no deja saldos positivos para la sociedad civil. Hoy Jalisco es nodo central de la guerra contra el narcotráfico, la estrategia una vez más son las armas y no el paraíso financiero que ha significado el estado desde que aquí se asentó el otrora Cártel de Jalisco.