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Por Darwin Franco Migues
Durante el año 2015, en promedio, desaparecieron siete personas al día en Jalisco. Lo cual significó para la Fiscalía General de este estado recibir alrededor de seis denuncias por desaparición durante los 365 días del año. Pese a esta alarmante realidad, el gobierno del priísta, Aristóteles Sandoval, considera que todo está bajo control.
En la solicitud de transparencia, oficio FG/UT/261/2016, la Fiscalía informó que de enero a diciembre de 2015 generó 2 mil 378 indagatorias por desaparición y que de ellas se derivaron 2 mil 528 desaparecidos (1,357 hombres y 1,171 mujeres). En el mismo oficio, esta dependencia asegura que sus pesquisas de búsqueda los llevaron a la localización de 1,683 personas (1,596 con vida y 87 sin ella), esto significa que los policías investigadores adscritos a la Fiscalía General y/o los agentes ministeriales pertenecientes a la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, debieron encontrar de cuatro a cinco personas diariamente, ya que sólo así la Fiscalía podría mantener el 66% de eficacia que arrojan los datos que entregó sobre el número de indagatorias por desaparición que realizó durante el año 2015. Siguiendo los datos de la Fiscalía, sus acciones de búsqueda no lograron que 845 jaliscienses desaparecidos en 2015 regresaran a casa.
Sin embargo, estas son sólo estadísticas y números que poca relación tienen con la desaparición, por ejemplo, de Ana Elvira Castillo Mireles y de Juan Carlos Zaragoza Gaona.

11717086_10206352655307582_498337015_nJUAN CARLOS ZARAGOZA GAONA 19 AÑOS 26 MAYO 15 ZAPOPAN

Ana Elvira, desapareció el 28 de abril de 2015 en el municipio de Lagos de Moreno y es fecha en que su madre, Catalina, no ha recibido ninguna notificación de los avances que tiene su ministerio público sobre la desaparición de su hija. Mismo situación viven los padres de Juan Carlos, quien desapareció en Zapopan, el 26 de mayo de 2015. A diez meses, sus padres, Adriana y Juan, aseguran que su ministerio público no tiene un trabajo firme para localizar a su hijo y ahora temen que los cambios al interior de la Fiscalía anunciados por el Fiscal General, Eduardo Almaguer, retrasen la búsqueda de Juan Carlos, ya que implicaría un cambio de ministerio público y esto significa volver a iniciar de cero, ya que el nuevo agente no conoce el caso y requiere leer el expediente para dar algún tipo de información o avance.
El tiempo promedio de lectura del expediente, en muchos casos, ha superado los tres meses. Tres meses que son para las familias de desaparecidos, un valioso tiempo perdido.

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Unidades especializadas y sin transparencia
La grave situación de los desaparecidos en Jalisco a decir del Fiscal General, Eduardo Almaguer, se resolverá una vez que arranquen los trabajos de las Unidades especializadas para la Atención de Desaparecidos que la Fiscalía instauró en Guadalajara y en el municipio de Puerto Vallarta. La primera de estas unidades atenderá los casos de desaparición de la Zona Metropolitana de Guadalajara y estará operando con 15 policías investigadores y dos agentes del ministerio público; en cambio, la de Puerto Vallarta tendrá a cuatro policías investigadores y un ministerio público.
No obstante, la instalación de ambas unidades especializadas se realizó sin transparentar quiénes formarán parte integral de ellas, bajo qué lógicas realizarán las búsquedas y sobre todo faltó que explicaran de dónde fue que salieron los policías investigadores y los ministerios públicos asignados, siendo que desde que entró en operaciones la Agencia del Ministerio Público 12/C, encabezada por Violeta Meza, existía ya un déficit de policías investigadores, ya que hasta octubre de 2015 esta entidad sólo contaba con diez de ellos. Incluso, la ausencia de tales investigadores era, en palabras de Violeta Meza, una de las razones principales del “retraso en las investigaciones y búsquedas de los desaparecidos”.
Ahora, tras la presentación en enero de ambas unidades especializadas, el estado cuenta con 19 policías investigadores y tres ministerios públicos enfocados única y exclusivamente en “encontrar a los desaparecidos y castigar a los culpables de su desaparición”. Sin embargo, desconocemos qué tipo de capacitación tomaron para, en efecto, estar debidamente capacitados en la búsqueda de los desaparecidos y en la atención a sus familias, ya que el protocolo en atención a las víctimas de violencia que está realizando el Fiscal en Derechos Humanos, Dante Haro, todavía no está terminado y, por lo tanto, se desconoce bajo qué criterios estos nuevos agentes trabajarán las desapariciones.

