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Este fue el último mensaje en la cuenta de Twitter de la Fiscalía de Jalisco, durante la crisis que generó el rumor del supuesto ataque del CJNG, no emitieron ningún tipo de información.

Por Darwin Franco Migues

Cuando nadie es capaz de acallar el rumor, éste se propaga difundiendo un sistema de creencias y valores simbólicos que, sin pruebas aparentes, dan por cierto las proposiciones que lo componen. Esto hace, en palabras del sociólogo Tamotsu Shibutani, que se generen a su alrededor una serie de “noticias improvisadas” que condicionan la percepción de la realidad desatando, en la mayoría de los casos, temor o incertidumbre porque, si bien, no es posible confirmar aquello que se dice, la repetición sobre lo dicho le da verosimilitud.

Así ocurrió la noche del 10 de abril en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) cuando se corrió el rumor en redes sociales, como Facebook, Twitter y WhatsApp, de que habría una represalia del Cártel Jalisco Nueva de Generación (CJNG) que consistiría en una serie de ataques, bloqueos y agresiones. Nada se había se había confirmado, sin embargo, la multiplicidad de mensajes y menciones del rumor comenzó a generar en la población una especie de psicosis colectiva que reactivó no sólo el recuerdo de los más recientes ataques que el CJNG ha cometido en las últimas semanas sino también los llamados narco-bloqueos que vivió la ZMG en marzo y agosto del 2012, y enero del 2014.

El rumor como una construcción de sentido tiene esa capacidad de contener y avivar los miedos que anteceden y preceden al mismo rumor; por ello, la propagación de que habrían supuestos ataques del CJNG se dio de forma rápida y descontrolada. ¡Y cómo no hacerlo! Si apenas el 19 de marzo ocurrió una balacera en el municipio de Ocotlán donde elementos de la Policía Federal se enfrentaron a integrantes de este Cártel, esto derivó en la muerte de 15 personas (5 gendarmes, 8 civiles y dos integrantes del crimen organizado). Días después, el 23 de marzo, en Zacoalco de Torres, en un enfrentamiento entre la Policía Estatal e integrantes del CJNG fue abatido Heriberto Acevedo Cárdenas, alias “El Gringo”, uno de los capos más importantes de este grupo criminal.

Este último hecho, ocasionó que, el 30 de marzo, en el municipio de Zapopan, ocurriera un atentado en contra del comisionado de Seguridad Pública del Estado, Alejandro Solorio Aréchiga. Esta acción, de acuerdo a la Fiscalía General de Jalisco, fue reacción del CJNG ante la muerte de Heriberto Acevedo Cárdenas. Sin embargo, la acción más cruenta se generó en la carretera que conecta los municipios de Mascota y Puerto Vallarta, específicamente en el municipio de San Sebastián del Oeste, pues ahí el CJNG emboscó a un convoy de la Fuerza Única Jalisco, grupo elite de seguridad en Jalisco, que derivó en la muerte de 15 policías. Hasta hoy este es el ataque más fuerte contra la autoridad en la historia del estado.

Alrededor de este hecho se activó el rumor que precedió a los supuestos ataques que el CJNG realizaría en la ZMG, pues se dijo la autoridad había activado “El Código Rojo”, lo cual supone (lo digo así porque nadie en el Gobierno de Jalisco ha explicado qué significa esto) la generación de una serie de estrategias y tácticas de seguridad para salvaguardar al gobierno y a la población civil de cualquier tipo de amenaza.

A partir de este rumor fue que se generaron las primeras señales de alarma que derivaron en la serie de mensajes en donde se daba por hecho que una acción aún más violenta del CJNG sería inminente. Con el rumor creció de manera exponencial el miedo y las preguntas generalizadas sobre qué se tendría que hacer en caso de que esto fuera así. La gente quería no sólo confirmar el rumor sino también le urgía saber de qué manera protegerse.

Ante el rumor y las noticias improvisadas que éste genera se esperaría la existencia de una firme y contundente acción de comunicación pública que, proveniente de la autoridad, desmintiera dicho rumor y antepusiera a éste una serie de argumentos que permitieran a la población recuperar la calma y la serenidad. Sin embargo, el Gobierno de Jalisco y su Fiscalía General optaron por el silencio, lo cual lejos de minimizar al rumor, lo fortaleció.

