La Tuta, Murillo Karam y la próxima Tv-Procuradora

Por Darwin Franco Migues

¿Qué significa la salida de Murillo Karam de la Procuraduría General de la República (PGR)? ¿Fue removido (que no corrido) por su mal desempeño como procurador o porque su singular experiencia se requiere para iniciar, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedetu), el ordenamiento y ocupación territorial necesario para echar andar la Reforma Energética?

¿Por qué la captura de Servando Gómez, alias “La Tuta” (líder de Los Caballeros Templarios y fundador de La Familia Michoacana) se da justo en la transición de mando en la PGR y a nada de iniciar el proceso electoral? ¿Será acaso que la relación conocida de “La Tuta” con diversos políticos michoacanos se usará como presión para que el PRI recupere el control político en dicho estado?

¿Qué posibles conflictos de intereses se pueden gestar con el nombramiento de la ex senadora, Arely Gómez Blanco, como nueva encargada de la PGR cuando ésta tiene una relación de parentesco con Leopoldo Gómez, Vicepresidente de Noticieros en Televisa? ¿Qué implica para la procuración de justicia del país que al ser propuesta como procuradora general, ésta pueda ser –de acuerdo a las reformas al sistema de justicia- la nueva Fiscal General de la República por un periodo de nueve años?

Preguntas y más preguntas surgen tras el anuncio de tres hechos que, sin duda, tendrán una injerencia importante en la vida nacional; primero, porque la destitución de Murillo Karam en la PGR “nada” tuvo que ver con su lamentable actuación en las investigaciones realizadas alrededor de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre del 2014.

A Murillo Karam lo removieron por tres razones: 1) para quitar presión sobre el gobierno federal, pues su figura ya estaba siendo muy dañina para la justicia del país; sin embargo, mejor hubiese sido cesarlo porque eso sí hubiera reflejado el clamor popular que pedía su destitución, 2) porque tras sus actuaciones era impensable que éste se quedara al frente de la PGR porque eso hubiese significado, de acuerdo a las nuevas reglamentaciones que dan vida a la nueva Fiscalía General de la Nación, que éste al ser el último procurador tomaría el cargo de Fiscal General por un periodo de nueve años, Peña Nieto no lo veía ya en ese cargo que ahora sería transexenal y con mayor margen de autonomía respecto del ejecutivo, y 3) se necesitaba en la Sedetu a una persona con la firmeza necesaria para comenzar los reordenamientos necesarios para dar paso a las ocupaciones territoriales temporales contempladas en la Reforma Energética y con las cuales se debe dar inicio a la explotación de los hidrocarburos en todo el país. Las tres razones dan un terrible escenario de cómo se maneja la política desde Los Pinos.

En el caso de la detención de “La Tuta” levanta muchas sospechas la forma en cómo sucedió esto luego de que meses antes el ex Comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, mencionó que a este capo michoacano no lo habían aprehendido porque no había sido prioridad al no ser –desde su percepción- de los principales líderes de Los Caballeros Templarios. También da de qué pensar que su aprehensión se haya dado sin ningún tipo de reacción, pues el grupo criminal que encabezaba ha sido uno de los más violentos de los últimos años.

La detención de “La Tuta”, pese a los matices señalados, será un golpe importante en materia de seguridad en tanto su detención tenga como prioridad el desmantelamiento del grupo delictivo y no se use esto como forma de presión político-electoral, pues si algo sabía hacer Servando Gómez era tejer la política michoacana a través de los pactos y arreglos que consensaba con todas las instancias del gobierno en Michoacán. Estado en el que hay que recordar habrá elecciones de gobernador y el PRI, el partido de Peña Nieto, desea colgarse la medalla completa porque fue su partido y su mandato el que recuperó la paz para los michoacanos y no el PRD que la dejó crecer de forma desmedida.

Finalmente, el nombramiento de la ex senadora Arely Gómez como subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) para luego de ahí ser propuesta por Peña Nieto como Procuradora General, podría evidenciar el nivel que ha alcanzado la tele-bancada en nuestro país, la cual no sólo ocupa puestos relevantes en el Congreso de la Unión sino que ahora podría tener injerencia directa en el sistema de procuración de justicia del país y no sólo en el sexenio de Peña Nieto, pues Ley de la Fiscalía General de la República ,que está a nada de entrar en vigor, dará vida a la Fiscalía General de la República, instancia que suplirá a la PGR, y la cual será transexenal y autónoma del ejecutivo. Uno de los criterios más relevantes de dicha ley es que en ella se establece que el primer Fiscal General será el último encargado de la PGR. Para garantizar “la autonomía” de dicho fiscal, éste tendrá un mandato de nueve años.

Ahí radica la relevancia de este movimiento y de los intereses mediáticos que han rodeado la carrera política de Arely Gómez, hermana de quien teje la estructura noticiosa (y gubernamental) dentro de la principal televisora del país, Televisa. Eso, en sí, ya podría ser considerado un conflicto de interés de acuerdo a el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción.

Habrá que seguir de cerca estos tres hechos, pero el escenario que ya se vislumbra con ellos no es, de entrada, ni el más positivo y, mucho menos, el más esperanzador.

@darwinfranco

Reacomodo en el mercado de telecomunicaciones

Por Darwin Franco

Este día se dieron a conocer dos noticias importantes para entender cómo se reconfigurará el mercado de las telecomunicaciones en un futuro muy próximo; primero, Televisa y Grupo Salinas anunciaron que le ponen fin a su polémica unión comercial a través de la empresa Iusacell, hay que recordar que Televisa compró en abril de 2011 a Grupo Salinas el 50% de las acciones de Iusacell. Este pacto comercial se dio luego de que esta empresa peleará en tribunales la unión comercial que en su momento hiciera Televisa con Nextel para pelear por la licitación de 21.