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Foto de la única reunión que el gobernador Aristóteles Sandoval ha tenido con familiares de desaparecidos.  La fecha de la reunión fue el 15 de mayo de 2015

2015, el año con más desaparecidos
A decir del Fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, sí hay un avance real en materia de desapariciones porque: “ya se reconoció la gravedad del problema y esto no había ocurrido antes”. No obstante, los números de la propia Fiscalía no parecen sostener el discurso positivo y generalizado que tienen sus funcionarios cuando hablan de las desapariciones, ya que 2015 es el año con más denuncias por desaparición de personas desde 2006, pues se presentaron 2 mil 378, lo cual confirma la alza y persistencia de este delito desde el 2013. Este crecimiento ha estado emparejado con los tres primeros años de gobierno del priísta, Aristóteles Sandoval, así que el tema de las desapariciones está muy lejano de ser sólo un tema heredado de otras administraciones como éste dijo en su momento.

 
Esta percepción es contraria a lo que confirma la base estadística otorgada por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General, mediante el oficio FG/UT/113/2016, ahí se observa que las desapariciones han crecido más bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval.
Que 2015 fuese el año con más denuncias por desaparición también se traduce a que durante este tiempo se presentó el mayor número de personas desaparecidas, 2 mil 528 y personas no localizadas, ya que pese al trabajo de búsqueda que realiza la Fiscalía, 845 jaliscienses, entre ellos lamentablemente están Ana Elvira Castillo Mireles y Juan Carlos Zaragoza Gaona, no han logrado volver a casa.
Esta misma situación es la de cientos de desaparecidos más que no aparecen en los reportes de localización de la Fiscalía General, pues en ellos –como puede verse en el informe presentado en el mes de octubre de 2015– las causas de localización responden más a la acción de vuelta de las propias personas que a resultados periciales de búsqueda, lo cual podría explicar el por qué Ana Elvira y Juan Carlos, no forman parte de las cuatro o cinco personas que diariamente “localizó” la Fiscalía General durante el año pasado.
Incluso, siguiendo la línea positiva de la Fiscalía, la información dada por transparencia precisa que durante 2015 decreció la efectividad de sus búsquedas al localizar con vida a 241 personas menos que en 2014 y 125 menos que 2013. Mismo caso para su localización en muerte que disminuyó respecto a los dos años anteriores.
Esto tomando en consideración que, en efecto, se trata de localizaciones plenas y no de administración de expedientes, tal y como se dejó entrever en la rueda de prensa que Eduardo Almaguer ofreció el 20 de octubre de 2015. Almaguer ese día informó el estado que guardaban los expedientes de personas desaparecidas y cómo fue que de esta situación, su dependencia generó la clasificación que hoy el Fiscal General presume a nivel nacional como un logro de su administración. Hoy los expedientes de desapariciones en Jalisco se dividen en: 1) Personas extraviadas, 2) Personas ausentes voluntarias, 3) Personas Desaparecidas y 4) Personas desaparecidas relacionadas a la comisión de un delito.
Al respecto, ni los discursos conscientes, ni el aceptar el problema o el generar acciones de clasificación han frenado las desapariciones en Jalisco, las cuales de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2015 suman ya 2 mil 962 personas que no han logrado volver con sus seres amados. 2 mil 962 personas que como Ana Elvira y Juan Carlos son buscados amorosamente por sus padres, los cuales cambiarían todo discurso político o mediático por una verdadera acción de búsqueda que los lleve a encontrar a sus familiares. Ello son quienes los buscan.

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Esta investigación se publicó originalmente en Proyecto Diez:

http://www.proyectodiez.mx/2015-el-ano-con-mas-desaparecidos-en-la-historia-de-jalisco/

Por Darwin Franco Migues

Gabriel de la Peña Díaz desapareció el 20 de agosto de 2015 en la colonia El Colli Urbano en Zapopan, Jalisco. Se dejó de saber de él cuando salió de su casa rumbo a su trabajo.

Al no saber nada de Gabo, como con cariño le llaman, su familia rápidamente se movilizó para saber su paradero. Realizaron todo aquello que muchas veces el personal de la Fiscalía General de Jalisco les recomienda no hacer a quienes presentan una denuncia por desaparición. Ellos, hicieron pública la desaparición de Gabo en todos los medios posibles.

Muchos nos enteramos de que Gabriel de la Peña Díaz, de 18 años, no estaba con su familia porque sus amigos colocaron su fotografía en cuanta red social les fue posible. Supimos también que es estudiante de la Universidad UNIVA y que los motivos de su desaparición nada tenían que ver (como ahora se asegura) con algún conflicto familiar. Su madre que de manera valerosa platicó con diversos medios siempre habló con claridad sobre este tema.

Durante poco más de 10 días, la fotografía del joven risueño que usa camisa a cuadros y lentes fue parte de nosotros. La compartimos, quizá, porque se parecía más a nosotros que el resto de fotografías de desaparecidos que a borbotones circulan por Internet. La miramos, y quizá, no sentimos la extrañeza o desconfianza que podrían darnos otros desaparecidos a los que rápidamente volvemos a desaparecer a través del uso de nuestro lenguaje, ya que ellos (otros diferentes a mí, muchos que no soy yo) son automáticamente sospechosos de su propia desaparición porque “seguro andaban en malos pasos”. Pero Gabo no, él no, porque alguien como yo no es reproductor de tales estereotipos.

