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Fotografía de Héctor Guerrero

Por Darwin Franco Migues

La justicia se abrió paso entre la tierra, su camino buscó la luz y, por ello, sus brazos amorosos fueron exhumando los cuerpos que la autoridad de Morelos un día enterró para ocultar toda verdad. Por ello, el primer cuerpo exhumado de la fosa ubicada en la comunidad de Tetelcingo perteneciente al municipio de Cuautla, Morelos, fue recibido con una cartulina que portaba el siguiente mensaje: “Bienvenido, amor mío. Cuerpo 1. Hora de renacimiento 24/05/16, 12:23 p.m.”.

La exhumación, hasta el 4 de junio de 2016, de 119 cuerpos que fueron enterrados de manera irregular por personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, desde marzo de 2014, es una prueba más del nivel de deshumanización con el que las autoridades tratan a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, ya que esta fosa no fue construida por criminales que intentaban ocultar sus fechorías sino por un Estado que pretendía desaparecer las huellas de su negligencia.

Se trata de una fosa oficial y esto es algo muy grave para las familias de los miles de desaparecidos del país porque, quizá, sus seres queridos estén en lugares que la autoridad misma construye y calla. De las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos nos enteramos por la lucha incansable que realizó la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández.

Oliver Wenceslao fue desaparecido por un grupo de hombres armados el 24 de mayo de 2013 en Cuautla, Morelos. Sin embargo, su cuerpo fue localizado el 3 de junio de ese mismo año en el municipio de Ayala donde fue trasladado al Servicio Médico Forense. En este sitio su familia ratificó que se trataba de él porque las pruebas genéticas y las de huellas dactilares fueron positivas. Tras reconocer el cuerpo pidieron que se les entregara para darle una digna sepultura, las autoridades pidieron tiempo porque prometieron que investigarían a fondo para dar con los responsables de su muerte. La familia confío.

La confianza, sin embargo, se perdió porque la investigación no daba ningún resultado, así que cansada de tanta negligencia su madre, Concepción Hernández, exigió en diciembre de 2014 que le entregaran el cuerpo de su hijo pero éste ya no estaba –como le habían dicho- en el SEMEFO de Cuautla sino en un panteón particular ubicado en Tetelcingo. Al enterarse de esto, la familia de Oliver Wenceslao interpuso diversos amparos que obligaron a la Fiscalía de Morelos a exhumar su cuerpo.

La exhumación sucedió en noviembre de 2015, fue ahí cuando el mundo se enteró no sólo de la existencia estas fosas clandestinas del Estado sino también que en ellas existían alrededor de 150 cuerpos, no 118 como sostiene la autoridad morelense. Esto se sabe porque los familiares de Oliver Wenceslao que estaban a pie de fosa grabaron un video para corroborar que todo se realizara a cabo conforme dictan los protocolos.

La sorpresa mayúscula fue que en la fosa de Tetelcingo no sólo yacía el cuerpo de Oliver Wenceslao sino que también estaban ahí cientos de cuerpos más. La Fiscalía de Morelos aseguró que en sus registros sólo tiene contabilizadas 118 inhumaciones en el sitio, además afirmaron que todo esto no se trató de una acción clandestina sino simplemente irregular porque el sobrecupo en el SEMEFO y el no reclamo de estos cuerpos, los orilló a crear este estas dos fosas donde depositaron los cuerpos de personas no identificadas que murieron entre los años 2010 y 2013 en la zona centro y oriente del estado de Morelos. La familia de Oliver Wenceslao aseguró que, el día de su exhumación, contabilizaron más de 150 cuerpos.

La lucha de la familia de Oliver Wenceslao y el acompañamiento jurídico que les brindó la Unidad de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos obligó a que el gobierno de Morelos exhumara, por segunda ocasión,  todos los cuerpos ubicados en las dos fosas clandestinas de Tetelcingo. La exhumación que inició el 23 de mayo ha logrado traer nuevamente de la tierra a 119 personas.

Lo que ha pasado en Tetelcingo en las últimas semanas ha desenmascarado a un Estado que cava sus propias fosas y rompe todos los protocolos sobre la identificación de cuerpos pero también ha significado un triunfo por la memoria y la justicia de decenas de familias de desaparecidos que estuvieron vigilantes de todo el proceso y que, además, lo acompañaron con un trabajo de toma de muestras genéticas que, posteriormente, podrán confrontarse con los 119 cuerpos exhumados en Tetelcingo.

