El Estado Mexicano y su trastorno disociativo ante la violencia.

Por Darwin Franco Migues

¿Por qué en México somos incapaces de escuchar el dolor ajeno? ¿Por qué la única pena que cuenta es la propia? ¿Qué hemos hecho para que nuestras autoridades carezcan de sensibilidad y corazón? ¿En qué momento comenzamos a negar lo innegable?

Estas preguntas me las hago para tratar de entender por qué el gobierno mexicano es incapaz de aceptar la realidad del país que le ha tocado gobernar; sin embargo, esto también me lo pregunto cuando en la calle o en las charlas cotidianas a nadie parece horrorizarle la violencia que cada vez es más próxima a nuestro entorno.

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, a la palabra (verbo) negar se le atribuyen los siguientes significados: 1) Decir que algo no existe, no es verdad o no es como alguien cree o afirma; 2) Dejar de reconocer algo, no admitir su existencia; 3) Decir que no a lo que se pretende o se pide, o no concederlo; 4) Desdeñar, esquivar algo o no reconocerlo como propio; y 5) Ocultar, disimular.

Negar, en estricto sentido, es la acción del no reconocimiento de algo. Algo se niega no porque no exista sino porque la negación conlleva la no responsabilidad sobre lo negado. De esta manera, por ejemplo, el Estado Mexicano negó el contenido y la infinidad de violaciones a los derechos humanos que se denunciaron en el “Informe Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México” que presentó la Fundación Open Society Justice Initiative, el pasado 7 de junio.

Su respuesta ante la declaración de que muchos de los delitos generados alrededor de la guerra contra el narcotráfico constituyen crímenes de lesa humanidad se sustentó en una negativa porque la realidad –desde la perspectiva del gobierno de Enrique Peña Nieto- no es como Open Society afirma; así que las matanzas, la tortura, los homicidios dolosos y las desapariciones -todos delitos sistemáticos y generalizados en el país- no son crímenes de lesa humanidad porque ellos (el gobierno) no reconocen como propias esas aseveraciones, ya que todos estos delitos no los comete el Estado sino el crimen organizado, el cual –por cierto- ellos combaten desde que institucionalmente instauraron, en 2006,  la guerra en su contra. Haciendo de su afronta una política pública de seguridad.

El Artículo 7 del Estatuto de Roma define a los crímenes de lesa humanidad como: “la serie de actos diversos que sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”; al respecto, se enumeran once actos subyacentes en lo que se incluyen: el asesinato, la tortura y las desapariciones forzadas.

Open Society concluyó que las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico constituyen crímenes de lesa humanidad porque los ataques derivados de esta acción han “implicado la comisión múltiples actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización para cometer ese ataque”. Esto significa que los crímenes de lesa humanidad pueden ser perpetrados tanto por fuerzas gubernamentales, como por grupos armados organizados.

Si se reconoce que en México existen crímenes de lesa humanidad, el Estado Mexicano estará obligado a “evaluar la responsabilidad penal hacia arriba en la cadena de mando, de modo que se pueden incluir a aquellos que dieron las órdenes o a aquellos que no tomaron acciones para prevenir o castigar delitos que conocían (o deberían haber conocido)”. Por ello, la acción del Estado Mexicano consistió en negar que en nuestro país existieran crímenes de lesa humanidad y que éstos hayan sido el resultado de sus fallidas políticas de seguridad alrededor de la guerra contra el narcotráfico.

Negar para el Estado Mexicano se ha convertido en una especie de parapeto desde donde busca mantener una imagen de la realidad que no coincide con la realidad misma. Los gobernantes mexicanos, en este sentido, son sujetos que al parecer padecen de “trastornos disociativos”, los cuales –de acuerdo a la psiquiatría- son “alteraciones de las funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción del entorno” mediante las cuales “el sujeto evita la asociación entre la realidad consciente y el entendimiento del yo dentro del entorno, insensibilizando las emociones o sensaciones”,  esto hace que ellos (los gobernantes) aíslen la percepción de las situaciones provocando una supresión de algunas partes del hecho o de éste en su totalidad.

Negar, en este sentido, ya no les es suficiente; ahora la disociación de la realidad que ellos viven y la que ellos “gobiernan” les hace suprimir todo hecho que no coincide con su percepción. Por ello, los informes de Open Society, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no generan ninguna reacción (más allá de la negación) para el Estado Mexicano, el cual tiene un trastorno disociativo o un cinismo exacerbado que le hace negar la realidad a consta de nuestra vida.

@darwinfranco

Link para descargar el Informe de Open Society

Haz clic para acceder a undeniable-atrocities-execsum-esp-20160602.pdf

Alan Pulido, ¿desaparecido?

Por Darwin Franco Migues

Uno de cada cuatro desaparecidos del país es de Tamaulipas. Desaparecer en este estado dominado por el grupo criminal de Los Zetas es con toda seguridad un infierno, sin embargo, en este estado con 5 mil 726 desaparecidos, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, sí es posible aparecer si tu nombre es Alan y tu apellido es Pulido. También es posible que te busquen sin tener que cumplir 72 horas a través de un operativo conjunto de fuerzas federales, estatales y municipales, ya que si te llamas Alan Pulido y trabajas como futbolista adquieres un estatus distinto en la Fiscalía encargada de buscar a los desaparecidos en el estado más violento de todo México.

Llamarse Ala Pulido, no obstante, tampoco garantiza que los esfuerzos coordinados den frutos porque en un estado con tal nivel de ineficacia gubernamental tendrás que ser tú quien: 1) confronte a tus captores, 2) les quite su celular, 3) llame al 066 para pedir ayuda, 4) golpee nuevamente a uno de tus captores para que te diga dónde estás, 5) marque una vez más al 066 para verificar que son “los buenos y no los malos” quien llegaron a rescatarte y, no conforme con ello tendrás que salir a los medios para que el gobernador, Egidio Torre Cantú, se tome la foto contigo y pueda decir: “misión cumplida”.

Al menos todo esto nos dijeron que pasó con la desaparición del jugador de futbol, Alan Pulido, quien estuvo 24 horas ausente luego de que la madrugada del 29 de mayo de 2016 fuera privado de su libertad por un grupo de hombres armados en el municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ismael Quintanilla Acosta, Fiscal General de Tamaulipas, además agregó que su localización se dio por la astucia e inteligencia de Pulido quien logró confrontar a dos de sus captores, los cuales presuntamente habían sido contratados por Osvaldo Velázquez García, primo político de Alan Pulido, para retenerlo mientras éste orquestaba la petición de dinero a cambio de su libertad.

