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Por Darwin Franco Migues
Durante el año 2015, en promedio, desaparecieron siete personas al día en Jalisco. Lo cual significó para la Fiscalía General de este estado recibir alrededor de seis denuncias por desaparición durante los 365 días del año. Pese a esta alarmante realidad, el gobierno del priísta, Aristóteles Sandoval, considera que todo está bajo control.
En la solicitud de transparencia, oficio FG/UT/261/2016, la Fiscalía informó que de enero a diciembre de 2015 generó 2 mil 378 indagatorias por desaparición y que de ellas se derivaron 2 mil 528 desaparecidos (1,357 hombres y 1,171 mujeres). En el mismo oficio, esta dependencia asegura que sus pesquisas de búsqueda los llevaron a la localización de 1,683 personas (1,596 con vida y 87 sin ella), esto significa que los policías investigadores adscritos a la Fiscalía General y/o los agentes ministeriales pertenecientes a la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, debieron encontrar de cuatro a cinco personas diariamente, ya que sólo así la Fiscalía podría mantener el 66% de eficacia que arrojan los datos que entregó sobre el número de indagatorias por desaparición que realizó durante el año 2015. Siguiendo los datos de la Fiscalía, sus acciones de búsqueda no lograron que 845 jaliscienses desaparecidos en 2015 regresaran a casa.
Sin embargo, estas son sólo estadísticas y números que poca relación tienen con la desaparición, por ejemplo, de Ana Elvira Castillo Mireles y de Juan Carlos Zaragoza Gaona.

11717086_10206352655307582_498337015_nJUAN CARLOS ZARAGOZA GAONA 19 AÑOS 26 MAYO 15 ZAPOPAN

Ana Elvira, desapareció el 28 de abril de 2015 en el municipio de Lagos de Moreno y es fecha en que su madre, Catalina, no ha recibido ninguna notificación de los avances que tiene su ministerio público sobre la desaparición de su hija. Mismo situación viven los padres de Juan Carlos, quien desapareció en Zapopan, el 26 de mayo de 2015. A diez meses, sus padres, Adriana y Juan, aseguran que su ministerio público no tiene un trabajo firme para localizar a su hijo y ahora temen que los cambios al interior de la Fiscalía anunciados por el Fiscal General, Eduardo Almaguer, retrasen la búsqueda de Juan Carlos, ya que implicaría un cambio de ministerio público y esto significa volver a iniciar de cero, ya que el nuevo agente no conoce el caso y requiere leer el expediente para dar algún tipo de información o avance.
El tiempo promedio de lectura del expediente, en muchos casos, ha superado los tres meses. Tres meses que son para las familias de desaparecidos, un valioso tiempo perdido.

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Unidades especializadas y sin transparencia
La grave situación de los desaparecidos en Jalisco a decir del Fiscal General, Eduardo Almaguer, se resolverá una vez que arranquen los trabajos de las Unidades especializadas para la Atención de Desaparecidos que la Fiscalía instauró en Guadalajara y en el municipio de Puerto Vallarta. La primera de estas unidades atenderá los casos de desaparición de la Zona Metropolitana de Guadalajara y estará operando con 15 policías investigadores y dos agentes del ministerio público; en cambio, la de Puerto Vallarta tendrá a cuatro policías investigadores y un ministerio público.
No obstante, la instalación de ambas unidades especializadas se realizó sin transparentar quiénes formarán parte integral de ellas, bajo qué lógicas realizarán las búsquedas y sobre todo faltó que explicaran de dónde fue que salieron los policías investigadores y los ministerios públicos asignados, siendo que desde que entró en operaciones la Agencia del Ministerio Público 12/C, encabezada por Violeta Meza, existía ya un déficit de policías investigadores, ya que hasta octubre de 2015 esta entidad sólo contaba con diez de ellos. Incluso, la ausencia de tales investigadores era, en palabras de Violeta Meza, una de las razones principales del “retraso en las investigaciones y búsquedas de los desaparecidos”.
Ahora, tras la presentación en enero de ambas unidades especializadas, el estado cuenta con 19 policías investigadores y tres ministerios públicos enfocados única y exclusivamente en “encontrar a los desaparecidos y castigar a los culpables de su desaparición”. Sin embargo, desconocemos qué tipo de capacitación tomaron para, en efecto, estar debidamente capacitados en la búsqueda de los desaparecidos y en la atención a sus familias, ya que el protocolo en atención a las víctimas de violencia que está realizando el Fiscal en Derechos Humanos, Dante Haro, todavía no está terminado y, por lo tanto, se desconoce bajo qué criterios estos nuevos agentes trabajarán las desapariciones.