Y es que ante la ausencia de una explicación gubernamental se construyeron otra serie de proposiciones que buscaron darle sentido a su silencio. El rumor, por tanto, no se acalló sino que prosiguió a la par de la incertidumbre y el miedo. En otro momento, el Fiscal General, Luis Carlos Nájera, precisó que el problema de la inseguridad en Jalisco es que nosotros mismo generamos “la psicosis social” y, con ello, modificamos la percepción de lo en verdad ocurre, ya que para él –pese a los tercos hechos- todo está bajo control. Lo que el mandatario con más de ocho años a cargo de la seguridad pública de Jalisco está ignorando es la eficacia que tendría una correcta estrategia de comunicación pública, pues si ésta existiera la ciudadanía de Jalisco sabría a dónde acudir para desmentir todo rumor y, desde luego, sabría cómo afrontar estas situaciones de riesgo.

Pero eso no es lo que existe en torno a la información de seguridad en Jalisco, pues lo que reina en ésta es el hermetismo, el estratégico silencio, la falaz explicación, la expiación de toda responsabilidad y la sistemática negación de los hechos que resultan atinadamente aislados. Con este trasfondo todo rumor alrededor de la violencia y la inseguridad tiende a volverse cierto en Jalisco, ya que aquí la autoridad le juega al silencio, la confusión y al regaño oficial que señala a la ciudadanía como la única culpable de vivir con miedo pues toman por ciertos falsos rumores. Rumores que, por cierto, se dejan crecer desde la autoridad con fines que son igualmente perversos que lo que tuvo o tuvieron quienes generaron el rumor. Callar, en este caso, no es un #GritoDePaz

@darwinfranco

“En tiempos de muerte la lucha contra el silencio es una lucha por la vida”.

Marcela Turati, periodista.

Por Darwin Franco Migues

¿Por qué tenemos que defender la libertad de expresión? ¿Por qué tenemos que alzar la voz cuando periodistas de MVS Radio son despedidos? ¿Por qué tenemos que reaccionar cuando decenas de periodistas, comunicadores son acosados, desaparecidos o asesinados por informar los atropellos y corrupciones de sus localidades? ¿Por qué no podemos mirar lo sucedido con el equipo de Carmen Aristegui más allá de su figura para, así, analizar cómo impacta esto a la libertad de expresión y al periodismo?

¿Por qué siempre debemos caer en posturas radicales que hacen parecer “común” lo que no es? ¿Por qué como periodistas nos escudamos en nuestra “objetividad” y no defendemos a la libertad de expresión que es la razón de ser de nuestro oficio? ¿Por qué pensamos que los problemas de otros colegas son SUS PROBLEMAS? ¿Por qué nos negamos a entender que si asesinan a un periodista en Veracruz, levantan a otro en Tamaulipas, amenazan a uno en Michoacán o corren a dos en el Distrito Federal, esto nos afecta a todos?

Defender la libertad de expresión es algo que va mucho más allá del periodismo y que, sin embargo, no puede hacerse sin los periodistas (defensores naturales de este derecho) porque emprender su defensa es parte de lo que nos toca hacer. Muchos dirán que eso nos vuelve “activistas” y que un “periodista”, en estricto apego a sus funciones, no tiene por qué andar defendiendo lo que les sucede a otros. Eso nos resta objetividad, dirán algunos.

Yo, en lo personal, creo que no existe en ello un conflicto de intereses y para precisarlo tomo prestadas las palabras que Marcela Turati, la cual expresa lo siguiente cuando algunos colegas le piden que defina si es activista o periodista: “Soy una periodista que defiende la libertad de expresión y el derecho de la gente a estar informada, ese rol no me mete en un conflicto de interés porque esos derechos nos toca defenderlos directamente a nosotros, son nuestra materia de trabajo, nuestra cancha, nuestro hábitat, lo que da razón de ser a nuestro oficio, que si permitimos que callen hoy a los de Veracruz o Coahuila o Michoacán pronto todos estaremos cercados por el silencio”.

Defender la libertad de expresión es la defensa de la verdad en contra de la opacidad y el silencio, es la defensa del derecho social de saber y estar informado. Por ello, creo que es nuestro deber defenderla porque como periodistas trabajamos para que ese derecho (que no sólo es nuestro sino de todos los ciudadano) se mantenga firme y no desfallezca ante los embates del poder.