Inicialmente el Fiscal Quintanilla aseguró, en rueda de prensa, que para liberar a Pulido habían negociado con el crimen organizado, sin embargo, la actual versión oficial es que jamás hubo crimen organizado involucrado y que todo lo sucedido (incluida la acción heroica del futbolista) se redujo a un problema familiar. Un primo político vio en la visita de Alan Pulido a Ciudad Victoria, su mina de oro. Aquí nadie pactó con el crimen, ni que fueran ellos los que gobiernan Tamaulipas o quienes imponen las reglas de cara al cambio de administración en la gubernatura del estado. Todo fue algo familiar y punto.

Me gustaría decir que todo se queda ahí pero no es así, ya que la supuesta desaparición y secuestro del futbolista viene a confirmarnos que: 1) en este país hay víctimas de primera, segunda y tercera, pues para unas sí existe la fuerza del Estado mientras que para otras lo único real es la no búsqueda y la dilación de la justicia; 2) los operativos conjuntos entre autoridades de distintos niveles y los protocolos de actuación en torno a las desapariciones sí existen pero se aplican únicamente a aquellos desaparecidos que dan dividendos político-mediáticos; 3) pese a la fuerza del Estado es Usted mismo quien tiene que conseguir su liberación; 4) toda desaparición -no importa el escaparate mediático que tenga- se reduce a problemas familiares-personales porque es ahí y no en lo político-social donde se generan todas las condiciones para que Usted o yo contratemos a unas personas armadas para secuestrar a un conocido en plena vía pública sin que ninguna autoridad se percate de ello; 5) cuando se quiere sí es posible capturar a los autores materiales e intelectuales de un crimen, y finalmente, 6) a nadie le importan los otros 5 mil tamaulipecos desaparecidos porque sus familias siguen esperando que la autoridad salga a buscarlos aunque éstos no se llamen Alan Pulido.

Las elecciones en Tamaulipas podrán pasar y los gobiernos del PRI seguirán jactándose de que la seguridad viene a la baja pero lo cierto es que mientras que la justicia no llegué para todos aquellos asesinados o desaparecidos, sin importar las circunstancias, en este estado no habrá paz, ya que las historias “personales” como la de Alan Pulido seguirán repitiéndose pero sin los reflectores ni el actuar rápido y expedito de las autoridades que, en Tamaulipas, buscan sin buscar, al menos, que tu desaparición sirva como insumo político-electoral.

@darwinfranco

 

Hora de renacimiento: Las fosas de #Tetelcingo.

 

Fotografía de Héctor Guerrero

Por Darwin Franco Migues

La justicia se abrió paso entre la tierra, su camino buscó la luz y, por ello, sus brazos amorosos fueron exhumando los cuerpos que la autoridad de Morelos un día enterró para ocultar toda verdad. Por ello, el primer cuerpo exhumado de la fosa ubicada en la comunidad de Tetelcingo perteneciente al municipio de Cuautla, Morelos, fue recibido con una cartulina que portaba el siguiente mensaje: “Bienvenido, amor mío. Cuerpo 1. Hora de renacimiento 24/05/16, 12:23 p.m.”.

La exhumación, hasta el 4 de junio de 2016, de 119 cuerpos que fueron enterrados de manera irregular por personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, desde marzo de 2014, es una prueba más del nivel de deshumanización con el que las autoridades tratan a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, ya que esta fosa no fue construida por criminales que intentaban ocultar sus fechorías sino por un Estado que pretendía desaparecer las huellas de su negligencia.

Se trata de una fosa oficial y esto es algo muy grave para las familias de los miles de desaparecidos del país porque, quizá, sus seres queridos estén en lugares que la autoridad misma construye y calla. De las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos nos enteramos por la lucha incansable que realizó la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández.

Oliver Wenceslao fue desaparecido por un grupo de hombres armados el 24 de mayo de 2013 en Cuautla, Morelos. Sin embargo, su cuerpo fue localizado el 3 de junio de ese mismo año en el municipio de Ayala donde fue trasladado al Servicio Médico Forense. En este sitio su familia ratificó que se trataba de él porque las pruebas genéticas y las de huellas dactilares fueron positivas. Tras reconocer el cuerpo pidieron que se les entregara para darle una digna sepultura, las autoridades pidieron tiempo porque prometieron que investigarían a fondo para dar con los responsables de su muerte. La familia confío.

La confianza, sin embargo, se perdió porque la investigación no daba ningún resultado, así que cansada de tanta negligencia su madre, Concepción Hernández, exigió en diciembre de 2014 que le entregaran el cuerpo de su hijo pero éste ya no estaba –como le habían dicho- en el SEMEFO de Cuautla sino en un panteón particular ubicado en Tetelcingo. Al enterarse de esto, la familia de Oliver Wenceslao interpuso diversos amparos que obligaron a la Fiscalía de Morelos a exhumar su cuerpo.

La exhumación sucedió en noviembre de 2015, fue ahí cuando el mundo se enteró no sólo de la existencia estas fosas clandestinas del Estado sino también que en ellas existían alrededor de 150 cuerpos, no 118 como sostiene la autoridad morelense. Esto se sabe porque los familiares de Oliver Wenceslao que estaban a pie de fosa grabaron un video para corroborar que todo se realizara a cabo conforme dictan los protocolos.

La sorpresa mayúscula fue que en la fosa de Tetelcingo no sólo yacía el cuerpo de Oliver Wenceslao sino que también estaban ahí cientos de cuerpos más. La Fiscalía de Morelos aseguró que en sus registros sólo tiene contabilizadas 118 inhumaciones en el sitio, además afirmaron que todo esto no se trató de una acción clandestina sino simplemente irregular porque el sobrecupo en el SEMEFO y el no reclamo de estos cuerpos, los orilló a crear este estas dos fosas donde depositaron los cuerpos de personas no identificadas que murieron entre los años 2010 y 2013 en la zona centro y oriente del estado de Morelos. La familia de Oliver Wenceslao aseguró que, el día de su exhumación, contabilizaron más de 150 cuerpos.

La lucha de la familia de Oliver Wenceslao y el acompañamiento jurídico que les brindó la Unidad de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos obligó a que el gobierno de Morelos exhumara, por segunda ocasión,  todos los cuerpos ubicados en las dos fosas clandestinas de Tetelcingo. La exhumación que inició el 23 de mayo ha logrado traer nuevamente de la tierra a 119 personas.

Lo que ha pasado en Tetelcingo en las últimas semanas ha desenmascarado a un Estado que cava sus propias fosas y rompe todos los protocolos sobre la identificación de cuerpos pero también ha significado un triunfo por la memoria y la justicia de decenas de familias de desaparecidos que estuvieron vigilantes de todo el proceso y que, además, lo acompañaron con un trabajo de toma de muestras genéticas que, posteriormente, podrán confrontarse con los 119 cuerpos exhumados en Tetelcingo.