Sin embargo, en eso no reparaban sus familiares y amigos porque para ellos lo relevante, lo vital y lo verdaderamente necesario era encontrarlo con vida; por ello, la pregunta ¿dónde está Gabo? se convirtió en una interrogante que los movilizó a tal punto que ellos (no necesariamente la Fiscalía General de Jalisco) se volvieron los artífices de su propia investigación y lo hicieron porque fueron capaces de superar las primeras palabras de una autoridad que al acudir a la Agencia del Ministerio Público 12/C, sólo atinó a decirles que: “Gabo ya aparecería porque andaba en Mazamitla”. Para la autoridad los jóvenes son así de irresponsables, ya que éstos no desaparecen simplemente se vuelven “no localizados”.

De este tipo de violaciones tuvieron que reponerse porque aquí en Jalisco (como pasa en todo México) son las familias las que buscan y la Fiscalía es la que pregunta qué saben de su desaparecido. Así fue como la familia (no la policía cibernética) logró obtener la geolocalización del celular de Gabriel de la Peña Díaz. Así fue como supieron que él (o quizá sólo el teléfono celular) estuvo en Tonalá (Jalisco), en San José de Gracia (Michoacán) y, finalmente, en algún punto del Estado de México, lugar desde donde la noche del 30 de agosto, Gabo marcó para decir “que estaba bien y para pedir que fueran por él”. Él marcó, no fue la Fiscalía la que llamó para decir a su familia: “lo localizamos”. Él marcó.

La mañana del 31 de agosto, día internacional de las víctimas de desaparición, y momentos antes de iniciar la marcha convocada por Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), el Fiscal General, Eduardo Almaguer, escribió en su cuenta de Twitter:

Esta noticia cambió el ánimo de los amigos y familiares de Gabriel de la Peña que acudieron a manifestarse por los desaparecidos, ya que ahora no estaban ahí para exigir su aparición sino para celebrar que ya había aparecido. Algo que, sin duda, contrastó con la realidad que viven muchas de las integrantes de FUNDEJ que en casi tres meses de tener “mesas de trabajo” con la Fiscalía tienen cero avances en sus investigaciones.

Un día después (31 agosto), contrario a lo que dictamina la Ley General de Víctimas, el Fiscal General Eduardo Almaguer citó a conferencia de prensa para ventilar (violentando los derechos de  Gabriel y su familia) los pormenores de los operativos (así en plural) que realizó la Fiscalía para localizar a Gabriel de la Peña, concluyendo que se trató de una “desaparición voluntaria” (no dijo, “no localización voluntaria”), ya que Gabo simplemente huyó porque tuvo miedo de la reacción que tendrían sus padres cuando se enteraran de que había reprobado tres materias. Reprobó, tuvo miedo, quiso darse un tiempo y huyó al Estado de México. Esa fue y es la versión oficial de una Fiscalía que puso “todo de sí” para localizarlo.

En esa conferencia de prensa, Eduardo Almaguer, no habló de si el operativo que fuerzas federales realizaron ese día y los posteriores en la colonia El Colli tuvo alguna relación con lo que pasó con Gabriel, tampoco adelantó nada de las implicaciones que tendría (y ya tiene) el trasladarles toda la responsabilidad de lo ocurrido a Gabriel y su familia y, mucho menos, trasparentó los recursos (técnicos, humanos y financieros) que dice que utilizó para supuestamente dar con él. Sólo precisó que fue una “desaparición voluntaria”.

Las consecuencias de este pésimo manejo informativo (que de ser cierto tuvo que haberse quedado entre la autoridad y la familia de la Peña) es que ahora todo mundo juzga, señala, crítica y ridiculiza a quien hasta hace unos días era uno de los 2 mil 969 desaparecidos de Jalisco. Hoy Gabriel de la Peña es el hazme reír para quienes al ser incapaces de mirar y entender el fondo del problema, no bajan a Gabo de irresponsable, berrinchudo, cobarde y estúpido, ya que para ellos (los que compartieron su foto o se enteraron de su desaparición), él sólo es un meme que concentra toda la incomprensión de lo que somos cuando sin reflexionar nos dedicamos a juzgar duramente la superficie dejando, así, intacto el trasfondo de una versión oficial que busca fortalecer la hipótesis de que en Jalisco: “Los desaparecidos se van por su propio pie y no a causa de la violencia que nos golpea”.

La desaparición de Gabriel de la Peña fue para la Fiscalía General de Jalisco un bálsamo porque justo cuando FUNDEJ criticó la falta de avance en sus demandas, el Fiscal Eduardo Almaguer salió a decir que en Jalisco: “Sí localizan desaparecidos y que éstos (como supuestamente pasó con Gabo) se van por conflictos familiares”, lo cual hace que la institución que encabeza deje de atender el resto de las desapariciones.