Los ciudadanos confían en que hagamos valer este derecho y, por ello, no debe ser ajeno para nosotros lo que pasó con Moisés Sánchez, Gregorio Jiménez “Goyo”, Regina Martínez y muchos otros periodistas que han padecido por defender la libertad de expresión. No debe pasarnos de largo que Daniel Lizárraga -coordinador de la Unidad de Investigación de Noticias MVS Primera Emisión- e Irving Huerta, reportero de MVS Radio, fueron despedidos de dicha empresa por “ofensas y abuso de confianza”, ambos reporteros participaron en la investigación que develó los nexos de corrupción entre el presidente Enrique Peña Nieto y el Grupo Higa, dueños de la “Casa Blanca” en la que ahora vive (o vivía) el mandatario y su familia. No debemos olvidar que en México existen, desde el año 2000, 141 periodistas asesinados y 24 desaparecidos.

¿Acaso esto no merece que defendamos la libertad de expresión? ¿No merecen los colegas, la solidaridad del gremio? ¿Acaso podrá más nuestro escudo de objetividad que la lucha contra el silencio que amenaza con callarnos a todos? ¿Dejaremos que el silencio y la indiferencia nos roben la libertad de expresión y, con ella, el derecho saber? ¿Cuándo nos uniremos como gremio? ¿Cuándo sentiremos la necesidad de esa unión? ¿Hasta que seamos los próximos?

Los tiempos del autoritarismo están llenos de silencio. No formemos parte de éste.

Por Darwin Franco

Andrea Carolina es mujer de género, es su decisión. No viste como mujer ni es un travesti es: MUJER DE GÉNERO y se desempeña como docente en la Escuela Secundaria Mixta No. 4, ubicada en la colonia Estancia del municipio de Zapopan.

Andrea Carolina tuvo que esperar seis años para reintegrarse a sus labores de enseñanza porque en 2009 fue separada de su cargo por el procedimiento de responsabilidad administrativa PRA159/2009-E que la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) realizó porque ella se presentó a laborar en ropa femenina. En su momento, el procedimiento resultó en amonestación y reubicación definitiva de su empleo. Ella defendió su derecho a decidir.

En noviembre del 2014, dicho procedimiento se anuló porque se incurrió en abuso de autoridad, pues no se le respetó a Andrea Carolina el debido proceso porque se violó su garantía de audiencia y defensa. Así que se hizo improcedente la amonestación y se restituyó como maestro frente a grupo a Sergio Alberto Márquez González, hoy Andrea Carolina. Ella tenía todo el derecho de regresar como profesora en enero del 2015.

Desde noviembre del 2014 hasta esa fecha ni la SEJ ni la Escuela Secundaria Mixta No. 4 implementaron alguna estrategia educativa o formativa en materia de derechos humanos que propiciara un escenario de no discriminación. No hicieron nada, razón que generó el espacio para que algunos de los padres se manifestaran en las instalaciones de la secundaria para exigir que Andrea Carolina se presentara a dar clases como el maestro Sergio: “En una primera petición se hizo que viniera vestido como está adscrito en la Secretaría, que es como el maestro Sergio y no como Andrea Carolina, que les hizo saber a los niños que será su nombre, ahorita ya no estamos en esa postura; queremos que nos den resultados óptimos y resultados que vayan en pro de nuestros niños, de nuestros hijos, y en pro de la calidad y de los principios que nosotros les hemos inculcado”, declaró Angélica Medina, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la Secundaria Mixta No. 4.

Las quejas de estos padres ocasionaron que Andrea Carolina tuviera que suspender sus labores docentes en tanto se resolvían las audiencias que éstos solicitaron ante la SEJ. En la primera reunión, celebrada el 23 de enero, Andrea Carolina pidió se respetara su derecho al silencio y fue ella misma quien expresó, a través de perfil de Facebook, su sentir: “Resulta difícil ser imparcial en la propia descripción de la persona. Sería mucho más acertado que me conocieran por la opinión que tienen las demás personas de mí, tanto de las amistades como de quienes discrepan, de manera que usted(es) pudiese formarse un criterio. Ser mujer es mi convicción, pero en realidad soy una mezcla del hombre como imposición familiar y de la sociedad como de la mujer que fui gestando paralelamente”.

Andrea Carolina, como precisa Guadalupe Ramos – integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem)-: “es una mujer de género y no alguien que sólo se viste de mujer para dar clases. Ella vive una vida como mujer y así lo ha hecho en los últimos años; por ello, resulta, discriminatorio que la Secretaría de Educación de Jalisco estableciera como solución la creación de un aula espejo para que los alumnos tengan derecho a decidir tomar o no la clase con la profesora Andrea Carolina”.