Por ello, los mensajes colocados en los diez primeros cuerpos exhumados quedarán por siempre en la memoria de este hecho, ya que palabras como: “Bienvenido, mi amor”, “Bienvenido, tu renacer mi alegría”, “Bienvenido, somos tu voz y el eco de justicia”, “Bienvenido a tu identidad”, representan las increíbles muestras de solidaridad ciudadana ante la falta de sinrazón de la autoridad que hoy destapa una de sus fosas clandestinas. Sin embargo, aquí no acaba todo, ya que la autoridad de Morelos tiene aún la enorme obligación de dar justicia a la familia de Oliver Wenceslao, así como también debe de decirnos cuál es la identidad de las 119 personas, no 118, que en Tetelcingo fueron enterradas sin el menor respeto a su dignidad y memoria.

Tetelcingo se abrió paso entre la violencia. Ahora esperamos que la justicia llegue, por fin, a las familias que por años buscaron a cada una de estas 119 personas.

@darwinfranco

 

Buscar la esperanza debajo de la tierra

Por Darwin Franco Migues

Sí lo que hay en sus manos después de escarbar la tierra son restos humanos, no pedazos de madera como sugirió el gobierno que encabeza de Javier Duarte. Sí lo que la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas localizó en Veracruz son restos humanos que fueron encontrados en 15 diferentes lugares ubicados en Amatlán de los Reyes y Córdoba, municipios veracruzanos que se eligieron para iniciar algo que el gobierno simplemente no ha querido hacer: buscar a los desaparecidos.

Del 9 al 21 de abril, familiares de desaparecidos provenientes de Guerrero, Morelos, Coahuila, Estado de México, Sinaloa, Chihuahua y Baja California acudieron al llamado de las familias de Veracruz para iniciar ahí sus primeras acciones de búsqueda colectiva, pues ellos en sus respectivas localidades ya se habían convertido en rastreadores de fosas clandestinas y en buscadores de la esperanza que, tristemente, se halla debajo de la tierra.

En México, de acuerdo a información de la Procuraduría General de la República (PGR), se han localizado en los últimos nueve años (2006—2015), 201 fosas clandestinas de las cuales se han exhumado 662 cuerpos; sin embargo, sólo el 18 por ciento (119 cuerpos) han sido identificados. La mayoría de los restos localizados (380), a decir de la PRG, presentan un avanzado estado de descomposición que hace imposible identificar su género.

En estos datos, sin embargo, no se encuentran los 15 hallazgos que la Brigada Nacional de Búsqueda obtuvo en Veracruz ni los cerca de 300 restos humanos calcinados que fueron localizados por los 40 expertos buscadores que integran la Brigada. Ellas y ellos dedicaron 13 días de su vida para localizar en pozos, cañadas, cañaverales o veredas a los más de mil desaparecidos que existen en Veracruz. El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), a cargo de la Secretaría de Gobernación, no obstante, sólo reconoce a 661 (493 del fuero común y 168 del federal). Sus estadísticas se quedan cortas.

La búsqueda de desaparecidos en México es una acción que primordialmente realizan las propias familias de los desaparecidos porque a los pocos días de presentar sus denuncias se dan cuenta de que las acciones de búsqueda de las procuradurías o fiscalías estatales e, inclusive, las de la propia PGR sólo son en papel pero no en el campo. Esto significa que en sus expedientes o averiguaciones previas existen más oficios de colaboración que reportes de peritajes y más notificaciones de aceptación a colaborar que testimonios y/o confesiones que ayuden a localizar a los 28 mil 156 desaparecidos que existen en todo el país.

Por ello, las familias aprenden que la búsqueda en vida y, lamentablemente, también sin ella la deben realizar con sus propios recursos porque si se quedan esperando a que la autoridad lo haga seguramente pasarán muchos años porque frases como: “estamos investigando”, “tengan paciencia”, “estamos a la espera de los resultados de los peritajes”, “no han querido declarar los detenidos” o “no tenemos ninguna novedad”, no harán que regrese ninguno de los desaparecidos que, ellos aseguran, están buscando.

Esto lo saben muy bien familiares de desaparecidos como Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí Salcedo, quien desapareció en Orizaba, Veracruz, el 7 de septiembre de 2012; José Díaz Navarro quien está buscando las cabezas Hugo y Alejandro Díaz Navarro (sus hermanos), Mario Montiel Ferrer, Vicente Apreza García y Jesús Romero Mújica pues sus cuerpos sí fueron localizados el 29 de noviembre de 2014 en Chilapa, Guerrero; Alma Rosa Rojo quien desea encontrar a su hermano Miguel Ángel Rojo Medina del cual no sabe nada desde el 4 de julio de 2009 cuando viajó hacía Estación de Obispo, Sinaloa; Juan Carlos y Miguel Trujillo Herrera quienes junto a su incansable madre, María Herrera, buscan a sus cuatro hermanos, Raúl y Jesús Salvador, desaparecidos el 29 de agosto de 2008 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y Gustavo y  Luis Armando, quienes desaparecieron dos años después, el 22 de septiembre de 2010, en Poza Rica, Veracruz; y Mario Vergara Hernández quien integra el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala y está en la búsqueda de su hermano Tomás Hernández quien desapareció el 5 de julio de 2012 en Iguala, Guerrero.

Ellos son sólo algunas de las personas que integran la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y son ellos, como cientos de familiares en el país, quienes están saliendo a escarbar la tierra en búsqueda de respuestas porque, como ellos aseguran, debajo de nosotros yace un tesoro: los desaparecidos. Esta fuerte expresión podría dar calma, aunque no la esperada, a una familia no sabe dónde está su ser querido.

Buscar la esperanza debajo de la tierra, buscar con el corazón hasta en el último rincón del mundo, buscar para localizar ese tesoro que a cada una de estas familias les arrebataron debiera ser hoy una acción colectiva que permita que la Brigada Nacional de Búsqueda seamos todos y no sólo estas valientes familias. Buscar a todos los desaparecidos debiera ser para todos una prioridad porque estoy seguro que si emprendemos esta búsqueda también nosotros habremos de encontrar aquello que nos han arrebatado con su ausencia.

