Él dice conocer la verdad histórica de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Él dice tener las pruebas científicas e irrefutables de que los integrantes de Guerreros Unidos asesinaron e incineraron a los normalistas. Él dice y asegura que sus palabras son ciertas pero esto no es un asunto de verosimilitud sino de credibilidad. Él afirma que toda indagatoria ha sido agotada porque ignorar las líneas de investigación que tocan al Estado también ha formado parte de su trabajo. Él dice y pregona que después de sus palabras no existe más; sin embargo, esto no es un asunto de dogmas de fe sino de justicia. Él dice y no se cansa de decir…
Pero ellos, los padres y los propios normalistas, saben que no hay verdad sin justicia y, por tanto, reconocen que no es facultad del Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, determinar el grado de culpabilidad de los implicados y mucho menos decretar la finalización del caso, pues éste no es juez y, por consecuencia, no puede determinar o limitar el accionar de la justicia. Él puede decir lo que quiera pero las pruebas de sus dichos deben sostenerse ante un juez y, más aún, ante la verdad que la historia construirá ante la tragedia que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Murillo Karam se equivocó cuando dentro de su carente histrionismo optó por llamar a los resultados de las investigaciones de la PGR: Verdad Histórica, y está equivocado porque la verdad histórica, en el marco del Artículo 20 de la Ley General de Víctimas, precisa que:
“Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos. Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos”.
¿A cuánto de esto tuvieron acceso los padres de los normalistas y a cuánto de esto acceden los familiares de las víctimas en México? El Procurador se equivoca con su definición de verdad histórica porque la justicia es el único camino para acceder a ella, no la evasión y la omisión que éste ofreció en la conferencia de prensa que dictó, sin cansarse, el 28 de enero.
Jorge Zepeda Paterson expresó en una columna publicada en el diario El País: “La autoridad enfrenta una terrible paradoja. Podría estar documentando una verdad («una verdad histórica», dijo Murillo Karam) para vender una enorme mentira: pretender que se ha hecho justicia. No sé si sean verdades históricas, pero sí que son verdades histriónicas. Con el dictamen del procurador Murillo la tragedia de Ayotzinapa queda «zanjada» judicialmente”.
Y al zanjarse también de forma mediática, agregaría yo, lo que ocurre es que el tema será analizado y visibilizado como si lo expresado por el Procurador (y ratificado por el ausente presidente Peña Nieto) fuese una verdad jurídica y judicial cuando lo que en realidad es un informe de un avance (no una conclusión) de la investigación que emprendió la PGR. Insisto esto no es un asunto de dogmas o de verosimilitud sino de credibilidad y justicia, y hasta que no se tengan bien claros los motivos de la desaparición de los 43 normalistas y no se confirme con pruebas científicas (y no sólo con dichos) lo que asegura la autoridad no habrá historia ni verdad que asuman como ciertos los desatinos gubernamentales.
Por tanto, no se puede aceptar que los 43 normalistas estén muertos y que su muerte haya sido producto de la confusión y, por ende, de la criminalización que los vincula con la banda rival de Guerreros Unidos: Los Rojos (¿Y quién demonios son ellos? ¿Cómo operan? ¿Quién los controla?). Nada de esto lo sabemos.
La verdad histórica, señor procurador, no está ni es cercana a sus palabras y explicaciones. La verdad histórica descansa y habita la lucha de las familias de los normalistas, y todos aquellos esfuerzos ciudadanos que están combatiendo el olvido con la memoria. La verdad histórica es ésta que construimos horizontalmente a través del dolor, indignación y solidaridad. La VERDAD HISTÓRICA es el acceso a la justicia y el castigo de todos aquellos que hicieron de esta tragedia un crimen de lesa humanidad y un CRIMEN DE ESTADO.
La crisis del sistema político mexicano no se compondrá con las elecciones intermedias del 2015 por más que los políticos/candidatos prometan tiempos mejores. La solución no está en el cambio de políticos sino en la transformación de la política mexicana, pues mientras los candidatos sigan siendo parte del arcaico sistema partidista que tenemos son pocas las esperanzas de que “la política” (en esencia y sentido) responda a las necesidades de sus ciudadanos y no únicamente al sistema político que alberga hoy a los candidatos que en todo el país buscan ser gobernadores, alcaldes, regidores o diputados locales y federales.
Con el arranque de las pre-campañas queda claro que ellos no entendieron la manera en que los mexicanos despertamos en 2014, ya que no comprendieron cómo la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa activó la participación política y ciudadana del país. Ellos no quisieron entender nada.
Y no lo hicieron porque hoy los vemos haciendo el mismo tipo de campaña de siempre, los vemos ahí ofreciendo una honestidad que perdieron hace tiempo cuando por sistema y voluntad se negaron a reconocer que FUE EL ESTADO quien desapareció no sólo a los 43 normalistas sino también a los más de 26 mil mexicanos que no han logrado volver a casa.
FUE EL ESTADO quien dejó crecer la violencia que hoy en spots se anuncia como moneda de cambio electoral, pues se ofrece seguridad por votos. Ellos, los que hoy aspiran a un cargo de “representación popular”, parece que no vivieron el 2014 y sus innumerables manifestaciones de solidaridad y búsqueda, parece que no oyeron el grito de “JUSTICIA, JUSTICIA” que los padres y compañeros de los 43 normalistas pregonaron a lo largo y ancho del país. No oyeron porque optaron por ser sordos y omisos.
Por ello, salen con amplias sonrisas a pedirnos el voto como si nosotros hubiésemos vivido y sentido el mismo 2014 que ellos, pero están equivocados porque nosotros ni fuimos distantes ni indolentes y, por tanto, sabemos que la política que necesita el país no es la que ellos prometen sino aquella que tejimos en las calles cuando rompimos toda inacción e indolencia al momento en que asumimos como nuestros a cada uno de los desaparecidos.