El 27 de enero, el Secretario de Educación de Jalisco, Francisco Ayón, sin ningún sustento jurídico, normativo o pedagógico anunció que la solución a las demandas de los padres (no a la discriminación de la que es víctima Andrea Carolina) es crear un aula espejo: “Vamos a cumplimentar la parte de no discriminación y también estaremos revisando el tema del derecho de los padres y los alumnos a tomar clases con quien ellos decidan pertinente”.

Para Guadalupe Ramos esta “distinción” para la generación de un aula espejo es un acto discriminatorio porque no se genera esa aula por criterios educativos o pedagógicos sino únicamente por la condición de género que decidió adoptar Andrea Carolina: “La medida es violatoria porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva ya estableció que para que una distinción no se convierta en discriminación debe cumplir con las siguientes exigencias: perseguir un fin legítimo y tener carácter objetivo, esto implica la existencia de una diferencia sustancial y no meramente formal, además de que esa diferencia debe ser relevante y poseer una importancia suficiente para justificar un trato distinto, pues no basta con que sea útil o conveniente”.

En ese sentido, como explica la integrante de Cladem, “no hay en la solución de la SEJ proporcionalidad entre la diferencia fáctica y la jurídica, entre los medios escogidos y los fines, ya que la medida no tiene sustento jurídico y, por ende, la desproporción entre el contenido del trato diferente y la finalidad propuesta lleva a la discriminación”.

Con aula espejo o sin ella, Andrea Carolina seguirá con sus clases: “Yo disfruto mucho la docencia y la razón que más se me ocurre de ello es que me encanta aprender, todos los días, lo que mejore la vida mía y de mis semejantes”.

 

Por Darwin Franco

Este día se dieron a conocer dos noticias importantes para entender cómo se reconfigurará el mercado de las telecomunicaciones en un futuro muy próximo; primero, Televisa y Grupo Salinas anunciaron que le ponen fin a su polémica unión comercial a través de la empresa Iusacell, hay que recordar que Televisa compró en abril de 2011 a Grupo Salinas el 50% de las acciones de Iusacell. Este pacto comercial se dio luego de que esta empresa peleará en tribunales la unión comercial que en su momento hiciera Televisa con Nextel para pelear por la licitación de 21.

Grupo Salinas recuperó el control de Iusacell al pagarle a Televisa 717 millones dólares por el 50% de la compañía. Al final, esto fue negocio nada afortunado para Televisa, pues se ha dado a conocer que la empresa de Emilio Azcárraga perdió alrededor de 900 millones de dólares: ¿Será el fin de la convenenciera amistad comercial de ambas televisoras?

Por lo pronto, Grupo Salinas informó que en breve anunciará un nuevo socio estratégico para su compañía de telefonía celular. Televisa, al momento, ha optado por el silencio.

La otra noticia que fue filtrada por la Revista Forbes México da un panorama de los empresarios que ya presentaron ante el Instituto Federal de Telecomunicacion su solicitud de opinión favorable para participar por la licitación de las dos cadenas nacionales de televisión digital, los empresarios interesados son:

  • Germán Larrea de Grupo México (empresa que está en el ojo del huracán por la contaminación del río Sonora). Incluso es una postulación polémica, pues Germán Larrea forma parte del consejo administrativo de Televisa.
  • Mario Vázquez Raña de la Organización Editorial Mexicana.
  • Manuel Arroyo de Grupo Laumann que edita el diario El Financiero.
  • Ariel Picker del Grupo Seguritech, empresa dedicada a la instalación de cámaras de vigilancia y quien está en vuelta en un escándalo por la adjudicación irregular de este servicio en el Estado de México.
  • Olegario Vázquez Aldir de Grupo Imagen, que agrupa a una serie de estaciones de radio, al canal Cadena Tres y al periódico Excélsior
  • Francisco Aguirre de Grupo Radio Centro
  • Luis y Anuar Maccise del Grupo Mac que edita diversos diarios en el país, recientemente se asoció con Grupo Prisa de España, quien edita el periódico El País.