Grupo Salinas recuperó el control de Iusacell al pagarle a Televisa 717 millones dólares por el 50% de la compañía. Al final, esto fue negocio nada afortunado para Televisa, pues se ha dado a conocer que la empresa de Emilio Azcárraga perdió alrededor de 900 millones de dólares: ¿Será el fin de la convenenciera amistad comercial de ambas televisoras?

Por lo pronto, Grupo Salinas informó que en breve anunciará un nuevo socio estratégico para su compañía de telefonía celular. Televisa, al momento, ha optado por el silencio.

La otra noticia que fue filtrada por la Revista Forbes México da un panorama de los empresarios que ya presentaron ante el Instituto Federal de Telecomunicacion su solicitud de opinión favorable para participar por la licitación de las dos cadenas nacionales de televisión digital, los empresarios interesados son:

• Germán Larrea de Grupo México (empresa que está en el ojo del huracán por la contaminación del río Sonora). Incluso es una postulación polémica, pues Germán Larrea forma parte del consejo administrativo de Televisa.
• Mario Vázquez Raña de la Organización Editorial Mexicana.
• Manuel Arroyo de Grupo Laumann que edita el diario El Financiero.
• Ariel Picker del Grupo Seguritech, empresa dedicada a la instalación de cámaras de vigilancia y quien está en vuelta en un escándalo por la adjudicación irregular de este servicio en el Estado de México.
• Olegario Vázquez Aldir de Grupo Imagen, que agrupa a una serie de estaciones de radio, al canal Cadena Tres y al periódico Excélsior
• Francisco Aguirre de Grupo Radio Centro
• Luis y Anuar Maccise del Grupo Mac que edita diversos diarios en el país, recientemente se asoció con Grupo Prisa de España, quien edita el periódico El País.

En esta lista aún no aparece el empresario Carlos Slim, pero el tiempo de presentar la solicitud de opinión favorable ante el IFETEL sigue abierta, este organismo tendrá que analizar la viabilidad de estas empresas para después precisar a quienes sí podrán participar en el proceso. La adjudicación de la o las licitaciones (una empresa puede ganar las dos) deberá darse a conocer en la primera quincena de marzo de 2015.

Ningún recurso de anticonstitucionalidad para la #LeyTelecom (¿entonces para qué sirve el IFETEL?)

Por Darwin Franco

A pesar de que las leyes secundarias de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contravienen a la Constitución Mexicana y merman gravemente la autonomía y capacidad de regulación del recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), nadie fue capaz de interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de anticonstitucionalidad. Dicha ley es ya aplicable en el país a partir del 14 de agosto.

Ni diputados ni senadores, ni los comisionados de Instituto Federal de Acceso a la Información (que lo habían anunciado)  y mucho menos los noveles comisionados del IFETEL (uno de los principales afectados) fueron capaces de responder al llamado ciudadano y de organizaciones civiles que les pedían hicieran uso de ese recurso para frenar una ley que es todo menos democrática; una ley que reconoce más al mercado e ignora todo derecho a la comunicación; una ley que propone medidas para restringir, vigilar y almacenar nuestras comunicaciones telefónicas y virtuales; una ley que minimiza a los medios sociales y públicos; una ley que le da más y en más pantallas a los mismos de siempre; una ley que nos vende democratización de medios por libertad de mercado; una ley que permite que la propaganda en televisión crezca dentro y fuera de las pautas comerciales; una ley que bien podría denominarse Ley Televisa 2.0.

Y pese a todo lo anterior, nadie, absolutamente nadie fue capaz de escuchar a los ciudadanos, a los analistas, a los periodistas, a los académicos, no escucharon a nadie. Nos dirán que se les dejaron ir con tanta “promulgada” que ni tiempo les dio para pensar en el recurso de anticonstitucionalidad de la #LeyTelecom, eso nos dirán los legisladores… pero los comisionados del IFAI y el IFETEL tuvieron “su mesesote” para pensar, discutir, proponer y esgrimir sus argumentos, pero ni a eso llegó su ejercicio democrático.

En el IFAI, los comisionados dijeron, contrario a toda lógica, que la #LeyTelecom en sus artículos 30, 189, 190, (fracciones I, II y III, respectivamente) no violenta el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Almacenar y registrar nuestros datos personales, para ellos no implica ninguna intromisión: ¡Tremendos comisionados!

Los que no tiene ni vergüenza son los comisionados del IFETEL, eso ni las manos metieron porque asumieron, desde que tomaron el cargo, que eso de tener control total para regular al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión no sucedería y se conformaron con ser un órgano regulador que no regulará nada.

Los comisionados porque fueron incapaces de interponer el recurso de anticonstitucional y eso que la nueva ley les afecta gravemente en sus artículos 90, 99, 131, 285, 286, 287 y 288, en todos estos artículos el IFETEL y sus comisionados pierden su capacidad para otorgar y regular las concesiones, para establecer las medidas de contraprestación de servicios, para controlar y limitar la propiedad cruzada, para interponer las tarifas de interconexión. Sin embargo, la más burda de todas las restricciones es la que se establece en artículo 9 transitorio de la #LeyTelecom pues éste: “invalida la facultad del IFETEL de prevenir, investigar y combatir los monopolios y las concentraciones” esto porque “mientras exista un agente económico preponderante, no requerirán autorización del instituto las concentraciones que se realicen entre concesionarios de servicios específicos”.

Si esto no movió a los comisionados del IFETEL: ¿qué es lo que los mueve: El cargo y su coto de poder limitado, sus altos salarios, su incapacidad?