Mientras tanto, todos nos sentimos con la estatura moral para señalar a Gabriel y su familia, pues ellos son la causa de todos los males que ahora padecen. Son ellos, principalmente Gabo, quienes merecen, incluso, un castigo porque: “¡Qué es eso de andar desapareciendo por haber reprobado tres materias! ¡Qué es eso de hacerle perder el tiempo a la Fiscalía habiendo más desaparecidos! ¡Qué eso de marcar y no esperar a que la Fiscalía sea la que te localice! ¡Qué es eso de hacerme perder mi tiempo cuando compartí tu foto en Facebook y ni siquiera estabas desaparecido! ¡Qué es eso de hacerte el desaparecido!”.

Cuando aceptamos como ciertas las verdades que se dieron a conocer tras la localización con vida de Gabriel de la Peña y hacemos con ellas un escarnio público de los involucrados, estamos contribuyendo a que problemáticas sociales se vuelvan asuntos particulares (familiares), lo cual quita toda responsabilidad a quienes deberían de trabajar para que ninguna persona siga desapareciendo en Jalisco y en todo México.

Cuando juzgamos, criticamos, señalamos, etiquetamos y compartimos “nuestra verdad”, no estamos pensando en la manera en que esto aniquila la dignidad de una persona y su familia. Cuando creemos la verdad de la Fiscalía y la replicamos estamos más cerca de parecernos a ellos y, con esto, no sólo nos alejamos de nuestros pares sino que también imposibilitamos de facto todo acceso a la verdad y la justicia.

¿De verdad por esto desapareció Gabriel de la Peña? ¿Acaso Ustedes no dudan de esta versión oficial? ¿Qué pasa, entonces, con el resto de los desaparecidos? ¿A ellos, cómo los están buscando en la Fiscalía? ¿Qué ocurre con nosotros que, en lugar de celebrar que Gabriel esté de vuelta, estamos acabando con su dignidad? ¿Por qué no estamos adoptando a un nuevo desaparecido pero sí quejándonos de haber buscado a quien no lo merecía?  ¿Por qué aceptamos de pronto una versión tan llena de opacidades? ¿Por qué?

Gabriel de la Peña Díaz desapareció el 20 de agosto de 2015 y fue encontrado con vida 10 días después. Hoy todos debemos celebramos su aparición (independientemente de las causas que provocaron su ausencia) pero, a la par, debemos exigir que se nos diga toda la verdad porque la Fiscalía General de Jalisco al reducir un tema tan delicado a conflictos familiares no sólo evade su responsabilidad sino que también nos vuelve culpables de nuestras futuras y posibles desapariciones.

Ayer las justificaciones para desaparecer eran “los malos pasos, el irse con el novio o el andar de fiesta”, hoy lo es “el reprobar tres materias”. ¿Mañana qué será?

@darwinfranco

Por Darwin Franco Migues

Moisés Sánchez (Veracruz), Jazmín Martínez (Nayarit), Abel Martínez (Oaxaca), Armando Saldaña (Oaxaca), Adolfo Lucero (Baja California Sur), Ismael Díaz (Tabasco), Juan Mendoza (Veracruz), Jorge Cháirez (Chihuahua), Gerardo Nieto (Guanajuato), Rubén Espinosa (Veracruz) y Juan Heriberto Santos (Veracruz), todos ellos periodistas y todos ellos asesinados en este año 2015.

Las investigaciones sobre su muerte “sospechosamente” han acabado en lo mismo: en nada, ya que –al parecer- nada tuvo que ver en su muerte el trabajo que hacían como periodistas. La autoridad dice que “simplemente les tocó estar en el lugar y en el momento equivocado” o, en el peor de los casos, son ellos mismos los principales responsables de su muerte porque seguro (una seguridad que se da sin pruebas): “andaban en malos pasos o con malas compañías”. Criminalizar antes que investigar y suponer antes que comprobar.

Así ha operado la impunidad y la injusticia en torno al asesinato de periodistas en México, y así puede leerse y constatarse en el proyecto “Tú y yo coincidimos en la noche terrible” que desde Nuestra Aparente Rendición (www.nuestraaparenterendicion.com) hacemos desde el año 2012. En este proyecto una comunidad solidaria de periodistas, académicos, estudiantes y activistas han investigado y escrito las hojas de vida de los periodistas que han muerto o desaparecido en México desde junio del año 2000 a la fecha.

En dichas hojas de vida hemos decidido incorporar tres elementos centrales: 2) Vida e identidad de quienes nos fueron arrebatados por la violencia, 2) Circunstancias de su muerte o desaparición y cómo esto se relacionaba al tipo de trabajo o investigación periodística realizaban, y 3) estado que guardan las investigaciones judiciales sobre sus casos. Al momento tenemos 166 hojas de vida de 172 compañeros que han muerto o desaparecidos en este México impune donde se cree que “se mata la verdad asesinando o desapareciendo a los periodistas”.