@darwinfranco

Conferencia brindada en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, 22 de abril de 2016

 

2015, el año con más desaparecidos en la historia de Jalisco

Por Darwin Franco Migues
Durante el año 2015, en promedio, desaparecieron siete personas al día en Jalisco. Lo cual significó para la Fiscalía General de este estado recibir alrededor de seis denuncias por desaparición durante los 365 días del año. Pese a esta alarmante realidad, el gobierno del priísta, Aristóteles Sandoval, considera que todo está bajo control.
En la solicitud de transparencia, oficio FG/UT/261/2016, la Fiscalía informó que de enero a diciembre de 2015 generó 2 mil 378 indagatorias por desaparición y que de ellas se derivaron 2 mil 528 desaparecidos (1,357 hombres y 1,171 mujeres). En el mismo oficio, esta dependencia asegura que sus pesquisas de búsqueda los llevaron a la localización de 1,683 personas (1,596 con vida y 87 sin ella), esto significa que los policías investigadores adscritos a la Fiscalía General y/o los agentes ministeriales pertenecientes a la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, debieron encontrar de cuatro a cinco personas diariamente, ya que sólo así la Fiscalía podría mantener el 66% de eficacia que arrojan los datos que entregó sobre el número de indagatorias por desaparición que realizó durante el año 2015. Siguiendo los datos de la Fiscalía, sus acciones de búsqueda no lograron que 845 jaliscienses desaparecidos en 2015 regresaran a casa.
Sin embargo, estas son sólo estadísticas y números que poca relación tienen con la desaparición, por ejemplo, de Ana Elvira Castillo Mireles y de Juan Carlos Zaragoza Gaona.

Ana Elvira, desapareció el 28 de abril de 2015 en el municipio de Lagos de Moreno y es fecha en que su madre, Catalina, no ha recibido ninguna notificación de los avances que tiene su ministerio público sobre la desaparición de su hija. Mismo situación viven los padres de Juan Carlos, quien desapareció en Zapopan, el 26 de mayo de 2015. A diez meses, sus padres, Adriana y Juan, aseguran que su ministerio público no tiene un trabajo firme para localizar a su hijo y ahora temen que los cambios al interior de la Fiscalía anunciados por el Fiscal General, Eduardo Almaguer, retrasen la búsqueda de Juan Carlos, ya que implicaría un cambio de ministerio público y esto significa volver a iniciar de cero, ya que el nuevo agente no conoce el caso y requiere leer el expediente para dar algún tipo de información o avance.
El tiempo promedio de lectura del expediente, en muchos casos, ha superado los tres meses. Tres meses que son para las familias de desaparecidos, un valioso tiempo perdido.

Unidades especializadas y sin transparencia
La grave situación de los desaparecidos en Jalisco a decir del Fiscal General, Eduardo Almaguer, se resolverá una vez que arranquen los trabajos de las Unidades especializadas para la Atención de Desaparecidos que la Fiscalía instauró en Guadalajara y en el municipio de Puerto Vallarta. La primera de estas unidades atenderá los casos de desaparición de la Zona Metropolitana de Guadalajara y estará operando con 15 policías investigadores y dos agentes del ministerio público; en cambio, la de Puerto Vallarta tendrá a cuatro policías investigadores y un ministerio público.
No obstante, la instalación de ambas unidades especializadas se realizó sin transparentar quiénes formarán parte integral de ellas, bajo qué lógicas realizarán las búsquedas y sobre todo faltó que explicaran de dónde fue que salieron los policías investigadores y los ministerios públicos asignados, siendo que desde que entró en operaciones la Agencia del Ministerio Público 12/C, encabezada por Violeta Meza, existía ya un déficit de policías investigadores, ya que hasta octubre de 2015 esta entidad sólo contaba con diez de ellos. Incluso, la ausencia de tales investigadores era, en palabras de Violeta Meza, una de las razones principales del “retraso en las investigaciones y búsquedas de los desaparecidos”.
Ahora, tras la presentación en enero de ambas unidades especializadas, el estado cuenta con 19 policías investigadores y tres ministerios públicos enfocados única y exclusivamente en “encontrar a los desaparecidos y castigar a los culpables de su desaparición”. Sin embargo, desconocemos qué tipo de capacitación tomaron para, en efecto, estar debidamente capacitados en la búsqueda de los desaparecidos y en la atención a sus familias, ya que el protocolo en atención a las víctimas de violencia que está realizando el Fiscal en Derechos Humanos, Dante Haro, todavía no está terminado y, por lo tanto, se desconoce bajo qué criterios estos nuevos agentes trabajarán las desapariciones.

Foto de la única reunión que el gobernador Aristóteles Sandoval ha tenido con familiares de desaparecidos.  La fecha de la reunión fue el 15 de mayo de 2015

2015, el año con más desaparecidos
A decir del Fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, sí hay un avance real en materia de desapariciones porque: “ya se reconoció la gravedad del problema y esto no había ocurrido antes”. No obstante, los números de la propia Fiscalía no parecen sostener el discurso positivo y generalizado que tienen sus funcionarios cuando hablan de las desapariciones, ya que 2015 es el año con más denuncias por desaparición de personas desde 2006, pues se presentaron 2 mil 378, lo cual confirma la alza y persistencia de este delito desde el 2013. Este crecimiento ha estado emparejado con los tres primeros años de gobierno del priísta, Aristóteles Sandoval, así que el tema de las desapariciones está muy lejano de ser sólo un tema heredado de otras administraciones como éste dijo en su momento.

 
Esta percepción es contraria a lo que confirma la base estadística otorgada por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General, mediante el oficio FG/UT/113/2016, ahí se observa que las desapariciones han crecido más bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval.
Que 2015 fuese el año con más denuncias por desaparición también se traduce a que durante este tiempo se presentó el mayor número de personas desaparecidas, 2 mil 528 y personas no localizadas, ya que pese al trabajo de búsqueda que realiza la Fiscalía, 845 jaliscienses, entre ellos lamentablemente están Ana Elvira Castillo Mireles y Juan Carlos Zaragoza Gaona, no han logrado volver a casa.
Esta misma situación es la de cientos de desaparecidos más que no aparecen en los reportes de localización de la Fiscalía General, pues en ellos –como puede verse en el informe presentado en el mes de octubre de 2015– las causas de localización responden más a la acción de vuelta de las propias personas que a resultados periciales de búsqueda, lo cual podría explicar el por qué Ana Elvira y Juan Carlos, no forman parte de las cuatro o cinco personas que diariamente “localizó” la Fiscalía General durante el año pasado.
Incluso, siguiendo la línea positiva de la Fiscalía, la información dada por transparencia precisa que durante 2015 decreció la efectividad de sus búsquedas al localizar con vida a 241 personas menos que en 2014 y 125 menos que 2013. Mismo caso para su localización en muerte que disminuyó respecto a los dos años anteriores.
Esto tomando en consideración que, en efecto, se trata de localizaciones plenas y no de administración de expedientes, tal y como se dejó entrever en la rueda de prensa que Eduardo Almaguer ofreció el 20 de octubre de 2015. Almaguer ese día informó el estado que guardaban los expedientes de personas desaparecidas y cómo fue que de esta situación, su dependencia generó la clasificación que hoy el Fiscal General presume a nivel nacional como un logro de su administración. Hoy los expedientes de desapariciones en Jalisco se dividen en: 1) Personas extraviadas, 2) Personas ausentes voluntarias, 3) Personas Desaparecidas y 4) Personas desaparecidas relacionadas a la comisión de un delito.
Al respecto, ni los discursos conscientes, ni el aceptar el problema o el generar acciones de clasificación han frenado las desapariciones en Jalisco, las cuales de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2015 suman ya 2 mil 962 personas que no han logrado volver con sus seres amados. 2 mil 962 personas que como Ana Elvira y Juan Carlos son buscados amorosamente por sus padres, los cuales cambiarían todo discurso político o mediático por una verdadera acción de búsqueda que los lleve a encontrar a sus familiares. Ello son quienes los buscan.