Los comisionados del IFETEL callaron y, con ello, el organismo de reciente vida no sólo se está declarando muerto sino también carente de toda legitimidad: ¿no sería mejor anularlo?

@darwinfranco

Ser preponderante es lo de menos…

Por Darwin Franco

Con la promulgación inminente de la Reforma en Telecomunicaciones, el mercado ya comenzó a moverse con decisiones corporativas que sorprendieron a muchos, menos a Carlos Slim, dueño de América Móvil (Telmex-Telcel). Él ya tenía su as bajo la manga.

Su empresa ya había sido declarada como agente económico preponderante desde el 7 de marzo de este año por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL). El fundamento del órgano regulador es que los servicios de telecomunicaciones dados por América Móvil tenían una participación mayor al cincuenta por ciento. La ley marca que ninguna empresa puede superar este porcentaje porque inhibe la participación y la competencia en el sector, a quienes superaren este porcentaje están obligadas a desagregarse (fragmentarse) para sólo tener el porcentaje deseado.

América Móvil opera el 80% de la telefonía fija, el 70% de la telefonía móvil, así como el 67% de las conexiones fijas de Internet y el 62% de las móviles. Para adecuarse a la normatividad y dejar de ser agente económico preponderante, se anunció el 8 de julio que desincorporaría sus activos sobrantes, lo cual fue toda una sorpresa para el mercado de las telecomunicaciones, pero también para la clase política, pues la empresa de Carlos Slim se anticipó de manera magistral a la promulgación de la Reforma en Telecomunicaciones.

Primero porque al hacer este sorpresivo anunció sus acciones repuntaron un 9.4%, lo cual significó una ganancia aproximada de 6 mil 851 millones de dólares, esto quiere decir que sus acciones incrementaron un 70% su valor original en tan sólo dos días. Muchos decían que con la Reforma, Slim sería el gran perdedor.

Segundo, al anunciar su desagregación América Móvil busca dejar de ser agente económico preponderante antes de que las nuevas legislaciones estén vigentes. Al hacerlo así, ésta no estaría obligada “a compartir su infraestructura sin costo a sus competidores”, pues la ley así lo establece en tanto el preponderante no se desagregue. Esto no pasará porque las empresas de Slim ya no serán preponderantes cuando la ley sea vigente, así que si su competencia quiere utilizar su infraestructura (cosa que se hará, pues difícilmente otra empresa montará una nueva red de telecomunicaciones) deberá pagar una cantidad a América Móvil, esto previa autorización del IFETEL.

Tercero, al no ser preponderante podrá entrar al mercado de la televisión restringida sin tener que esperar los 18 meses que establece las leyes secundarias. Conocedor de la ley y se les adelantó a todos y el sueño deseado de entrar a la televisión se hará realidad.

El asunto clave, como lo apunta Luis Miguel González, director editorial de El Economista, es: “¿A quién le venderá?, ¿qué tanto dinero reasignará a actividades de telecomunicaciones, por ejemplo producción de contenidos o incursión a la televisión de cable?”. Y yo agregaría una pregunta más: ¿Será que estas ganancias también podrían tener como destino el sector energético?

Antes que su rival, Emilio Azcárraga, Carlos Slim mostró su capacidad como estratega económico y se colocó, desde ahora, como el actor que moverá las fichas porque las decisiones que éste tome (previa autorización del IFETEL) determinarán quién o quiénes pueden entrar al mercado de las telecomunicaciones, pues como se ha dado a conocer, Slim no venderá a actores locales sino a extranjeros. Así que las cosas no se ponen fácil para Televisa.

Perder para ganar fue la apuesta desde un inicio. La Reforma en Telecomunicaciones, como ha quedado claro, no fue una legislación pensada para fortalecer nuestro derecho a la comunicación; al contrario, fue una Reforma hecha para el mercado, el cual tenía que ajustarse de cara a la convergencia tecnológico-digital y a los movimientos internacionales que apuntan a la concentración y no a la democratización de los medios.

Al fin de cuentas, nosotros en la Reforma sólo somos consumidores y las empresas monopólicas aun perdiendo saldrán ganando. Carlos Slim, ahora tiene en sus manos, el decidir cómo se moverán las fichas.

@darwinfranco

Ser o no ser preponderante: esa es la trampa

Por Darwin Franco

Ser preponderante «por sector o por servicio», un par de palabras que en los próximos días podrían cambiar el rumbo del sistema de telecomunicaciones mexicano, pues el optar por una u otra significaría: 1) el mantenimiento del sistema monopólico como lo conocemos hasta ahora aunque con la posibilidad de extenderse a todos los medios y tecnologías, o 2)  apostar por una real diversificación del ecosistema de medios porque se abatirían los monopolios en estricto apego al Artículo 28 constitucional que se modificó en junio del año pasado, cuando se promulgó la Reforma en Telecomunicaciones, y donde se establecieron los criterios para erradicar los monopolios en el sector de las telecomunicaciones.

Pero vayamos por partes,  de acuerdo al Artículo octavo transitorio de la Reforma en Telecomunicaciones se considerará como agente económico preponderante a la empresa de telecomunicaciones que:

«En razón de su participación nacional en la prestación de  los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, por el tráfico en sus redes o la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones».

En la definición original de la declaratoria para nombrar agentes económicos preponderantes sí aparece la palabra «servicios», lo cual implica una real desagregación (fragmentación) de los monopolios mediáticos porque empresas como Televisa que participa en el sector de la radiodifusión tendría que rendir cuentas por los servicios que ésta ofrece en televisión abierta y el ámbito radiofónico. América Móvil (que agrupa a Telmex y Telcel), en esa misma tesitura, al ser partícipe del sector de la telecomunicaciones tendría que precisar su participación en el mercado de la telefonía fija, la telefonía móvil y la transmisión de datos (Internet). Televisa también participa de este sector al ofrecer servicios de televisión restringida (vía satélite o por cable).