Por ello, los mensajes colocados en los diez primeros cuerpos exhumados quedarán por siempre en la memoria de este hecho, ya que palabras como: “Bienvenido, mi amor”, “Bienvenido, tu renacer mi alegría”, “Bienvenido, somos tu voz y el eco de justicia”, “Bienvenido a tu identidad”, representan las increíbles muestras de solidaridad ciudadana ante la falta de sinrazón de la autoridad que hoy destapa una de sus fosas clandestinas. Sin embargo, aquí no acaba todo, ya que la autoridad de Morelos tiene aún la enorme obligación de dar justicia a la familia de Oliver Wenceslao, así como también debe de decirnos cuál es la identidad de las 119 personas, no 118, que en Tetelcingo fueron enterradas sin el menor respeto a su dignidad y memoria.

Tetelcingo se abrió paso entre la violencia. Ahora esperamos que la justicia llegue, por fin, a las familias que por años buscaron a cada una de estas 119 personas.

@darwinfranco

 

Por Darwin Franco Migues

Sí lo que hay en sus manos después de escarbar la tierra son restos humanos, no pedazos de madera como sugirió el gobierno que encabeza de Javier Duarte. Sí lo que la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas localizó en Veracruz son restos humanos que fueron encontrados en 15 diferentes lugares ubicados en Amatlán de los Reyes y Córdoba, municipios veracruzanos que se eligieron para iniciar algo que el gobierno simplemente no ha querido hacer: buscar a los desaparecidos.

Del 9 al 21 de abril, familiares de desaparecidos provenientes de Guerrero, Morelos, Coahuila, Estado de México, Sinaloa, Chihuahua y Baja California acudieron al llamado de las familias de Veracruz para iniciar ahí sus primeras acciones de búsqueda colectiva, pues ellos en sus respectivas localidades ya se habían convertido en rastreadores de fosas clandestinas y en buscadores de la esperanza que, tristemente, se halla debajo de la tierra.

En México, de acuerdo a información de la Procuraduría General de la República (PGR), se han localizado en los últimos nueve años (2006—2015), 201 fosas clandestinas de las cuales se han exhumado 662 cuerpos; sin embargo, sólo el 18 por ciento (119 cuerpos) han sido identificados. La mayoría de los restos localizados (380), a decir de la PRG, presentan un avanzado estado de descomposición que hace imposible identificar su género.

En estos datos, sin embargo, no se encuentran los 15 hallazgos que la Brigada Nacional de Búsqueda obtuvo en Veracruz ni los cerca de 300 restos humanos calcinados que fueron localizados por los 40 expertos buscadores que integran la Brigada. Ellas y ellos dedicaron 13 días de su vida para localizar en pozos, cañadas, cañaverales o veredas a los más de mil desaparecidos que existen en Veracruz. El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), a cargo de la Secretaría de Gobernación, no obstante, sólo reconoce a 661 (493 del fuero común y 168 del federal). Sus estadísticas se quedan cortas.

La búsqueda de desaparecidos en México es una acción que primordialmente realizan las propias familias de los desaparecidos porque a los pocos días de presentar sus denuncias se dan cuenta de que las acciones de búsqueda de las procuradurías o fiscalías estatales e, inclusive, las de la propia PGR sólo son en papel pero no en el campo. Esto significa que en sus expedientes o averiguaciones previas existen más oficios de colaboración que reportes de peritajes y más notificaciones de aceptación a colaborar que testimonios y/o confesiones que ayuden a localizar a los 28 mil 156 desaparecidos que existen en todo el país.

Por ello, las familias aprenden que la búsqueda en vida y, lamentablemente, también sin ella la deben realizar con sus propios recursos porque si se quedan esperando a que la autoridad lo haga seguramente pasarán muchos años porque frases como: “estamos investigando”, “tengan paciencia”, “estamos a la espera de los resultados de los peritajes”, “no han querido declarar los detenidos” o “no tenemos ninguna novedad”, no harán que regrese ninguno de los desaparecidos que, ellos aseguran, están buscando.