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Foto de la única reunión que el gobernador Aristóteles Sandoval ha tenido con familiares de desaparecidos.  La fecha de la reunión fue el 15 de mayo de 2015

2015, el año con más desaparecidos
A decir del Fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, sí hay un avance real en materia de desapariciones porque: “ya se reconoció la gravedad del problema y esto no había ocurrido antes”. No obstante, los números de la propia Fiscalía no parecen sostener el discurso positivo y generalizado que tienen sus funcionarios cuando hablan de las desapariciones, ya que 2015 es el año con más denuncias por desaparición de personas desde 2006, pues se presentaron 2 mil 378, lo cual confirma la alza y persistencia de este delito desde el 2013. Este crecimiento ha estado emparejado con los tres primeros años de gobierno del priísta, Aristóteles Sandoval, así que el tema de las desapariciones está muy lejano de ser sólo un tema heredado de otras administraciones como éste dijo en su momento.

 
Esta percepción es contraria a lo que confirma la base estadística otorgada por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General, mediante el oficio FG/UT/113/2016, ahí se observa que las desapariciones han crecido más bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval.
Que 2015 fuese el año con más denuncias por desaparición también se traduce a que durante este tiempo se presentó el mayor número de personas desaparecidas, 2 mil 528 y personas no localizadas, ya que pese al trabajo de búsqueda que realiza la Fiscalía, 845 jaliscienses, entre ellos lamentablemente están Ana Elvira Castillo Mireles y Juan Carlos Zaragoza Gaona, no han logrado volver a casa.
Esta misma situación es la de cientos de desaparecidos más que no aparecen en los reportes de localización de la Fiscalía General, pues en ellos –como puede verse en el informe presentado en el mes de octubre de 2015– las causas de localización responden más a la acción de vuelta de las propias personas que a resultados periciales de búsqueda, lo cual podría explicar el por qué Ana Elvira y Juan Carlos, no forman parte de las cuatro o cinco personas que diariamente “localizó” la Fiscalía General durante el año pasado.
Incluso, siguiendo la línea positiva de la Fiscalía, la información dada por transparencia precisa que durante 2015 decreció la efectividad de sus búsquedas al localizar con vida a 241 personas menos que en 2014 y 125 menos que 2013. Mismo caso para su localización en muerte que disminuyó respecto a los dos años anteriores.
Esto tomando en consideración que, en efecto, se trata de localizaciones plenas y no de administración de expedientes, tal y como se dejó entrever en la rueda de prensa que Eduardo Almaguer ofreció el 20 de octubre de 2015. Almaguer ese día informó el estado que guardaban los expedientes de personas desaparecidas y cómo fue que de esta situación, su dependencia generó la clasificación que hoy el Fiscal General presume a nivel nacional como un logro de su administración. Hoy los expedientes de desapariciones en Jalisco se dividen en: 1) Personas extraviadas, 2) Personas ausentes voluntarias, 3) Personas Desaparecidas y 4) Personas desaparecidas relacionadas a la comisión de un delito.
Al respecto, ni los discursos conscientes, ni el aceptar el problema o el generar acciones de clasificación han frenado las desapariciones en Jalisco, las cuales de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2015 suman ya 2 mil 962 personas que no han logrado volver con sus seres amados. 2 mil 962 personas que como Ana Elvira y Juan Carlos son buscados amorosamente por sus padres, los cuales cambiarían todo discurso político o mediático por una verdadera acción de búsqueda que los lleve a encontrar a sus familiares. Ello son quienes los buscan.

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Esta investigación se publicó originalmente en Proyecto Diez:

http://www.proyectodiez.mx/2015-el-ano-con-mas-desaparecidos-en-la-historia-de-jalisco/

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Por Darwin Franco Migues

La denominada Operación Jalisco tiene como principal objetivo la captura de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); por ello, cualquier medio para lograrlo es justificable aunque esto implique la existencia de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y abuso de poder. Lo que importa es disparar, acribillar, asesinar y capturar.

El estado de derecho, el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia resultan totalmente inoperantes cuando se anteponen las balas como única estrategia de seguridad. Lo anterior, ha quedado absolutamente claro con las acciones que agentes federales e integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han realizado en el estado de Jalisco y en la frontera de éste con Michoacán.

Son ya más de 100 muertes de personas, todas ellas justificadas porque pareciera que el único camino hacia la paz se construye, contradictoriamente, a través de la muerte. Así lo entendieron el general José Luis Sánchez León (uno de los principales responsables por la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México) y sus muchachos, cuando el 1 de mayo, al inicio de la Operación Jalisco: “no buscaron a quien se las hizo, sino a quien se las pagara”, así que tras la caída del helicóptero de la Sedena, donde murieron nueve de sus compañeros, asesinaron y desaparecieron a cerca de 40 personas en los alrededores de la comunidad de Villa Vieja, municipio de Villa Purificación, lugar donde integrantes del CJNG derribaron la aeronave en que viajaba un comando especial de militares.