En esta lista aún no aparece el empresario Carlos Slim, pero el tiempo de presentar la solicitud de opinión favorable ante el IFETEL sigue abierta, este organismo tendrá que analizar la viabilidad de estas empresas para después precisar a quienes sí podrán participar en el proceso. La adjudicación de la o las licitaciones (una empresa puede ganar las dos) deberá darse a conocer en la primera quincena de marzo de 2015.

La Gran Familia” de Zamora, México – Héctor Guerrero/AFP, publicada en http://www.republicagt.com

 

Por Darwin Franco

¿A quién le tocaba juzgar a Rosa Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa: a los medios o las autoridades? ¿Cómo se debió haber informado sobre el hecho? ¿Qué elementos periodísticos debieron preponderarse: la figura de Mamá Rosa, los testimonios de las víctimas, las situaciones del albergue La Gran Familia, la responsabilidad del Estado o el abandono de los padres?

La cobertura informativa alrededor de la detención de Mamá Rosa, al igual que el espectacular operativo montado por el Gobierno de la República (15/07/14), estuvo cargada de una espectacularidad que sirve de poco para entender cómo, por qué y bajo qué circunstancias esos niños y niñas fueron llevados a ese albergue cuando se supone que el Estado debió haber sido garante de su seguridad y protección. Hoy sabemos que lo que reinó fue la omisión de diversas autoridades que aseguran entregaron a los niños de buena fe, pues confiaron en la intachable reputación de Rosa Verduzco.

El centrar la cobertura mediática en la figura de Mamá Rosa generó mucho morbo y centralizó en su persona una responsabilidad que es aún más grande; con ello, y pese al criterio de inimputable determinado por la Procuraduría General de Justicia, no se quiere decir que ella sea inocente, no. Lo que se busca decir es que la información oficial y el trabajo periodístico debieron centrarse más en la trama de esta trágica historia y no únicamente en su personaje central y su desenlace.

Cuando una tragedia, como la vivida en el albergue La Gran Familia, se construye únicamente alrededor de un personaje lo que mediáticamente se pretende es hacer creer que “el todo” puede entenderse sólo a través de “una de sus partes”. Esta mal lograda sinécdoque que vimos en la mayoría de los medios, logró posicionar a Mamá Rosa como un personaje mediático que concentró versiones encontradas en la opinión pública, versiones que se centraban en ella pero no en el problema real que era el confinamiento de los menores que vivían en condiciones infrahumanas.

O en el esclarecimiento de los hechos que llevaron a un Juez de Jalisco a dictaminar “auto de formal prisión” contra cinco hombres y una mujer que trabajaban en el albergue La Gran Familia. A estos presuntos responsables se les acusa de delitos de delincuencia organizada, entre ellos 48 supuestos casos de secuestro, así como de trata de personas “con fines de mendicidad forzosa”. En la determinación de los delitos presuntamente cometidos han quedado fuera las diversas agresiones sexuales que han testificado diversos habitantes del albergue.

Hizo y aún hace falta más investigación de la autoridad y de los medios para ayudar a entender lo que hay detrás de La Gran Familia y de la exoneración legal (por motivos de senectud) de Rosa Verduzco, pues ella y los seis detenidos no son los únicos culpables porque para que en dicho albergue tuviera la sobrepoblación que presentaba hace falta saber qué funcionarios del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en diversos estados, autorizaron el traslado de los menores; qué autoridades omitieron la revisión continua de las instalaciones; qué jueces y juzgados de lo familiar aprobaron las adopciones de los menores y cuáles fueron sus resolutivos; quiénes verificaron que los recursos dados por diversos organismos públicos (como la Secretaría de Desarrollo Social) a La Gran Familia que en muchos de los casos se destinaron para mantenimiento del albergue y para el sostenimiento de sus planes educativos; qué autoridades de la Secretaría de Educación Pública dejaron que este escuela-albergue siguiera operando  a pesar de sus pésimas condiciones y qué autoridades municipales y estatales de Michoacán se hicieron de la vista gorda ante las múltiple denuncias que existían desde hace años sobre las violaciones que se cometían en este lugar. Seis detenidos y una mujer inimputable son pocos ante tal tragedia.

La personificación mediática de lo sucedido en el albergue La Gran Familia, como en otros tantos casos, acaba por focalizar la opinión pública en un personaje dejando de lado el verdadero problema que es un Estado incapaz de ofrecer seguridad social a sus ciudadanos. El Estado dirá que es culpa de Mamá Rosa, que es responsabilidad de los padres que irresponsablemente abandonaron a sus hijos, dirá que él actúa de buena fe y son los ciudadanos los que fallan en una tarea que debiera ser estatal y no privada. Dirá que es culpa de todos cuando bien sabemos que la maleza crece en nuestro país por el grado de impunidad con el que se puede vivir y operar, ya sea desde un albergue, una cárcel, un curul en el congreso, una silla en Los Pinos, una noticiero en Televisa o un rancho en el Triángulo Dorado.