Esto lo saben muy bien familiares de desaparecidos como Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí Salcedo, quien desapareció en Orizaba, Veracruz, el 7 de septiembre de 2012; José Díaz Navarro quien está buscando las cabezas Hugo y Alejandro Díaz Navarro (sus hermanos), Mario Montiel Ferrer, Vicente Apreza García y Jesús Romero Mújica pues sus cuerpos sí fueron localizados el 29 de noviembre de 2014 en Chilapa, Guerrero; Alma Rosa Rojo quien desea encontrar a su hermano Miguel Ángel Rojo Medina del cual no sabe nada desde el 4 de julio de 2009 cuando viajó hacía Estación de Obispo, Sinaloa; Juan Carlos y Miguel Trujillo Herrera quienes junto a su incansable madre, María Herrera, buscan a sus cuatro hermanos, Raúl y Jesús Salvador, desaparecidos el 29 de agosto de 2008 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y Gustavo y  Luis Armando, quienes desaparecieron dos años después, el 22 de septiembre de 2010, en Poza Rica, Veracruz; y Mario Vergara Hernández quien integra el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala y está en la búsqueda de su hermano Tomás Hernández quien desapareció el 5 de julio de 2012 en Iguala, Guerrero.

Ellos son sólo algunas de las personas que integran la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y son ellos, como cientos de familiares en el país, quienes están saliendo a escarbar la tierra en búsqueda de respuestas porque, como ellos aseguran, debajo de nosotros yace un tesoro: los desaparecidos. Esta fuerte expresión podría dar calma, aunque no la esperada, a una familia no sabe dónde está su ser querido.

Buscar la esperanza debajo de la tierra, buscar con el corazón hasta en el último rincón del mundo, buscar para localizar ese tesoro que a cada una de estas familias les arrebataron debiera ser hoy una acción colectiva que permita que la Brigada Nacional de Búsqueda seamos todos y no sólo estas valientes familias. Buscar a todos los desaparecidos debiera ser para todos una prioridad porque estoy seguro que si emprendemos esta búsqueda también nosotros habremos de encontrar aquello que nos han arrebatado con su ausencia.

@darwinfranco

Conferencia brindada en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, 22 de abril de 2016

 

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Por Darwin Franco Migues
Durante el año 2015, en promedio, desaparecieron siete personas al día en Jalisco. Lo cual significó para la Fiscalía General de este estado recibir alrededor de seis denuncias por desaparición durante los 365 días del año. Pese a esta alarmante realidad, el gobierno del priísta, Aristóteles Sandoval, considera que todo está bajo control.
En la solicitud de transparencia, oficio FG/UT/261/2016, la Fiscalía informó que de enero a diciembre de 2015 generó 2 mil 378 indagatorias por desaparición y que de ellas se derivaron 2 mil 528 desaparecidos (1,357 hombres y 1,171 mujeres). En el mismo oficio, esta dependencia asegura que sus pesquisas de búsqueda los llevaron a la localización de 1,683 personas (1,596 con vida y 87 sin ella), esto significa que los policías investigadores adscritos a la Fiscalía General y/o los agentes ministeriales pertenecientes a la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, debieron encontrar de cuatro a cinco personas diariamente, ya que sólo así la Fiscalía podría mantener el 66% de eficacia que arrojan los datos que entregó sobre el número de indagatorias por desaparición que realizó durante el año 2015. Siguiendo los datos de la Fiscalía, sus acciones de búsqueda no lograron que 845 jaliscienses desaparecidos en 2015 regresaran a casa.
Sin embargo, estas son sólo estadísticas y números que poca relación tienen con la desaparición, por ejemplo, de Ana Elvira Castillo Mireles y de Juan Carlos Zaragoza Gaona.

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Ana Elvira, desapareció el 28 de abril de 2015 en el municipio de Lagos de Moreno y es fecha en que su madre, Catalina, no ha recibido ninguna notificación de los avances que tiene su ministerio público sobre la desaparición de su hija. Mismo situación viven los padres de Juan Carlos, quien desapareció en Zapopan, el 26 de mayo de 2015. A diez meses, sus padres, Adriana y Juan, aseguran que su ministerio público no tiene un trabajo firme para localizar a su hijo y ahora temen que los cambios al interior de la Fiscalía anunciados por el Fiscal General, Eduardo Almaguer, retrasen la búsqueda de Juan Carlos, ya que implicaría un cambio de ministerio público y esto significa volver a iniciar de cero, ya que el nuevo agente no conoce el caso y requiere leer el expediente para dar algún tipo de información o avance.
El tiempo promedio de lectura del expediente, en muchos casos, ha superado los tres meses. Tres meses que son para las familias de desaparecidos, un valioso tiempo perdido.