La política que requerimos, y estamos construyendo, es la que parte el reconocimiento del otro y los otros desde su concepción de humanidad porque nosotros no somos cifras de la violencia ni somos sólo números en un padrón electoral: Somos ciudadanos y en 2014 decidimos serlo de una manera más crítica y activa; por ello, sus campañas de siempre no tendrán el mismo efecto en nosotros porque no somos botín de nadie ni tampoco dejaremos que lo sean las víctimas de la violencia o los desaparecidos. Ellos no lucrarán con nosotros porque, en las elecciones del 2015, hemos decidido afrontarlos como ciudadanos y no como votantes.
Piensan que seremos los mismos y ese será su error, ya que ellos apostarán (a corto plazo) al cambio de rostros y colores en el sistema político, mientras que nosotros, en las calles y en las redes, estamos apostando a la transformación de la política desde nuestra acción política-colectiva.
Hacerlo no será fácil, pero la indignación que hoy sentimos es y será la semilla de nuestro futuro.
“No disparen, no traemos armas” fueron las palabras que expresaron los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa cuando la noche del 26 de septiembre fueron interceptados por elementos de la policía municipal de Iguala, Guerrero.
Los estudiantes viajaban en camiones después de haber realizado acciones de boteo (recolección de dinero) para terminar de completar lo requerido para sus prácticas de campo y para su participación en las marchas en conmemoración del 2 de octubre de 1968.
No estaban ahí para manifestarse en contra María de los Ángeles Pinera, esposa del entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, que ese día presentaba su informe como directora del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, no. Ellos no estaban ahí por esas razones, sin embargo, esos fueron los motivos por los cuales el munícipe ordenó a su policía contenerlos; sin embargo, las labores de contención fueron mucho más lejos porque los policías municipales los balearon en un par de ocasiones quitando la vida a tres estudiantes normalistas (Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fuentes y Julio César Ramírez Nava) y tres personas más que fueron alcanzadas por las balas de los policías. Seis muertes.
Tras los disparos del segundo ataque, como narran los estudiantes sobrevivientes, ocurrió un caos total porque los normalistas comenzaron a huir, quienes no lo lograron quedaron a merced de los policías municipales de Iguala, los cuales ante la cantidad de detenidos (43 normalista) solicitaron ayuda a policías de Cocula para trasladar a todos los estudiantes. No los llevaron a ninguna comisaría, no los presentaron en ningún ministerio público, no. Los entregaron (como afirma la Procuraduría General de la República –PGR-) a integrantes del Cártel Guerreros Unidos, quienes aparentemente terminaron con su vida esa misma noche. Tal y como afirmó, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam en conferencia de prensa que sucedió 35 días después de los hechos.
Ese 7 de noviembre, día en que se dio a conocer la versión oficial, se aseguró que los estudiantes fueron ejecutados y quemados por integrantes del Cártel Guerreros Unidos ese mismo 26 de septiembre, pues así lo confesaron Sidronio Casarrubias Salgado, Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”; Jhonatan Osorio Gómez, alias “El Jona”; y Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, todos integrantes de esta célula criminal. Sus palabras bastaron para determinar el curso de las investigaciones, las cuales también se complementaron con los testimonios de otros 71 detenidos; entre ellos, el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Sin embargo, ambos se negaron a declarar al respecto.
En voz del Procurador, se explicó cómo José Luis Abarca dio la orden para contener a los estudiantes, los cuales tras el segundo encuentro con la policía fueron trasladados una zona conocida como Loma de Coyote. En el lugar, el detenido Sidronio Casarrubias confesó que fue contactado por su lugarteniente, Gildardo López Astudillo, alías “El Gil”, aún prófugo. Éste le informó de las acciones violentas que se generaron en Iguala, las cuales presuntamente fueron ocasionadas por una banda rival. Esto, aseguró Sidronio, fue suficiente para tomar la decisión de terminar con la vida de quienes le habían sido entregados por la policía pues: “había que defender el territorio”.
En las declaraciones de los implicados se indicó que trasladaron a los normalistas a un barranco oculto que se ubica en las cercanías del basurero de Cocula. En ese lugar, confirmaron que eran estudiantes y no integrantes de una banda rival; no obstante, los asesinaron y los quemaron por más de 16 horas. Los restos que quedaron, señalaron los presuntos responsables, fueron machacados para después ser depositados con las cenizas en bolsas de basura que confiesan haber arrojado en el río San Juan. Otros de los detenidos también confesaron haberlas dejado en el propio basurero. Esta es la versión oficial.
Tras conocerse los hechos, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos consideraron que expresar sin pruebas la supuesta muerte de sus hijos también es una forma de tortura. Agregando que además no existen las pruebas científicas necesarias que comprueben que los restos que dijeron encontrar las autoridades en el basurero o en el río pertenecen a alguno de los jóvenes. Sin embargo, el pasado 7 de diciembre, se comprobó que uno de los restos sí pertenecía a Alexander Mora Venancio, joven de 21 años que desapareció junto con sus 42 compañeros esa trágica noche del 26 de septiembre.
Antes de esta terrible noticia, el país ya había despertado exigiendo búsqueda y justicia.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43: ¡JUSTICIA, JUSTICIA! Ha sido el conteo que se ha repetido una y otra vez en las miles de marchas que se han realizado en México y el mundo en apoyo a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre.
No fueron los medios, no fue el gobierno. Fueron ellos, los estudiantes sobrevivientes de la tragedia de Iguala los que alzaron la voz dentro y fuera de las redes sociales. Fueron ellos, los que lograron salir con vida, quienes contaron al mundo que la policía de Iguala se había llevado a sus 43 compañeros.
Desde el 27 de noviembre comenzó a organizarse su búsqueda y los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fieles a su espíritu combatiente fueron los primeros en tomar las calles exigiendo al gobierno dijera a dónde habían llevado a sus compañeros. Las respuestas eran terribles porque ninguno de los 43 normalistas fueron presentados en ninguna instancia de seguridad pública. Los desaparecieron.