Esta investigación se publicó originalmente en Proyecto Diez:

http://www.proyectodiez.mx/2015-el-ano-con-mas-desaparecidos-en-la-historia-de-jalisco/

#NosFaltan5: ¿Dónde están los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca?

Por Darwin Franco Migues

“Yo daría mis extremidades, mis brazos, mis piernas por la vida de los cinco muchachos. Yo daría mi vida por mi hijo… Si quienes los tienen están leyendo esto les pido que miren en los ojos de nuestros hijos a sus propios hijos, les pido que nos los regresen porque ellos apenas están haciendo su camino, su vida. Yo les pido que nos los devuelvan porque nadie debe quitarles el hermoso derecho de vivir…”, estas palabras revestidas de amor fueron pronunciadas por Bernardo Benítez Herrera, padre de Bernardo Benítez Arroniz, uno de los cinco jóvenes que desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz, el pasado 11 de enero.

Bernardo Benítez Arroniz desapareció junto con José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz y Susana Tapia Garibo. Todos ellos muchachos tranquilos, de casa. Muchachos que decidieron, como a diario lo hacen muchos otros jóvenes del país, salir a divertirse y, por ello, se trasladaron del municipio de Playa Vicente hacia el puerto de Veracruz donde pasaron el fin de semana. El trayecto de regreso incluía su paso por el municipio de Tierra Blanca y fue ahí donde su viaje derivó en desgracia porque una camioneta de la policía estatal de Veracruz comenzó a seguirlos hasta que los detuvo para realizarles una “revisión de rutina”.

La última imagen que se tiene de los cinco jóvenes, tras revelarse lo que grabaron las cámaras de seguridad del municipio de Tierra Blanca, es la de ellos resguardados dentro la camioneta de la policía estatal. El carro de los muchachos, un Jetta color blanco, aparece detrás siguiendo a los policías, los cuales –según sus propios testimonios- entregaron a los cinco jóvenes a la delincuencia organizada; sin embargo, ninguno de los siete detenidos ha confesado el por qué los desaparecieron y en dónde fue que los dejaron.

Lo que pasó en Tierra Blanca, el 11 de enero, es una DESAPARICIÓN FORZADA porque fueron ellos, los policías estatales, quienes directamente los desaparecieron ese medio día en Tierra Blanca. Es una DESAPARICIÓN FORZADA porque fueron elementos del estado con equipamiento público quienes decidieron darle la espalda a quienes juraron proteger.

Fueron ellos, quienes siguiendo órdenes directas o indirectas optaron por desaparecerlos pero también fueron todos aquellos que han generado las condiciones para que en un estado como Veracruz y en un municipio de Tierra Blanca, la policía responda a las órdenes del narco. Fueron todos los que a bordo de una patrulla, detrás de la comandancia,  despachando en una Fiscalía o declarando desde Palacio de Gobierno han ido tejiendo las redes de complicidad que permitieron la desaparición de los cinco de Playa Vicente pero también la desaparición de 675 personas o, al menos, eso es lo que indican las cifras oficiales; sin embargo, la realidad es más dolorosa porque organizaciones como el Colectivo Xalapa por la Paz, han declarado que la cifra se eleva a más de mil desaparecidos. Sus familias no han presentado la denuncia por el riesgo que implica hacerlo en un estado dominado por el narcotráfico.

Y esto lo saben perfectamente los padres de Bernardo Benítez Arroniz, José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco, Alfredo González Díaz y Susana Tapia Garibo porque ellos mismos han sufrido amenazas, ya que a muchos les incomoda que ellos no bajen la voz y sigan en la exigencia de búsqueda y justicia para sus hijos. Los han amenazado porque, quizá, hay muchos que no desean que Tierra Blanca se mire como Iguala, Guerrero.  No obstante, todos sabemos que estamos de frente al mismo fenómeno que el 26 de septiembre de 2014 culminó en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa”. Estamos lamentablemente frente a la misma tragedia porque en Veracruz también la policía hace el trabajo sucio del narco. Allá los policías servían a Los Rojos, en Tierra Blanca a Los Zetas.

Por ello, aunque nos duela esta historia ya la hemos visto porque también allá hubo videos que comprueban la participación de los policías, también en Iguala se detuvo a los implicados y a sus jefes pero eso no se tradujo en la localización de los 43. También allá se se minimizó el hecho y se buscó la criminalización de las víctimas.  Aquí (en Tierra Blanca) y allá (en Iguala), todo es terroríficamente igual. En ambos sitios, el Estado es inexistente.

No obstante, también aquí hay estrategias de contra poder y extraordinarias muestras del amor que cinco familias profesan a sus hijos, ya que ellas no dejan de luchar, exigir pero sobre todo de creer que sus hijos regresarán a casa. Bernardo Benítez eso es lo que más desea ahora; por ello, no se separa de la Agencia del Ministerio Público en Tierra Blanca  ni deja de contestar las llamadas telefónicas que recibe de la prensa pues reconoce lo relevante que es declarar que los muchachos fueron desaparecidos por policías estatales de Veracruz, aunque el verdadero deseo de su corazón es ver regresar a su hijo, Bernardo.

“Nosotros lo que deseamos es tenerlos de regreso, las repercusiones sobre los detenidos les compete a las autoridades porque para eso les estamos pagando, ellos son nuestros empleados. Lo que yo deseo, lo que las familias deseamos es que nos digan a dónde los llevaron porque hasta allá iremos por ellos. Ellos deben de volver, los deben de liberar porque aún les falta mucho por vivir…”.

@darwinfranco

Página de Facebook para apoyar en la búsqueda de Bernardo Benítez Arroniz, José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco, Alfredo González Díaz y Susana Tapia Garibo.

https://www.facebook.com/Todossomosplaya/?fref=nf

Sólo uniendo nuestras luchas podremos localizar a todos los desaparecidos

Encuentro entre madres de normalistas y madres de desaparecidos de Jalisco

Nos hermana el dolor, pero nos acerca más la esperanza de la búsqueda de nuestros hijos. 