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Unidades especializadas y sin transparencia
La grave situación de los desaparecidos en Jalisco a decir del Fiscal General, Eduardo Almaguer, se resolverá una vez que arranquen los trabajos de las Unidades especializadas para la Atención de Desaparecidos que la Fiscalía instauró en Guadalajara y en el municipio de Puerto Vallarta. La primera de estas unidades atenderá los casos de desaparición de la Zona Metropolitana de Guadalajara y estará operando con 15 policías investigadores y dos agentes del ministerio público; en cambio, la de Puerto Vallarta tendrá a cuatro policías investigadores y un ministerio público.
No obstante, la instalación de ambas unidades especializadas se realizó sin transparentar quiénes formarán parte integral de ellas, bajo qué lógicas realizarán las búsquedas y sobre todo faltó que explicaran de dónde fue que salieron los policías investigadores y los ministerios públicos asignados, siendo que desde que entró en operaciones la Agencia del Ministerio Público 12/C, encabezada por Violeta Meza, existía ya un déficit de policías investigadores, ya que hasta octubre de 2015 esta entidad sólo contaba con diez de ellos. Incluso, la ausencia de tales investigadores era, en palabras de Violeta Meza, una de las razones principales del “retraso en las investigaciones y búsquedas de los desaparecidos”.
Ahora, tras la presentación en enero de ambas unidades especializadas, el estado cuenta con 19 policías investigadores y tres ministerios públicos enfocados única y exclusivamente en “encontrar a los desaparecidos y castigar a los culpables de su desaparición”. Sin embargo, desconocemos qué tipo de capacitación tomaron para, en efecto, estar debidamente capacitados en la búsqueda de los desaparecidos y en la atención a sus familias, ya que el protocolo en atención a las víctimas de violencia que está realizando el Fiscal en Derechos Humanos, Dante Haro, todavía no está terminado y, por lo tanto, se desconoce bajo qué criterios estos nuevos agentes trabajarán las desapariciones.

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Foto de la única reunión que el gobernador Aristóteles Sandoval ha tenido con familiares de desaparecidos.  La fecha de la reunión fue el 15 de mayo de 2015

2015, el año con más desaparecidos
A decir del Fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, sí hay un avance real en materia de desapariciones porque: “ya se reconoció la gravedad del problema y esto no había ocurrido antes”. No obstante, los números de la propia Fiscalía no parecen sostener el discurso positivo y generalizado que tienen sus funcionarios cuando hablan de las desapariciones, ya que 2015 es el año con más denuncias por desaparición de personas desde 2006, pues se presentaron 2 mil 378, lo cual confirma la alza y persistencia de este delito desde el 2013. Este crecimiento ha estado emparejado con los tres primeros años de gobierno del priísta, Aristóteles Sandoval, así que el tema de las desapariciones está muy lejano de ser sólo un tema heredado de otras administraciones como éste dijo en su momento.

 
Esta percepción es contraria a lo que confirma la base estadística otorgada por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General, mediante el oficio FG/UT/113/2016, ahí se observa que las desapariciones han crecido más bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval.
Que 2015 fuese el año con más denuncias por desaparición también se traduce a que durante este tiempo se presentó el mayor número de personas desaparecidas, 2 mil 528 y personas no localizadas, ya que pese al trabajo de búsqueda que realiza la Fiscalía, 845 jaliscienses, entre ellos lamentablemente están Ana Elvira Castillo Mireles y Juan Carlos Zaragoza Gaona, no han logrado volver a casa.
Esta misma situación es la de cientos de desaparecidos más que no aparecen en los reportes de localización de la Fiscalía General, pues en ellos –como puede verse en el informe presentado en el mes de octubre de 2015– las causas de localización responden más a la acción de vuelta de las propias personas que a resultados periciales de búsqueda, lo cual podría explicar el por qué Ana Elvira y Juan Carlos, no forman parte de las cuatro o cinco personas que diariamente “localizó” la Fiscalía General durante el año pasado.
Incluso, siguiendo la línea positiva de la Fiscalía, la información dada por transparencia precisa que durante 2015 decreció la efectividad de sus búsquedas al localizar con vida a 241 personas menos que en 2014 y 125 menos que 2013. Mismo caso para su localización en muerte que disminuyó respecto a los dos años anteriores.
Esto tomando en consideración que, en efecto, se trata de localizaciones plenas y no de administración de expedientes, tal y como se dejó entrever en la rueda de prensa que Eduardo Almaguer ofreció el 20 de octubre de 2015. Almaguer ese día informó el estado que guardaban los expedientes de personas desaparecidas y cómo fue que de esta situación, su dependencia generó la clasificación que hoy el Fiscal General presume a nivel nacional como un logro de su administración. Hoy los expedientes de desapariciones en Jalisco se dividen en: 1) Personas extraviadas, 2) Personas ausentes voluntarias, 3) Personas Desaparecidas y 4) Personas desaparecidas relacionadas a la comisión de un delito.
Al respecto, ni los discursos conscientes, ni el aceptar el problema o el generar acciones de clasificación han frenado las desapariciones en Jalisco, las cuales de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2015 suman ya 2 mil 962 personas que no han logrado volver con sus seres amados. 2 mil 962 personas que como Ana Elvira y Juan Carlos son buscados amorosamente por sus padres, los cuales cambiarían todo discurso político o mediático por una verdadera acción de búsqueda que los lleve a encontrar a sus familiares. Ello son quienes los buscan.