Por ello, vinieron las primeras explicaciones criminalizadoras: 1) que estaban en Iguala porque harían actos de desmanes en el informe de la esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca; 2) que ellos habían sido los primeros en disparar a los policías; 3) que los camiones donde se trasladaban eran robados; y 4) que su desaparición podría deberse a vínculos de los normalistas con el crimen organizado. Nada de esto fue cierto; sin embargo, esas sospechas oficiales y mediáticas provocaron que su búsqueda se retrasara.
Poco a poco la indignación fue creciendo y surgieron etiquetas virtuales cómo #AyotzinapaSomosTodos, #Ayotzinapa, #NosFaltan43 y tras ellas manifestaciones multitudinarias donde el retrato de los 43 estudiantes se hacía presente. Los miles de manifestantes exigían su presentación con vida y el castigo a los culpables.
Los medios masivos y la autoridad tardaron nueve días en dar énfasis a la tragedia, pero las calles ya habían sido tomadas por miles de personas que en lo sucedido a los estudiantes de Ayotzinapa vieron conjuntadas todas las tragedias que a este país le ha dejado la guerra contra el narcotráfico que el ex presidente, Felipe Calderón, declaró en 2006.
Los desaparecidos, los asesinados, las fosas, la injusticia y la impunidad comenzaron cobrar notoriedad porque se comprobó que el alcalde de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda, tenían vínculos con el narcotráfico y usaban las estructuras gubernamentales para favorecer al crimen organizado. También nos enteramos que en la búsqueda de los 43 normalistas se encontraron cientos de fosas y cuerpos que dimensionaron la violencia que se vive desde hace años, con el amparo de las autoridades, en Guerrero.
El 23 de octubre renunció Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero. El 29 de octubre, los padres de los 43 normalistas se reunieron con el Presidente, Enrique Peña Nieto, y le hicieron firmar un documento con diez acciones urgentes para la búsqueda de sus hijos.
El 4 de noviembre se detuvo a José Luis Abarca, y a su esposa María de los Ángeles. Tres días después, 7 de noviembre, el Procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer los primeros resultados de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes. Su informe consistió en declarar muertos a los estudiantes, pues así lo confesaron los presuntos autores materiales. Ninguna de estas acciones ha explicado por qué se los llevaron.
Las marchas y manifestaciones continuaron y el país entero comenzó a exigir la renuncia del Presidente y del Procurador, el punto más alto de las exigencias ocurrieron cuando Murillo Karam, luego de la rueda de prensa expresó la frase: “Ya me cansé”. Esta desafortunada expresión se convirtió en una etiqueta de unión que rápidamente movilizó a las personas dentro y fuera de Internet: #YaMeCansé fue un nuevo grito.
Grito que llevó a los padres de los normalistas a recorrer todo el país en tres caravanas que se conjuntarían el 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Hasta ahí llegaron los padres elevando la voz de un México que clama justicia y sólo recibe lo contrario porque ese día de manera arbitraria fueron detenidos 11 estudiantes acusados de acciones violentas. La presión social obligó al gobierno a liberarlos. El acoso a los manifestantes se ha vuelto rutinario.
La noticia de que uno de los restos hallados en Cocula sí pertenecía a Alexander Mora Venancio, joven de 21 años que desapareció junto con sus 42 compañeros, lejos de detener las manifestaciones las ha fortalecido, ya que hora se pide justicia para Alexander y la aparición de los 42 estudiantes desaparecidos.
La semilla fue plantada por ellos, por los 43. México ha cambiado y se mueve por una indignación construida alrededor de la memoria nunca del olvido. Si no hay justicia, seguiremos en las calles. Si no hay justicia no habrá perdón.
Texto publicado en la Revista Buzos en dos partes (22 y 29 de diciembre de 2014).
Ellos apuestan por EL OLVIDO, nosotros por LA MEMORIA. Y es tan sólo por eso que no estamos dispuestos a tolerar que desde la torpe boca presidencial se nos diga que “debemos superar este momento de dolor”.
¿Superar? ¡Por qué habríamos de superarlo cuando no existe justicia alrededor de la muerte tres y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa! Uno supera las cosas cuando éstas tienen una conclusión y existen los elementos necesarios para dejarlas ir; sin embargo, la tragedia de país que vivimos (consumada/representada por lo ocurrido en Iguala, el pasado 26 de septiembre) no posee ningún tipo de conclusión porque la impunidad, la inacción, la injusticia y la indolencia siguen siendo tan dolorosamente cotidianas.
¿Cómo superar una situación así? ¿Cómo aminorar el dolor de 43 familias? ¿Cómo entender y dejar pasar el llanto de 26 mil más que buscan a sus desaparecidos o de más de 120 mil que han tenido que padecer la muerte de los suyos? ¿Cómo hacerlo? Sólo la falta de corazón explicaría una expresión así de indolente.
#YoNoLoSupero porque cuando escucho a los padres de los 43 normalistas muchas cosas dentro de mí se fragmentan.
#YoNoLoSupero porque no sé cómo hacerle para dejar de sentir esta mezcla de rabia, dolor y esperanza.
#YoNoLoSupero porque los escucho a ellos (los políticos) y más crece la disociación entre lo que ellos piensan/viven y aquello que nosotros gritamos/demandamos en las calles.
#YoNoLoSupero porque yo apuesto por la memoria y la vida, nunca por la muerte y el olvido.
#YoNoLoSupero porque #MeFaltan43 y #MeFaltan26Mil.
#YoNoLuSupero porque cuando clamábamos por un #TodosSomosAyotizapa sabíamos que Ustedes buscarían la manera de desvirtuar nuestra indignación.
#YoNoLoSupero porque me encabrona que del cansancio estén pasando a la resignación y a ese maldito olvido que sólo busca cobijar impunidad.
Se equivoca, Señor Presidente, esto no será posible superar hasta que no haya justicia.
Si Usted acaso carece de corazón, entonces, dele vuelta a la página, pero luego no se pregunte por qué pedimos su renuncia. Si Usted, en lo personal, lo quiere superar, pues hágalo pero no siga como Presidente porque no se puede andar gobernando un país sin corazón y muchos menos sin inteligencia.