Por Darwin Franco Migues

Seis meses se han cumplido de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Sus padres no han parado su búsqueda y no cesarán hasta que los presenten con vida, así lo enfatizaron las madres de Adán Abraján de la Cruz y Jorge Antonio Tizapa Ledigeño, en el encuentro que se organizó entre las madres de los normalistas e integrantes del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUNDEJ) en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios de Occidente (ITESO).

Adán Abraján de la Cruz y Jorge Antonio Tizapa Ledigeño fueron desaparecidos la madrugada del 26 de septiembre del 2014 por policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero. Desde ese día sus familias han escuchado de todo: “que están en fosas, que los quemaron en un basurero, que murieron a manos del crimen organizado, que deben superar su dolor y que no hay más verdad histórica que la que se precisó desde la Procuraduría General de la República, el pasado 27 de enero del 2015”.

A 635.2 kilómetros de distancia de Iguala, en Guadalajara, también se escuchan las mismas sinrazones de parte de las autoridades que afirman categóricamente buscar a los desaparecidos del estado de Jalisco. Las convergencias entre lo que viven las familias de los 43 normalistas y las cerca de dos mil 779 desaparecidos que hay aquí en el estado son tan coincidentes que hacen ver que en México no hay interés en buscar a los desaparecidos.

“Si uno no camina por su propio pie en la búsqueda de su desaparecido nadie más lo hará; por ello, no debemos andar solas, debemos apoyarnos porque así como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa necesitan de todos también nosotros los necesitamos a ellos para localizar a los desaparecidos de Jalisco”, precisó Esperanza Chávez, quien busca desde el 16 de mayo del 2014 a su hermano Miguel Ángel Chávez Cárdenas, quien desapareció a escasas cuadras de Casa Jalisco, hogar oficial del gobernador, Aristóteles Sandoval.

Sus palabras alentaron a Hilda Ledigeño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Ledigeño, quien recordó que la lucha que ellas tienen por sus 43 hijos normalistas es la lucha de todas las madres de desaparecidos de este país: “como padres tenemos que luchar y tenemos que buscar a nuestros hijos con vida, pues no podemos creerle a un gobierno que nos dice puras mentiras y que no nos da ningún tipo de prueba científica donde quede claro eso que dicen sobre la muerte de nuestros hijos. ¡No vamos a aceptar que están muertos, nuestro corazón de madres siempre los buscarán con vida!”.

Por su parte, María Inés de la Cruz, madre de Adán Abraján de la Cruz, mencionó que el Estado no está ya realizando investigación alguna para encontrar a los 43 normalistas: “lo único que quieren es que nos olvidemos de todo, pero nosotras no vamos a dejar de pelear para encontrar a nuestros hijos (…) son ya seis meses y aquí estamos recorriendo el país para exigir justicia”.

Desde que la PGR precisó su “verdad histórica” el 27 de enero del 2015, el expediente de la desaparición de los 43 normalistas, como afirmaron ambas madres, no se ha movido. Aquí coinciden con lo que pasa alrededor de la desaparición de Miguel Ángel Chávez Cárdenas, pues como asegura su hermana, Esperanza, la investigación tiene nueve meses detenida. Las Fiscalías de Guerrero y Jalisco parecen actuar bajo un mismo parámetro: la inacción.

Inacción que después se transforma en insensibilidad: “A mí hijo (Adán Abraján de la Cruz) lo fueron a buscar a mi casa porque resultó seleccionado por el Instituto Nacional Electoral para ser funcionario de casilla. ¿Cómo es posible que pase esto, qué no saben de nuestro caso? Días después llegó a mi casa, a nombre de mi hijo, una tarjeta de esas que manda el Partido Verde Ecologista de México para descuentos en el súper”, precisó indignada María Inés de la Cruz.

Por esta razón, instó a los alumnos y a los profesores del ITESO presentes en el encuentro a no olvidar a sus hijos ni a los desaparecidos de Jalisco porque si nos olvidamos de ellos, ganarán quienes quien ocultar lo que verdaderamente ocasionó sus desapariciones.

Nueve días sin respuesta del gobernador

FUNDEJ aprovechó encuentro para recordar que hoy (26/03/15) se cumplen nueve días de que solicitaron al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, una reunión para que éste de respuestas a las demandas que sus subalternos, en la Fiscalía General de Jalisco, han sido incapaces de solventar; entre ellas:

1) Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco entregue copia del expediente a cada una de las familias que levantaron denuncia por desaparición;

2) Que el Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses llame a todas las familias denunciantes para proceder a tomar muestras de ADN y que entregue a las familias copia.

3) Que la Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, sea completamente renovada y reubicada a un sitio más céntrico y seguro.

4) Que la Fiscalía General del Estado de Jalisco haga pública la información de desapariciones en Jalisco desde el año 2006 a la fecha.

5) Que se termine de una vez por todas la revictimización de la que somos objeto en declaraciones de voceros de la Fiscalía y del propio Fiscal General.

En estos nueve días las únicas respuestas oficiales que se han escuchado al respecto son que la Fiscalía General de Jalisco y su Fiscalía de Derechos Humanos no pueden “actuar a capricho de algunas víctimas, pues información y atención sí se les da”.

Esto, sin embargo, contrasta con lo que al final del evento narraron la madre de Óscar Alberto Castellanos Monreal, quien desapareció desde el 6 de febrero del 2015, en Zapopan, cuando fue sustraído de su casa por un grupo de personas armadas. Y la de César Gerardo Guerra Liera, desaparecido en ese mismo municipio desde el 3 de marzo del 2015.

La madre de Óscar Alberto presentó su denuncia un día después y es fecha que no tiene ningún tipo de respuesta de las autoridades, pues cuando decide acudir a la Agencia 12/C, especializada en desapariciones le dicen: “aquí no es váyase para allá”, haciéndola dar muchas vueltas con varios funcionarios que ni le dicen nada de su hijo ni le dan acceso a una copia de su denuncia y expediente, ya que aseguran: “que no es necesario que ella tenga eso”.

El caso de la madre de César Gerardo es aún más grave porque al momento de levantar la denuncia no le quisieron dar copia de su denuncia porque el personal del  ministerio público le expresaron que «eso no es importante tenerlo», así que con un marcador le apuntaron el número de averiguación previa en un pedazo de papel reciclado. Ambos casos están muy lejos de la atención personalizada que se asegura se da a las familias de desaparecidos de Jalisco.