En la lectura de cada una de estas hojas de vida puede verse que en este país no existe autoridad alguna que le interese resolver la muerte de los periodistas porque de manera casi automática sus muertes se vinculan a crímenes pasionales, a situaciones circunstanciales o a vínculos con el crimen organizado.

Estas tres hipótesis que sostienen las autoridades de diversos estados del país sirven como base para entrampar y no investigar los verdaderos móviles de la muerte/desaparición de quienes ejercían una profesión de alto riesgo. Para ellos, sin embargo, esto no tiene relación alguna porque nunca “existen elementos o pruebas” que vinculen su muerte/desaparición con la labor que ejercían como periodistas, aunque en la mayoría de los casos nuestros colegas hayan denunciado públicamente acosos o amenazas de parte de autoridades a las que les incomodaba mucho su trabajo. Así lo hizo Rubén Espinosa, por ejemplo.

En México, el 25 de junio de 2012 se promulgó la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual se supone daría “garantías, protección y seguridad a quienes denunciaran amenazas, hostigamiento o acoso producto del ejercicio de su labor o de su defensa de los derechos humanos”; sin embargo, ni esta legislación ni su Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas han garantizado una real protección para los periodistas y activistas.

Tampoco ha sido garante de esto, la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). Esta Fiscalía fue creada en el año 2010 por la Procuraduría General de Justicia y desde ese año ha iniciado 718 averiguaciones previas por abuso de autoridad, amenazas, daño en propiedad ajena, homicidio, privación ilegal de la libertad y robo. Ninguna de estas investigaciones, a la fecha, ha derivado en la detención y consignación de los autores intelectuales y/o materiales involucrados en la muerte/desaparición de un periodista.

En conclusión, ninguno de los mecanismos jurídicos y/o periciales que existen en el país para la protección de periodistas han sido determinantes o, al menos, útiles para que cada una de sus muertes encuentren justicia o para que se realice una adecuada búsqueda de los colegas que actualmente siguen desaparecidos. La ley y las instituciones que la hacen prevalecer están ahí pero son grandes e inútiles elefantes blancos.

¿Quién nos protege como periodistas? ¿El Estado, las empresas mediáticas, la sociedad o nosotros mismos con nuestros propios recursos y conocimientos? ¿Quién debiera protegernos: el Estado, las empresas mediáticas, la sociedad o nosotros mismos?

La teoría diría que todas estas instancias; sin embargo, en la práctica sabemos que al Estado no le interesa solucionarlo, a las empresas mediáticas el tema les incomoda demasiado, a la sociedad le duele pero no termina por arropar la muerte de los periodistas y a nosotros (como integrantes del gremio) esto nos pega de manera contundente pero no hemos sido capaces de cohesionarnos y actuar en consecuencia pues en nuestro interior hay para quienes las muertes de sus colegas son sólo notas breves.

Debemos romper esta inercia, urge, aunque ahora no sepamos muy bien cómo hacerlo.

@darwinfranco

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Fotografía a las afueras del departamento donde fueron asesinados Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Olivia Negrete, Mile Virginia y Rubén Espinosa. Foto: El Universal

Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Olivia Negrete, Mile Virginia y Rubén Espinosa representan muchas cosas para este país tan cargado de violencia e incomprensión. Los cinco fueron cruelmente asesinados el pasado 31 de julio del 2015 dentro de un departamento de la colonia Narvarte en el Distrito Federal.

Dice la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que toda esa saña fue a causa de un robo y que el multihomicidio nada tiene que ver con las amenazas que previamente habían recibido tanto Nadia como Rubén por su postura crítica al gobierno de Veracruz. Eso es punto y aparte.

Su muerte no sólo nos muestra la indefensión y vulnerabilidad en la que vivimos sino que además viene a confirmarnos que en el país ya no hay páramos seguros. Ya no podemos salir de un lado para refugiarnos en otro porque en este país la violencia y su infalible impunidad es capaz de seguirnos para hacer que nuestra muerte o desaparición se conviertan en hechos aislados o en asaltos brutalmente casuales donde, desde luego, habrá  una nula relación con nuestros quehaceres como periodistas o activistas. Todo será una lamentable cadena de casualidades que incluirán la criminalización y la no investigación porque hechos así sólo podrán ser explicados a través de lo absurdo pero no de la justicia.

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Homenaje a Rubén Espinosa en la Plaza Regina Martínez en Xalapa, Veracruz. Sitio donde el propio Rubén participó en la colocación de una placa en homenaje a Regina Martínez, periodista asesinada el 28 se abril del 2012.

Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Olivia Negrete, Mile Virginia y Rubén Espinosa murieron porque en este país la denuncias por acoso o amenazas sólo sirven para ponernos más en riesgo. Murieron porque un grupo de hombres es capaz de entrar al medio día a un departamento para cometer terribles delitos sin que nadie vea o diga nada. Murieron porque aunque oficialmente se niega que el Estado participe abiertamente en el espiral de violencia que vivimos, muchos sabemos que las principales agresiones a los ciudadanos, periodistas y activistas vienen, justamente, de agentes gubernamentales.

Cinco víctimas que se suman a muchas otras que, como ellos, poseían vida, planes y sueños. Cinco víctimas que tenían nombres, ideas, ilusiones y sueños. La suspensión de su plan de vida a manos de arteros asesinos tiene que despertarnos de manera definitiva, ya que –al parecer- no hemos tenido suficiente con Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato, Villa Purificación, Ostula e innumerables tragedias que nos duelen pero no terminan por despertarnos. Necesitamos despertar porque eso fue lo que todo el tiempo buscaron hacer con su trabajo tanto Nadia como Rubén. Por ello, su muerte no debe callarse ni olvidarse.

Nosotros, todos, debemos nombrarlos y recordarlos. Así como debemos nombrar a todas las personas que han muerto y desaparecido en esta guerra en contra del narcotráfico. Nombrarlas para no olvidarlas y para no olvidar que todas ellas, tal como pasó con Nadia, Yesenia, Olivia, Mile y Rubén, tenían vidas, planes y sueños.

Nombrarlos para recordar que la justicia no llegará si callamos y olvidamos. Nombrarlos para decir con fuerza que los ciudadanos no queremos ser víctimas de la violencia y la impunidad. Nombrarlos para que no se olvide lo difícil que es investigar y decir la verdad en un país donde, desde el año 2000 a la fecha, han muerto 147 periodistas y 24 más están desaparecidos. Nombrarlos porque nosotros también somos víctimas.

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Protesta del gremio periodístico en el Ángel de la Independencia en el Distrito Federal. Foto: Germán Canseco.

Nombrarlos porque si no caminamos en pos de la paz, la memoria y la justicia, ellos (los violentos e impunes) ganarán. Nombrar a todas las víctimas para que esta parte de nuestra dolorosa de historia sea escrita a través de nuestra lucha y exigencia. Nombrarlos porque Nadia, Yesenia, Olivia, Mile y Rubén, no son una cifra más y nos harán falta.

Nombrarlos porque este país tiene que tejerse a través de la memoria, la dignidad y la justicia y nunca más de la indolencia, el olvido y la impunidad. Nosotros, los nombramos.

@darwinfranco

Por Darwin Franco

La mañana del 1 de mayo Jalisco vivió uno de los episodios más cruentos desde que inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” y, en consecuencia, uno de los momentos más violentos en la historia de este estado, el cual por cierto también fue cuna del narcotráfico con el otrora Cártel de Jalisco que, en su momento, fue encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.

La activación del “Código Rojo” se dio ese mismo 1 de mayo cuando en menos de un par de horas sucedieron en todo el estado 39 narcobloqueos, se incendiaron 11 bancos y cinco gasolineras, además del derribo de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que generó la muerte de siete militares.

Lo vivido esa mañana en Jalisco también se multiplicó a otros estados como Michoacán, Colima y Guanajuato, sitios en donde también opera con fuerza el llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual es un grupo criminal que heredó las operaciones en la zona después de que los grupos que sucedieron al Cártel de Jalisco fueron perdiendo poder.

Después de la detención de los grandes capos de la droga Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, existieron dos grupos criminales que dominaron Jalisco; el primero, fue el denominado Cártel del Milenio o Cártel de Los Valencia, éste era comandado por Juan Carlos Valencia y Óscar Nava Valencia; el segundo grupo, fue el Cártel de Sinaloa, quien se instaló en el estado para realizar labores financieras (lavado de dinero) bajo la conducción de Ignacio “Nacho” Coronel.

Los Valencia, no obstante, fueron detenidos entre 2009 y 2010, e Ignacio “Nacho” Coronel fue abatido en un enfrentamiento con la milicia en el año 2010. Esto provoco la generación de dos nuevos grupos el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Resistencia. El CJNG está bajo el mando de Nemesio Oceguera, alias “El Mencho”, y La Resistencia la encabeza Elgidio Migarro, alias “Don Pilo”. Estos últimos grupos se disputaron por varios años la plaza de Jalisco, y no fue hasta que La Resistencia perdió por detención a dos de sus lugartenientes, Víctor Manuel Torres y Ramiro Pozos González, que el CJNG tomó la plaza con el beneplácito de Cártel de Sinaloa, quien aún mantiene su estructura financiera en el estado. Sin embargo, antes de su extinción el cártel de Los Valencia generó los primeros narcobloqueos de la historia de Jalisco, el primero sucedió el 15 de enero del 2011 y el segundo un par de semanas después, 1 de febrero de 2011. En ambos hechos se incendiaron vehículos en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara para impedir el traslado por tierra de sus principales capos. La Resistencia hoy está extinta.