Usted, como se lo dijera Javier Sicilia, no tiene corazón.
Imaginemos un lugar donde la procuración de justicia suceda de manera correcta. Pensemos que en ese sitio es posible tomar el teléfono para realizar una llamada de emergencia para denunciar algún tipo de delito. Acordemos que quienes llegan para auxiliarlos son confiables elementos de seguridad pública (en cualquiera de sus tres niveles) que darán un trato digno al denunciante y se preocuparán verdaderamente por ayudarle a resolver este amargo momento. Vislumbremos que luego de anunciar la emergencia y presentar la respectiva denuncia se logra castigar a los culpables y se hace justicia.
Imaginemos ahora que ese lugar es México donde, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2014 realizada por el INEGI, el 94% de los delitos en el país no fueron denunciados ni derivaron en averiguaciones previas porque el 66% de las víctimas considera que denunciar es una pérdida de tiempo porque no confían en que la autoridad vaya a resolver su caso. Acordemos que tras la desconfianza a la autoridad existe miedo hacia los elementos de seguridad pública porque muchas veces éstos no sólo violentan y criminalizan a los denunciantes sino también son ellos quienes cometen –en colusión con el crimen organizado- muchos de los delitos. Vislumbremos que aun así descolgamos el teléfono y marcamos al 911 mexicano para solicitar ayuda: ¿cambiaría algo? ¿se sentiría más seguro? ¿se resolvería el espiral de violencia de vivimos? ¿se castigaría a los culpables? ¿se encontraría a los desaparecidos?
El pasado 27 de noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto presentó 10 medidas para mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho en México, entre ellas la tan citada línea de emergencia 911. Su llamado a “seguir transformando al país” lo hizo utilizando una frase, un grito de protesta, que la ciudadanía (no el gobierno) generó luego de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, los cuales la noche del 26 de septiembre fueron entregados por elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula (Guerrero) a integrantes del cártel denominado Guerreros Unidos. A más de dos meses de su desaparición no sabemos nada de ellos.
Por ello, encabrona que en el anuncio de este nuevo “plan de seguridad” se hiciera utilizando el lema: Todos Somos Ayotzinapa porque este llamado de solidaridad se generó justamente por la opacidad y omisión de las autoridades que no aceptan que la desaparición de los 43 normalistas (y de los miles de desaparecidos del país) es un crimen de Estado. Fue el Estado, ese Estado que ha sido todo menos solidario con las familias de los 43 jóvenes y que más que resultados sólo ha generado falsas explicaciones y cansancios.
En su decálogo (como aquel que firmara el mismo Peña Nieto frente a los padres de los normalistas y que no ha sido cumplido) propone la realización de los siguientes puntos:
Envío de una Reforma Constitucional para crear la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales: ¿Será que las autoridades federales y las estatales están libres de pecado?
Envío de otra iniciativa para dar claridad al sistema de competencias en materia penal: ¿Será que con esta iniciativa se resolverá la desconfianza que se tiene en el sistema de justicia, la cual propicia que no se realicen las denuncias?
Envío de una iniciativa más para establecer Policías Únicas Estatales: ¿Qué acaso el Presidente no está al tanto del fracaso del mando único en varios estados del país, será que no sabe que en Jalisco esa “policía única” encabeza las denuncias por extorsión y tortura? ¿Y el Estado de México por qué no aparece en su plan?
Establecer una línea nacional de emergencia, el 911 mexicano: ¿será que ahí podemos llamar para denunciar que policías municipales se están llevando a 43 estudiantes o que policía de manera arbitraria están deteniendo a 11 compas?
Impulsar la Clave Única de Identidad: ¿Con qué finalidad?
Realizar un “operativo especial” en Tierra Caliente que conjunta varios municipios del estado de Michoacán y Guerrero y un mayor respaldo a otros focos rojos como Jalisco y Tamaulipas: ¿Qué no está ahí ya la Gendarmería, acaso no funcionó?
Envió de una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana: ¿hay justicia cotidiana? ¿no leyó Peña Nieto la encuesta del INEGI?
Envió de diversas reformas en materia de Derechos Humanos donde se destacan el impulso a la Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada, la creación de un Sistema Nacional de Búsquedas de Persona No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética, y la publicación del Reglamento de la Ley General de Víctimas: ¿Será que con Reformas se borra la violencia, la violación a los derechos humanos y la constante criminalización de las víctimas?
Acelerar la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción: ¿Será que con la aprobación de la Ley, los políticos dejarán de robar?
Tener un “gobierno abierto y transparente” en materia del gasto administrativo: ¿por qué no tener un gobierno abierto y transparente en materia de justicia?
Siete de los diez puntos son iniciativas de ley que por su naturaleza no serán aplicables a corto ni mediano plazo, así que mejorar la seguridad por esa vía no será posible ahora. El resto de los puntos no son planes reales para modificar la justicia, pues muchos de ellos (con otro nombre ya existen) y no han funcionado.
Si de verdad, como lo expresó Peña Nieto, éste forma parte del Todos Somos Ayotzinapa su plan sólo debería tener tres puntos: 1) Presentar con vida a los 43 normalistas, 2) investigar a fondo todas las desapariciones y muertes del país y 3) Renunciar si no es capaz de aceptar la responsabilidad del Estado en esta tragedia y en su fallida estrategia de seguridad.
¿Cómo se escucha la voz de diez mil personas cuando deciden contar juntas del 1 hasta el 43?: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43: ¡JUSTICIA, JUSTICIA!
Este conteo de dignidad se escuchó una y otra vez en los diversos colectivos que integraron una multitudinaria marcha (de las más grandes en la historia de Guadalajara) en apoyo a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, los cuales nos fueron arrebatos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, cuando policías de ese municipio y del vecino, Cocula, los entregaron a integrantes del Cártel de Guerreros Unidos. Las autoridades, aunque cansadas, insistieron en que posiblemente éstos ya fueron asesinados y sólo esperan los resultados que confirmen la tragedia.