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Esta investigación se publicó originalmente en Proyecto Diez:

http://www.proyectodiez.mx/2015-el-ano-con-mas-desaparecidos-en-la-historia-de-jalisco/

Por Darwin Franco Migues

Arturo Javier Moreno Ramírez salió de su casa como muchos otros días, tenía una agenda previamente organizada para ese día tanto como para actividades académicas como laborales, además de un compromiso familiar acordado para ese 12 de junio de 2014.  Salió ese día de su casa, como muchos de nosotros lo hacemos a diario, salió para hacer ejercicio y cumplir con sus labores como abogado y docente. Llamó a su prometida para ultimar detalles del compromiso familiar acordando la hora exacta en que se reunirían; sin embargo, ella se quedó esperando pues Arturo nunca regresó a casa.

Arturo Moreno es abogado y hasta antes de su desaparición laboraba desde hace 14 años como profesor en la División de Estudios Jurídicos de adscrito al departamento de Derecho Social, dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, su alma mater. Proveniente de una familia siempre unida con base firme en el trabajo y la ayuda al prójimo, Arturo estudió derecho en la Universidad de Guadalajara y antes de desaparecer cursaba el último año de un doctorado, del cual por cierto sus compañeros están próximos a graduarse en unos días. En ese doctorado aún sigue su lugar vacío en el aula, ya que la idea de Arturo era seguir produciendo conocimiento en pos de la justicia. Su sueño de convertirse en Doctor en Derecho aún está pendiente.

Durante su época estudiantil, en la carrera de abogado en la Universidad de Guadalajara, compartió las aulas y las actividades políticas escolares con el actual gobernador, Aristóteles Sandoval. Sin embargo, esto poco ha valido para su familia pues ni “la preocupación del gobernador por su compañero” ni la manifestación pública que la Universidad de Guadalajara hiciera 12 días después de su desaparición, han servido para que la Averiguación Previa que se inició el inmediatamente con motivo de su desaparición tenga resultados, pues a un año las pesquisas de los agentes investigadores de la Agencia del Ministerio Público Número 12/C, especializada en desapariciones, son nulas.

Sus padres y su prometida son los que han investigado por sus propios medios qué podría haber pasado con Arturo Moreno. No obstante no dejan darle el debido seguimiento a su investigación ante la Fiscalía General de Jalisco.

La familia de Arturo Moreno se ha incorporado a Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), ahí han estado presentes en sus manifestaciones y en las exigencias que este colectivo ha hecho al gobierno de Aristóteles Sandoval. El 18 de marzo, día en que FUNDEJ solicitó al gobernador una reunión, su padre Javier Moreno se presentó a las afueras de Palacio de Gobierno con la foto de Arturo Javier y con firmeza mencionó: “en el caso de mi hijo no ha existido voluntad de investigar”.

La familia Moreno Ramírez ha venido batallando y sufriendo los estragos de la lenta investigación, pues tanto el padre de Arturo Javier como sus hermanos abogados han dado muchas vueltas a las oficinas de la Fiscalía General de Jalisco y son tantas las veces que de las autoridades han escuchado: “estamos investigando”, “aún no tenemos la información”, “cambiaron al encargado de su caso, le pedimos comprensión”, “tengan paciencia”.  ¿Tenga paciencia? Si paciencia es lo menos pueden tener cuando no saben ni por qué desapareció su ser querido. Paciencia es justo lo que NO se puede generar ante la ineficacia de las autoridades que dicen buscarlo pero no lo hacen.