Sí se mide por servicios estos grandes monopolios superan por mucho el 5o por cierto que marca la norma constitucional; razón por la cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones (aún sin contar con la legislación secundaria) los nombró el 7 de marzo de 2014 agentes económicos preponderantes y los obligó a desagregar (fragmentar) sus redes para ajustarse a la norma constitucional y no tener, así, una presencia que inhiba o imposibilite la participación de otros actores en los respectivos sectores.

La desagregación de dichas redes (en caso de darse) significaría que Televisa y América Móvil tendrían que vender/ceder/ regresar al Estado (aún se desconoce) ese porcentaje que las sitúa como empresas preponderantes en su sector. Actualmente, Televisa controla el 60% de la televisión abierta nacional y el 70% de la televisión de paga (vía satélite o por cable). Su rival, América Móvil opera el 80% de la telefonía fija, el 70% de la telefonía móvil, así como  el 67% de las conexiones fijas de Internet y el 62% de las móviles. Por esta razón han cabildeado para que la declaración de agentes económicos preponderantes no sea por servicios sino por sector.

¿Qué significaría declarar agentes económicos preponderantes por sector y no por servicios?

Seguir con el mismo esquema monopólico porque existe el riesgo de que con este gran cambio de palabras se dejen intactos, por ejemplo, los rasgos monopólicos de una empresa como Televisa, ya que  si se toma en cuenta la preponderancia por el sector de radiodifusión, ésta NO supera ese 50 por ciento que marca la Constitución Mexicana, pues al no ser de las empresas fuertes en el mercado de la radio su presencia en el sector rondaría el 40% de participación. Con ello, cumpliría con la norma aunque en la práctica siga siendo un monopolio, pero NO un agente económico preponderante. Donde no contaría con la misma suerte es en su participación en el sector de las telecomunicaciones, pues ahí sus servicios de televisión restringida (vía satélite o por cable), sí incumplen la normatividad al tener una presencia del 70 por cierto

Quien se vería más afectada sería América Móvil, pues su presencia en el sector de las telecomunicaciones SÍ está por encima de ese 50 por ciento y a ésta SÍ se le declararía agente económico preponderante. Este gran cambio de palabras que podría darse en las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones -que ahora se «debaten» en el Congreso de la Unión- ayudaría de manera evidente a la empresa de Emilio Azcárraga y condicionaría a las vinculadas a Carlos Slim.

La cuestión central no debiera ser si se favorece a uno u a otro (aunque esto sea evidente), ya que debiera legislarse en aras de respetar lo ya marcado por la Reforma en Telecomunicaciones y su espíritu democratizador, el cual apostaba por la competencia en las telecomunicaciones desde los servicios para así abatir los monopolios presentes en los sectores de la radiofusión y las telecomunicaciones. La tendencia en las cámaras de diputados y senadores, lamentablemente, está en declarar la preponderancia por sectores y no por servicios. 

Sin embargo, alrededor del tema de la preponderancia -como muy bien me aclaró la académica del ITESO, Sofía Palau-, los únicos criterios que se están tomando en cuenta son los de servicios o los de sectores, pero qué hay del criterio señalado en ese mismo octavo transitorio donde se establece que la preponderancia también debería marcarse por «el número de usuarios o por el tráfico en sus redes». Si se tomará ese criterio, por ejemplo, tanto Televisa como Tv Azteca tienen, cada una, 90 y 70 por ciento de la penetración de las audiencias y por tanto son preponderantes; sin embargo: ¿esto se aplicará, se aclarará o, simplemente, desaparecerá de las discusiones legislativas?

Tampoco se ha especificado sí el tema de la preponderancia será únicamente nacional, porque si uno mira lo estatal y lo regional, existen poblaciones en México donde sólo llegan las señales de estas dos televisoras o donde sólo existe la cobertura de las empresas de América Móvil: ¿cómo será determinará el sentido territorial de tales preponderancias?. Las respuestas a estas dos preguntas las desconocemos y no hay certeza, siquiera, de que se vayan a legislar.

Donde también hay incertidumbres, y mucha, es en el tema de la propiedad cruzada, pues ahí también está latente el riesgo de abolir la restricción de que un propietario de algún medio pueda invertir en otro del mismo sector o de que el dominante de uno de ellos, al desagregarse, le pueda vender sus frecuencias a otro que ha sido declarado agente económico preponderante en otro sector. Lo cual atentaría, principalmente, a ese criterio de tener más del 50 por ciento de la participación en el mercado y facilitaría, en el peor de los escenarios, que Televisa y América Móvil hicieran un trueque que nos perjudicaría a todos.

Hasta el momento y de acuerdo a lo que se ha filtrado de los cabildeos legislativos entre «nuestros representantes» y los emisarios de los grandes monopolios mediáticos, en estos dos puntos se ha centrado la negociación. Al parecer, Televisa lleva la delantera para no salir tan perjudicada y, de no lograr otra cosa, América Móvil pagará un precio muy alto por entrar al mercado de la televisión. Ambas buscan que sus imperios salgan los menos lastimados en la regulación, pero los más favorecido en términos de la apertura de las concesiones únicas que les permitirán participar, sin restricciones, en la radiodifusión y en las telecomunicaciones.