La impunidad, en este país, es también inimputable.

@darwinfranco

 

Por Darwin Franco

En la renombrada obra 1984 de George Orwell existía una policía del pensamiento que utilizaba unas máquinas llamadas telepantallas, las cuales tenían un micrófono integrado, para escuchar las conversaciones realizadas entre las personas que estuvieran cercanas a ellas. La escucha de estas conversaciones les permitía detectar posibles amenazas.

Su objetivo, muy similar a lo propuesto por Peña Nieto en las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones en cuanto al control de la información que circula en Internet, era vigilar todo pensamiento (información) para evitar toda reacción en contra del “gran hermano” por parte de los ciudadanos y, así, eliminar todo rastro de privacidad en la vida del individuo. La idea era inhabilitar cualquier acción y, para ello, se tenía que censurar cualquier pensamiento crítico o subversivo. Si alguien cometía alguna falta, “las telepantallas” lo detectaban y el sujeto era “secuestrado y torturado” para hacer confesar los crímenes de pensamiento.

Esta analogía entre lo propuesto en la Reforma en Telecomunicaciones para regular Internet y las acciones implementadas por el “gran hermano” en la obra de Orwell, no es fortuita porque lo que se pretende es crear una policía de pensamiento que revisará lo que hacemos, mandamos y recibidos a través de la web, pero no sólo eso plantea ir más allá al dar facultades al gobierno para rastrear nuestra ubicación geográfica en tiempo real a través de las redes de telecomunicaciones y para suspender las mismas señales en momentos en que éste considere un riesgo para la seguridad nacional.

Las marchas en contra de las acciones del gobierno, por ejemplo, podrían estar sujetas a esta regla y así el gobierno solicitaría a los concesionarios (los cuales no tendrían más que obedecer, pues estarían obligadas por ley) a suspender las señales de celular, internet e, incluso, de radiodifusión en la zona que se indique, lo cual imposibilitaría saber qué paso ahí y podría dar paso a acciones represivas por parte de la autoridad, además de que se negaría el derecho a la comunicación y a la producción de información por parte de los ciudadanos presentes en la marcha o la de aquellos que quieran referir sobre el hecho, pues antes de que cualquier contenido sea publicado éste será previamente revisado por los prestadores de los servicios, pues el gobierno de Peña Nieto pretende hacerlos responsables de la información que publiquen sus usuarios y máxime si esta “información” es considerada ilícita por parte del gobierno mexicano.

 La creación del gran hermano

Dentro de las leyes secundarias turnadas por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión, existía un punto que quería pasar desapercibido en medio de escándalo alrededor del favoritismo abierto de Peña Nieto hacia Televisa y, en menor medida, a Telmex/Telcel; en lo que se consideró como la segunda temporada de la llamada Ley Televisa.

Sin embargo, colectivos como el #YoSoy132 identificaron la abierta censura que se quería realizar a Internet y están marchando y exigiendo un #InternetLibreMX, pues las modificaciones en las leyes secundarias, a decir del movimiento, buscan no sólo limitar la libertad de expresión sino concentrar “más poder en el poder” al darle la facultad al gobierno para vigilar en las redes y pantallas todo lo que hacemos.

En el Capítulo VI denominado “De la neutralidad de las redes”, de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se establecen una serie de artículos donde el gobierno busca “vigilar, censurar y limitar” lo que de manera libre compartimos en Internet para después “castigar y señalar” todo aquel contenido y/o usuario que desde su percepción representa una amenaza para la seguridad y estabilidad del gobierno. Es decir, establece las bases para que el gobierno censure Internet e imponga sobre éste una policía cibernética que abiertamente violentará nuestro derecho a la privacidad y a la libertad de expresión.

En los Artículos 145 y 146 se establecen de manera vaga ciertos criterios con los cuales el gobierno rompe con el principio de neutralidad de la red que establece que todo aquello que circular por Internet (textos, fotos, videos, gráficos, etc.) serán tratados como iguales sin discriminar su contenido, fuente origen y/o fuente de destino, esto implica que quienes ofrecen el servicio de Internet no pueden dar prioridad a ningún contenido sobre otro, por lo tanto, están impedidos para bloquear o revisar nuestros contenidos.