Son 635.2 kilómetros lo que separan a Iguala de Guadalajara, pero el dolor que une a los familiares les da cercanía y, desde luego, esperanza porque no se está solo en la búsqueda, pues como afirmó Esperanza Chávez de FUNDEJ: “Ayotzinapa necesita de las otras familias de desaparecidos para seguir luchando y éstas requieren del apoyo que se ha dado a los 43 normalistas para que se sepa que aquí también hay de desaparecidos”.

Mil 441 desaparecidos en la administración de Aristóteles Sandoval

Por Darwin Franco

Las desapariciones en Jalisco no son un asunto heredado de pasadas administraciones, como asegura el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, pues en lo que va de su gobierno se han registrado en el estado 4 mil 624 indagatorias por desaparición, estas denuncias presentadas en la Fiscalía General y en su Agencia del Ministerio Público 12/C especializada en desapariciones, han derivado en la desaparición de 4 mil 928 personas (2 mil 811 hombres y 2 mil 117 mujeres), esto de acuerdo a la información otorgada vía transparencia en los oficios LTAIPJ/FG/807/2014 y LTAIPJ/FG/002/2015.

De este gran número de desapariciones, la Fiscalía General asegura haber localizado con vida a 3 mil 926 personas y en muerte a 191, lo cual deja un total de mil 441 personas que aún siguen desaparecidas. A pesar de la existencia de estos datos oficiales generados por la Fiscalía General, el gobernador afirmó, al término de la inauguración del Centro de Justicia para Mujeres (05/02/15), que en el estado sólo existen más de dos mil desaparecidos y que éstos corresponden a administraciones pasadas que a su parecer: “cubrieron, solaparon e incubrieron las desapariciones”, lo cual es una situación que no pasa bajo su mandato porque “hoy se transparentan las desapariciones y se está actuando con firmeza, con decisión».

Sin embargo, esto no es lo que dicen los datos otorgados por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ya que de acuerdo a los datos oficiales existen en el estado desde el año 2006: 2 mil 677 desaparecidos, lo cual supone que el 53% de las desapariciones de Jalisco se han dado en los cerca de dos años que Aristóteles Sandoval tiene al frente del gobierno.

En razón del mismo tema, el gobernador de Jalisco, precisó: «Este fue un tema heredado, que a la fecha, ustedes vieron cuántas fosas clandestinas encontraron, que tenían ahí años, esto es desde años pasados, es un tema heredado que ahora estamos yendo a fondo y estamos atacando de manera directa e inclusive hemos integrado personal para ir a apoyar a estas familias que sufren del dolor», lo que no expresó el gobernador en su declaración es que uno de los elementos que posiblemente contribuyeron a heredar las desapariciones es hoy su Fiscal General, ya que Luis Carlos Nájera fungió como Secretario de Seguridad Pública en la administración pasada.

Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, al respecto, condenó las declaraciones del gobernador porque el colectivo asegura que las desapariciones se han incrementado de manera significativa en los años 2013 y 2014, así que si las desapariciones son un tema heredado no hay duda de que la herencia se ha duplicado en lo que va de la presente administración.

De acuerdo a la información otorgada por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco, en 2013 desaparecieron 703 personas y en 2014, 738. Ambas cifras duplican el número de casos que se habían acontecido en el estado durante los años 2011 y 2012, años en donde la violencia en el estado registró sus niveles más altos. Al respecto del nivel de eficiencia que asegura tener la Fiscalía en la búsqueda de personas desaparecidas, como también enfatizó el gobernador, resulta interesante saber que en la Agencia del Ministerio Público 12/C especializada en desapariciones, trabajan un total de cuatro investigadores, los cuales siguiendo los datos oficiales tuvieron que haber resuelto cada uno 871 casos entre los años 2013 y 2014, lo cual contrasta con algunas de las frases que las familias de desaparecidos tienen que oír de estos investigadores cuando van a la Agencia 12/C o éstos se toman la molestia de marcarles: “¿ya apareció su hijo?, ¿qué más información tiene sobre la desaparición, ¡Venga la otra semana, pues no tenemos ningún avance!”.

Entre los años 2013 y 2014, en Jalisco no han logrado regresar a casa mil 441 personas. Lo cual nos coloca a nivel nacional con el segundo estado con más desapariciones, tan sólo por debajo de Tamaulipas.

Indagatorias por desaparición en Jalisco desglosadas por número de desaparecidos, género, localización con vida y en muerte.

	Indagatorias	Total desaparecidos	Hombres	Mujeres	Localizados con Vida	Localizados   Sin Vida	Total
2013	2260	2456	1436	1020	1641	112	703
2014	2364	2472	1375	1097	1655	79	738
Total	4624	4928	2811	2117	3296	191	1441

Fuente: Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco.

¿Verdad histórica?

¿Verdad histórica?

Por Darwin Franco Migues

Él dice conocer la verdad histórica de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Él dice tener las pruebas científicas e irrefutables de que los integrantes de Guerreros Unidos asesinaron e incineraron a los normalistas. Él dice y asegura que sus palabras son ciertas pero esto no es un asunto de verosimilitud sino de credibilidad. Él afirma que toda indagatoria ha sido agotada porque ignorar las líneas de investigación que tocan al Estado también ha formado parte de su trabajo. Él dice y pregona que después de sus palabras no existe más; sin embargo, esto no es un asunto de dogmas de fe sino de justicia. Él dice y no se cansa de decir…

Pero ellos, los padres y los propios normalistas, saben que no hay verdad sin justicia y, por tanto, reconocen que no es facultad del Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, determinar el grado de culpabilidad de los implicados y mucho menos decretar la finalización del caso, pues éste no es juez y, por consecuencia, no puede determinar o limitar el accionar de la justicia. Él puede decir lo que quiera pero las pruebas de sus dichos deben sostenerse ante un juez y, más aún, ante la verdad que la historia construirá ante la tragedia que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Murillo Karam se equivocó cuando dentro de su carente histrionismo optó por llamar a los resultados de las investigaciones de la PGR: Verdad Histórica, y está equivocado porque la verdad histórica, en el marco del Artículo 20 de la Ley General de Víctimas, precisa que:

“Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos. Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos”.

¿A cuánto de esto tuvieron acceso los padres de los normalistas y a cuánto de esto acceden los familiares de las víctimas en México? El Procurador se equivoca con su definición de verdad histórica porque la justicia es el único camino para acceder a ella, no la evasión y la omisión que éste ofreció en la conferencia de prensa que dictó, sin cansarse, el 28 de enero.