Sin embargo, los seres más cercanos a Arturo Moreno han sacado la casta y junto con las familias de FUNDEJ siguen exigiendo que las promesas que recibieron en voz del gobernador, el pasado 15 de mayo, se hagan realidad, pues de las mesas de trabajo que se han dado desde entonces entre las familias de los desaparecidos de Jalisco y las autoridades del estado, sí se ha logrado modificar el trato y la atención a las víctimas; sin embargo, la esencia de sus demandas no se han cumplido, ya siguen sin tener acceso a sus expedientes y no hay avances de la búsqueda de sus familiares.

Hoy se cumple un año de la desaparición de Arturo Javier Moreno Ramírez, profesor de la Universidad de Guadalajara, hoy se cumple año desde que esta institución prometió estar cercana a las investigaciones de su catedrático. Hoy se cumple un año desde que el Fiscal, Luis Carlos Nájera, se comprometió ir al fondo de este caso. Hoy se cumple un año de que su familia y su prometida siguen sin saber dónde está y por qué motivos lo desaparecieron.

Ante estas dudas, su prometida desde el amor que se gesta por su búsqueda le escribe: “Mtro. Arturo Javier Moreno Ramírez… Jamás había experimentado un dolor tan grande, una impotencia tan amplia como mi capacidad de amar, una soledad más intensa que mis propias ganas de luchar… Son doce meses de angustia, rabia y desesperación… Son doce meses de ausencia, frustración y silencio… Son doce meses… son doce meses… Y sólo quedan las huellas…”.

Encuentro entre madres de normalistas y madres de desaparecidos de Jalisco

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Nos hermana el dolor, pero nos acerca más la esperanza de la búsqueda de nuestros hijos. 

Por Darwin Franco Migues

Seis meses se han cumplido de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Sus padres no han parado su búsqueda y no cesarán hasta que los presenten con vida, así lo enfatizaron las madres de Adán Abraján de la Cruz y Jorge Antonio Tizapa Ledigeño, en el encuentro que se organizó entre las madres de los normalistas e integrantes del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUNDEJ) en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios de Occidente (ITESO).

Adán Abraján de la Cruz y Jorge Antonio Tizapa Ledigeño fueron desaparecidos la madrugada del 26 de septiembre del 2014 por policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero. Desde ese día sus familias han escuchado de todo: “que están en fosas, que los quemaron en un basurero, que murieron a manos del crimen organizado, que deben superar su dolor y que no hay más verdad histórica que la que se precisó desde la Procuraduría General de la República, el pasado 27 de enero del 2015”.

A 635.2 kilómetros de distancia de Iguala, en Guadalajara, también se escuchan las mismas sinrazones de parte de las autoridades que afirman categóricamente buscar a los desaparecidos del estado de Jalisco. Las convergencias entre lo que viven las familias de los 43 normalistas y las cerca de dos mil 779 desaparecidos que hay aquí en el estado son tan coincidentes que hacen ver que en México no hay interés en buscar a los desaparecidos.

“Si uno no camina por su propio pie en la búsqueda de su desaparecido nadie más lo hará; por ello, no debemos andar solas, debemos apoyarnos porque así como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa necesitan de todos también nosotros los necesitamos a ellos para localizar a los desaparecidos de Jalisco”, precisó Esperanza Chávez, quien busca desde el 16 de mayo del 2014 a su hermano Miguel Ángel Chávez Cárdenas, quien desapareció a escasas cuadras de Casa Jalisco, hogar oficial del gobernador, Aristóteles Sandoval.

Sus palabras alentaron a Hilda Ledigeño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Ledigeño, quien recordó que la lucha que ellas tienen por sus 43 hijos normalistas es la lucha de todas las madres de desaparecidos de este país: “como padres tenemos que luchar y tenemos que buscar a nuestros hijos con vida, pues no podemos creerle a un gobierno que nos dice puras mentiras y que no nos da ningún tipo de prueba científica donde quede claro eso que dicen sobre la muerte de nuestros hijos. ¡No vamos a aceptar que están muertos, nuestro corazón de madres siempre los buscarán con vida!”.