Tres semanas después, en la frontera entre Jalisco y Michoacán, la persecución de los presuntos líderes de la región ciénega del CJNG terminó en una de las acciones de seguridad más cruentas, pues en el rancho El Sol, ubicado en el municipio de Tanhuato, Michoacán, fueron abatidas (así gusta decir la autoridad) 42 personas. La manera en que se realizó el operativo deja muchas dudas porque no es posible que luego de tres horas de aparente balacera, las bajas se concentraran de manera tan desigual. La Policía Federal reportó la muerte de un oficial y las terribles fotografías de estos hechos nos mostraron los cuerpos de 42 personas que murieron con marcas de tortura y con disparos a quema ropa.

Seguro fue el enfrentamiento, seguro fue la inteligencia de seguridad que prefirió “abatir” antes de detener e investigar que en verdad todos los ahí presentes tuvieran o no vínculos con el crimen organizado. Algunos de ellos, simplemente les tocó estar un pésimo momento y ante una pésima autoridad que sólo entiende de balas, pero no de procuración de justicia. En otros casos sí se han comprobado los vínculos, lo cual no justifica de ninguna forma lo cruento de su muerte. Si ellos tenían que pagar por sus delitos pues que así lo hicieran, pero esto ya fue así, ya que “sirios y troyanos” fueron “abatidos” en aras de nuestra seguridad.

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Al momento han sido identificadas 38 de las 42 personas que murieron en Tanhuato, la mañana del 22 de mayo. 28 de estas personas eran oriundas del municipio de Ocotlán, Jalisco, lugar donde el 19 de marzo ocurrió una balacera entre integrantes del CJNG y elementos de la Gendarmería Federal. El saldo más de 30 personas muertas, cinco de ellas eran integrantes de las fuerzas federales.

Ocotlán es un pequeño municipio que se ubica a una hora de Guadalajara. Es una población que mayormente es conocida por el milagroso “señor de la misericordia” y por ser la capital de la industria del mueble en el país. Ahí fueron enterradas 34 de las 42 personas que murieron en Tanhuato, hoy sus tumbas muestran flores de sus familiares y algunas otras con grandes coronas de flores con la leyenda: “¡Qué Dios los bendiga, su amigo J.G.!”. Informes de seguridad elaborados por el gobierno federal y el gobierno de Jalisco, reconocen como líder del CJNG en la región ciénega a Javier Guerrero Covarrubias. Esta región incluye varios municipios de Jalisco y Michoacán, entre ellos Ocotlán y Tanhuato.

El CJNG, a través de un video, precisó que lo ocurrido en Tanhuato fue una venganza de parte de la Policía Federal contra ellos, razón por la cual anunciaron futuras represarías en contra de dichas autoridades. La Policía Federal, en cambio, anunció que el 28 de mayo capturó (no abatió) a Víctor Manuel García Orozco, presunto operador del CJNG en la región ciénega. A éste se le señala como presunto autor intelectual y material del secuestro y homicidio de dos elementos de la PGR en Briseñas (Michoacán), el 3 de noviembre de 2013. La desaparición de estos agentes condujo a la localización de 37 fosas clandestinas ubicadas en el municipio de La Barca, y de las cuales se exhumaron 74 cuerpos.

De Javier Guerrero Covarrubias no hay información, a pesar de que se sabe de manera extraoficial que el operativo del 22 de mayo en Tanhuato, Michoacán, pretendía lograr su captura.

Un mes de Operación Jalisco, sus resultados: muertes, desapariciones y masacres. Todo bajo la lógica de disparo, luego investigo porque toda captura justifica cualquier muerte a causa del abuso de poder.

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Este fue el último mensaje en la cuenta de Twitter de la Fiscalía de Jalisco, durante la crisis que generó el rumor del supuesto ataque del CJNG, no emitieron ningún tipo de información.

Por Darwin Franco Migues

Cuando nadie es capaz de acallar el rumor, éste se propaga difundiendo un sistema de creencias y valores simbólicos que, sin pruebas aparentes, dan por cierto las proposiciones que lo componen. Esto hace, en palabras del sociólogo Tamotsu Shibutani, que se generen a su alrededor una serie de “noticias improvisadas” que condicionan la percepción de la realidad desatando, en la mayoría de los casos, temor o incertidumbre porque, si bien, no es posible confirmar aquello que se dice, la repetición sobre lo dicho le da verosimilitud.

Así ocurrió la noche del 10 de abril en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) cuando se corrió el rumor en redes sociales, como Facebook, Twitter y WhatsApp, de que habría una represalia del Cártel Jalisco Nueva de Generación (CJNG) que consistiría en una serie de ataques, bloqueos y agresiones. Nada se había se había confirmado, sin embargo, la multiplicidad de mensajes y menciones del rumor comenzó a generar en la población una especie de psicosis colectiva que reactivó no sólo el recuerdo de los más recientes ataques que el CJNG ha cometido en las últimas semanas sino también los llamados narco-bloqueos que vivió la ZMG en marzo y agosto del 2012, y enero del 2014.