Eso, sin embargo, no es lo que piensan los más de diez mil jaliscienses que tomaron las calles al grito unísono de: Vivos se los llevaron, vivos los queremos y quienes dejaron constancia de su hartazgo en cientos de mantas y cartulinas donde se podía leer no sólo la desconfianza a la versión oficial sino también la exigencia de justicia que el 20 de noviembre, los trajo nuevamente a la calle porque a 54 días de la desaparición de los normalistas, la autoridad no ha logrado cumplir su promesa: regresarlos con vida a la casa de sus padres y a la escuela a la que llegaron con el sueño de ser maestros.
Peña no me des cuentas de tu casa: dame cuenta de los 43 se leía en el cartelón de un joven estudiante. Para él de nada nos sirve aclarar los gastos millonarios alrededor de llamada Casa Blanca porque eso sólo demuestra que el Presidente “se está haciendo pendejo con el tema de la casa de su señora cuando el país exige justicia”, reiteró con firmeza el estudiante para luego integrarse al grito de: No nos mires, únete que el contingente dirigió a los ciudadanos que los miraban y grababan con sus celulares durante el recorrido que la marcha siguió desde el Parque Revolución hasta el Palacio Federal de Guadalajara.
A ti que estás mirando también te están chingando gritaban los manifestantes a los ciudadanos que cuchicheaban frases como: “Los piden con vida y esos muchachos ya murieron”, “Esto que pasa es tan terrible… mira la marcha mijo que esto es México”.
Un México injusto como el refiere la señora Mary al ritmo de sus cacerolazos. Ella es integrante del Colectivo Mujeres en Progreso Crehser y junto con sus compañeras portaron un particular mensaje: Somos las mamás de los chicos de Guerrero. Ellas asumen esta maternidad porque no conciben que de repente sus hijos ya no puedan llegar a casa: “Yo tengo hijos de la edad de los normalistas y no me gustaría que les pasara lo mismo y por eso estoy aquí protestando porque quiero que los regresen vivos”, precisa Mary sin dejar de golpear su cacerola y sin dejar de gritar: Ayotzi vive, la lucha sigue. Ayotzi vive y vive…
La marcha que realizó un recorrido por las avenidas Juárez y Alcalde estuvo integrada por diversos colectivos estudiantiles y ciudadanos que unieron sus voces para denunciar que AQUÍ EN JALISCO también hay miles de desaparecidos (2 mil 300 según la cifras oficiales); por ello, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco distribuyó 140 fotos con sus rostros y nombres para que no se olvide que somos el segundo estado con más desaparecidos. AQUÍ, aunque no lo crea, tenemos más desaparecidos que en Guerrero, aunque con este estado compartimos la desgracia de las fosas clandestinas porque el 21 de noviembre se cumple un año del hallazgo de las 37 fosas encontradas en el municipio de La Barca y de las cuales se exhumaron 74 cuerpos. A un año todo ha sido silencio.
Silencio que también se comparte con las cifras altas de feminicidios y eso fue lo que nos recordaron en la marcha las integrantes del Comité de América Latina y del Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres, mejor conocido como CLADEM, quienes levantaron la voz para precisar que: Los crímenes contra mujeres también son crímenes de estado. En lo que va del año, en Jalisco, han sido asesinadas 144 mujeres, 51 con arma de fuego.
Ahora, ahora, ahora se hace indispensable…
Quienes comandaban la marcha eran los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Miguel Hidalgo” de Atequiza, Jalisco. Ellos durante los 2.9 kilómetros que separan el Parque Revolución del Palacio Federal (edificio que alberga las dependencias federales en Jalisco), cargaron tres ataúdes que representaban el duelo que también tiene por la muerte de Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fuentes y Julio César Ramírez Nava, quienes murieron el mismo día en que desaparecieron sus 43 compañeros. Su muerte fue producto de los disparos que hicieron los policías municipales de Iguala.
Con sus consignas militantes y con una envidiable disciplina política, los estudiantes de Atequiza no se salieron del rol y todo el tiempo materializaron en sus voces su sentir revolucionario y su preocupación por la criminalización que sufren por ser estudiantes rurales. Para ellos, eso ya es sinónimo de muerte, así lo expresó uno de ellos el discurso dado en la escalinata del Palacio Federal donde culminó la marcha: “¿Acaso les parecemos criminales? Nosotros sólo somos queremos ser maestros”, expresó al momento en que los asistentes coreaban un “no” profundo que reconoció no sólo su dignidad sino que despojó todo halo de criminalización sobre ellos y los estudiantes de Ayotzinapa.
El segundo estudiante de Atequiza que tomó el micrófono ofreció uno de los momentos más significativos de la marcha: “Nos duele lo que está pasando porque muchos de los desaparecidos eran nuestros amigos… nos duele saber que sus padres y hermanos lloran por encontrarlos (…) compañeros me duele México por la porquería en que se está convirtiendo y los gobernadores que están haciendo…”, sin concluir la idea y de manera coincidente (no por coincidencia) los miles que tomaron la avenida Alcalde comenzaron a gritar: ¡Revolución, revolución, revolución! Al tiempo que las campanas del Santuario (templo ubicado frente al Palacio Federal) comenzaron a sonar como replicando el grito revolucionario que, por un momento, erizó la piel de todos los presentes.
¡Revolución, revolución, revolución! Como aquella sucedida en 1910, pero también como la que encabezó quien hoy da nombre a la Normal Rural de Atequiza: Miguel Hidalgo. Revolución que se hará porque los presentes con una sola voz gritaron: No tenemos miedo, no tenemos miedo.
A esa exigencia de justicia se sumaron las voces de las asambleas estudiantiles del ITESO, de la Universidad de Guadalajara y la coordinadora Ayotzinapa Somos Todos Jalisco. Al final se contabilizó nuevamente a los 43 desaparecidos y se gritó JUSTICIA, JUSTICIA porque hoy, como en muchas otras ciudades de México y el mundo, más de diez mil ciudadanos de Guadalajara salieron a la calle para contar a todos los 43 normalistas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43) pero también para contarnos a NOSOTROS, para reconocernos en una tragedia que se está tornando esperanza.