Jorge Zepeda Paterson expresó en una columna publicada en el diario El País: “La autoridad enfrenta una terrible paradoja. Podría estar documentando una verdad («una verdad histórica», dijo Murillo Karam) para vender una enorme mentira: pretender que se ha hecho justicia. No sé si sean verdades históricas, pero sí que son verdades histriónicas. Con el dictamen del procurador Murillo la tragedia de Ayotzinapa queda «zanjada» judicialmente”.

Y al zanjarse también de forma mediática, agregaría yo, lo que ocurre es que el tema será analizado y visibilizado como si lo expresado por el Procurador (y ratificado por el ausente presidente Peña Nieto) fuese una verdad jurídica y judicial cuando lo que en realidad es un informe de un avance (no una conclusión) de la investigación que emprendió la PGR. Insisto esto no es un asunto de dogmas o de verosimilitud sino de credibilidad y justicia, y hasta que no se tengan bien claros los motivos de la desaparición de los 43 normalistas y no se confirme con pruebas científicas (y no sólo con dichos) lo que asegura la autoridad no habrá historia ni verdad que asuman como ciertos los desatinos gubernamentales.

Por tanto, no se puede aceptar que los 43 normalistas estén muertos y que su muerte haya sido producto de la confusión y, por ende, de la criminalización que los vincula con la banda rival de Guerreros Unidos: Los Rojos (¿Y quién demonios son ellos? ¿Cómo operan? ¿Quién los controla?). Nada de esto lo sabemos.

La verdad histórica, señor procurador, no está ni es cercana a sus palabras y explicaciones. La verdad histórica descansa y habita la lucha de las familias de los normalistas, y todos aquellos esfuerzos ciudadanos que están combatiendo el olvido con la memoria. La verdad histórica es ésta que construimos horizontalmente a través del dolor, indignación y solidaridad. La VERDAD HISTÓRICA es el acceso a la justicia y el castigo de todos aquellos que hicieron de esta tragedia un crimen de lesa humanidad y un CRIMEN DE ESTADO.

@darwinfranco

Su nombre es Andrea Carolina

Por Darwin Franco

Andrea Carolina es mujer de género, es su decisión. No viste como mujer ni es un travesti es: MUJER DE GÉNERO y se desempeña como docente en la Escuela Secundaria Mixta No. 4, ubicada en la colonia Estancia del municipio de Zapopan.

Andrea Carolina tuvo que esperar seis años para reintegrarse a sus labores de enseñanza porque en 2009 fue separada de su cargo por el procedimiento de responsabilidad administrativa PRA159/2009-E que la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) realizó porque ella se presentó a laborar en ropa femenina. En su momento, el procedimiento resultó en amonestación y reubicación definitiva de su empleo. Ella defendió su derecho a decidir.

En noviembre del 2014, dicho procedimiento se anuló porque se incurrió en abuso de autoridad, pues no se le respetó a Andrea Carolina el debido proceso porque se violó su garantía de audiencia y defensa. Así que se hizo improcedente la amonestación y se restituyó como maestro frente a grupo a Sergio Alberto Márquez González, hoy Andrea Carolina. Ella tenía todo el derecho de regresar como profesora en enero del 2015.

Desde noviembre del 2014 hasta esa fecha ni la SEJ ni la Escuela Secundaria Mixta No. 4 implementaron alguna estrategia educativa o formativa en materia de derechos humanos que propiciara un escenario de no discriminación. No hicieron nada, razón que generó el espacio para que algunos de los padres se manifestaran en las instalaciones de la secundaria para exigir que Andrea Carolina se presentara a dar clases como el maestro Sergio: “En una primera petición se hizo que viniera vestido como está adscrito en la Secretaría, que es como el maestro Sergio y no como Andrea Carolina, que les hizo saber a los niños que será su nombre, ahorita ya no estamos en esa postura; queremos que nos den resultados óptimos y resultados que vayan en pro de nuestros niños, de nuestros hijos, y en pro de la calidad y de los principios que nosotros les hemos inculcado”, declaró Angélica Medina, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la Secundaria Mixta No. 4.

Las quejas de estos padres ocasionaron que Andrea Carolina tuviera que suspender sus labores docentes en tanto se resolvían las audiencias que éstos solicitaron ante la SEJ. En la primera reunión, celebrada el 23 de enero, Andrea Carolina pidió se respetara su derecho al silencio y fue ella misma quien expresó, a través de perfil de Facebook, su sentir: “Resulta difícil ser imparcial en la propia descripción de la persona. Sería mucho más acertado que me conocieran por la opinión que tienen las demás personas de mí, tanto de las amistades como de quienes discrepan, de manera que usted(es) pudiese formarse un criterio. Ser mujer es mi convicción, pero en realidad soy una mezcla del hombre como imposición familiar y de la sociedad como de la mujer que fui gestando paralelamente”.

Andrea Carolina, como precisa Guadalupe Ramos – integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem)-: “es una mujer de género y no alguien que sólo se viste de mujer para dar clases. Ella vive una vida como mujer y así lo ha hecho en los últimos años; por ello, resulta, discriminatorio que la Secretaría de Educación de Jalisco estableciera como solución la creación de un aula espejo para que los alumnos tengan derecho a decidir tomar o no la clase con la profesora Andrea Carolina”.

El 27 de enero, el Secretario de Educación de Jalisco, Francisco Ayón, sin ningún sustento jurídico, normativo o pedagógico anunció que la solución a las demandas de los padres (no a la discriminación de la que es víctima Andrea Carolina) es crear un aula espejo: “Vamos a cumplimentar la parte de no discriminación y también estaremos revisando el tema del derecho de los padres y los alumnos a tomar clases con quien ellos decidan pertinente”.

Para Guadalupe Ramos esta “distinción” para la generación de un aula espejo es un acto discriminatorio porque no se genera esa aula por criterios educativos o pedagógicos sino únicamente por la condición de género que decidió adoptar Andrea Carolina: “La medida es violatoria porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva ya estableció que para que una distinción no se convierta en discriminación debe cumplir con las siguientes exigencias: perseguir un fin legítimo y tener carácter objetivo, esto implica la existencia de una diferencia sustancial y no meramente formal, además de que esa diferencia debe ser relevante y poseer una importancia suficiente para justificar un trato distinto, pues no basta con que sea útil o conveniente”.

En ese sentido, como explica la integrante de Cladem, “no hay en la solución de la SEJ proporcionalidad entre la diferencia fáctica y la jurídica, entre los medios escogidos y los fines, ya que la medida no tiene sustento jurídico y, por ende, la desproporción entre el contenido del trato diferente y la finalidad propuesta lleva a la discriminación”.

Con aula espejo o sin ella, Andrea Carolina seguirá con sus clases: “Yo disfruto mucho la docencia y la razón que más se me ocurre de ello es que me encanta aprender, todos los días, lo que mejore la vida mía y de mis semejantes”.