Sin embargo, USTED, YO, NOSOTROS seremos los más perjudicados porque en menos de una semana se esfumará la promesa de democratización y cero monopolios en los medios. Lo que nos darán, en cambio, será más concentración de poder pero ahora bajo un esquema oligopólico que se disfrazará con las aparentes bonanzas que viviremos los usuarios al tener, muy a futuro, mejores servicios y precios más bajos.

 

De la neutralidad de las redes a los crímenes del pensamiento

Por Darwin Franco

En la renombrada obra 1984 de George Orwell existía una policía del pensamiento que utilizaba unas máquinas llamadas telepantallas, las cuales tenían un micrófono integrado, para escuchar las conversaciones realizadas entre las personas que estuvieran cercanas a ellas. La escucha de estas conversaciones les permitía detectar posibles amenazas.

Su objetivo, muy similar a lo propuesto por Peña Nieto en las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones en cuanto al control de la información que circula en Internet, era vigilar todo pensamiento (información) para evitar toda reacción en contra del “gran hermano” por parte de los ciudadanos y, así, eliminar todo rastro de privacidad en la vida del individuo. La idea era inhabilitar cualquier acción y, para ello, se tenía que censurar cualquier pensamiento crítico o subversivo. Si alguien cometía alguna falta, “las telepantallas” lo detectaban y el sujeto era “secuestrado y torturado” para hacer confesar los crímenes de pensamiento.

Esta analogía entre lo propuesto en la Reforma en Telecomunicaciones para regular Internet y las acciones implementadas por el “gran hermano” en la obra de Orwell, no es fortuita porque lo que se pretende es crear una policía de pensamiento que revisará lo que hacemos, mandamos y recibidos a través de la web, pero no sólo eso plantea ir más allá al dar facultades al gobierno para rastrear nuestra ubicación geográfica en tiempo real a través de las redes de telecomunicaciones y para suspender las mismas señales en momentos en que éste considere un riesgo para la seguridad nacional.

Las marchas en contra de las acciones del gobierno, por ejemplo, podrían estar sujetas a esta regla y así el gobierno solicitaría a los concesionarios (los cuales no tendrían más que obedecer, pues estarían obligadas por ley) a suspender las señales de celular, internet e, incluso, de radiodifusión en la zona que se indique, lo cual imposibilitaría saber qué paso ahí y podría dar paso a acciones represivas por parte de la autoridad, además de que se negaría el derecho a la comunicación y a la producción de información por parte de los ciudadanos presentes en la marcha o la de aquellos que quieran referir sobre el hecho, pues antes de que cualquier contenido sea publicado éste será previamente revisado por los prestadores de los servicios, pues el gobierno de Peña Nieto pretende hacerlos responsables de la información que publiquen sus usuarios y máxime si esta “información” es considerada ilícita por parte del gobierno mexicano.

 La creación del gran hermano

Dentro de las leyes secundarias turnadas por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión, existía un punto que quería pasar desapercibido en medio de escándalo alrededor del favoritismo abierto de Peña Nieto hacia Televisa y, en menor medida, a Telmex/Telcel; en lo que se consideró como la segunda temporada de la llamada Ley Televisa.

Sin embargo, colectivos como el #YoSoy132 identificaron la abierta censura que se quería realizar a Internet y están marchando y exigiendo un #InternetLibreMX, pues las modificaciones en las leyes secundarias, a decir del movimiento, buscan no sólo limitar la libertad de expresión sino concentrar “más poder en el poder” al darle la facultad al gobierno para vigilar en las redes y pantallas todo lo que hacemos.

En el Capítulo VI denominado “De la neutralidad de las redes”, de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se establecen una serie de artículos donde el gobierno busca “vigilar, censurar y limitar” lo que de manera libre compartimos en Internet para después “castigar y señalar” todo aquel contenido y/o usuario que desde su percepción representa una amenaza para la seguridad y estabilidad del gobierno. Es decir, establece las bases para que el gobierno censure Internet e imponga sobre éste una policía cibernética que abiertamente violentará nuestro derecho a la privacidad y a la libertad de expresión.

En los Artículos 145 y 146 se establecen de manera vaga ciertos criterios con los cuales el gobierno rompe con el principio de neutralidad de la red que establece que todo aquello que circular por Internet (textos, fotos, videos, gráficos, etc.) serán tratados como iguales sin discriminar su contenido, fuente origen y/o fuente de destino, esto implica que quienes ofrecen el servicio de Internet no pueden dar prioridad a ningún contenido sobre otro, por lo tanto, están impedidos para bloquear o revisar nuestros contenidos.

Sin embargo, el Artículo 145 establece una censura previa porque da facultades a las empresas para “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”. Pero esto va más allá porque en las fracciones I y II del mismo artículo, erradican el principio de no responsabilidad de los intermediarios sobre los contenidos que publican sus usuarios en sus plataformas, esto quiere decir que espacios como Google, Facebook, Twitter o Youtube en México estarán obligados a revisar (y censurar) nuestros contenidos para no ser cómplices de cualquier acción considerada como ilícita desde el gobierno mexicano.

Si esto no le parece tan grave, el miedo crece cuando se revisan los Artículos 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196 y 197 de la iniciativa mandada por el Presidente Peña Nieto.

En el Artículo 189 se establece que toda compañía de telecomunicaciones estará obligada a “proporcionar la localización geográfica en tiempo real de cualquier dispositivo de comunicación que esté relacionado con una investigación en materia de delincuencia organizada”, lo cual no parece estar mal, pero prosigue porque esta misma facultad se les concede a los titulares de las instancias de seguridad o a cualquier funcionario público que así lo soliciten, esto independientemente de la existencia o no una averiguación. Ahí es donde se pervierte la norma.