La distancia entre Zitácuaro (Michoacán) e Iguala (Guerrero) es de 257 kilómetros. Son alrededor de tres horas con nueve minutos lo que uno tardaría en llegar de un punto a otro.
En la primera ciudad desaparecieron, el 16 de noviembre de 2009, siete policías federales y un civil que los acompañaba porque desde la Policía Federal no les proporcionaron los medios para llegar seguros al municipio de Ciudad Hidalgo, lugar donde tomarían las funciones de la seguridad pública municipal. Sin dar más detalles, la Policía Federal aseguró que éstos fueron desaparecidos y asesinados por integrantes del cártel de La Familia Michoacana, hoy Caballeros Templarios.
El 26 de septiembre de 2014, policías municipales de Iguala y Cocula entregaron a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa a integrantes del grupo denominado Guerreros Unidos, quienes –a decir de la Procuraduría General de Justicia- desaparecieron y asesinaron a los normalistas con la complacencia de las autoridades de Iguala.
Son casi cinco años lo que separa una desaparición de otra; sin embargo, son muchas las coincidencias que existen entre las explicaciones que, en su momento, recibieron los familiares de los policías federales y el civil y las que, el pasado 7 de noviembre, escucharon en voz del Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, las 43 familias de los jóvenes normalistas. Las coincidencias entre ambas explicaciones espantan.
Cerro La Coyota, Michoacán.
El 16 de noviembre de 2009 desaparecieron en Zitácuaro (Michoacán), los policías federales: Pedro Vázquez Hernández, de 33 años; Luis Ángel León Rodríguez, de 23; Bernardo Israel López Sánchez y Juan Carlos Ruiz Valencia, ambos con 33; Israel Ramón Ulsa, de 23; Jaime Humberto Ugalde Villeda, de 25 y Víctor Hugo Gómez Lorenzo, de 39, así como el civil Sergio Santoyo García, de 35.
Las pesquisas oficiales precisan que los siete oficiales fueron emboscados en una gasolinera de Zitácuaro, pues al cruce de una caseta fueron identificados por “halcones” a los cuales, en ese entonces, la Familia Michoacana les pagaba cuatro mil pesos para que avisaran al grupo delictivo cuando elementos federales ingresaran a sus territorios. Ninguno de ellos estaba uniformado porque asumirían las funciones de la seguridad municipal en Ciudad Hidalgo. Esto, sin embargo, no les quitaba su adscripción a las fuerzas federales.
Araceli, madre de Luis Ángel León Rodríguez, nunca ha dejado de buscar a su hijo y nunca ha creído las versiones que le han dado en la Policía Federal ni en los diversos ministerios públicos, de Michoacán o el Distrito Federal, pues en ellas existen muchas irregularidades y contradicciones. Para ella, ha quedado claro –desde que sucedió la desaparición de su hijo y sus compañeros- que no hay interés de las autoridades por buscar a sus elementos, mismos que fueron enviados para brindar seguridad y, sin embargo, fueron olvidados por quien los mandó, sin protección, a Michoacán.
Araceli y las otras siete familias han escuchado de todo; por ejemplo, que ya no hay razón para seguirlos buscando, que mejor los den por muertos, que los cuerpos hallados en San Juan del Río (Querétaro) pertenecían a sus hijos aunque después se supo que esto no era así; la Policía Federal insistió en que uno de éstos sí correspondía al de Pedro Vázquez Hernández porque así lo indicaba las pruebas de ADN. El cuerpo que les quisieron dar tenía la dentadura perfecta, Pedro no.
Sin embargo, la versión más macabra la escucharon en febrero de 2010 cuando se detuvo a Christian Rodríguez Hernández, alias “El Pato”. Éste confesó su rol como “halcón” de La Familia Michoacana, además aseguró que él fue quien reportó el paso de los federales por Zitácuaro y ordenado por sus jefes, los siguió en su trayecto hasta la gasolinera donde fueron emboscados..
En ese lugar, testifica “El Pato”, llegaron otros integrante de La Familia Michoacana para emboscar a los federales. El jefe de los sicarios, “Don Pit”, ordenó su detención y su traslado a una ranchería ubicada en las faldas del cerro “La Coyota”, ubicado en Zitácuaro, donde los seis policías y el chofer no sólo fueron asesinados sino que además fueron quemados y desmembrados. Las cenizas que quedaron luego de incinerarlos por más 10 horas, como confiesan los sicarios, se depositaron en bolsas de basura que, posteriormente, tiraron desde el Puente de Fierro al Río San Juan. Otras versiones apuntan a que también los tiraron en un basurero en el municipio de Tazantla.
Araceli no cree en esta terrible versión porque en el Cerro La Coyota no se ha encontrado ninguna evidencia como afirman los victimarios. Para ella, su hijo sigue con vida porque mientras no le den las pruebas forenses no hay porque asumir que éste ha muerto como insisten las autoridades.
Loma de Coyote, Guerrero.
El pasado 7 de noviembre, en conferencia de prensa trasmitida en cadena nacional, el Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, anunció los avances de las investigaciones sobre la desaparición de 43 jóvenes normalistas en Iguala, Guerrero.
De acuerdo, al Procurador, se han detenido a 74 personas. Incluidas, el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Sin embargo, los datos clave para esclarecer los hechos se concentraron en las declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”; Jhonatan Osorio Gómez, alias “El Jona”; y Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, todos integrantes de Guerreros Unidos. Éstos últimos, en su declaración ministerial confesaron haber recibido y ejecutado a las personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula, la madrugada del 27 de septiembre.
En voz del Procurador, se explicó cómo José Luis Abarca dio la orden para contener a los estudiantes, los cuales se menciona tienen un primer incidente con la policía, pero que no es hasta el segundo encuentro que la policía municipal de Iguala arremeten con violencia contra los estudiantes, asesinando en el lugar a tres de ellos y trasladando al resto a la central policíaca.