El rumor como una construcción de sentido tiene esa capacidad de contener y avivar los miedos que anteceden y preceden al mismo rumor; por ello, la propagación de que habrían supuestos ataques del CJNG se dio de forma rápida y descontrolada. ¡Y cómo no hacerlo! Si apenas el 19 de marzo ocurrió una balacera en el municipio de Ocotlán donde elementos de la Policía Federal se enfrentaron a integrantes de este Cártel, esto derivó en la muerte de 15 personas (5 gendarmes, 8 civiles y dos integrantes del crimen organizado). Días después, el 23 de marzo, en Zacoalco de Torres, en un enfrentamiento entre la Policía Estatal e integrantes del CJNG fue abatido Heriberto Acevedo Cárdenas, alias “El Gringo”, uno de los capos más importantes de este grupo criminal.

Este último hecho, ocasionó que, el 30 de marzo, en el municipio de Zapopan, ocurriera un atentado en contra del comisionado de Seguridad Pública del Estado, Alejandro Solorio Aréchiga. Esta acción, de acuerdo a la Fiscalía General de Jalisco, fue reacción del CJNG ante la muerte de Heriberto Acevedo Cárdenas. Sin embargo, la acción más cruenta se generó en la carretera que conecta los municipios de Mascota y Puerto Vallarta, específicamente en el municipio de San Sebastián del Oeste, pues ahí el CJNG emboscó a un convoy de la Fuerza Única Jalisco, grupo elite de seguridad en Jalisco, que derivó en la muerte de 15 policías. Hasta hoy este es el ataque más fuerte contra la autoridad en la historia del estado.

Alrededor de este hecho se activó el rumor que precedió a los supuestos ataques que el CJNG realizaría en la ZMG, pues se dijo la autoridad había activado “El Código Rojo”, lo cual supone (lo digo así porque nadie en el Gobierno de Jalisco ha explicado qué significa esto) la generación de una serie de estrategias y tácticas de seguridad para salvaguardar al gobierno y a la población civil de cualquier tipo de amenaza.

A partir de este rumor fue que se generaron las primeras señales de alarma que derivaron en la serie de mensajes en donde se daba por hecho que una acción aún más violenta del CJNG sería inminente. Con el rumor creció de manera exponencial el miedo y las preguntas generalizadas sobre qué se tendría que hacer en caso de que esto fuera así. La gente quería no sólo confirmar el rumor sino también le urgía saber de qué manera protegerse.

Ante el rumor y las noticias improvisadas que éste genera se esperaría la existencia de una firme y contundente acción de comunicación pública que, proveniente de la autoridad, desmintiera dicho rumor y antepusiera a éste una serie de argumentos que permitieran a la población recuperar la calma y la serenidad. Sin embargo, el Gobierno de Jalisco y su Fiscalía General optaron por el silencio, lo cual lejos de minimizar al rumor, lo fortaleció.

Y es que ante la ausencia de una explicación gubernamental se construyeron otra serie de proposiciones que buscaron darle sentido a su silencio. El rumor, por tanto, no se acalló sino que prosiguió a la par de la incertidumbre y el miedo. En otro momento, el Fiscal General, Luis Carlos Nájera, precisó que el problema de la inseguridad en Jalisco es que nosotros mismo generamos “la psicosis social” y, con ello, modificamos la percepción de lo en verdad ocurre, ya que para él –pese a los tercos hechos- todo está bajo control. Lo que el mandatario con más de ocho años a cargo de la seguridad pública de Jalisco está ignorando es la eficacia que tendría una correcta estrategia de comunicación pública, pues si ésta existiera la ciudadanía de Jalisco sabría a dónde acudir para desmentir todo rumor y, desde luego, sabría cómo afrontar estas situaciones de riesgo.

Pero eso no es lo que existe en torno a la información de seguridad en Jalisco, pues lo que reina en ésta es el hermetismo, el estratégico silencio, la falaz explicación, la expiación de toda responsabilidad y la sistemática negación de los hechos que resultan atinadamente aislados. Con este trasfondo todo rumor alrededor de la violencia y la inseguridad tiende a volverse cierto en Jalisco, ya que aquí la autoridad le juega al silencio, la confusión y al regaño oficial que señala a la ciudadanía como la única culpable de vivir con miedo pues toman por ciertos falsos rumores. Rumores que, por cierto, se dejan crecer desde la autoridad con fines que son igualmente perversos que lo que tuvo o tuvieron quienes generaron el rumor. Callar, en este caso, no es un #GritoDePaz

@darwinfranco