Sin embargo, el Artículo 145 establece una censura previa porque da facultades a las empresas para “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”. Pero esto va más allá porque en las fracciones I y II del mismo artículo, erradican el principio de no responsabilidad de los intermediarios sobre los contenidos que publican sus usuarios en sus plataformas, esto quiere decir que espacios como Google, Facebook, Twitter o Youtube en México estarán obligados a revisar (y censurar) nuestros contenidos para no ser cómplices de cualquier acción considerada como ilícita desde el gobierno mexicano.

Si esto no le parece tan grave, el miedo crece cuando se revisan los Artículos 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196 y 197 de la iniciativa mandada por el Presidente Peña Nieto.

En el Artículo 189 se establece que toda compañía de telecomunicaciones estará obligada a “proporcionar la localización geográfica en tiempo real de cualquier dispositivo de comunicación que esté relacionado con una investigación en materia de delincuencia organizada”, lo cual no parece estar mal, pero prosigue porque esta misma facultad se les concede a los titulares de las instancias de seguridad o a cualquier funcionario público que así lo soliciten, esto independientemente de la existencia o no una averiguación. Ahí es donde se pervierte la norma.

El Artículo 190 da facultades para que las autoridades tomen posesión e intervengan, sin previo aviso, las comunicaciones privadas de los usuarios de cualquier compañía, y para ello, las empresas están obligadas a poner a disposición de la autoridad el equipo técnico y humano que requieran para llevar a cabo su labor de control, ejecución y vigilancia de las telecomunicaciones. Este control se extiende al Artículo 192 donde las empresas deberán realizar un registro y un control de todas las actividades de sus usuarios, el cual podrá ser consultado o solicitado por la autoridad para que ésta ubique: nombre, dirección, tipo y hora de la comunicación, y ubicación geográfica del dispositivo de comunicación.

En el Artículo 193 obligan a las compañías a crear un sistema para el resguardo de toda esta información y establece penalidades por alteración o destrucción de información, y en el Artículo 195 obligan a los concesionarios a que el área y personal donde se almacenará esta información esté disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, pues no se sabe en qué momento la autoridad requiera el acceso a las comunicaciones de sus usuarios. En el Artículo 196 se establece que esto debe hacerse de manera inmediata cuando la petición esté relacionada con posibles amenazas a la seguridad nacional.

La cereza del pastel es el Artículo 197 donde se propone “bloquear, inhibir y anular” de manera permanente o temporal las telecomunicaciones, a solicitud expresa de las autoridades, en eventos y lugares críticos para la seguridad nacional. Este artículo no indica qué se entiende por “eventos y lugares críticos para la seguridad nacional”, los cuales podrían ser desde una marcha en contra de un medida gubernamental, un falso operativo de alguna instancia policiaca hasta una acción de revuelta social o la toma de armas por parte de ciudadanos como pasa ahora en Michoacán.

 Si pensamos en todas estas posibilidades, el gobierno podría cancelar toda señal para que nadie sepa qué pasó en realidad y, con ello, violentar los derechos humanos de los manifestantes, de los pobladores y de los ciudadanos. Esto sería una acción restrictiva sumamente terrible y violatoria de los derechos humanos y, específicamente, aquellos vinculados a la libertad de expresión y comunicación.

Si la tendencia se mantiene en el Congreso de la Unión y la iniciativa propuesta por el llamado Gobierno de la República se aprueba, no sólo tendremos medios masivos coludidos con el gobierno sino también una gran vigilancia en medios que, como Internet, consideramos libres y en los cuales se pretende instalar una policía del pensamiento.

“The Big Brother is watching you”.

#MarchaContraElSilencioMX

@darwinfranco

Por Darwin Franco

La comunicación del riesgo implica movilizar esfuerzos solidarios coordinados para favorecer prácticas preventivas y de control frente a cualquier eventualidad que implique un riesgo, potencial o latente,  para una población. Su correcto empleo impacta directamente en la manera en cómo son recibidos los mensajes, cómo se manejan los conflictos, y cómo se toman las decisiones alrededor de ellos.