Con ayuda de elementos de la policía municipal de Cocula, afirma la PGR, la policía de Iguala trasladó aparentemente a los 43 normalistas a un punto intermedio entre Iguala y Cocula donde se introdujeron en una brecha hacia una zona conocida como Loma de Coyote. Ahí entregaron a integrantes de Guerreros Unidos.
En el lugar, Sidronio Casarrubias fue contactado por su lugarteniente, Gildardo López Astudillo, alías “El Gil”, quien informó de las acciones violentas en Iguala generadas aparentemente por un grupo contrario. Razón que llevó a Sidronio a tomar la decisión de terminar con la vida de quienes le habían sido entregados por la policía pues: “había que defender el territorio”.
En las declaraciones de los implicados indicaron que trasladaron a los retenidos a un barranco oculto que se ubica en las cercanías del basurero de Cocula. En ese lugar, confirmaron que eran estudiantes y no integrantes de una banda rival; no obstante, los asesinaron y los quemaron por más de 16 horas. Los restos que quedaron, señalaron los presuntos responsables, fueron machacados para después ser depositados con las cenizas en bolsas de basura que confiesan haber arrojado en el Río San Juan. Otros de los detenidos también confesaron haberlas dejado en el propio basurero.
Tras conocerse los hechos, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos consideraron que expresar sin pruebas la supuesta muerte de sus hijos también es una forma de tortura. Agregando que además no existen pruebas científicas que comprueben que los restos que dijeron encontrar las autoridades en el basurero o en el río pertenece a alguno de los jóvenes. Hasta que no existan datos científicos, sus hijos estarán vivos y es responsabilidad del gobierno localizarlos, comentaron los padres en rueda de prensa desde la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Brugos” de Ayotzinapa.
Las terribles coincidencias
Cuando Araceli se fue enteró de lo que declaró Murillo Karam sobre lo que supuestamente pasó con los estudiantes de Ayotzinapa, no dejó de recordar la explicación que ella y las familias recibieron por parte de la Policía Federal en febrero del año 2010.
“Las coincidencias son tantas que espantan”, precisa Araceli quien vuelve a recordar cuando las autoridades le narraron que por la manera en que aparentemente murió su hijo y sus compañeros sería muy difícil identificar de manera plena si los restos encontrado correspondían o no a ellos. Lo mismo dijeron a los padres de los 43 normalistas: “Será muy difícil la identificación de los restos pero haremos todo lo posible por hacerlo”, les precisó el Procurador.
Araceli, bajo esa misma tesitura, cumplirá –el próximo 16 de noviembre- cinco años de pelear por la verdad histórica que explique qué pasó con su hijo y sus compañeros. No aceptan la versión de la autoridad ni la de los los victimarios, pues en el Cerro La Coyota no se han encontrado indicios que confirmen su dicho. No obstante, la autoridad –sin tener pruebas- los ha tomado como ciertos para tratar de dar carpetazo al caso.
“Aún en el dolor hay dignidad”, insiste Araceli quien con firmeza asegura que no dejará de pelear ni de buscar a Luis Ángel. Como tampoco dejará de señalar las terribles coincidencias entre su caso y lo que ha pasado con los 43 normalistas: “Acá uno ya no sabe qué pensar, pues no sabemos si son mismos modus operandis del crimen organizado o parte de una acción gubernamental para brindar explicaciones rápidas que no apuntan a la justicia. Muchas cosas en nuestro caso y el de Ayotzinapa coinciden… Si la misma explicación se repite cinco años después qué justicia podemos esperar”.
Las ciudades de Zitácuaro (Michoacán) e Iguala (Guerrero) están separadas por 257 kilómetros. Los resultados que explican los terribles hechos que en ellas sucedieron parecen estar cortados por la misma impunidad.
Lo único típico en la desaparición de los 43 estudiantes de Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa es la indolencia y la impunidad. De ahí en fuera no hay argumentos, como sostuvo el Procurador General de República, Jesús Murillo Karam, para decir que esta tragedia nacional es un “típico caso de desaparición forzada”.
Decirlo así es no aceptar la responsabilidad que tiene el Estado en estos hechos. Precisar que es una “típica desaparición forzada” es restarle fuerza a las cientos de movilizaciones que en todo en el país se han dado a favor de los normalistas de #Ayotzinapa.
En conferencia de prensa, celebrada el pasado 7 de noviembre, el Procurador dio a conocer avances en torno a la desaparición de los 43 normalistas. La argumentación giró alrededor de tres testimonios que confirmaban que los estudiantes habían sido asesinados de manera cruenta por integrantes del Cártel Guerreros Unidos. Sin embargo, estas declaraciones no están debidamente sustentadas en pruebas científicas que confirmen, de manera contundente, que los restos hallados en un paraje en el poblado de Cocula pertenecen a los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre.
En lo que va del operativo que se ha montado para localizar con vida a los 43 normalistas se han exhumado los cuerpos de 38 personas. De ellas, como Usted debe suponer, no sabemos nada. La PGR no informado quiénes son y por qué circunstancias terminaron en esas fosas clandestinas. Todo ha sido silencio.
El que el Procurador saliera al paso, antes de que el Presidente Enrique Peña Nieto se fuera de viaje a China, intentó ser un golpe mediático para recomponer la golpeada imagen de un primer mandatario que prefiere irse antes que quedarse a resolver los 10 puntos que se comprometió a cumplir ante los padres de los 43 normalistas. Estos puntos, como han referido las familias, no se han cumplido.
En una conferencia, donde el Procurador se dijo cansado, se informó que se analizarán los pocos restos humanos localizados (ceniza y pequeños huesos) en bolsas de basura para determinar si pertenecen o no a los 43 estudiantes. Sin comprometerse a dar más detalles, Murillo Karam, precisó que la PGR seguirá considerando a los 43 normalistas como desaparecidos hasta que las pruebas periciales no le digan lo contrario.