El Artículo 190 da facultades para que las autoridades tomen posesión e intervengan, sin previo aviso, las comunicaciones privadas de los usuarios de cualquier compañía, y para ello, las empresas están obligadas a poner a disposición de la autoridad el equipo técnico y humano que requieran para llevar a cabo su labor de control, ejecución y vigilancia de las telecomunicaciones. Este control se extiende al Artículo 192 donde las empresas deberán realizar un registro y un control de todas las actividades de sus usuarios, el cual podrá ser consultado o solicitado por la autoridad para que ésta ubique: nombre, dirección, tipo y hora de la comunicación, y ubicación geográfica del dispositivo de comunicación.

En el Artículo 193 obligan a las compañías a crear un sistema para el resguardo de toda esta información y establece penalidades por alteración o destrucción de información, y en el Artículo 195 obligan a los concesionarios a que el área y personal donde se almacenará esta información esté disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, pues no se sabe en qué momento la autoridad requiera el acceso a las comunicaciones de sus usuarios. En el Artículo 196 se establece que esto debe hacerse de manera inmediata cuando la petición esté relacionada con posibles amenazas a la seguridad nacional.

La cereza del pastel es el Artículo 197 donde se propone “bloquear, inhibir y anular” de manera permanente o temporal las telecomunicaciones, a solicitud expresa de las autoridades, en eventos y lugares críticos para la seguridad nacional. Este artículo no indica qué se entiende por “eventos y lugares críticos para la seguridad nacional”, los cuales podrían ser desde una marcha en contra de un medida gubernamental, un falso operativo de alguna instancia policiaca hasta una acción de revuelta social o la toma de armas por parte de ciudadanos como pasa ahora en Michoacán.

 Si pensamos en todas estas posibilidades, el gobierno podría cancelar toda señal para que nadie sepa qué pasó en realidad y, con ello, violentar los derechos humanos de los manifestantes, de los pobladores y de los ciudadanos. Esto sería una acción restrictiva sumamente terrible y violatoria de los derechos humanos y, específicamente, aquellos vinculados a la libertad de expresión y comunicación.

Si la tendencia se mantiene en el Congreso de la Unión y la iniciativa propuesta por el llamado Gobierno de la República se aprueba, no sólo tendremos medios masivos coludidos con el gobierno sino también una gran vigilancia en medios que, como Internet, consideramos libres y en los cuales se pretende instalar una policía del pensamiento.

“The Big Brother is watching you”.

#MarchaContraElSilencioMX

@darwinfranco

60/190: pactan MVS y SCT utilización de la banda 2.5 GHz

Por Darwin Franco

Sin mayores sobresaltos (cosa que genera dudas) terminó la disputa que sostenían MVS Comunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), luego de que ésta última, en agosto de 2012, iniciara un proceso de reordenamiento y rescate de la banda de 2.5 GHz que en ese entonces estaba en posesión del grupo comandado por Joaquín Vargas.

La actitud contestataria de Joaquín Vargas, quien reclamó al ex Presidente, Felipe Calderón, el condicionamiento del refrendo de la concesión a cambio de despedir a Carmen Aristegui (quien salió de manera momentánea -en febrero de 2012- de MVS cuando se negó a ofrecer disculpa a Calderón por cuestionar sus problemas con el alcohol) terminó cuando de manera sorpresiva aceptó un arreglo que le quita el 69% de la banda de 2.5 GHz.

Con ello, también quedó atrás la actitud cuestionadora de la propia Carmen Aristegui, quien en su noticiero –en tono calmado- informó que el corporativo en que labora pactó con la SCT, el refrendo de 60 de los 190 GHz de la banda 2.5 GHz, donde también operan otros 10 concesionarios más. El resto de la banda (130 GHz) será licitado para que otras empresas puedan ofrecer servicios de cuádruple play con banda ancha. Mismos servicios que la MVS perseguía y que le fueron negados en 2012 cuando se le acuso de sub-utilizar dicho espectro.

El arreglo, al que se le puede catalogar como negativo, no obstante, permitirá que MVS y Ultravisión –organismo que agrupa a los 10 operadores que utilizan  la misma banda- puedan ofrecer con esos 6O GHz, a partir de 2016, servicios de banda ancha. Acción que les  fue negada y condicionada por la pasada administración, y que ahora les brinda la oportunidad de colocarse como un competidor con capacidad para disputar a Televisa, Tv Azteca y Telmex, la gran franja del espectro digital que abra cuando se concluya el apagón analógico y se dé paso a la convergencia digital en el sector.

De rescate a ganancia es lo que resulta del cese de los litigios entre MVS y la SCT; por ello, se prefirió olvidar las viejas asperezas y entablar nuevas relaciones que permitan, a la empresa de Joaquín Vargas, postrarse sin impedimentos legales ante la Reforma en Telecomunicaciones que debe de quedar finiquitada antes de que acabe el año.

En este proceso considero que, al final, MVS y Ultravisión salen ganando porque se quedarán con una buena franja del espectro radioeléctrico de la banda 2.5 GHz, por el cual sólo pretendían pagar 104 millones de pesos siendo que el valor de la banda asciende a 27 mil millones de pesos. Es decir, el señor Vargas y compañía (más allá del debate político-periodístico) sólo buscaban pagar el 1% de la banda.

60/190 no parece ser un mal negocio.

IFETEL: autonomía comprometida

Por Darwin Franco

Una de las principales aspiraciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), recientemente creado alrededor de la Reforma en Telecomunicaciones,  es ser una institución verdaderamente autónoma, la cual tome decisiones fuera de las necesidades o componendas gubernamentales, pero también ajenas a las presiones de los grandes monopolios de las comunicaciones que tenemos en México. Para lograrlo requiere tener al frente a funcionarios que no respondan a ninguno de esos intereses.