Eso facilitó el ascenso y crecimiento del CJNG, el cual recibió apoyo del Cártel de Sinaloa y se convirtió en su socio, pues éste último tiene en Jalisco un sitio importante para sus operaciones financieras, las cuales fueron manejadas hasta su muerte por Juan José Esparragoza, alias “El Azul”.

Desde que el CJNG está al mando de la plaza de Jalisco, el estado ha sido territorio de disputas entre este cártel y otros grupos como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Los Zetas, éstos últimos han incursionado en el estado de manera importante y mantienen una disputa abierta contra el CJNG, el cual anteriormente se autodenominó como un grupo “mata zetas”, razón por la cual se le adjudicó la muerte y abandono de 35 personas en las calles de Boca del Río, Veracruz, el 20 de septiembre del 2011. En respuesta, Los Zetas abandonaron 19 cuerpos en las calles de Guadalajara, el 26 de noviembre del 2011.

Con un crecimiento importante y bajo el amparo de autoridades municipales y estatales, el CJNG fue fortaleciendo su estructura e, incluso, comenzó a dar muestras de poderío cuando el 8 de marzo del 2012, la Sedena capturó a uno de sus lugartenientes, Erick Valencia Salazar “El 85”,  ese día y como respuesta el CJNG realizó 25 narcobloqueos.

Los golpes al CJNG, desde entonces, se gestaron desde las autoridades federales, las cuales de manera quirúrgica han realizado diversos operativos para capturar a sus líderes; sin embargo, la fuga de información de las autoridades locales facilitaba su huida, tal y como pasó el 25 de agosto del 2013 cuando en el municipio de Tonaya, al sur de Jalisco, la Sedena intentó capturar a Nemesio Oceguera “El Mencho”, el capo no sólo escapó sino que a su paso generó 22 narcobloqueos en diversos puntos del estado.

Sólo un par de golpes exitosos ha tenido la federación en contra del CJNG, el primero sucedió el 30 de enero del 2014 cuando se capturó, sin apoyo del gobierno de Jalisco, a Rubén Ocegueda González, “El Mechito”, hijo de “El Mencho”. Tras su captura, se generaron tres narcobloqueos. Sin embargo, “El Menchito” salió libre el 26 de diciembre de ese mismo año, por falta de pruebas que pudieran vincularlo al crimen organizado.

La otra detención que resulto fortuitamente exitosa fue la de Abigael González Valencia, “El Cuini”, el cual es el operador financiera del CJNG (aunque algunos reportes indican que en realidad “El Cuini” es el líder de este cártel y “El Mencho” es su lugarteniente). Su detención ocurrió el 2 de marzo del 2015 en Puerto Vallarta. Hoy se sabe que Los Cuinis son los que controlan el trasiego de la droga en Europa y Asia, lo cual los hace uno de los grupos criminales más ricos en el mundo.

Todos estos hechos generaron que desde el Gobierno Federal se colocara a Jalisco como uno de los principales focos rojos del país desde finales del año 2014. Esta labor de inteligencia, y la desconfianza en las autoridades locales, pusieron en marcha la llamada “Operación Jalisco”, la cual es una acción de seguridad encabezada Sedena, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y cuyo objetivo es acabar con el CJNG y capturar a sus líderes. En conclusión, y luego de los hechos del 1 de mayo, la “Operación Jalisco” es una declaración de guerra, la cual desde el gobierno encabezará el general, Gustavo González.

Hoy Jalisco está de frente a uno de sus momentos más cruciales, pues ante un gobierno local débil lo que se tiene es la militarización de la seguridad que como lo indica la historia reciente (en Michoacán, Tamaulipas y Guerrero) no deja saldos positivos para la sociedad civil. Hoy Jalisco es nodo central de la guerra contra el narcotráfico, la estrategia una vez más son las armas y no el paraíso financiero que ha significado el estado desde que aquí se asentó el otrora Cártel de Jalisco.

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Este fue el último mensaje en la cuenta de Twitter de la Fiscalía de Jalisco, durante la crisis que generó el rumor del supuesto ataque del CJNG, no emitieron ningún tipo de información.

Por Darwin Franco Migues

Cuando nadie es capaz de acallar el rumor, éste se propaga difundiendo un sistema de creencias y valores simbólicos que, sin pruebas aparentes, dan por cierto las proposiciones que lo componen. Esto hace, en palabras del sociólogo Tamotsu Shibutani, que se generen a su alrededor una serie de “noticias improvisadas” que condicionan la percepción de la realidad desatando, en la mayoría de los casos, temor o incertidumbre porque, si bien, no es posible confirmar aquello que se dice, la repetición sobre lo dicho le da verosimilitud.