Por su parte, María Inés de la Cruz, madre de Adán Abraján de la Cruz, mencionó que el Estado no está ya realizando investigación alguna para encontrar a los 43 normalistas: “lo único que quieren es que nos olvidemos de todo, pero nosotras no vamos a dejar de pelear para encontrar a nuestros hijos (…) son ya seis meses y aquí estamos recorriendo el país para exigir justicia”.

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Desde que la PGR precisó su “verdad histórica” el 27 de enero del 2015, el expediente de la desaparición de los 43 normalistas, como afirmaron ambas madres, no se ha movido. Aquí coinciden con lo que pasa alrededor de la desaparición de Miguel Ángel Chávez Cárdenas, pues como asegura su hermana, Esperanza, la investigación tiene nueve meses detenida. Las Fiscalías de Guerrero y Jalisco parecen actuar bajo un mismo parámetro: la inacción.

Inacción que después se transforma en insensibilidad: “A mí hijo (Adán Abraján de la Cruz) lo fueron a buscar a mi casa porque resultó seleccionado por el Instituto Nacional Electoral para ser funcionario de casilla. ¿Cómo es posible que pase esto, qué no saben de nuestro caso? Días después llegó a mi casa, a nombre de mi hijo, una tarjeta de esas que manda el Partido Verde Ecologista de México para descuentos en el súper”, precisó indignada María Inés de la Cruz.

Por esta razón, instó a los alumnos y a los profesores del ITESO presentes en el encuentro a no olvidar a sus hijos ni a los desaparecidos de Jalisco porque si nos olvidamos de ellos, ganarán quienes quien ocultar lo que verdaderamente ocasionó sus desapariciones.

Nueve días sin respuesta del gobernador

FUNDEJ aprovechó encuentro para recordar que hoy (26/03/15) se cumplen nueve días de que solicitaron al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, una reunión para que éste de respuestas a las demandas que sus subalternos, en la Fiscalía General de Jalisco, han sido incapaces de solventar; entre ellas:

1) Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco entregue copia del expediente a cada una de las familias que levantaron denuncia por desaparición;

2) Que el Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses llame a todas las familias denunciantes para proceder a tomar muestras de ADN y que entregue a las familias copia.

3) Que la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, sea completamente renovada y reubicada a un sitio más céntrico y seguro.

4) Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco haga pública la información de desapariciones en Jalisco desde el año 2006 a la fecha.

5) Que se termine de una vez por todas la revictimización de la que somos objeto en declaraciones de voceros de la Fiscalía y del propio Fiscal General.

En estos nueve días las únicas respuestas oficiales que se han escuchado al respecto son que la Fiscalía General de Jalisco y su Fiscalía de Derechos Humanos no pueden “actuar a capricho de algunas víctimas, pues información y atención sí se les da”.

Esto, sin embargo, contrasta con lo que al final del evento narraron la madre de Óscar Alberto Castellanos Monreal, quien desapareció desde el 6 de febrero del 2015, en Zapopan, cuando fue sustraído de su casa por un grupo de personas armadas. Y la de César Gerardo Guerra Liera, desaparecido en ese mismo municipio desde el 3 de marzo del 2015.

La madre de Óscar Alberto presentó su denuncia un día después y es fecha que no tiene ningún tipo de respuesta de las autoridades, pues cuando decide acudir a la Agencia 12/C, especializada en desapariciones le dicen: “aquí no es váyase para allá”, haciéndola dar muchas vueltas con varios funcionarios que ni le dicen nada de su hijo ni le dan acceso a una copia de su denuncia y expediente, ya que aseguran: “que no es necesario que ella tenga eso”.

El caso de la madre de César Gerardo es aún más grave porque al momento de levantar la denuncia no le quisieron dar copia de su denuncia porque el personal del  ministerio público le expresaron que “eso no es importante tenerlo”, así que con un marcador le apuntaron el número de averiguación previa en un pedazo de papel reciclado. Ambos casos están muy lejos de la atención personalizada que se asegura se da a las familias de desaparecidos de Jalisco.

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Son 635.2 kilómetros lo que separan a Iguala de Guadalajara, pero el dolor que une a los familiares les da cercanía y, desde luego, esperanza porque no se está solo en la búsqueda, pues como afirmó Esperanza Chávez de FUNDEJ: “Ayotzinapa necesita de las otras familias de desaparecidos para seguir luchando y éstas requieren del apoyo que se ha dado a los 43 normalistas para que se sepa que aquí también hay de desaparecidos”.

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