Sin embargo, los candidatos propuestos no parecen cumplir estas características porque en sus trayectorias aparecen indicios y cercanías que podrían mermar la independencia del IFETEL. Los candidatos propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto son: Luis Fernando Borjón, María Elena Estavillo, Gabriel Contreras Saldívar,  Mario Fromow Rangel, Ernesto Estrada González, Adolfo Cuevas Trejo y Adriana Labardini.

De éstos candidatos, María Estavillo, Mario Fromow, Adolfo Cuevas Teja, Gabriel Contreras Saldívar y Ernesto Estrada han sido señalados porque incumplen con los requisitos que se establecieron en la Reforma de Telecomunicaciones, ya que algunos no cuentan con una “experiencia destacada” en el sector y otros han trabajado en algunas de las empresas que ahora pretenden regular.

Este es el perfil de los candidatos que deberán ser nombrados por el Senado en los próximos días: María Estavillo ha trabajado para Iusacell (aún propiedad de Tv Azteca); Luis Fernando Borjón  es el actual jefe de Sistemas de Radio y Televisión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel); Adolfo Cuevas es encargado de elaborar proyectos de resolución y acuerdos de la Cofetel; Gabriel Contreras Saldívar fue director general en la Presidencia de la República entre 2007 y 2009; Mario Fromow Rangel es director de Regulación en la Cofetel y trabajó en Telmex durante ocho años; Ernesto Estrada González es director de la Comisión Federal de Competecia (Cofeco) y, finalmente, Adriana Labardini quien forma parte del consejo consultivo de la Cofetel y es académica en diversas universidades.

Estos candidatos comparecieron el pasado seis de septiembre ante los integrantes de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos del Senado, y ahí se comprometieron a mantener “la imparcialidad y la transparencia” en sus decisiones en caso de ser seleccionados por los senadores.

Esto, a decir de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), no es suficiente porque desde el proceso de selección se está violentando lo propuesto por la Reforma en Telecomunicaciones, tal y como lo sostiene el investigador de la UNAM, Raúl Trejo, quien precisa que en los candidatos hay poquísimos expertos en la materia pero muchos ex funcionarios (de los que ayudaron a tener el ecosistema mediático que padecemos) y también demasiados ex trabajadores de las empresas del sector.

Otro experto en comunicaciones, Jorge Bravo, ha enfatizado que la selección de estos  siete candidatos “pone en duda la autonomía constitucional del Ifetel incluso antes de su instalación formal”,  cuestión que sostiene la Amedi porque de ratificarse a estos personajes no se está propiciando que “el nuevo organismo regulador de las telecomunicaciones sea independiente de intereses políticos y empresariales”.

Al contrario, lo que se lanza como mensaje en esta elección es se está dando paso “una prematura y lastimosa contrarreforma” que contraviene a todo aquello que pretende lograr la Reforma en Telecomunicaciones.

Esperemos que esto no sea un anuncia de lo que se podría aprobar en las leyes secundarias, pues de ser así la mentada Reforma en Telecomunicaciones sólo ha sido una cortina de humo.

Medios comerciales, públicos, sociales y privados: ¿dónde está la diferencia?

 

Por Darwin Franco

La generación de un nuevo sistema de medios organizado, conforme a los fines y metas que persigan quienes operan ya una estación de radio y/o televisión o quienes deseen acceder a una, dependerá casi exclusivamente de las adecuaciones y definiciones que se hagan en la adecuación que exige la Reforma en Telecomunicaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión.

El esquema que planteó el Pacto por México, como precisamos en anteriores columnas, se sustenta en un modelo de concesiones que dará vida a medios comerciales, públicos, sociales y privados; sin embargo, a la fecha no existe una definición clara que diferencie los máximos y los mínimos de cada uno  de estos nuevos medios que surgirán luego de que diputados y senadores aprueben las reformas que acompañan a la esperanzadora Reforma de Telecomunicaciones.

¿Cuál sería la diferencia entre estos nuevos esquemas? Respecto al comercial parece que no hay tantas dudas, pues será el sistema que con fines de lucro explote el espectro radioeléctrico que le sea otorgado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, es además este sistema el que parece tener mayor peso en una Reforma cargada de componentes económicos.

Este “pequeño” detalle hace difícil entender cómo dentro de una Reforma –pensada más en la industria- puede existir cabida a otros esquemas de comunicación como lo es el público, el social y el privado. De los cuales, por cierto, poco y nada sabemos porque las discusiones en el Congreso de la Unión han sido esporádicas y parcas.

Se desconoce, por ejemplo, si el uso público de los medios por fin dará certeza y autonomía (operativa y financiera) a los medios públicos; también se ignora si con uso social se está dando paso al ejercicio del derecho a la comunicación de los mexicanos y, en consecuencia, se estaría permitiendo la generación de medios ciudadanos que podrían operar fuera de la clandestinidad y sin ser molestados u hostigados por las autoridades.  Tampoco se sabe bajo qué términos o condiciones, ambas modalidades, podrían hacerse de recursos financieros, pues tendrán una concesión y no un permiso, lo cual ya no les impediría vender espacios publicitarios.

De la misma manera se desconoce cuáles serán los criterios técnicos, jurídicos y sociales que deberán cumplir para que nuevas entidades públicas, universidades, organizaciones civiles o ciudadanas puedan acceder a este tipo de concesiones. O cómo evitar que las instituciones que las controlan las usen con fines comunicativos públicos y no como eslabón de sus aspiraciones político-ideológicas.