En contraparte, los padres de los jóvenes desaparecidos expresaron, en rueda de prensa desde Ayotzinapa, que: “mientras no hayan pruebas contundentes, su hijos están vivos”. Para ellos, no es justo que se juegue con un tema tan delicado sin tener todos elementos porque darle más peso a la voz y explicación de lo presuntos responsables sin presentar pruebas apunta más a la construcción del hecho que a su explicación: “detallar la supuesta muerte de nuestros hijos sin pruebas también es una forma de tortura”, mencionó uno de los padres.
Por ello, no hay nada típico en una de las tragedias más grande que ha vivido nuestro país. Lo único típico, insisto, es que sin pruebas se intente dar carpetazo a un tema tan delicado. Lo único típico es la impunidad que antes de justicia busca explicaciones. Lo único típico es un Presidente que ante la problemática se va del país pero deja un insípido mensaje en cadena nacional. Lo único típico es un Procurador que, después de 40 días, da una conferencia en donde, sin pruebas contundentes, buscó colocar en la opinión pública la muerte antes que la esperanza y la justicia.
Se los llevaron hace un mes. Desde aquel 26 de septiembre, no tenemos noticias suyas pero nos han dicho que están investigando, que irán al fondo de esto, que aplicarán todo el peso de la ley y que caerán todos los responsables, que esta es una tragedia que no sucederá jamás y que México ya no es el mismo desde que se los llevaron. De lo anterior, sólo la última frase es cierta: YA NO SOMOS LOS MISMOS porque nos hacen faltan sus 43 voces y nos hacen tanta falta como las 26 mil desaparecidos que, al igual que Ustedes, un día no regresaron a casa porque alguien decidió llevárselos y la autoridad decidió que los buscaría sin realmente hacerlo.
Se los llevaron hace un mes. Todos de alguna y muchas formas hemos salido a buscarlos, a recordarlos, a no olvidarlos porque Ustedes son Nosotros y porque hemos comprendido que ya no es posible andar sin Ustedes y sin nuestros 26 mil desaparecidos. Quizá fue tarde, pero aquí estamos todos recordando que hace un mes se los llevaron y que, esperanzadoramente, están en el mismo sitio que nuestros 26 mil y que están deseando poder regresar a casa.
Se los llevaron hace un mes. Las autoridades no nos dicen nada porque la maraña de impunidad construida desde hace tiempo se les ha salido de las manos y junto con su aparente búsqueda han venido a decirnos (aunque ya lo sabían) que Guerrero, en donde Ustedes habitan y luchan, es una tierra terriblemente fértil en fosas y muerte. Nos han dicho (aunque ya lo sabían) que el crimen ha corroído las estructuras municipales y sus policías, pero también nos han dicho (esto no lo olviden jamás) que no tolerarán que nuestra indignación se torne en violencia. Las autoridades insisten en que nuestra búsqueda se está desvirtuando, pero no detienen a quien dicen está causando estos disturbios, aunque sí atinan a decir que quienes lo hacen forman parte de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa o del movimiento generado en torno a Ustedes y sus compañeros. Las autoridades parece que están más preocupadas por la seguridad que por su búsqueda.
Se los llevaron hace un mes. La indignación generada por su desaparición es tremenda porque ya no es posible contenerla o aliviarla con renuncias como la del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, o la esperada salida del Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam (él y muchos también debieran irse, pero no conocen la honestidad ni la dignidad). Que se vayan o no, no nos calma porque esto no ayuda a explicar por qué se los llevaron, por qué alguien puede desaparecer a 43 estudiantes, por qué estas cosas son tan terriblemente cotidianas no sólo en Guerrero sino en todo el país donde la gente desaparece y muere a manos de la policía y el crimen organizado. Nuestra indignación por Ustedes y por Todos es mucha porque todos somos víctimas de estos crímenes de Estado.
Se los llevaron hace un mes. Así que les decimos, fuerte y amorosamente, que no dejaremos que el tiempo o las falsas explicaciones borren sus nombres. Ustedes son 43, Ustedes son y se llaman:
Felipe Arnulfo Rosa (20 años), Benjamín Ascencio Bautista (19 años), José Ángel Navarrete González (18 años), Marcial Pablo Baranda (20 años), Jorge Antonio Tizapa Legideño (19 años), Miguel Ángel Mendoza Zacarías (33 años), Marco Antonio Gómez Molina, César Manuel González Hernández, Julio César López Patolzin (25 años), Abel García Hernández (21 años), Emiliano Alen Gaspar de la Cruz (23 años), Doriam González Parral (19 años), Jorge Luis González Parral (21 años), Alexander Mora Venancio (21 años), Saúl Bruno García, Luis Ángel Abarca Carrillo (18 años), Jorge Álvarez Nava (19 años), Christian Tomás Colón Garnica (18 años), Luis Ángel Francisco Arzola (20 años), Carlos Iván Ramírez Villarreal (20 años), Magdaleno Rubén Lauro Villegas (19 años), José Luis Luna Torres (20 años), Bernardo Flores Alcaraz, Israel Caballero Sánchez (21 años), Arturo Vázquez Peniten, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa (21 años), Mauricio Ortega Valerio (18 años), José Ángel Campos Cantor, Jorge Aníbal Cruz Mendoza (19 años), Giovanni Galindes Guerrero (20 años), Jhosivani Gro de la Cruz (21 años), Leonel Castro Abarca (18 años), Miguel Ángel Hernández Martínez (27 años), Antonio Santana Maestro, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz (19 años), Israel Jacinto Lugardo (19 años), Adán Abraján de la Cruz (24 años), Christian Alfonso Rodríguez (21 años), Martín Getsemany Sánchez García (20 años), Cutberto Ortiz Ramos (22 años), Everardo Rodríguez Bello (21 años), Jonás Trujillo González (20 años) y José Eduardo Bartolo Tlatempa (19 años). Le pido encarecidamente que no los olvide.
Se los llevaron hace un mes. No los olvidamos, como tampoco olvidamos a nuestros 26 mil desaparecidos porque Ustedes y Ellos son infinitamente nuestros.
televidencias 