Así ocurrió la noche del 10 de abril en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) cuando se corrió el rumor en redes sociales, como Facebook, Twitter y WhatsApp, de que habría una represalia del Cártel Jalisco Nueva de Generación (CJNG) que consistiría en una serie de ataques, bloqueos y agresiones. Nada se había se había confirmado, sin embargo, la multiplicidad de mensajes y menciones del rumor comenzó a generar en la población una especie de psicosis colectiva que reactivó no sólo el recuerdo de los más recientes ataques que el CJNG ha cometido en las últimas semanas sino también los llamados narco-bloqueos que vivió la ZMG en marzo y agosto del 2012, y enero del 2014.

El rumor como una construcción de sentido tiene esa capacidad de contener y avivar los miedos que anteceden y preceden al mismo rumor; por ello, la propagación de que habrían supuestos ataques del CJNG se dio de forma rápida y descontrolada. ¡Y cómo no hacerlo! Si apenas el 19 de marzo ocurrió una balacera en el municipio de Ocotlán donde elementos de la Policía Federal se enfrentaron a integrantes de este Cártel, esto derivó en la muerte de 15 personas (5 gendarmes, 8 civiles y dos integrantes del crimen organizado). Días después, el 23 de marzo, en Zacoalco de Torres, en un enfrentamiento entre la Policía Estatal e integrantes del CJNG fue abatido Heriberto Acevedo Cárdenas, alias “El Gringo”, uno de los capos más importantes de este grupo criminal.

Este último hecho, ocasionó que, el 30 de marzo, en el municipio de Zapopan, ocurriera un atentado en contra del comisionado de Seguridad Pública del Estado, Alejandro Solorio Aréchiga. Esta acción, de acuerdo a la Fiscalía General de Jalisco, fue reacción del CJNG ante la muerte de Heriberto Acevedo Cárdenas. Sin embargo, la acción más cruenta se generó en la carretera que conecta los municipios de Mascota y Puerto Vallarta, específicamente en el municipio de San Sebastián del Oeste, pues ahí el CJNG emboscó a un convoy de la Fuerza Única Jalisco, grupo elite de seguridad en Jalisco, que derivó en la muerte de 15 policías. Hasta hoy este es el ataque más fuerte contra la autoridad en la historia del estado.

Alrededor de este hecho se activó el rumor que precedió a los supuestos ataques que el CJNG realizaría en la ZMG, pues se dijo la autoridad había activado “El Código Rojo”, lo cual supone (lo digo así porque nadie en el Gobierno de Jalisco ha explicado qué significa esto) la generación de una serie de estrategias y tácticas de seguridad para salvaguardar al gobierno y a la población civil de cualquier tipo de amenaza.

A partir de este rumor fue que se generaron las primeras señales de alarma que derivaron en la serie de mensajes en donde se daba por hecho que una acción aún más violenta del CJNG sería inminente. Con el rumor creció de manera exponencial el miedo y las preguntas generalizadas sobre qué se tendría que hacer en caso de que esto fuera así. La gente quería no sólo confirmar el rumor sino también le urgía saber de qué manera protegerse.

Ante el rumor y las noticias improvisadas que éste genera se esperaría la existencia de una firme y contundente acción de comunicación pública que, proveniente de la autoridad, desmintiera dicho rumor y antepusiera a éste una serie de argumentos que permitieran a la población recuperar la calma y la serenidad. Sin embargo, el Gobierno de Jalisco y su Fiscalía General optaron por el silencio, lo cual lejos de minimizar al rumor, lo fortaleció.

Y es que ante la ausencia de una explicación gubernamental se construyeron otra serie de proposiciones que buscaron darle sentido a su silencio. El rumor, por tanto, no se acalló sino que prosiguió a la par de la incertidumbre y el miedo. En otro momento, el Fiscal General, Luis Carlos Nájera, precisó que el problema de la inseguridad en Jalisco es que nosotros mismo generamos “la psicosis social” y, con ello, modificamos la percepción de lo en verdad ocurre, ya que para él –pese a los tercos hechos- todo está bajo control. Lo que el mandatario con más de ocho años a cargo de la seguridad pública de Jalisco está ignorando es la eficacia que tendría una correcta estrategia de comunicación pública, pues si ésta existiera la ciudadanía de Jalisco sabría a dónde acudir para desmentir todo rumor y, desde luego, sabría cómo afrontar estas situaciones de riesgo.

Pero eso no es lo que existe en torno a la información de seguridad en Jalisco, pues lo que reina en ésta es el hermetismo, el estratégico silencio, la falaz explicación, la expiación de toda responsabilidad y la sistemática negación de los hechos que resultan atinadamente aislados. Con este trasfondo todo rumor alrededor de la violencia y la inseguridad tiende a volverse cierto en Jalisco, ya que aquí la autoridad le juega al silencio, la confusión y al regaño oficial que señala a la ciudadanía como la única culpable de vivir con miedo pues toman por ciertos falsos rumores. Rumores que, por cierto, se dejan crecer desde la autoridad con fines que son igualmente perversos que lo que tuvo o tuvieron quienes generaron el rumor. Callar, en este caso, no es un #GritoDePaz

@darwinfranco