A la par, no se sabe qué pasará con las llamadas “escuelas radiofónicas” que en la Ley de Radio y Televisión se establecen como: “un sistema de estaciones emisoras y receptores especiales para los fines de extensión de la educación pública, en los aspectos de difusión cultural, instrucción técnica, industrial, agrícola, alfabetización y orientación social”, ¿éstas serán públicas o sociales? Es un misterio.

De los usos privados tampoco queda claro a qué se refieren con este término, pues según se puede apreciar en este rubro entrarían  aquellas entidades que se dedican a la investigación y experimentación del espectro radioeléctrico, pero de manera clara no se sabe, por ejemplo, cuál sería la diferencia entre un uso privado y uno comercial.

La discusión sobre el nuevo sistema de concesiones que ahora se lleva  en el Congreso de la Unión es fundamental para poseer un sistema de medios más plural donde todas las manifestaciones culturales, sociales y políticas tengan cabida como agentes de sus propios procesos comunicativos y a través de las nuevas modalidades y usos de las concesiones de radio y televisión que serán vigentes una vez que senadores y diputados modifiquen las leyes secundarias (y la propia Constitución) para hacer operativa la Reforma en Telecomunicaciones.

De no especificarse de manera seria, clara y precisa las concesiones y sus usos comerciales, públicos, sociales y privados se puede acrecentar aún más los señalamientos de que la Reforma, más allá de su innovación, sólo está pensada e ideada para fortalecer a los medios comerciales con lo cual estas otras modalidades podrían quedar en el papel, pero jamás recibir certeza jurídica dejando el terreno libre al uso comercial del espectro radioeléctrico.

 

 

 

El acceso al nuevo sistema de medios

 

Por Darwin Franco

Uno de los cambios más relevantes de la Reforma de Telecomunicaciones que se debe discutir a fondo en el Congreso de la Unión es lo referente a: “los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan concesiones, asegurando una diversidad de medios que permita distinguir las concesiones de uso comercial, público, social y privado”.

Este importante punto que se encuentran parcamente explicado en el tercer inciso de los artículos transitorios del Decreto de Reforma de Telecomunicaciones y que obliga al Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones necesarias al marco jurídico para su homologación, representa un cambio fundamental en la composición del sistema de medios mexicano que hasta la fecha está  configurado  en  la modalidad de concesiones y permisiones.

El artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión establece que únicamente se pueden otorgar concesiones o permisos para operar estaciones de radio y televisión en territorio mexicano. De éstas únicamente las estaciones comerciales (con fines de lucro) requieren de una concesión; en cambio, “las estaciones oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o las que establezcan organismos públicos” sólo requerirán de un permiso.

Esto da como resultado el establecimiento del sistema de medios que actualmente poseemos y que puede distinguirse entre medios privados (concesionados) y medios públicos (permisionados).  Sin embargo, éstos últimos en la práctica, no han contado con tal figura jurídica y, en consecuencia, nunca se les ha dotado de la certeza jurídica, en términos de autonomía organizativa, independencia editorial y acceso al financiamiento. Lo cual implica que gran parte de estos “medios públicos” no cuente con los recursos suficientes para operar sin depender directamente de las entidades públicas que los crean (por ejemplo, los gobiernos estatales), lo que acaba convirtiéndolos más en medios estatales (por no decir, oficialistas) que en medios con un sentido o vocacionamiento público.

Con lo aprobado en la Reforma de Telecomunicaciones ya no tendremos sólo estas dos modalidades para operar estaciones de radio y televisión, sino que todo se concentrará en un solo sistema, la concesión, misma que se subdividirá en cuatro figuras: comercial, pública, social y privada. No obstante, la propia fundamentación de la Reforma la única figura que aparece como central es la comercial, pues las otras tres han quedado al margen del documento, aunque no así de la homologación que debe sufrir la Ley Federal de Radio y Televisión, la cual tendrá  que modificar casi en su totalidad el Título Tercero (Concesiones, permisos e instalaciones) donde se establecen en 76 artículos los marcos jurídicos y normativos para el otorgamiento de las concesiones y permisos.

Es en este Capítulo donde deben quedar claras las definiciones de las cuatro nuevas figuras de medios de comunicación, con las que contaremos en un futuro próximo, además de los máximos y mínimos que éstas tienen para ejercer su derecho a la comunicación de manera libre y autónoma. También debe de quedar claro cómo es que se darán estas concesiones cuando en la propia reforma se establecen las llamadas: concesiones únicas.

A través de éstas, quien tenga actualmente o se le autorice una concesión podría –de acuerdo a la Reforma-“prestar todo tipo de servicios a través de sus redes”. El único requisito obligatorio es que quien decida entrar a un nuevo mercado u ofrecer un nuevo servicio deberá ser “un nuevo actor”.

Por tanto, se debe ser claro en las definiciones de estas nuevas concesiones y sus modalidades de uso (comercial, público, social y privado), pues de no hacerlo se puede cometer el mismo error que por años acarreamos con el sistema de medios públicos y con todas aquellas radios comunitarias e indígenas que por años operaron sin definición y certeza jurídica. La razón principal es que su reconocimiento constitucional –al menos con los medios indígenas- nunca se acompañó de las adecuaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión. En el caso de los medios públicos nunca hubo un interés político real por regularlos, ya que siempre ha convenido más su papel político que su rol público.

De no especificarse de manera seria, clara y precisa las concesiones y sus usos comerciales, públicos, sociales y privados se puede acrecentar aún más los señalamientos de que la Reforma, más allá de su innovación, sólo está pensada e ideada para fortalecer a los medios comerciales con lo cual estas otras modalidades podrían quedar en el papel, pero jamás recibir certeza jurídica dejando el terreno libre al uso comercial del espectro radioeléctrico.