En la campaña de comunicación de riesgo lanzada por la Secretaría de Salud alrededor del nuevo brote de influenza A (H1N1) que padece el país desde el 1 de enero de este año, se pueden percibir ciertos sesgos que podrían afectar las medidas de prevención que las propias instancias de salud o la población en general deberían estar tomando; por ejemplo, se plantea disminuir “el riesgo” minimizando el tamaño real del problema.

Cuando uno ingresa al sitio www.todosobreinfluenza.salud.gob.mx, sitio que se promociona en todos los medios para solventar ahí nuestras dudas sobre la influenza, aparece una pregunta central: “¿Hay un problema grave o una epidemia de influenza en México?, la respuesta que se ofrece es la siguiente:

NO, como en todas las temporadas de frío las infecciones respiratorias agudas se incrementan y aún cuando este incremento es importante, no significa que estemos ante una epidemia y mucho menos ante una situación de emergencia”.

No hay emergencia, sin embargo, el tamaño del problema es mucho mayor que lo enfrentado en el año 2009 cuando sí se emitió una emergencia sanitaria. De acuerdo a las propias cifras dadas a conocer por la Secretaría de Salud (SSA) este año se tienen registrados 2 mil 085 casos confirmados y 295 defunciones derivadas del padecimiento por influenza en sus diversas manifestaciones A(H1N1), A(H3N2), Tipo B y diferentes sub-tipos que no han sido categorizados, todo esto hasta el día 31 de enero.

En 2009, la propia Secretaria presentó un informe sobre la situación de la epidemia de influenza que vivió el país entre el 1 de marzo y el 2 de junio, el saldo en ese momento fue de 5 mil 563 casos confirmados y 103 defunciones.

Lo cual significa que lo que se vive hoy casi triplica el número de víctimas en un periodo de tiempo mucho menor al que se vivió en el año 2009, pero no hay por qué preocuparse, no pasa nada: esto es normal:

“La influenza no es una enfermedad nueva, se presenta año con año y actualmente de los diferentes tipos de virus de la influenza, en México circulan tres virus estacionales: A(H1N1), A(H3N2) e influenza B, predomina el virus de la influenza A(H1N1). Sin embargo, es importante recordar que este virus, es ya un virus estacional y se encuentra incluido en la vacuna que se aplica en estos momentos”.

Este llamado a la calma en nada ayuda a generar prácticas preventivas y de control porque de entrada se niega el riesgo al situarlo en un estado de normalidad que ocurre de manera natural “año con año”, lo que no nos dicen es que ese proceso natural alcanzó niveles atípicos que superan en mucho a las posibles eventualidades que por los llamados periodos invernales tiene que enfrentar el sistema de salud. Incluso la SSA va más allá y se cuestiona si lo que hoy vivimos es un problema similar a la epidemia del 2009:

“NO, durante el 2009 nos enfrentamos a un virus nuevo de influenza del que no conocíamos sus características, cómo afectaría y cómo se comportaría. Actualmente, sabemos cuáles son los virus que circulan y cómo combatirlos. Además, desde el 2009, contamos con nuevos y modernos métodos de diagnóstico y tratamientos”.

¿Si la contundencia en la respuesta fuese cierta no debieran ser los casos comprobados y las lamentables defunciones menores? ¿No debiera tener el sistema de salud una estrategia coordinada para movilizar esfuerzos solidarios y prevenir entonces los riesgos que, como ellos afirman, ocurren normalmente cada año? ¿Qué pasó entonces?

Difícil responder a estas preguntas, lo único cierto es que hoy la comunicación del riesgo generada por la administración de Enrique Peña Nieto y sus órganos de salud no sólo ha sido errática sino errónea porque negar la dimensión del problema no ayuda a solucionarlo.

Comunicar el riesgo de la influenza debiera sustentarse en el reconocimiento de la problemática y en la generación de acciones que ayuden a entender lo que está pasando y qué se puede hacer desde donde uno está parado. No pueden sólo llamar a la prevención (como sí pasa) sin explicar bien de qué nos prevenimos y por qué lo hacemos.

Si no hay información clara sustentada en la realidad y no en la negación de la misma difícilmente el riesgo se reducirá porque lo que se produce es una disonancia entre el mensaje del “no pasa nada” y lo que sabemos está ocurriendo en clínicas y hospitales.

Ningún riesgo se puede prevenir si se niega, ninguna violencia cesara si se le invisibiliza. No obstante, esa es la comunicación del riesgo desde el llamado Gobierno de la República.

@darwinfranco